sábado, 13 de mayo de 2017

Si Bolivia se retira de la OEA

Desprestigiar a la OEA o retirarse de su sistema no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en ese organismo.
OEA. El canciller chileno Schweitzer y el canciller Ortiz, en 1983 (Nueva York).
Los Embajadores de Chile y Bolivia ante la OEA, Miguel Schweitzer y José Ortíz Mercado, tras aprobar la Resolución 686 de 1983
Por; Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

Después de que el gobierno de Venezuela decidiera retirarse de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo, sugirieron que Bolivia siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según ellos, no nos sirve de nada.

Sin embargo, esa sugerencia, adoptada entre otras cosas, por la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha latinoamericana y sólo tenga ojos para Venezuela (no así para México o Brasil); no prioriza nuestros intereses nacionales que lejos de relacionarse con el gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.

En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al Océano Pacífico”), no resulta nada inteligente menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos que estamos cerca de una posible negociación con Chile. 

Mas bien, lo que debemos hacer es destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la OEA en relación al problema marítimo boliviano que no sólo recomiendan iniciar negociaciones para levantar el enclaustramiento geográfico, sino que además consagran al “Problema Marítimo Boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.

Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a que en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…) que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes involucradas”.
               
Esta exhortación, que, valga reiterar, fue aprobada por Chile, así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pos de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales; deben ser valoradas y destacadas por nuestro gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.

En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable a Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la respaldó en el pasado.

Por todo lo dicho y de acuerdo a nuestros intereses nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en esa instancia.                                                                                                                                             

domingo, 7 de mayo de 2017

Los 9 bolivianos encarcelados en Chile

Si las autoridades judiciales de Chile decidieran liberar finalmente a nuestros 9 compatriotas, lo más recomendable sería que el gobierno no los condecore.

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Momento de la detención, 19/03/2017. Fuente: BioBioChile
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Página Siete 

El impase que provocó el encarcelamiento de 7 funcionarios de aduana y 2 militares bolivianos en Chile, ha contribuido a tensionar las relaciones entre La Paz y Santiago que ya se encontraban seriamente deterioradas desde finales de 2010, cuando se interrumpió el proceso de negociación que se venía desarrollando en el marco de la Agenda de los 13 puntos. Este impase sin embargo, no es uno más de los muchos que hemos visto surgir a partir de entonces, sino que se trata de un conflicto que podría tener incidencia en el resultado de los juicios que tenemos instaurados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si es que las autoridades judiciales de Chile no liberan a nuestros compatriotas.   

Al respecto, considerando que el juicio sobre la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia está a casi un año de concluir, a continuación se analiza el conflicto de los 9 bolivianos encarcelados en Chile, con un enfoque especial en el manejo político que le han dado las autoridades chilenas.  

Primero cabe recordar que a las pocas horas de que Carabineros de Chile detuvieron a los nueve bolivianos, la Presidenta de ese país, Michel Bachelet, dijo: "querían robar nueve camiones con productos y se robaron uno". Lo que generó dudas desde un principio debido a que robar 9 camiones entre 9 nueve personas que además tenían otros dos vehículos a su cargo, no resultaba ni resulta creíble.

Esas dudas que generaron las apresuradas declaraciones de Bachelet luego se acentuaron y acrecentaron debido a que las autoridades chilenas nunca mostraron más que un camión de los 9 supuestamente implicados, y eso, muy a pesar de que el Presidente Evo Morales solicitó vía twitter: “Pedimos, como bolivianos, nos presente los 9 camiones presuntamente robados por aduaneros y militares bolivianos. Queremos saber qué contenían. No quiero pensar que estos actos de provocación son para tapar los actos de corrupción de Carabineros y altas autoridades del Gobierno de Chile”. 

Además, la acusación presidencial chilena de que “se robaron uno” fue complementada después por otras autoridades del vecino país tanto del oficialismo como de la oposición. En uno de sus comentarios, el Canciller Muñoz llegó a decir que los bolivianos irían presos y los diputados Jorge Tarud y José Manuel Edwards acusaron públicamente a nuestros compatriotas de haber cometido delitos. Todas esas declaraciones, que también dejaban dudas respecto al cumplimiento del principio de presunción de inocencia y a la separación de los poderes del Estado en Chile, fueron agravadas simultáneamente con la obstrucción al trabajo de algunos periodistas bolivianos, que pretendían cubrir el incidente.   

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, las gestiones iniciadas por el gobierno boliviano para lograr la liberación de nuestros 9 compatriotas, que incluyen diligencias ante organismos y tribunales internacionales, se ampara primordialmente en el rechazo de Chile a una salida diplomática, que las autoridades bolivianas han solicitado en aplicación de la reciprocidad, pues todas las veces que funcionarios chilenos ingresaron a nuestro país ilegalmente, éstos fueron devueltos sin la intervención de la justica y sin hacer ningún escándalo.

En cuanto a la transgresión del principio de presunción de inocencia, que es una de las piedras angulares del recurso que nuestro país presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cabe recordar que en julio de 2014, esa misma Corte responsabilizó al Estado chileno de haber violado los principios de legalidad y de presunción de inocencia en el caso de unos indígenas mapuche, que habían sido juzgados y condenados por terrorismo en base a razonamientos subjetivos que según la misma CIDH denotaban estereotipos y perjuicios (Emol, 30/07/2014).

Con todo, ahora sabemos que la ofensiva boliviana para lograr la libertad de nuestros 9 compatriotas emprendida por la Procuraduría General del Estado y por la Defensoría del Pueblo, no pasó desapercibida en el equipo jurídico chileno para enfrentar la demanda marítima boliviana. Según una publicación de La Tercera (22/04/2017), el Agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, manifestó su inquietud “por la prolongada detención de nueve bolivianos” y su interés porque “se levante la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra de los nueve funcionarios bolivianos y no se repitan las trabas al ejercicio periodístico de los profesionales bolivianos que viajan a Chile”.

En la misma línea, y muy a pesar de la seguridad y dureza que mostró el Canciller Muñoz para justificar el encarcelamiento de los 9 bolivianos, según otra publicación de La Tercera (25/03/2017), la Cancillería chilena habría manifestado su molestia con el Ministerio del Interior por el manejo del caso. Según esa versión: “La posición de Cancillería era que la situación fuera resuelta en el menor tiempo posible con la expulsión inmediata de los funcionarios bolivianos, para que el incidente no se prolongara y fuera aprovechado por el gobierno de Evo Morales para atacar a Chile”. Sin embargo, “Interior y Carabineros optaron por seguir el curso normal y denunciar ante la fiscalía a los militares y aduaneros bolivianos del delito de robo con intimidación, judicializando un hecho que debió haberse manejado con mayor celeridad”, concluye esa misma publicación.  
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La Presidenta Bachelet a tiempo de lanzar sus acusaciones de robo, 20/03/2017. Fuente: Pblimetro
Por si fuera poco, algunos expertos chilenos de las relaciones entre nuestros dos países criticaron la judicialización de este tema, entre ellos, el reconocido abogado y periodista José Rodríguez Elizondo manifestó: “¿por qué nos metimos en un pleito jurídico, al judicializar este tema? porque todo lo que haga Evo tiene como objetivo encubrirse en las situaciones jurídicas para dejarnos a nosotros en mala posición comparativa” (CNN Chile, 25/04/2017).    

Por tanto, ante la presión política que ejerció Bolivia, incluso a través de las redes sociales, y ante los cuestionamientos que plantearon los trascendidos de La Tercera y los comentarios vertidos por algunos analistas chilenos influyentes; la juez encargada del caso, Isabel Peña, decidió analizar la suspensión del procedimiento que fue solicitada por la defensa de los 9 bolivianos detenidos, en la audiencia que se tiene prevista para el próximo 25 de mayor (T13, 5/05/2017).   

Por todo lo dicho, lo más probable es que la juez acepte finalmente liberar a nuestros compatriotas. Sin embargo, dado que es necesario generar un ambiente de negociación con Chile si el fallo de la CIJ respecto a la demanda marítima resulta favorable a Bolivia, lo más recomendable sería que nuestro gobierno no condecore a ninguno de los 9 detenidos, pues eso no contribuye a generar el referido ambiente de negociación y es evidente que en este caso, tampoco corresponde.