domingo, 22 de mayo de 2016

El futuro político - diplomático del Pacífico sur

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

La estrategia adoptada por Chile para enfrentar las demandas de Perú y Bolivia presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, es y ha sido totalmente distinta.

Foto satélital del Pacífico sur, Fuente: Google earth.
Al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, las relaciones político-diplomáticas de los países que por su ubicación geográfica concurren a las costas del Pacífico sur, se mantienen como de costumbre, frías y destempladas. Por un lado está Chile que con un discurso legalista y un armamentismo sostenido, intenta prolongar el statu quo territorial impuesto por sus gobernantes a partir del siglo XIX, mediante los tratados que dieron fin a la guerra del Pacífico. Por el otro lado tenemos a Perú y Bolivia, que sin plantear la modificación de dichos tratados, han demandado al país del Mapocho ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin de obtener una delimitación marítima equitativa y un acceso soberano al mar respectivamente.

Pero si bien las dos demandas surgen de problemas derivados de la guerra del Pacífico y ambas fueron interpuestas ante la CIJ en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI), la estrategia adoptada por Chile para enfrentarlas es y ha sido totalmente distinta.

En efecto, para enfrentar al Perú, el gobierno de Chile aceptó aplicar la política de “cuerdas separadas”, que había sido propuesta por el entonces presidente peruano Alan García, con el fin de “resguardar” las inversiones que existen entre ambos países y los intereses económicos de los respectivos inversionistas. Mientras que para enfrentar a Bolivia, La Moneda decidió adoptar una política de “cuerdas entrelazadas”, en la que además de rechazar el juicio como mecanismo pacífico de solución de controversias en este caso, no puede separar lo que se discute en la CIJ de lo que son las relaciones político-consulares, incluyendo la aplicación del libre tránsito para el comercio boliviano en puertos chilenos y las políticas de migración, tal como lo revela un video publicado a mediados de marzo por Santiago.

Por otra parte, a pesar de que en ambos casos las autoridades chilenas rechazaron la existencia de una controversia jurídica y la subsistencia de asuntos de límites pendientes, por haber sido supuestamente resueltos mediante los acuerdos suscritos en 1952 y 1954 con Perú, y en 1904 con Bolivia; la estrategia chilena para enfrentar los dos casos tampoco fue la misma. Frente a la demanda peruana, Chile aceptó ingresar al proceso de fondo sin presentar excepciones de ningún tipo; pero ante la demanda boliviana, decidió objetar la competencia de la Corte de manera preliminar, sin haber logrado lo que buscaba.

Los resultados de dichos procesos hasta el momento, han hecho que la diplomacia chilena también adopte una postura radicalmente diferente frente a Bolivia y Perú, pues mientras que frente al primero mantiene el discurso de que los tratados de límites son “intangibles”, en referencia a la supuesta imposibilidad de revisar el Tratado de 1904; frente al segundo, el gobierno chileno no se ha mostrado dispuesto a respetar lo convenido en el Tratado de 1929, en cuanto a que la frontera terrestre parte “de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta” (Artículo 2º).

Este último punto, además de haber generado una controversia limítrofe por un territorio triangular de 3,6 kilómetros cuadrados, aún pendiente, ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones del discurso legalista de Chile, que se jacta de respetar los tratados internacionales pero que en la práctica no los respeta cuando no le conviene (Perú) o cuando sencillamente no le interesa (Bolivia).

Sumado a ello, el proyecto del corredor bioceánico que debe unir al Pacífico con el Atlántico, también ha tensado el relacionamiento en el Pacífico sur, porque a pesar de que en 2007 los presidentes de Bolivia, Brasil y Chile acordaron construir el corredor entre el puerto brasileño de Santos y el puerto chileno de Iquique; en el último tiempo, el gobierno del Perú ha logrado desviar ese proyecto hacia sus costas en desmedro de los intereses de Santiago y con el beneplácito de La Paz. Lo cual está aún más avanzado en el caso del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá a las terminales portuarias de Santos e Ilo, pasando por territorio boliviano. 

Toda esta sucesión de hechos, agravada por los nuevos casos de espionaje chileno, descubiertos por las Fuerzas Armadas del Perú, y el uso no autorizado de las aguas bolivianas del Silala por parte de Chile, que ya mereció el anuncio de una nueva demanda por parte de Bolivia ante la CIJ; marcan el complejo escenario en el que se desarrollarán las relaciones político-diplomáticas del Pacífico sur en los próximos años.

En ese sentido, el nuevo gobierno del Perú, que estará presidido por Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, y que tendrá que gobernar con un congreso mayoritariamente fujimorista, que podría darle viabilidad política a las concesiones ofrecidas a Bolivia en Ilo el año 2010; deberá lidiar y entenderse con las administraciones de Evo Morales y Michel Bachelet, al menos en sus primeros años, para intentar resolver los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.

El desafío es grande no sólo por la complejidad de los problemas mencionados sino también por las diferencias ideológicas de las autoridades a cargo, pues el nuevo gobierno del Perú, sea de la derecha populista que representa Fujimori o de la derecha neoliberal que encarna a Kuczynski, deberá entenderse con la administración boliviana de izquierda socialista de Morales y con el gobierno chileno de izquierda neoliberal de Bachelet, que tampoco mantienen buenos tratos entre ellos desde hace unos años.

En conclusión, aunque el futuro no parece muy promisorio, como ciudadanos del Pacífico sur no nos queda más que confiar en la habilidad de nuestros gobernantes para entenderse y resolver los problemas que arrastramos desde la guerra del Pacífico. Todo ello para que las futuras generaciones puedan dedicarse a elaborar proyectos de cooperación y desarrollo conjunto, en lugar de trabajar en la solución de los problemas que nos dejaron nuestros antepasados. 

Chile debe responder a la demanda de los Chávez

Por: Víctor Hugo Chavez
En mi familia y en la escuela fiscal a la que asistí durante mi educación primaria me enseñaron que era una señal de muy mala educación el poner apodos a las personas, por ello no responderé al apodo de "mendrugo” que pretende endilgarme Guzmán.

Se ha publicado el domingo 8 de mayo del año en curso en el periódico Página Siete el artículo de opinión titulado "El mendrugo contraataca” suscrito por Andrés Guzmán Escobari, en el que nuevamente insulta a Bolivia pues señala que el territorio usurpado por Chile no puede ser reclamado y sostiene la presunta validez del Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, que según Guzmán habría sido aprobada por el Congreso boliviano mediante la Ley de 4 de febrero de 1905 que se encontraría en "los expedientes de la Cancillería y en la gaceta oficial del Estado Plurinacional”, señalando Guzmán que "el Acta es válida muy a nuestro pesar y debemos respetarla” -como si su palabra equivaliera a un laudo, fallo o sentencia del Tribunal de La Haya-.

En mi familia y en la escuela fiscal a la que asistí durante mi educación primaria me enseñaron que era una señal de muy mala educación el poner apodos a las personas, por ello no responderé al apodo de "mendrugo” que pretende endilgarme Guzmán; eso sí, en cuanto a mis actividades laborales o profesionales Guzmán Escobarí podrá retractarse respecto a la afirmación que hace en sentido que mi hermano Wilfredo o mi persona hayamos sido personal de la empresa china CAMC o en caso de no hacerlo deberá probar esta temeraria afirmación ante tribunales.

Hasta que hemos publicado el Proyecto de Demanda Marítima y su antecedente denominado "Estrategia para la obtención de una salida libre y soberana al Océano Pacífico” (14 de febrero de 2000) no se publicó en medio impreso de circulación pública, alguna propuesta de demandar a Chile ante La Haya; encomiables trabajos de valerosos bolivianos no incluyeron el Protocolo de 16 de abril de 1907 que permite a Bolivia acudir ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya; pero no por ello nos referiremos a estos patriotas como mendrugos o soquetes, puesto que el aporte de todo boliviano a la reivindicación marítima debe ser realzado en lugar de ser insultado; esto no es entendido por Guzmán Escobari que al parecer tiene ensañamiento contra nuestras personas por haber propuesto una demanda contra Chile acudiendo a La Haya, causándole incomodidad el hecho que el proyecto de demanda haya sido elaborado por hombres mestizos del pueblo a quien se les sindica "viveza criolla” y no por algunos ensoberbecidos egresados de la Academia Diplomática (no todos ellos) enredados en propuestas de eterna negociación.

Empero, ¿qué es lo que causa tanta roncha para los chilenos y sus acólitos?, es el hecho que Bolivia plantee una demanda para reivindicar el territorio comprendido entre los paralelos 24 a 23 en que se encuentran Antofagasta y Mejillones, su mar, plataforma continental, islas e islotes hasta las 200 millas náuticas que ni por casualidad se encuentran mencionados en el Tratado de 1904. Chile a lo largo de los 111 años de vigencia de dicho Tratado ha señalado que todo estaba resuelto con Bolivia con la firma de este Tratado;  de ser así, corresponde la devolución inmediata de estos territorios a Bolivia por no estar comprendidos en el mencionado Tratado; para sustentar esta posición acudimos a la Jurisprudencia Arbitral referida al laudo arbitral emitido por el presidente de  Estados Unidos de Norteamérica Calvin Coolidge el 4 de marzo de 1925 ante el reclamo de la República de Perú contra Chile por la ocupación del territorio de Tarata próximo a Tacna, que no se encontraba comprendido en el Tratado de 1883 y que por ello tuvo que ser reincorporado al territorio peruano en mérito al laudo arbitral emitido, abriendo además las negociaciones para la firma del tratado definitivo de límites terrestres de 3 de junio de 1929 entre Perú y Chile.

Según la versión chilena –aplaudida entusiastamente por Guzmán Escobari-, el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 tendría plena validez puesto que en esa ocasión el plenipotenciario de Bolivia Alberto Gutiérrez declaró ante la Cancillería de Santiago que "debidamente autorizado por su gobierno no tenía inconveniente para hacer la declaración pedida por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores (de Chile), esto es, que el Gobierno de Bolivia reconoce al dominio absoluto y perpetuo de Chile el territorio situado entre los paralelos 23 a 24 de latitud meridional, desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”. (Transcripción del Acta protocolizada de 15 de noviembre de 1904 cursante en la Colección de Tratados de Bolivia, Tomo IV, Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Páginas 416 a 417).

Como se observa, Alberto Gutiérrez hizo referencia que no tenía inconveniente para hacer una declaración;  empero ello no conlleva a una Modificación del Tratado de 1904. Por otra parte, en el caso de la forzada validez del Acta de 15 de noviembre de 1904 mediante fallo arbitral, el reconocimiento al dominio de Chile comprendería el territorio situado entre los paralelos 23 a 24 en que se encuentran Antofagasta y Mejillones; empero, incluso en el caso que se declare la validez del Acta que se esmera en defender Guzmán Escobari y que señala que "debemos respetarla”, aun en ese caso: el mar, islas e islotes de ese territorio no fueron cedidos al usurpador puesto que refiere que el reconocimiento se efectúa "desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”; por consiguiente, en el peor escenario, es decir que La Haya otorgue validez al Acta de 15 de noviembre de 1904, el mar y  las islas e islotes de ese territorio pueden ser reclamables por Bolivia, siendo estas islas e islotes:  Isla Guzmán, Guamán o Guanosa: Latitud: 23.55 Longitud: 70.416;  Isla Lobos: Latitud: 23.533 Longitud: 70.616; Isla Santa María Latitud: 23.433 Longitud: 70.616; Islote Águila: Latitud: 23.916 Longitud: 70.516; Islote Angamos: Latitud: 23.016 Longitud: 70.533; Islote Lagartos: Latitud: 23.366 Longitud: 70.6, puesto que estas islas no fueron señaladas en el Tratado de 1904 y en el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904.

Empero el aspecto central radica en el hecho que el Acta Protocolizada no fue ratificada o aprobada por el Congreso de Bolivia conforme mandaba la Constitución de 1880 vigente en 1905, puesto que la Ley de 4 de febrero de 1905 aprueba el Tratado de 1904, su Protocolo de 20 de octubre del mismo año y un inexistente Protocolo de 15 de noviembre de 1904, que no es igual al Acta Protocolizada de la misma fecha. Chile tendrá que demostrar en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya la existencia del Protocolo de 15 de noviembre de 1904 y que éste es el Acta Protocolizada,  pero para que no quede duda alguna respecto a lo que se aprobó en la Ley de 4 de febrero de 1904, paso a transcribir el texto de la misma: "Artículo Único.-  Apruébase el Tratado de Paz y Amistad, suscrito en Santiago el 20 de octubre del próximo pasado año de 1904, por el Plenipotenciario de Bolivia don Alberto Gutiérrez y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, don Emilio Bello Condecido, y los Protocolos de 20 de octubre y 15 de noviembre, y las Notas Reversales de 21 de octubre y 16,17 y 21 de noviembre del  mismo año” (Transcripción de la Ley de 4 de febrero de 1905 cursante en la Colección de Tratados de Bolivia, Tomo IV, Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Páginas 420 a 421); como se lee de ese texto, el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 no fue aprobada o ratificada por el Congreso boliviano; por tanto,  no tiene valor y la afirmación de Guzmán Escobari queda desnuda, pudiendo Bolivia reclamar la reivindicación de Antofagasta y Mejillones más su mar, islas e islotes.  Evidentemente deberá ser Chile que responda a la demanda proyectada por los hermanos Chávez, pero para ello la demanda deberá ser analizada, complementada e interpuesta y no negada, insultada  o bloqueada sistemáticamente por la chilenofilia entreguista.

domingo, 8 de mayo de 2016

El mendrugo contraataca

Por: Andrés Guzmán Escobari
Aún cuando el Acta Protocolizada de 1904 fuera inválida, como sostienen los Chávez, tampoco podríamos reclamar pertenencia sobre los territorios en cuestión debido a que durante más de un siglo, Bolivia aceptó y respetó el dominio de Chile sobre los mismos.

Víctor Hugo Chávez, el mendrugo.
En respuesta a mi artículo Victor Hugo, el mendrugo, publicado el pasado 10 de abril en este mismo espacio (Ideas de Página Siete), y referido al comportamiento del señor Víctor Hugo Chávez Serrano en el conversatorio sobre la demanda marítima boliviana que se realizó el 22 de marzo en la UMSA,  el principal aludido, a quien llamo mendrugo no por su conducta sino por su dificultad para entender las cosas, decidió contraatacar con un nuevo artículo en el cual, a tiempo de explicar por qué llegó tarde a dicho conversatorio y por qué se retiró antes de que termine, intenta refutar lo que señalé respecto a que su proyecto de demanda contra Chile, elaborado conjuntamente con su hermano Wilfredo, es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por viveza criolla.

Primero señala que resultaría ocioso discutir sobre la coqueta chapela (boina de gran vuelo) que cubría su cabeza ese día o sobre cómo lucían las frondosas patillas de su hermano en esa misma ocasión, a las que yo hice referencia en mi artículo. Pero si bien coincido en que esos detalles no son relevantes para nuestro debate, cabe aclarar que su mención obedeció únicamente a razones de contextualización y amenización, no tenía la intención de causarle enojo ni sonrojo. 

Seguidamente aclara que él y su hermano hicieron el servicio militar obligatorio en un evidente intento por insinuar que yo no lo habría hecho. Al respecto, a tiempo de hacer extensivas mis felicitaciones a los hermanos Chávez por no haber rehuido al llamado de las Fuerzas Armadas, debo informarles que cuando alcancé la edad correspondiente, ingresé al servicio premilitar de la Armada Boliviana de acuerdo con  las leyes que rigen en nuestro país y en cumplimiento a mis deberes constitucionales. Lo cual descarta ipso facto la extraña teoría mendruga, acerca de que las carcajadas que produjo su proyecto de demanda en Diremar se podrían explicar si yo no hubiese hecho el servicio militar. 

Respecto a la insinuación de que yo sería una de las personas "que viven de la Cancillería boliviana”, lo cual también fue mencionado por Wilfredo el día del conversatorio, puedo decir a mucha honra que trabajé en esa institución tan solo tres años de mi vida, entre las funciones que ejercí en el servicio central y en el exterior, pero nunca ocupé los altos cargos que el mendrugo y su hermano desempeñaron en otras reparticiones del Estado y en la empresa china CAMC.  

Por otra parte, la "aclaración” de que la demanda de los Chávez fue elaborada antes del anuncio que hizo el presidente Evo Morales en 2011 y no después, no hace más que revelar una muy mala comprensión de lectura de quien ya tiene cuantiosos merecimientos para consagrase con el mote de mendrugo. Efectivamente, lo que dice mi artículo es que después del anuncio presidencial, "el proyecto de demanda de los Chávez fue presentado por algunos medios de comunicación como el plan que habría estado siguiendo el Gobierno boliviano para acudir a tribunales internacionales”, no dice que dicho proyecto fue elaborado después del anuncio, tal como parece haber entendido quien inspiró estas líneas. 

Sobre nuestro debate, el mendrugo insiste en alegar que Bolivia nunca cedió el litoral comprendido entre los paralelos 23º y 24º de latitud sur, que incluye unas islas e islotes en su correspondiente mar territorial. Pero tal como ya lo dije varias veces: en el artículo sobre la viveza criolla de los Chávez y en la última columna sobre las carcajadas que ocasionó el mendrugo en Diremar, y también en los programas de televisión y radio a los que Don Víctor Hugo decidió no asistir: Bolivia reconoció el dominio de Chile sobre esos territorios mediante el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad de 15 de noviembre de 1904. Los hermanos Chávez, que se enteraron de la existencia de ese documento recién en abril de 2011, cuando ya habían presentado su proyecto de demanda al Gobierno, decidieron disfrazar la realidad mendrugamente, en lugar de reconocer que se habían equivocado.    

Inicialmente dijeron que el Acta de referencia es inválida porque supuestamente no fue promulgada como ley de República junto al Tratado de 1904, en 1905; ahora sostienen que la misma no habría sido aprobada ni ratificada congresalmente. Lo cierto es que el Congreso Nacional de Bolivia aprobó el Acta el 4 de febrero de 1905, el Gobierno de Chile la ratificó el 18 de enero de 1907 y ambos países canjearon sus respectivas ratificaciones en Santiago el 16 de abril de 1907, tal como consta en los expedientes de la Cancillería y en la gaceta oficial del Estado Plurinacional. Por tanto no es cierto que el Acta Protocolizada de 1904 carezca de validez y que ninguno de nuestros gobernantes lo haya notado en más de 100 años. El Acta es válida muy a nuestro pesar y debemos respetarla. 

Pero supongamos que los hermanos Chávez tuvieran razón, es decir que el Acta Protocolizada de 1904 no fuera válida y que nadie lo había descubierto hasta que ellos lo hicieron. En ese caso, tampoco podríamos reclamar pertenencia sobre los territorios en cuestión debido a que durante más de un siglo, Bolivia aceptó y respetó el dominio de Chile sobre los mismos. En otras palabras, no podemos reclamar ahora unos territorios que además de haberlos cedido formalmente, hemos reconocido como ajenos tácitamente, por aquiescencia, durante más de 100 años. 

Por tales motivos, la demanda de los Chávez solo nos podría ocasionar una severa derrota jurídica ante Chile y un gran retroceso en nuestro difícil camino hacia el mar. Sus argumentos serían rechazados en un solo trámite si es que la demanda llegara a ser presentada, porque para incoar un proceso ante el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) de La Haya, que es donde ellos sugieren acudir, se requiere del acuerdo de las partes para definir los temas que se quieran someter al arbitraje, y bien sabemos que conseguir el acuerdo de Chile para someter los argumentos de los Chávez al TPA, es tanto o más difícil que logar una solución a este tema mediante una negociación de buena fe. 

Por último, respecto a que debería ser Chile el que refute la demanda de los Chávez en un eventual proceso judicial y no un boliviano como el que escribe, creo que es mejor debatir estos temas con buen humor, antes que ir a meter la pata olímpicamente en el ámbito internacional. Sobre este punto, seguramente convendríamos en que el encierro geográfico es un tema muy importante y profundo para la mayoría de los bolivianos, pero por eso mismo, no podemos tratar de solucionarlo mendrugamente y con viveza criolla; debemos ser serios y profesionales, admitiendo equivocaciones si es que las cometemos y sobre todo, actuando siempre en función de los intereses nacionales de nuestro país.

miércoles, 27 de abril de 2016

Las aguas del Silala, ¿río o manantial? (1996-1999)

Extracto del libro Un Mar de Promesas Incumplidas (2015) de Andrés Guzmán Escobari (Pags. 371-375).
Lugar exacto en el que las aguas del Silala cruzan la frontera. Fuente: Los Tiempos 2016.
En abril de 1996, el periódico paceño “El Diario” publicó en primera plana que Chile había desviado “el río Silala”, situado en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí. Lo cual fue ampliado por el mismo periódico en los días subsiguientes y luego también por otros medios informativos de Bolivia y del mundo. En su primera reacción, el gobierno de La Paz desmintió la desviación y afirmó mediante un comunicado de la Cancillería que las aguas del Silala conforman un “río internacional”.[1] No obstante, después de hacer las averiguaciones del caso, el entonces Canciller boliviano, Antonio Aranibar Quiroga, tuvo que reconocer que no se trata de un río compartido y que existen canales artificiales que dirigen el curso de esas aguas hacia territorio chileno.[2]
Al otro lado de la frontera sin embargo, se dijo que la primera reacción de Aranibar y otros pronunciamientos del gobierno boliviano,[3] confirmaban la tesis chilena de que el Silala es un río internacional. No obstante, como los pronunciamientos de un gobierno no pueden cambiar la naturaleza de un recurso hídrico, ni tampoco destruir los canales artificiales por los que efectivamente discurren esas aguas hacia Chile, es necesario recurrir a los estudios especializados para entender de qué estamos hablando.
Ciertamente, tomando en cuenta los reportes a los que el autor de este trabajo tuvo acceso y la inspección ocular realizada en la zona, se puede afirmar que las aguas del Silala conforman un reservorio hídrico de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando bofedales que se constituyen en los manantiales desde los cuales escurren esas aguas hacia Chile, principalmente a través de canales artificiales que traspasan la línea fronteriza.[4]
A pesar de que no se sabe con certeza si Chile tiene o no algún derecho sobre esas aguas, porque hasta la fecha no se ha determinado mediante un estudio científico cuánto de ese caudal fluiría naturalmente hacia ese país si no existieran los canales artificiales; las dos partes han adoptado posturas radicalmente opuestas: para Bolivia son aguas manantiales íntegramente bolivianas que han sido desviadas unilateralmente hacia territorio chileno y para Chile, el Silala es un río internacional de curso sucesivo cuyas aguas nacen en Bolivia y fluyen naturalmente hacia territorio chileno. Los canales artificiales, de acuerdo a la posición chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo pero no alteran su curso.[5]
Ante esa situación, el gobierno de Bolivia se vio forzado a tomar medidas en resguardo de la soberanía nacional en un momento en el que verdaderamente no se quería entorpecer las relaciones comerciales con otros asuntos. No obstante, dada de la gravedad del caso – se hablaba de hasta 500 litros por segundo –, las fuerzas conservadores de Bolivia al mando de “El Diario”, presionaron de tal manera al gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, que éste decidió revocar y anular “la concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala” (Siloli)”, concedida en 1908 por la Prefectura del Departamento de Potosí a la empresa “The Antofagasta (Chili), and Bolivia Railway Company Limited”.
En este punto es preciso retroceder hasta finales del siglo XIX, cuando los personeros de la empresa anglo-chilena de trenes que luego se convirtió en “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited”, encontraron las aguas del Silala muy cerca de la frontera pero en el lado boliviano, y comenzaron a utilizarlas para el funcionamiento de sus locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro. En 1908, con el propósito de formalizar el usufructo de tales recursos, el representante legal de esa compañía, Benjamín Calderón, solicitó a la Prefectura de Potosí – no al gobierno nacional –, “las aguas de SILOLI”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del ferrocarril”, lo cual fue concedido por el Prefecto potosino, René Calvo, el 21 de septiembre de ese año mediante Escritura Pública Nº48, la cual aclara “que la empresa concesionaria cumplirá estrictamente con la estrictez de las prescripciones de la Ley y Reglamentos que rigen la materia en lo sucesivo”.[6]
No obstante, a pesar de que la concesión fue otorgada exclusivamente para llenar los calderos del ferrocarril Antofagasta - Bolivia, las aguas fueron rápidamente destinadas a cubrir otras necesidades del norte chileno. Motivo por el cual, en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.[7] Un tiempo después, aproximadamente en 1961, las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel,[8] y el contrato de 1908 perdió absolutamente su razón de ser.
Pasaron muchos años y recién en 1997, como hemos visto, el gobierno de Bolivia, a través del Prefecto de Potosí, Omar Manzano, revocó y anuló el contrato de concesión debido a:
"[L]a desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano".
"Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".[9]
En Chile hubo quienes llegaron a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, el gobierno amenazó con llevar el tema a tribunales internacionales y la empresa ferrocarrilera presentó un recurso de nulidad ante la Corte Superior de Distrito de Potosí por una supuesta falta de competencia de parte del Prefecto Manzano “para revocar y anular concesiones y adjudicaciones de aguas públicas”. La Corte se declaró incompetente para conocer el singular argumento y recomendó “recurrir esta empresa a la jurisdicción llamada por ley”.[10]
Curiosamente, durante ese animado periodo, los gobiernos de Sánchez de Lozada y Frei Ruiz-Tagle mantuvieron conversaciones secretas sobre una posible ampliación de las facilidades de libre tránsito en el puerto de Iquique. Fue tanta la reserva de esas negociaciones que nadie más que los negociadores supo lo que se conversó hasta recién el año 2007, cuando el periódico chileno “El Mercurio” reveló algunos detalles de lo que se trató secretamente entre 1996 y 1997. Las fuentes del conocido periódico santiaguino eran “personeros que participaron en estas negociaciones” y los Cónsules Generales, de Chile en La Paz, Óscar Fuentes, y de Bolivia en Santiago, Herman Antelo; quienes confirmaron que se conversó sobre la incorporación del puerto de Iquique al régimen de libre tránsito, “con todas las facilidades aduaneras y jurídicas necesarias para conectarse con diversos destinos de Asia Pacífico” (Emol.com, 2/11/2007).    
En efecto, ambos gobiernos habían acordado negociar confidencialmente de acuerdo a esa misma fuente, para no levantar falsas expectativas. La Paz designó al economista Horst Grebe como encargado de llevar adelante las gestiones y Santiago destacó al abogado Enrique Correa, ex Ministro de Aylwin.[11] Según “El Mercurio”, se había acordado negociar a través de “dos hombres destacados en el plano político pero ajenos a las relaciones exteriores” para darle un cariz distinto a la relación bilateral.[12] 
Las gestiones de la delegación negociadora, denominada “la Comisión de los mormones” por el Presidente boliviano; fracasaron en junio de 1997, tras una reunión en Buenos Aires en la que se tenía que firmar un protocolo. En esa ocasión, según la postura de Chile, los bolivianos hicieron pedidos inaceptables de soberanía, y de acuerdo a la versión de Bolivia, los chilenos se echaron para atrás a último momento.[13] 
Por la reserva del caso, no se supo si el referido fracaso estuvo asociado a la anulación de la concesión de las aguas del Silala, pero lo que sí parece haber tenido relación es la voluntad que Chile manifestó en ese entonces para hablar sobre formas de mejorar el acceso de Bolivia al mar, como tantas veces lo había hecho en el marco de la “política boliviana”, en un momento en el que las relaciones se hallaban claramente tensionadas por el tema del Silala. Además, ¿por qué tanta reserva si se supone que no se iba a negociar soberanía? Lo cierto es que después del estropicio vino la debacle, no se había logrado ningún avance en el tema de Iquique y el asunto del Silala sería a partir de entonces un problema constante que cada cierto provocaría fricciones entre ambos países, tal como había ocurrido con el Lauca, y eso se acentuaría peligrosamente durante el segundo mandato de Banzer, a partir de agosto de 1997.
Ciertamente, si bien los años y el contexto internacional habían ablandado al viejo General Banzer en varios aspectos del quehacer político nacional, en lo que a Chile concierne, su postura sería tanto o más dura que antes. No había olvidado lo de Charaña y manifestaría su molestia por cómo habían terminado esas negociaciones en varias oportunidades, una de ellas, cuando arribó a la ciudad de Santiago en abril de 1998 con motivo de la Segunda Cumbre de las Américas.[14] En esa ocasión, como en muchas otras, el Presidente boliviano y su Canciller, Javier Murillo de la Rocha, aprovecharían el ámbito multilateral para hacerle recuerdo a Chile y al mundo, que el problema marítimo de Bolivia seguía pendiente.[15] 
Esas gestiones, que llevarían a lo que se conoció como “la agenda sin exclusiones”, como se verá en la siguiente sección; no estuvieron dirigidas únicamente a reclamar el tema del enclaustramiento boliviano en el ámbito multilateral, sino también a tratar otros asuntos delicados como el entonces propósito de privatizar los puertos en los que Chile debe garantizar el libre tránsito de Bolivia, el lento desminado de la frontera, las violaciones al espacio aéreo boliviano por parte de la Fuerza Aérea de ese país y sobre todo, como veníamos diciendo, el tema del Silala (Escobari 2013: TI 375;  Bustos et al 2007: 223;  Emol.com, 1/08/2000).  
En cuanto a este último punto, el gobierno de Bolivia convocó a una licitación pública en 1999 “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”. Pese a las protestas que esta determinación causó en las autoridades chilenas, quienes advirtieron que podrían llevar el caso a instancias internacionales por “disponer de aguas compartidas”, la concesión fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC SRL por un plazo de 40 años, durante los cuales, el nuevo concesionario debía pagar dividendos al Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de dichas aguas.[16]
Por ese motivo y de acuerdo a sus atribuciones, DUCTEC SRL emitió las facturas correspondientes a las empresas chilenas que se benefician de esos recursos hídricos. No obstante, tanto la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) como la empresa Ferrocarril Antofagasta - Bolivia (FCAB),[17] sucesora de “The Antofagasta Bolivia Railway Co. Ldt.”; apoyadas por el gobierno chileno, se negaron rotundamente a pagar y el conflicto fue soslayado nuevamente en medio de duras acusaciones y recriminaciones intercambiadas entre ambos gobiernos. 





[1] Bustos, Carlos (2007) Dos Siglos de Relaciones chileno-bolivianas. En Nuestros Vecinos., p. 224
[2] Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia (sin fecha) Antonio José Aranibar Quiroga [En línea, consulta: 20/12/2014] http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=Antonio%20Aranibar.jpg&texto=antonio%20aranibar.txt
[3] El mapa adjunto al Tratado de 1904 efectivamente asigna a uno de los ríos que traspasan la frontera el nombre de Silala. Ese es – según el hidrólogo boliviano Antonio Bazoberry -, “el origen del mito del Silala” (Bazoberry 2002: 8)
[4] Véase: Bazoberry (2002) Op Cit., p.4 y Llanos, Hugo; et al (2013) El caso del Río Silala o Siloli., pp. 339-341
[5] Toromoreno, Alejandro (sin fecha) La situación del río Silala [en línea, consulta: 13/12/2014] http://www.monografias.com/trabajos15/rio-silala/rio-silala.shtml
[6] Salguero, María Esther (Sin fecha) Importantes Documentos Sobre El Silala [En línea, consulta: 25/06/2014]  http://www.icalp.org.bo/2012-07-04/importantes-documentos-sobre-el-silala-dr-maria-esther-salguero-.htm
[7] Faundes, Cristian (2007) Las Aguas que nos dividen. En Nuestros Vecinos., p. 385
[8] Toromoreno: Op. cit. 
[9] Decreto Supremo Nº 24660, 20 de junio de 1997
[10] Silala: las aguas de la discordia (sin fecha)  Fundación Jaime Guzmán [En línea, consulta: 13/12/2014] http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/documentos/ideas-y-propuestas/9.pdf
[11] Acompañaron al representante chileno el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y el Director General de Política Exterior, Juan Martabit. Por el lado de Bolivia, estuvieron presentes el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Jaime Aparicio; el Subsecretario General de la Cancillería, Eduardo Trigo, y el Cónsul General de Bolivia en Santiago, Herman Antello (Emol.com 2/09/2007).
[12] El Mercurio, 2/11/2007
[13] El Mercurio 5/11/2007
[14] Escobari (2013) Op Cit., TI p. 375
[15] ABC, 08/09/1998
[16] Portocarrero, José Luis (2014) Silala y el gobierno de Chile., pp. 10-11
[17] La FCAB es una empresa del grupo Luksic que comercializa las aguas del Silala para el consumo humano en el norte chileno a través de la compañía “Aguas del Altiplano S.A”. 

domingo, 24 de abril de 2016

La fuerte carcajada en Diremar

Por: Víctor Hugo Chávez

Publicado en Página Siete 

Víctor Hugo, a quien Guzmán Escobari denomina mendrugo, no le huye al cumplimiento de sus deberes y por ello el reclamo marítimo se hizo presente desde temprana edad al cumplir con el Servicio Militar Obligatorio de manera efectiva en la Armada Boliviana, como también Wilfredo cumplió... 

He leído en la edición de Página Siete del domingo 10 de abril de 2016  un titular que indica "Víctor Hugo, el mendrugo” (mendrugo, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene como sinónimo a soquete) seguido de su correspondiente desarrollo que abarca una carilla entera del suplemento Ideas, que se edita en este prestigioso medio impreso;  la firma de ese documento corresponde a Andrés Guzmán Escobari.

Resulta ocioso pretender responder a las observaciones de cómo estaba vestido quien escribe o  cómo lucía el cabello de mi hermano Wilfredo, esas observaciones que realiza Guzmán parecen más de revista de modas o estilismo; también resulta innecesario manifestar disculpas por no haber asistido a supuestos "debates televisados” con quien se considera digno rival, lo cierto es que no se me convocó a debate expreso con la señalada persona en programas televisivos; Víctor Hugo, a quien Guzmán Escobari denomina mendrugo, no le huye al cumplimiento de sus deberes y por ello el reclamo marítimo se hizo presente desde temprana edad al cumplir con el Servicio Militar Obligatorio de manera efectiva en la Armada Boliviana, como también Wilfredo cumplió con su deber un año después en el Ejército de Bolivia; mendrugo o soquete es quien no cumple con estos deberes patrios, habría que preguntarle a Guzmán si prestó el servicio militar de manera efectiva y en qué unidad militar estuvo durante un año entero enfundado en el uniforme de las Fuerzas Armadas, de no haber cumplido efectivamente con este deber, se explicaría el porqué lanza calificativos tan torpes contra una propuesta que reclama la reincorporación a Bolivia de los territorios usurpados por Chile y en esa omisión se encontraría explicación sobre la fuerte carcajada que le produce una propuesta de recuperar los territorios asaltados por Chile, correspondiéndole en ese caso a Guzmán Escobari el mote de mendrugo o soquete.

En cuanto al evento organizado por el Instituto de Investigación de la Carrera de Derecho de la UMSA de 22 de marzo pasado -por si no estaba enterado Guzmán- corresponde indicarle que cada orador tenía el tiempo programado de media hora para su exposición; en el caso mío estuve presente incluso antes del horario programado, consecuentemente no llegué "retrasado”;  siento mucho que el director de DIREMAR y el Procurador no hayan asistido a este evento y que ello produjo el desfase de horarios de exposición, agregando que durante la tarde de esa fecha estuve en similar evento en la UPEA y posteriormente a la exposición en la Facultad de
Derecho me trasladé a otro evento en el Paraninfo de la UMSA.

Ingresando al tema de fondo, causa sorpresa la insólita afirmación que realiza Guzmán Escobari en sentido que la propuesta presentada con el título de Proyecto de Demanda Marítima sea una "viveza criolla” que habría surgido tras el anuncio del presidente Morales del año 2011 de acudir a La Haya. Por el contrario, la propuesta de acudir a La Haya se ha efectuado desde el año 2000 como actuación  nuestra, obviamente una propuesta de demanda internacional causó envidia en algunas personas que viven de la Cancillería boliviana, que no pudieron por generaciones proponer a Bolivia una alternativa a la eterna y fallida negociación: "un mar de fracasos”; esto refuta la observación de Guzmán en sentido que nuestra propuesta de Demanda ante La Haya hubiera sido presentada con posterioridad al anuncio del Presidente, sobre ello existe abundante documentación y archivos videográficos desde el año 2000 que ignora Guzmán, en todo caso, esa viveza criolla es la que ha permitido a Bolivia tener como una alternativa de reivindicación marítima la de acudir a tribunales internacionales, algo planteado por hombres del pueblo como somos los hermanos Chávez,  por ello bienvenida esa viveza ante la torpeza que demostró la más que centenaria propuesta de la Cancillería boliviana de negociación con los chilenos, pues al ladrón se le pretende reiteradamente invitar a la mesa de la negociación en lugar de sentarle en el banquillo del acusado. 

En el punto 34 de la demanda interpuesta por Bolivia y admitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la "viveza criolla” de los hermanos Chávez es aceptada, puesto que se anuncia una Demanda de Arbitraje contra Chile en mérito del Art. XII del Tratado de 1904 y el Protocolo de 16 de abril de 1907 que fija como entidad competente para esta demanda la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, siendo esa nuestra propuesta presentada desde el año 2000.

Guzmán afirma que la propuesta de Demanda Marítima presentada por Víctor Hugo y Wilfredo que sostiene reivindicar el territorio comprendido entre los paralelos 24 a 23, mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental e islas e islotes, es decir Antofagasta, Mejillones además de otros territorios y mar causó "una fuerte carcajada” en DIREMAR, pese a que dicho territorio, mar e islas no se encuentran comprendidos en el Tratado de 1904; además Guzmán otorga plena validez al Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 por el que supuestamente se habría incorporado a Chile este territorio, empero en lo que no sustenta Guzmán es en el hecho que el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 no se aprobó ni ratificó por el Congreso boliviano, por tanto, no tiene validez; empero ese argumento, me refiero al de la supuesta "validez del Acta Protocolizada”, debiera haber sido esgrimido por Chile como respuesta ante una eventual demanda que interponga Bolivia y no ser una recomendación de boliviano alguno que además incurre en infidencia de lo que se hace o deja de hacer en DIREMAR, debiera ser el canciller Choquehuanca o el director de DIREMAR quienes se pronuncien sobre dicha delación bajo alternativa de tenerla como respaldada.

La palabra heraldo tiene entre sus sinónimos "mensajero” y al parecer Chile no solo tiene a Muñoz con ese nombre y funciones, sino que existen otros heraldos, mendrugos o soquetes que niegan a Bolivia la mínima posibilidad de reclamar los territorios cercenados por el asalto chileno y lanzan fuertes carcajadas ante propuestas surgidas desde el pueblo boliviano demostrando con ello su servilismo a la política exterior del usurpador.

Demanda y contrademanda por el Silala

Por: Andrés Guzmán Escobari

De lo único que podemos estar seguros, es que Chile tiene que pagar a Bolivia por las aguas del Silala si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo. 
Abecor, Fuente: Página Siete
Ahora que ha pasado cerca de un mes desde que el Presidente Evo Morales anunciara sus intenciones de demandar a Chile por el aprovechamiento ilegal de las aguas del Silala y que la Presidenta de ese país, Michel Bachelet, respondiera anunciando una contrademanda, y ahora que conocemos un poco más sobre esta controversia, gracias al debate que provocaron dichos anuncios; podemos definir con mayor precisión cuáles podrían ser los argumentos de las partes para demandar y/o contrademandar. 


Como es sabido, la controversia reside en la discrepancia que existe entre ambos países respecto a la naturaleza del Silala: mientras que para Bolivia se trata de aguas íntegramente bolivianas, para Chile son recursos hídricos compartidos.

En efecto, de acuerdo a La Paz, las aguas del Silala conforman un ecosistema acuático de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando los manantiales desde donde fluyen esas aguas hacia territorio chileno mediante canales artificiales que fueron construidos por empresas chilenas sin el consentimiento de Bolivia. Según esta postura, las aguas no llegarían a Chile si no hubieran sido canalizadas.

Por otra parte, según Santiago, el Silala es un río internacional de curso sucesivo que nace en Bolivia y que fluye naturalmente hacia Chile por la pendiente del terreno y por la ley de la gravedad. Los canales artificiales, de acuerdo a la postura chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo, aumentando su velocidad y evitando infiltraciones, pero no acrecientan su caudal ni alteran su curso.

A principios del siglo XX, la empresa que administraba el ferrocarril Antofagasta – Oruro, solicitó la autorización de la Prefectura de Potosí “para aprovechar las aguas públicas de las vertientes de “SILOLI””. Dicha solicitud, que se hizo específicamente “para la alimentación o abastecimiento de las máquinas del ferrocarril”, también aclara: “Haciendo obras de captación y de canalización, podrían utilizarse las dichas vertientes, aunque con costo crecido; y la Empresa proyecta ejecutar esas obras para utilizarlas en el servicio de su línea”.

Así, el 21 de septiembre de 1908, el Prefecto de Potosí otorgó la concesión de referencia mediante una escritura pública que no establece contraprestación alguna ni plazo de caducidad, pero sí determina que la empresa concesionaria debe “dejar la tercera parte del agua recogida para los que quieran aprovecharla después” y que la autorización es “para la alimentación de las máquinas que hoy, como se sabe, usan aguas impropias que destruyen sus calderos en poco tiempo, y que tienen que conducir desde larga distancia en estanques, lo que dificulta el tráfico”.

A pesar de que el objeto y la causa de la concesión fueron claramente establecidos, las aguas del Silala fueron utilizadas en Chile para otros fines casi inmediatamente, tal como lo revelan las denuncias que a partir de 1915 recibió el gobierno boliviano (David Choquehuanca en Hora 23 de Bolivisión: 5/04/2016). Al respecto, según el investigador chileno Cristian Faundes (2007), en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria estaba “vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.  

Pero además de que las aguas del Silala se utilizaron para fines distintos al de su concesión desde un principio, algún tiempo después, aproximadamente en 1961, el objeto y la causa de dicha concesión se extinguieron totalmente cuando las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel. Es decir que ya no se requerían las aguas del Silala para el ferrocarril, pero el usufrutuo de esos recursos por parte de la empresa concesionaria aumentó en lugar de interrumpirse. Los canales fueron mejorados y ampliados en los años que siguieron hasta alcanzar cerca de 200 litros/segundo, que es el flujo promedio actual, y recién en 1997, la Prefectura de Potosí revocó y anuló la escritura de concesión, mediante una resolución administrativa que fue elevada a Decreto Supremo.

Poco después se iniciaron las gestiones para llegar a un acuerdo. Los representantes de ambos gobiernos se reunieron varias veces y realizaron visitas conjuntas al lugar, pero no se pudo llegar a nada concreto. En 2009, los gobiernos de Bachelet y Morales, alcanzaron el punto de mayor aproximación con un preacuerdo que establecía que Chile debía pagar a Bolivia por el 50% del caudal del Silala hasta que un estudio conjunto determine el porcentaje preciso de aguas de libre disponibilidad que tiene cada país. Sin embargo, debido a que el preacuerdo no incluía la deuda histórica por más de un siglo de usufructúo que habían hecho los chilenos sin pagar ni un centavo, hubo un fuerte rechazo en Bolivia, liderado por el Comité Cívico de Potosí. Por lo cual, las autoridades bolivianas solicitaron al nuevo gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, la inclusión de la deuda histórica en el preacuerdo, tal como consta en el Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas (Agenda de 13 puntos), suscrita el 14 de julio de 2010. Pero si bien ambos países acordaron mediante ese mismo documento que el grupo de trabajo encargado debía presentar un informe respecto a la deuda histórica en la próxima reunión que tenía que realizarse en Arica en noviembre de ese año, Chile decidió cancelar esa próxima reunión sin dar explicaciones y no hubo más avances.    
Imagen presentada por la Cancillería de Bolivia. Fuente: El Diario.
La cancelación chilena de 2010, que echaba por tierra todo lo avanzado no sólo respecto al Silala, sino también respecto al tema marítimo y a los demás puntos de la Agenda; representó en los hechos un rechazo del Estado chileno a solucionar sus controversias con Bolivia mediante negociaciones. Pero ahora que se ha planteado la posibilidad de resolver este tema mediante un juicio, los gobernantes de Chile adelantaron 3 argumentos con los que, según ellos, podrían contrademandar: 1) que Bolivia se ha negado a entregar información necesaria para definir los usos y beneficios del Silala, en franca trasgresión a lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997; 2) que Bolivia interrumpió las negociaciones de la Agenda de 13 puntos, lo cual, como hemos visto, no es correcto; y 3) que las autoridades bolivianas reconocieron en ciertos momentos que el Silala es un río.

En cuanto al primer punto, será difícil para Chile demostrar que Bolivia se negó a entregar información y más difícil aún será probar que la referida Convención le es oponible a nuestro país que no la firmó ni la ratificó. Sobre el segundo punto basta con exhibir el Acta de 14 de julio de 2010, y respecto al tercer punto, las manifestaciones unilaterales que las autoridades bolivianas hayan emitido sobre el particular, no parecen tener un mayor peso relativo de convicción jurídica, frente a lo que revelen los estudios hidrológicos y al hecho inobjetable de que existen canales artificiales que atraviesan la frontera.

Por todo lo dicho, de lo único que podemos estar seguros en estos momentos, indistintamente de cuál sea la naturaleza del Silala o de cuál país demande primero; es que Chile tendrá que pagar por esas aguas si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo, puesto que, aun si fuese un río, el país del Mapocho utiliza más de la mitad de esos recursos y por tanto, tiene la obligación de compensar a Bolivia.

domingo, 17 de abril de 2016

La imposición del Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

El Pacto de Tregua, junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados y que fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza.
 
Abecor, Fuente: Página Siete.
El pasado 23 de marzo publiqué un artículo intitulado La Contramemoria de Chile ante la CIJ que provocó la reacción contraria de algunos historiadores chilenos como Valentina Verbal, José Miguel Concha y Loreto Correa. La primera, como directa aludida, respondió con un mesurado artículo publicado por Voces La Tercera, en el que me denomina como “uno de los principales promotores de la causa marítima” y que intenta aclarar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile a Bolivia. Los otros dos, un poco más exaltados, hicieron sus críticas en mi muro de Facebook con y sin argumentos respectivamente.
 
El que lo hizo con argumentos, destacó que las elites chilenas ligadas a la minería de la plata en el litoral boliviano (Melchor Concha y Toro entre ellos), a diferencia de las oligarquías salitreras anglo-chilenas que también operaban en nuestras costas, se opusieron a la guerra. Dato que por cierto, no cambia ni refuta lo que señalé en el artículo de referencia respecto a que los intereses oligárquicos de ingleses y chilenos, íntimamente relacionados al gobierno de Santiago, jugaron un rol preponderante en el estallido de la guerra del Pacífico. 

Pero dado que esas críticas se refirieron a la parte histórica de mi artículo y no así a los aspectos jurídicos, y dado que dichas críticas se centraron en cómo se firmó el Tratado de 1904 y no en los compromisos que asumió Chile de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, que es lo que verdaderamente se discute en La Haya; en las siguientes líneas intentaré explicar por qué afirmé que nuestro país no suscribió ese tratado libre y espontáneamente.

Primero es importante contextualizar el momento en que se firmó el Tratado. Bolivia se encontraba en una situación muy complicada - tal como lo reconoce José Miguel Concha en publicaciones conjuntas con su colega y compatriota Cristian Garay -, debilitada económica y militarmente tras haber enfrentado al Brasil en una guerra, con serios asuntos de límites pendientes con todos sus demás vecinos (Perú, Argentina, Chile y sobre todo Paraguay), y con un régimen comercial impuesto por Chile mediante el Pacto de Tregua, conocido como el dogal aduanero, que asfixiaba a la economía boliviana y que frenaba su potencial desarrollo. En efecto, dicho Pacto determinó que Bolivia no podía establecer su propias aduanas y debía pagar altas contribuciones en el puerto de Arica, compuestas de aranceles e indemnizaciones a los ciudadanos chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda. 

Sumada a la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia durante todo el periodo de tregua, en 1904 todavía estaba muy fresco el recuerdo de lo que en 1900 había manifestado el representante chileno ante el gobierno de La Paz, Abraham Köning: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”. 

Además de esas amenazas, los gobernantes bolivianos también debieron haberse preocupado cuando supieron que ese mismo año, el representante de Chile en Lima, Ángel Custodio Vicuña, propuso desmembrar a Bolivia a las autoridades peruanas para repartirse su territorio. Lo cual, si bien fue rechazado categóricamente por el Perú, da cuenta de que a principios del siglo XX, los políticos bolivianos tuvieron que tomar decisiones delicadas y de alta trascendencia en un ambiente internacional adverso, agravado por las amenazas impertinentes y las propuestas rastreras que hacía Chile. 

Por otra parte, si bien no podemos desconocer que la recuperación de la independencia aduanera y la prosperidad económica que prometía traer consigo el ferrocarril que Chile había ofrecido construir entre nuestro país y el mar a partir de 1882, fueron elementos que le dieron viabilidad política a la decisión de firmar el Tratado de 1904; es también evidente que la difícil situación internacional que atravesaba Bolivia, de la cual se valió Chile, y la fuerte presión económica y diplomática que ejerció ese país sobre el nuestro durante 20 largos años para imponer sus condiciones; demuestran palmariamente que el tratado de paz no fue suscrito libre y espontáneamente por nuestros gobernantes.

Respecto a la supuesta vinculación de ese tratado con el de Transferencia de Territorio de 1895, Verbal asegura: “A diferencia de lo que Guzmán Escobari afirma en un reciente libro, titulado Un mar de promesas incumplidas, el Tratado de 1904 no constituye una continuación del Pacto de Tregua de 1884, firmado en un contexto de guerra reciente, sino de la intransigencia de la misma Bolivia, cuyos parlamentarios rechazaron el Tratado de 1895…”.

Pero más allá de que los parlamentarios bolivianos no rechazaron el Tratado de 1895, sino que lo condicionaron, la relación entre los acuerdos de tregua y paz es innegable, no sólo por la lógica sucesión jurídica que existe entre ambos, sino sobre todo porque dichos acuerdos así lo establecen específicamente. En efecto, el artículo 8º del Pacto de Tregua señala: “Como el propósito de las partes contratantes al celebrar este pacto de tregua, es preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos repúblicas, se comprometen recíprocamente a seguir gestiones conducentes a este fin”; y el preámbulo del Tratado de 1904 aclara: “En ejecución del propósito consignado en el artículo 8º del Pacto de Tregua del 4 de Abril de 1884, la República de Chile y la República de Bolivia han acordado celebrar un Tratado de Paz y Amistad…”.

Por tanto, no es posible desvincular a uno del otro, el Pacto de Tregua junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados. En ese sentido, considerando que dicho Pacto fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza, tal como lo reconocen varios historiadores chilenos; sabemos que no sólo el tratado de paz tiene vicios de origen por haber sido impuesto bajo amenazas y presiones, sino también el acuerdo primigenio del régimen jurídico que aún gobierna el relacionamiento boliviano-chileno.

En efecto, en 1884, cuando ambos países negociaban la tregua, Chile tenía un ejército de cerca de 20.000 hombres en Puno y Arequipa, listos para invadir Bolivia a la primera orden. En esas circunstancias, que eran bien conocidas por el gobierno boliviano, se firmó el Pacto de Tregua,  mediante el cual, como ya se dijo, el vencedor de la guerra impuso un asfixiante régimen aduanero al vencido.

Sin embargo, aun sabiendo eso: que Chile impuso sus condiciones a través de amenazas y presiones a partir de 1884, los bolivianos también sabemos o deberíamos saber, que ya no podemos impugnar ni desconocer el régimen jurídico adoptado y todavía vigente entre ambos países, porque, a diferencia de nuestra contraparte, lo hemos cumplido y respetado a cabalidad durante más de 100 años.