La Muerte del Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón 

Mediante el Tratado de 1904, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral (art.2) a cambio recibió 300.000 libras esterlinas (art.4), que en valor actual equivalen a 27 millones de dólares estadounidenses (Fuente: conversor de dinero antiguo del Archivo Nacional Británico); la liberación de las deudas e indemnizaciones que se debía pagar a las personas naturales y jurídicas que se hallaban establecidas en ese territorio (art.5); un tramo del ferrocarril Arica–La Paz (art.3); un derecho de libre tránsito (art.6) y un permiso para construir agencias aduaneras en puertos chilenos (art.7). Adicionalmente, ambos países se comprometieron a darse el trato de la nación más favorecida (art.8).  

Mapa político (antes de 1904). 

Fuente: Jorge Escobari Cusicanqui (1972).

De todos estos compromisos, que junto con el restablecimiento de las relaciones de paz y amistad entre ambos países (art.1), son todos los derechos y obligaciones que contiene este pacto, pues las demás disposiciones se refieren a la reglamentación del intercambio comercial (arts.9-11) y al mecanismo de solución de controversias (art.12); lo único que verdaderamente se cumple es el dominio chileno sobre el litoral boliviano, pues el dinero por compensaciones, deudas e indemnizaciones ya fue cancelado; el ferrocarril no funciona; el derecho de libre tránsito está siendo vulnerado por las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta y; en cuanto a las agencias aduaneras que se supone que deben estar dentro de los puertos, Chile ya anunció que pretende exigir su relocalización obligatoria a “recintos extra-portuarios”, con lo cual, el gobierno de Sebastián Piñera terminará por incumplir por primera vez en la historia, absolutamente todas las obligaciones que su país asumió en 1904.  

Tramo del Ferrocarril Arica - La Paz (lado chileno)

Fuente: Jhonny Flores (Google Earth)

Por si fuera poco, Chile tampoco otorgó a Bolivia los mismos privilegios comerciales que concedió a terceros países. El caso más llamativo es Perú, que tiene un malecón, una oficina para su aduana y una estación de tren en Arica.

Y eso no es todo, también existen acuerdos complementarios y reglamentarios al Tratado de 1904 que Chile transgrede: la Convención de 1912 establece la gratuidad para el almacenaje de las mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año (art.12), sin embargo, la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta, ATI, ha estado cobrando a los comerciantes bolivianos por ese concepto; la Convención de 1937 obliga a Chile a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción” (art.1), empero, la interrupción de los servicios portuarios en Arica, Antofagasta e Iquique, son cada vez más frecuentes debido a las huelgas de los trabajadores de dichos puertos que exigen una mejor administración a las empresas privadas que los operan; la Convención de 1905 determina la obligación de “asegurar a perpetuidad el libre tráfico de ferrocarril” (art.12), no obstante, la línea se encuentra paralizada desde el año 2001 en el lado chileno; etc. 

Congestión ocasionada por huelga en puertos chilenos 

Fuente: La Patria 2010

Todos estos hechos pueden hacer pensar a cualquiera que aplique el sentido común (no sólo al Presidente Evo Morales), que el Tratado de 1904 está muerto, y eso sencillamente porque no es válido que una de las partes ejerza ampliamente sus derechos e incumpla absolutamente todas sus obligaciones.  

Nuevo fracaso de Chile en la OEA

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

El resultado de la discusión sobre el tema marítimo boliviano que se llevó a cabo en la 42  Asamblea de la OEA celebrada en Cochabamba, fue considerado como un triunfo diplomático de Chile por algunos entendidos en la materia tanto bolivianos como chilenos. Sin embargo, las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro, los antecedentes del tema y el cuestionable y pobre discurso del representante de La Moneda, demuestran que más que una victoria, fue un fracaso bien disimulado.  

Primeramente es preciso considerar que todos los países que tomaron la palabra – incluido Chile - reconocieron que el tema marítimo boliviano es un problema pendiente que hay que resolver, lo cual es un importante avance para nuestros intereses, porque ya no se cuestiona su naturaleza de problema, eso es innegable, y si bien ya no estamos en aquellos tiempos en los que Bolivia le daba capote a Chile en la OEA, debemos destacar el unánime reconocimiento continental a nuestro problema que, como tal, debe ser resuelto.

En segundo lugar, el hecho de que los delegados de los otros países exhorten a las partes a resolver el asunto de forma bilateral, tampoco señala un triunfo chileno porque es obvio que si estamos hablando de una transferencia de territorios, los únicos que pueden negociar su ejecución son los países que van a modificar sus fronteras. No debemos confundir una cosa con la otra, la solución del problema es bilateral, pero el interés por alcanzarla es multilateral. Todos los miembros de la OEA que trataron este tema en 1979, excepto Chile, reconocieron que se trata de “un asunto de interés hemisférico permanente” (Resolución 426) y luego la mayor parte de ellos aprobó otras 10 Resoluciones en apoyo a la causa marítima boliviana (1980–1990) de las cuales, tres fueron aceptadas por La Moneda (1980, 1981 y 1983).

La única forma de que otro país intervenga en la solución de este asunto, es que el arreglo contemple territorios situados en Arica, sólo en ese caso sería necesaria la aceptación del Perú conforme al Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, pero aun así, la solución sería de carácter trilateral y no multilateral.

De todas formas, el hecho de que la solución deba alcanzarse bilateral o trilateralmente, no impide que Bolivia pueda acudir ante cualquier instancia internacional para recuperar su acceso soberano al mar, lo cual, por tratarse de un medio pacífico de controversias, no debería causar zozobra en las autoridades chilenas.

En tercer lugar, las palabras del Canciller de Chile, Alfredo Moreno, develaron una vez más que no existe coherencia entre lo que dice y hace su gobierno. Al ser consultado sobre las afirmaciones del Presidente Evo Morales acerca de que las guerras e invasiones no otorgan derechos, atinó a replicar "lo que generar derechos son los tratados”. Pero lo importante en este caso no son los derechos que otorgan los tratados, sino las obligaciones y las autoridades chilenas evitan comentarlas porque Chile no cumple varias disposiciones derivadas del Tratado de 1904:

1. Las constantes interrupciones de los servicios portuarios en Arica y Antofagasta son una clara transgresión a la Convención de 1937 que obliga a Chile a “garantizar el libre tránsito de Bolivia en todo tiempo y circunstancia”(artículo 1);
2. El cobro por el almacenaje de mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año es una indiscutiblemente contravención de Chile a la Convención de 1912 (artículo 12); y  
3. La paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno por ya casi una década, no es menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905 que establece la obligación de “mantener el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad”(artículo 12). 

A pesar de que el Canciller Moreno conoce perfectamente estos hechos y sabe que las Convenciones citadas complementan y reglamentan el Tratado de 1904; cuando le tocó intervenir en el pleno de la Asamblea, no tuvo reparos en afirmar “el respeto al derecho internacional, y en particular a los tratados, entrega valores a los Estados, garantiza la paz, y además promueve relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos” y luego dijo “La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, consagra el principio universal "Pacta sunt servanda": "lo pactado obliga". 

Como era previsible resaltó la supuesta voluntad de diálogo de su gobierno, que a estas alturas ya parece infinita, y llegó a decir que “Chile siempre se encuentra disponible”, sin reconocer que la decisión de congelar la Agenda de 13 puntos fue suya.

Después afirmó correctamente que “Bolivia ha interrumpido las relaciones con Chile en dos ocasiones en los últimos 50 años”, pero olvidó aclarar los motivos. No dijo que en 1962 Chile desvió las aguas del río Lauca ocasionándole un enorme perjuicio a Bolivia y que en 1978 su gobierno decidió interrumpir las negociaciones que se habían iniciado en Charaña con el propósito de resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano.

Según Moreno las acciones que ha tomado su gobierno en relación a Bolivia “van más allá del derecho de libre tránsito fijado por el Tratado de Paz y Amistad de 1904” y de la "Convención de Naciones Unidas sobre el Comercio de los Estados sin Litoral", lo cual es completamente cierto, pero no por las razones que él arguye, sino porque Chile ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha delegado su obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta a empresas privadas que dificultan el paso del comercio boliviano y recientemente, ha permitido el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.  

Todos estos hechos demuestran que el enviado chileno vino a exponer una postura basada en falsedades y omisiones deliberadas que intentan demostrar un supuesto apego de su gobierno al derecho internacional y una auténtica voluntad de diálogo, lo cual, por contrariar la verdad, evidencia que su actuación fue un todo un fracaso.