miércoles, 20 de diciembre de 2017

La victoria de Piñera en Chile

El 17 de diciembre de 2017 se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas , en la que Sebastián Piñera fue elegido para reasumir la presidencia de Chile en el periodo 2018 - 2022. Lo que significa que Piñera será el presidente chileno que reciba el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico".

En Hora 23 de Bolivisión, 18/12/2017

En Jaque Mate de Televisión Universitaria, 19/12/2017

domingo, 17 de diciembre de 2017

La decisión de Trump sobre Jerusalén

Un análisis desde las perspectivas histórica, jurídica y política de la decisión que aisló a Estados Unidos en la arena internacional.
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Por: Andrés Guzmán Escobari
La decisión del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel y de establecer la Embajada de su país en esa ciudad, ha provocado molestia y consternación en la comunidad internacional no solo porque socava el proceso de paz palestino-israelí, que ha sido encaminado desde hace muchos años por la diplomacia estadounidense, sino también porque podría detonar una nueva intifada u otra guerra árabe-israelí de lamentables y catastróficas consecuencias.  
En ese sentido, a continuación se analizan las implicancias de tal decisión desde las perspectivas histórica, jurídica y político-diplomática.
Perspectiva histórica  
En 1917, después de que los británicos expulsaron a los otomanos de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial; el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur J. Balfour, manifestó su complacencia con establecer un “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina, lo cual fue refrendado al poco tiempo por Estados Unidos y otros países, gracias al intenso lobby que desplegaron los movimientos sionistas.
Así comenzó la relación entre Estados Unidos y lo que sería el Estado de Israel a partir de 1948, que luego se convertiría en una de las alianzas más sólidas y perdurables del mundo. No obstante, a pesar de ello, el gobierno estadounidense ha sido uno de los principales mediadores en el largo y complejo conflicto palestino-israelí, en el que además ha logrado propiciar los avances más importantes que se han alcanzado.
En efecto, en 1993, los representantes de la Organización para la Liberación Palestina, Israel, Estados Unidos y Rusia, reunidos en Washington D.C., firmaron los Acuerdos de Oslo que establecieron una hoja de ruta para alcanzar una solución permanente al conflicto palestino-israelí. Sin embargo, con el paso de los años y los incumplimientos de Israel a lo pactado, especialmente por haber construido asentamientos y muros en territorio palestino, las posibilidades de alcanzar la paz se han ido difuminando.
Ante esa realidad y con la idea de que “los viejos desafíos requieren nuevos enfoques”, el Presidente Trump anunció su polémica decisión que desde la perspectiva histórica desprecia y desecha los esfuerzos realizados por la diplomacia estadounidense y que increíblemente también premia a la parte que no cumplió lo convenido, sin siquiera exigirle que al menos detenga su expansionismo.  
Perspectiva jurídica  
En 1980, el Congreso israelí (Knesset) aprobó una ley que proclama a Jerusalén como su “capital eterna e indivisible”, lo que provocó el rechazo de varios países debido a que Israel había anexado la parte oriental de esa ciudad en 1967, muy a pesar de que en 1949 se había comprometido a respetar la jurisdicción del Reino de Jordania en esa zona.
El Consejo de Seguridad calificó a esa proclamación como “una violación al derecho internacional” y recomendó a los Estados miembros de la ONU que trasladen sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Todo ello mediante la Resolución 478 (1980), que fue aprobada por 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos.    
El expansionismo israelí sobre Jerusalén, que según el plan de la ONU para la partición de Palestina (1947) debería conformar un coprus separatum administrado por ese organismo internacional, fue condenado en otras varias Resoluciones del Consejo de Seguridad que fueron aprobadas con la abstención estadounidense. La última de ellas, la 2334 (2016), que fue adoptada durante el gobierno de Barak Obama, reafirma “que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal”.
Por tanto, considerando el hecho de que las Resoluciones del Consejo de Seguridad son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros de la ONU, el referido reconocimiento unilateral, que no distingue entre el este y el oeste de Jerusalén, no es menos que otra violación al derecho internacional.
No obstante, si algo podemos decir en favor de la controvertida decisión, es que no se trata de un Decreto más, sino de la promulgación de una ley que el Congreso estadounidense aprobó en 1995 por un amplio margen y la cual no había sido promulgada hasta ahora, debido a que podía afectar “a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Perspectiva político-diplomática
Finalmente, en cuanto al componente político, es evidente que Trump quiso diferenciarse de sus predecesores, que al igual que él habían prometido reconocer a Jerusalén como capital de Israel pero nunca cumplieron.
De hecho, durante el acto de promulgación, Trump aludió a la “falta de coraje” de quienes ocuparon la Casa Blanca antes que él y al día siguiente compartió un video en Twitter con el comentario: “Yo cumplí mi promesa de campaña – otros no lo hicieron”. En dicho video, primero se ve a Clinton (1992), Bush (2000) y Obama (2008), afirmando que Jerusalén es la capital de Israel – solo Bush promete trasladar la Embajada –, y después se ve a Trump (2016) prometiendo lo mismo, para luego terminar el audiovisual con el momento en que anuncia la controvertida decisión.
Pero si bien la medida pudo haber aumentado la popularidad de Trump en su país, en el ámbito internacional y desde el punto de vista diplomático, es una señal que aísla a Estados Unidos, puesto que sólo se manifestaron a favor los presidentes de República Checa, Tuvalu y Filipinas, que no son precisamente actores protagónicos del conflicto palestino-israelí... 
Al respecto, cabe preguntarse ¿por qué los estadounidenses no consiguieron más apoyos antes de lanzar su polémica medida? Y ¿sopesaron verdaderamente los posibles efectos geopolíticos?
Sobre esta última interrogante, no es ningún secreto que Irán y Arabia Saudita se disputan desde hace varias décadas el liderazgo político, económico y militar del mundo árabe-musulmán, y teniendo en cuenta que el gobierno iraní se ha convertido en el principal referente del movimiento anti-sionista a nivel mundial; se hace evidente que la medida de Trump, que fue repudiada por la Liga Árabe, podría inclinar la balanza en favor de Irán y en desmedro de Arabia Saudí, que es el principal aliado de Washington en la región, después de Israel.

Por lo dicho, nos queda la sensación de que la medida fue pensada únicamente para fines de política interna y no consideró los efectos en el prestigio internacional de Estados Unidos, ni muchos menos en la estabilidad social y política del Oriente Próximo, que ya se encuentra convulsionado. 

domingo, 3 de diciembre de 2017

El retiro del juez Greewood

Polémico miembro de la Corte Internacional de Justicia, antiguo asesor de Chile, el jurisconsulto británico abandonará su puesto el próximo año, pues no ha conseguido suficiente respaldo en la Asamblea General de la Naciones Unidas para su reelección.
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Los jueces Bhandari (India) y Greenwood (Reino Unido)
Por: Andrés Guzmán Escobari 
Sir Christopher John Greenwood es un controvertido y afamado jurista inglés, cuya opinión legal fue utilizada por el Gobierno británico para justificar la invasión a Irak en 2003, que asesoró a Chile en el proceso sobre la delimitación marítima con el Perú y que, a partir de 2009, se convirtió en uno de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

En esa condición, durante la fase preliminar del juicio sobre la “Obligación de negociar un acceso al océano Pacífico” entre Bolivia y Chile, preguntó a la defensa boliviana: “¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?”. 

La pregunta generó revuelo y molestia en Bolivia, no sólo porque parecía relacionarse con el fondo del proceso, cuando aún se estaba en la fase preliminar, sino sobre todo porque la imparcialidad de Greenwood había quedado en entredicho porque, valga repetirlo, él había asesorado a Chile en el proceso iniciado por el Perú. De hecho, por esa misma razón, el juez James Crawford (Australia) se había excusado de participar en el caso Bolivia v. Chile.    

Al respecto, en mayo de 2015, el presidente Evo Morales dijo: “Yo siento por lo menos, que por una cuestión de profesionalismo, y por ética y por moral, (Greenwood) debería renunciar o excusarse de estar en esta demanda”.

No obstante, a pesar de la desconfianza que generó el que haya asesorado a la contraparte, después de que Bolivia respondió a la pregunta citada, asegurando que no hay un momento mágico, sino diversas oportunidades en las que hubo acuerdos con Chile, Greenwood decidió votar a favor de la postura boliviana, rechazando la excepción preliminar chilena y declarando que la Corte sí tenía jurisdicción para conocer el caso. Lo que en los hechos demostró que el juez inglés, así como la gran mayoría de sus colegas, habían quedado satisfechos con la argumentación que nuestro país esgrimió para responder a su pregunta y a otra formulada por el juez Hisashi Owada (Japón). 

La reelección frustrada del juez

Por otra parte, respecto a la conformación de la Corte, cabe considerar que el 6 de febrero de 2018, Greenwood y otros cuatro jueces de la CIJ cumplirán nueve años en el cargo y, por tanto, de acuerdo al Estatuto de la Corte, deberán ser sustituidos o reelectos por mayoría absoluta en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Siguiendo ese procedimiento, el 9 de noviembre de 2017 la Asamblea y el Consejo eligieron a cuatro magistrados, uno por primera vez: Nawaf Salam (Líbano), y tres por segunda ocasión: Ronny Abraham (Francia), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia) y Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil). 

No se pudo elegir al quinto juez en esa oportunidad porque en la votación, disputada precisamente entre Christopher Greewood (Reino Unido) y Dalveer Bhandari (India), ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría absoluta en los dos órganos mencionados, tal como dispone el Estatuto de la Corte. Greenwood se impuso en el Consejo de Seguridad con nueve votos a favor de 15 posibles, y Bhandari sacó ventaja en la Asamblea General, donde obtuvo 110 votos de 193 posibles.

Este virtual empate, que dejó al descubierto una vez más el espíritu anti-democrático del sistema de las Naciones Unidas, obligó a repetir la votación, pero esa repetición, en lugar de contribuir al “desempate”, amplió aún más las diferencias. Aunque el resultado se mantuvo sin alteraciones importantes en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General Bhandari consiguió 11 votos más, llegando a 121, y Greewood obtuvo nueve menos, quedándose con solo 68 votos.

Ante el arrinconamiento progresivo del británico y el evidente estancamiento del proceso eleccionario, que pasó de ser un simple trámite administrativo a una dura batalla diplomática entre la India y el Reino Unido, Greenwood sorprendió a propios y extraños al anunciar el retiro de su candidatura para dar paso a la elección de Bhandari, en un acto que pareció representar una victoria del débil sobre el fuerte o, en otras palabras, un triunfo de la nueva potencia emergente sobre el viejo imperio colonial.

En efecto, el retiro de la candidatura de Greenwood y la consiguiente elección de Bhandari por más de dos tercios en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, que fueron celebrados en las calles de Mumbay y Nueva Delhi como si se tratara de una victoria futbolística, dejaron al Reino Unido sin un representante en la CIJ por primera vez en la historia y a la diplomacia británica con el amargo sabor de una derrota en las Naciones Unidas, donde casi siempre había logrado imponer sus condiciones.

Una jugada diplomática
El sorpresivo retiro, sin embargo, según algunos analistas, fue una jugada oportuna pero forzada de la diplomacia británica por evitar la humillación que habría significado el hecho de que, en nuevas rondas de votación, el candidato indio hubiese alcanzado dos tercios en la Asamblea General. Otras voces menos críticas señalan que esa decisión tuvo una relación más estrecha con el interés británico por mantener buenas relaciones comerciales con la India, que es un mercado imprescindible para afrontar la implementación del Brexit, que con una verdadera intención de viabilizar la elección del quinto magistrado de la CIJ. De hecho, por esa razón el Reino Unido habría renunciado a solicitar la conformación de una comisión conjunta de seis miembros, tres de la Asamblea y tres del Consejo, para elegir al juez faltante, tal como lo estipula el Estatuto de la Corte en caso de estancamiento en las votaciones.  

Es importante tener en cuenta este proceso, que ha definido la nueva conformación de la Corte y que al parecer no ha concitado la atención de los países que se encuentran doblemente enfrentados en la CIJ por el tema marítimo y por el asunto del Silala, para diseñar una estrategia de lobby diplomático tendente a influir en los jueces que decidirán la suerte de los casos que Bolivia y Chile presentaron ante esa instancia.