jueves, 23 de agosto de 2012

El Dr. Fausto y la posesión daimónica

Por: Fernando Salazar Paredes

    Lo daimónico -dice Goethe- es aquello que no puede ser explicado por la inteligencia ni por la razón. Es cualquier función natural que tiene el poder de dominar a la totalidad del individuo.

    Lo daimónico puede convertirse en el aliciente para la creación o en un terremoto destructivo y, a menudo, en ambas cosas al mismo tiempo. Pero cuando este poder marcha mal y una fracción termina arrancando el control de toda la personalidad se padece de una “posesión daimónica”, término tradicional con el que se ha denominado históricamente a la psicosis.

    El director de Diremar, Fausto Lanchipa, ha causado un terremoto destructivo con una declaración oficial, en forma de artículo, titulada “Chile lanza nuevo plan bélico que amenaza la paz de la región”. El contenido de la nota, per se, no es nada nuevo para los entendidos en la materia. Ya el joven y acucioso diplomático Andrés Guzmán Escobari, en fecha 8 de agosto, se refirió al tema. Palabras menos, palabras más, el alcance de ambas notas es relativamente similar y, desde luego, contiene enunciados con los que no estamos en desacuerdo. No es lo mismo, sin embargo, que lo diga un analista a título personal, que lo exponga y disemine una autoridad gubernamental. La connotación es totalmente diferente.

    La declaración oficial de Diremar coloca al Gobierno en una posición sumamente incómoda, pues sobrepasa torpemente las atribuciones que este organismo tiene y que pueden resumirse en: planificar, desarrollar y evaluar la implementación de estrategias para la reivindicación marítima; elaborar y presentar la demanda internacional y representar al Estado ante los tribunales internacionales en los cuales se la presente, tramitarla y asumir la defensa técnico legal hasta su conclusión.

    Usurpando funciones tanto de la Cancillería como del Ministerio de Defensa y del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), incursiona rudamente en atribuciones que no le competen. Sobre el tema se ha escrito y opinado mucho ya y seguramente tendrá que haber explicaciones del porqué el doctor Lanchipa se atreve a colocarse por encima de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y, más aún, irrumpe en el campo definido del COSDEP. Lo que ahora corresponde es analizar las consecuencias internas y externas de la destemplanza.

    En lo externo, dadas las atribuciones de Diremar, se refleja una total ausencia de estrategia de reivindicación marítima que no sólo deja muy malparado al señor Presidente del Estado, que crea esa institución con funciones bien definidas, sino que nutre y fortalece a los sectores más retrogradas chilenos que, tradicionalmente, se oponen a que Bolivia tenga una salida al mar.

    En lo interno confirma la falta de direccionalidad del aparato estatal en este tema, amén de que se trata de una falta de respeto para con la autoridad que ejerce el canciller del Estado, bajo cuya tuición debe estar el director de Diremar.

    Falta de rumbo, imposibilidad de cumplir los propósitos preestablecidos, ansia de protagonismo o, acaso, afán daimónico de provocar al señor canciller del Estado, lo cierto es que se ha expuesto una falta de sindéresis en un tema tan delicado que confirma la equivocación de haber creado un organismo paralelo que debilita la función constitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo muestra como un apéndice sin personalidad ni utilidad en la presente coyuntura.

    Es que las instituciones se crean atendiendo necesidades de los intereses permanentes del Estado, no para satisfacer una pretensión circunstancial. Es hora de que el tema marítimo retorne a su seno natural que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se ponga fin a esa infecunda parodia denominada Diremar, que no ha podido cumplir sus labores específicas, ni siquiera con asesores internacionales.

    Comencé citando a Goethe, el autor del monumental Fausto; termino de igual forma: “¡Cuánto tarda en disiparse la esperanza en la cabeza de quien se aferra a bagatelas y, escarbando curiosamente en busca de tesoros, se siente feliz si encuentra lombrices!”

lunes, 20 de agosto de 2012

Chile, entre contradicciones y preparativos de guerra

Por: Juan Lanchipa Ponce 

Las máximas autoridades del gobierno chileno han repetido en varias oportunidades y en distintos escenarios que representan a un Estado amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y fiel cumplidor de los tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica, Chile es la principal amenaza para la paz regional, mantiene una conducta que a lo largo de la historia ha contravenido muchas veces los principios generales del derecho y sólo cumple los compromisos contraídos en forma parcial de acuerdo a su conveniencia. 
En efecto, como es de público conocimiento, ese país ha destinado en promedio cerca de 3.000 millones de dólares anuales al gasto en defensa en la última década; mantiene minas antipersonales en sus fronteras desde los años 70, pese al compromiso que asumió para removerlas y/o desactivarlas al suscribir la Convención de Ottawa de 1997; y, no hace mucho, su Ministro de Defensa amenazó con utilizar las Fuerzas Armadas de Chile para “hacer respetar los tratados”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904. Lo que demuestra claramente que Chile dista mucho de ser un país “amante de la paz”.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Chile 2011
Por otra parte, el hecho de que su gobierno cumpla religiosamente el Tratado de 1904 en su parte referida a la delimitación fronteriza y transgreda al mismo tiempo todas sus demás clausulas, es prueba inobjetable de que aplica una política exterior que sólo respeta las normas internacionales cuando éstas se ajustan a sus intereses. Las obstrucciones al libre tránsito de Bolivia interpuestas por las empresas privadas que operan los puertos chilenos y la paralización por ya casi una década del ferrocarril Arica–La Paz son muestras claras de esa mala fe que se expresa en una actitud contradictoria.
Por tanto, considerando que los principios generales del Derecho enuncian, entre otras cosas, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas, Chile no puede ser considerado como un Estado “respetuoso del derecho internacional”, aun cuando los encargados de su diplomacia lo repitan en todas y cada una de sus declaraciones.   
Pero lo más delicado es que todas estas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, están siendo profundizadas cada vez con mayor desparpajo por las autoridades chilenas con medidas que parecen representar el preludio de una guerra. Prueba de ello son la nueva norma para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que reemplazará a la Ley Reservada del Cobre, y la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSYD (2012 – 2024) [http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2009/11/ENSYD-version-definitiva.pdf].
Estas medidas. que en este momento están siendo evaluadas por el Senado chileno para su correspondiente aprobación y dictámen, tienen la evidente intención de reforzar aún más el poderío militar de Chile y anteponer la política de defensa por sobre todas las demás políticas de ese país, con la idea de que no exista ningún impedimento legal a la hora de recurrir al uso de la fuerza.
El proyecto de ley para el financiamiento de las FFAA, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece un presupuesto cuatrienal que no podrá ser inferior al 70% del monto invertido en armamento entre 2001 y 2010, que fueron precisamente los años que más dinero se invirtió en compras militares (en promedio 1.900 millones de dólares anuales); y crea un Fondo de Contingencia Estratégico que dispondrá de cerca de 3 mil millones de dólares “destinado a financiar el material bélico (…) para enfrentar situaciones de guerra”.

Presentación oficial de la ENSYD, 28 de junio de 2012
Pero lo que más nos debe preocupar a los bolivianos es que la ENSYD reconoce que “algunas regiones (de Chile) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara textualmente: “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”. Afirmaciones que son una clara amenaza para Bolivia que es el único país que podría proveer de recursos hídricos al norte chileno y es además, el único país con el cual se podría concebir “un escenario de controversia” en los términos planteados. 
Ante este escenario de contradicciones y de aparentes preparativos de guerra, cabe recordar que Chile suscribió acuerdos multilaterales que prohiben expresamente la amenaza y el uso de la fuerza, como los Convenios de la Conferencia Panamericana de 1889 celebrada en Washinghton y las Cartas de la ONU y la OEA de 1945 y 1948 respectivamente. De la misma forma, en el ámbito bilateral condenó explícitamente “las guerras de agresión” y se comprometió a recurrir únicamente a procedimientos pacíficos para resolver los desacuerdos o conflictos que puedan surgir con Bolivia, a través de las notas reversales intercambiadas en 1941.
A pesar de esos compromisos, por todo lo dicho, bien se podría esperar que en un futuro no muy lejano, los gobernantes de Chile manifiesten una vez más su “vocación de paz” y seguidamente, en un contrasentido – no esperado ni mucho menos deseado – inicien otra guerra. 

miércoles, 8 de agosto de 2012

¿Guerra por agua?

Por: Andrés Guzmán Escobari

Cuenca Altiplánica
El 28 de junio pasado el Presidente chileno, Sebastián Piñera, y su Ministro de Defensa, Andrés Allamand, presentaron al Senado de su país un documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSYD (2012-2024)”, con el fin de consensuar y aprobar una “política de políticas para el ámbito específico de la seguridad y defensa”.
La ENSYD que, entre sus principales propósitos plantea “anticiparse a una agresión armada”, ya generó ciertos temores en Perú, donde algunos analistas la calificaron de provocativa, desafiante e inoportuna por haber sido presentada antes de que la Corte Internacional de Justicia emita su fallo sobre el caso de la delimitación marítima entre Chile y Perú (Velit,19/07/12); y culparon a las autoridades mencionadas por haber “convertido definitivamente a Chile en un Estado espartano, donde la seguridad será la política que guíe todas las demás políticas”(De Rivero,17/07/12).
Para el caso de Bolivia, resulta sumamente alarmante lo que ese documento dice sobre los recursos hídricos. Primero reconoce que “algunas regiones (de Chile) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”.
Estas palabras son una clara amenaza para Bolivia porque geográfica y naturalmente es el único país que podría proveer de recursos hídricos al norte chileno y por tanto es el único país con el que se podría “concebir un escenario de controversia” en los términos planteados; además, existen varios antecedentes de agresión al patrimonio territorial boliviano por parte de Chile, entre los cuales destacan el desvió unilateral del río Lauca en 1962 y el uso gratuito de las aguas del Silala a partir de 1908, porque ambos fueron ejecutados por el Estado chileno precisamente para abastecer de agua a su territorio septentrional.
Asimismo, esta amenaza es preocupante porque se suma a la que lanzó Allamand el 30 de mayo de 2011. En esa oportunidad el Ministro de Defensa chileno dijo que su país tiene Fuerzas Armadas “en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie o desconozca el Tratado de 1904.
Contradictoriamente a todo esto, la ENSYD también afirma que Chile "Es un país con vocación de paz y buscará su seguridad por medio de la cooperación internacional, aunque reservándose el derecho inherente a la legítima defensa, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". Al respecto, cabe recordar que esa misma Carta señala que sus miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
Vista del Sajama y las aguas en la frontera Bolivia - Chile
Adicionalmente, en la última década Chile ha invertido cerca de 15.000 millones de dólares estadounidenses en armamento y gracias al nuevo mecanismo de financiamiento militar, que remplaza a la Ley Reservada del Cobre, sus FFAA tienen otros 3.000 millones de dólares en un “Fondo de contingencias”.
¿Por qué tanto armamentito y amenazas? ¿Es que acaso Chile pretende agredir nuevamente a Bolivia para quedarse con el Silala y otros reservorios de agua bolivianos?