domingo, 12 de marzo de 2017

Bolivia y el uso de armas químicas en Siria

La representación de Bolivia ante el Consejo de Seguridad, antes de alinearse con la postura de rusos y chinos, debería privilegiar los intereses de nuestro país en materia de seguridad transfronteriza.

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Después de un ataque con armas químicas en el poblado de Ghouta.
Foto: Reuters

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

El 21 de septiembre de 2013, el pueblo sirio de Ghouta fue atacado con bombas de gas sarín, causando la muerte agónica, cruel y dolorosa de más de 350 civiles, incluyendo mujeres y niños. Los autores de tan horrendo crimen no han sido identificados hasta la fecha porque las partes del conflicto y los países que han decidido intervenir en el mismo no se han puesto de acuerdo respecto a las responsabilidades. Mientras que el grupo integrado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, conocido como la “troika occidental” en el Consejo de Seguridad, responsabiliza al gobierno de Bashar al-Ásad, este último culpa a los rebeldes que luchan en su contra y a los terroristas que controlan parte de su territorio.    

El uso de gas sarín y de otros agentes químicos letales para aniquilar seres humanos es un crimen de guerra que se encuentra prohibido por varios tratados multilaterales como la Convención sobre las Armas Químicas de 1993 que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas. Asimismo, de acuerdo a la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, cuya aplicación está a cargo de un Comité presidido actualmente por Bolivia; todos los Estados deben abstenerse de suministrar apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas químicas, biológicas y/o nucleares.  

No obstante, a pesar de esas prohibiciones y a pesar de que el gobierno sirio terminó de adherirse a la Convención de 1993 en octubre 2013, los ataques químicos en contra de los civiles sirios continuaron en 2014, 2015 y 2016. Ante lo cual, el Consejo de Seguridad, del cual Bolivia es actualmente miembro no permanente, adoptó las resoluciones 2235 (2015), 2209 (2015) y 2319 (2016), mediante las cuales decidió que la República Árabe de Sira no debe emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar ni conservar armas químicas. Pero no pudo adoptar medidas más enérgicas debido a la oposición de Rusia y China que, como miembros permanentes del Consejo, ejercieron su poder de veto para defender al gobierno sirio, cuya permanencia en el poder está muy en la línea de sus intereses económicos y geopolíticos en la región. 

Ciertamente, la última vez que rusos y chinos vetaron una Resolución del Consejo de Seguridad sobre este tema fue a finales de febrero, cuando sólo Rusia, China y Bolivia votaron en contra de una moción presentada por más de 40 países, liderados por la troika occidental, que básicamente pretendía sancionar a entidades y personas del gobierno sirio, supuestamente vinculadas a la producción y uso de armas químicas (S/2017/172).  

Las razones argüidas por los representantes de Moscú, Beijing y La Paz coincidieron en señalar que las listas de las entidades y personas a ser sancionadas no habían sido aprobadas por el Mecanismo creado con ese propósito en 2015; que la referida Resolución podía entorpecer el proceso de paz de Ginebra, que ha garantizado el cese al fuego entre el ejército sirio y los rebeldes por ya casi tres meses; y que someter a votación un proyecto de resolución que todos sabían que sería vetado, revela los fines políticos de sus promotores (S/PV.7893).

Pero más allá de las explicaciones, es bien sabido que Siria tiene una importancia estratégica para Rusia y China, pero no para Bolivia.

La Federación Rusa, en razón de sus acuerdos con Damasco, posee dos bases militares en territorio sirio: la base naval de Tartus que le permite acceder al mar Mediterráneo y la base aérea de Latakia, que sirve a sus aviones para operar en la zona. Asimismo, las importantes reservas de gas natural que posee Siria y la necesidad que tienen los proyectos gasíferos de los países del golfo Pérsico de pasar por territorio sirio para llegar a Europa, han hecho que Moscú vea con recelo cualquier cambio de la situación en Siria, que pueda trascender en la pérdida de mercados europeos para su gas en favor de la competencia árabe.

Por tales motivos, y porque el gobierno sirio es un buen comprador de armas rusas, el Kremlin ha hecho todo lo posible por impedir el derrocamiento de al-Ásad. 

Por su parte, la República Popular China, siguiendo su tradicional política de absoluto rechazo a la interferencia en asuntos internos de los Estados, que le ha servido para exigir la no injerencia de la comunidad internacional en Taiwán, Xinjiang y Tíbet, y más recientemente también en la disputa por el mar de la China meridional; ha rechazado enérgicamente las intervenciones de las potencias occidentales en Siria, y también ha tenido que repudiar la participación de Rusia, que ha incursionado en la zona para bombardear a los terroristas que representan un riesgo para la continuidad del régimen sirio.

Al gobierno de Beijing además le interesa ampliar su influencia en la región, mostrándose como una alternativa al dominio de las potencias occidentales, para lo cual ha estado apoyando económica y humanitariamente a Siria, como una forma distinta de abordar el conflicto. En esa misma línea, cabe considerar el proyecto chino “un camino, un cinturón” que, siguiendo lo que fue “la ruta de la seda”, busca conectar al gigante asiático con Oriente Próximo, Europa y África, mediante la construcción de carreteras y líneas férreas que también tendrían que pasar por Siria. Por lo que, la resolución del conflicto sirio se ha convertido en una prioridad para China.

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia los intereses no están tan claros, pues más allá del incentivo que pueda tener el actual gobierno por reafirmar su política antiimperialista, rechazando todo lo que venga de los Estados Unidos; no existen vínculos comerciales ni diplomáticos con Siria que justifiquen el apoyo a su gobierno, que es además un régimen autocrático. De hecho, la representación boliviana, antes de alinearse con la postura de rusos y chinos, debería privilegiar los intereses de nuestro país en materia de seguridad transfronteriza. 

Efectivamente, considerando que Chile mantiene cientos de miles de minas antipersona y antitanque en la frontera con nuestro país, rechazar una Resolución que sanciona a un país por el uso de armas no convencionales, puede sentar un precedente negativo y hasta peligroso para nuestros intereses.     

En otras palabras, no debemos priorizar las discrepancias o afinidades político-ideológicas que siempre las hay en las relaciones internacionales, ni debemos apostar todo a un solo bando cuando nuestros intereses vitales no están en riesgo; es necesario anteponer las razones de Estado, como hacen la mayoría de los países, y no porque crea que Bolivia debió haber votado a favor, pero sí al menos abstenerse. 

miércoles, 1 de marzo de 2017

La Réplica de Bolivia ante la CIJ

De acuerdo a los plazos establecidos por la Corte Internacional de Justicia en el caso Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, Bolivia deberá presentar su Réplica hasta el 21 de marzo de 2017. Sobre dicha presentación tuve la oportunidad de participar en las siguientes entrevistas:

En A Puerta Abierta de PAT, 19/02/2017


En Tres en Línea de BTV, 22/02/2017