sábado, 25 de junio de 2016

Los primeros pasos en la demanda chilena sobre el Silala

Después de que Chile presentara una demanda contra Bolivia sobre la naturaleza de las aguas del Silala, ambos gobiernos adoptaron las primeras medidas para enfrentar el proceso instalado en la Corte Internacional de Justicia, entre ellas, la preparación para la primera reunión de Agentes que tiene el propósito de definir el cronograma inicial. Al respecto, tuve la oportunidad de referirme a estos temas en las siguientes entrevistas: 

TVU, Por la Mañana, 20/06/2016.



Bolivia TV, Tres en Línea, 20/06/2016.


Abya Yala TV, 24/06/2016


domingo, 19 de junio de 2016

Mas entrevistas por el Silala

Después de que Chile presentara una demanda contra Bolvia ante la Corte Internacional de Justicia, para que la misma declare que "el sistema del río Silala, junto a sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional", se produjeron varios comentarios de las autoridades de ambos países y un duro intercambio de pareceres entre los Cancilleres David Choquehuanca de Bolivia y Heraldo Muñoz de Chile, en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Santo Domingo - República Dominicana.

Sobre estos temas, a continuación dos entrevistas que me hicieron y la respuesta del Canciller boliviano, David Choquehuanca, a las afirmaciones de su homólogo chileno, que se permitió afirmar: "no existen temas pendientes entre Chile y Bolivia".


En Cadena A, Levántate Bolivia con Juan Carlos Arana, 15/06/2016. 


En PAT, Hola País, con Natalia Girard. 15/06/2016


Replica del Canciller David Choquehuanca en la Asamblea General de la OEA, 14/06/2016


  

La exánime diplomacia chilena

Por: Andrés Guzmán Escobari

La Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, dice el autor.


Fuente: Revista Qué Pasa. 
La diplomacia es un método estratégico de las relaciones internacionales que utilizan los Estados para hacer valer sus intereses nacionales respecto a otros actores del sistema internacional. Se trata de una forma de conducir la política exterior de un país, ampliamente reconocida por la comunidad de naciones, que privilegia la negociación y el lobby diplomático por sobre el uso de la fuerza y los mecanismos jurídicos de solución de controversias.  

Aunque Chile también ha utilizado la fuerza en ciertos momentos de la historia, como bien lo sabemos bolivianos y peruanos, y ahora ha decidido acudir a la justicia internacional para resolver el tema del Silala,  su política exterior se ha basado tradicionalmente en el buen uso de los mecanismos diplomáticos. De hecho, desde el nacimiento de la República, esa vocación negociadora le ha permitido al país del Mapocho insertarse y luego de la dictadura, reinsertarse al comercio mundial a través de los diversos tratados de libre comercio que Santiago suscribió con varios países de todo el mundo. 
 
Asimismo, la diplomacia le ha servido al gobierno de La Moneda para resolver serios problemas de larga data con sus otros dos vecinos. Efectivamente, con Perú alcanzó un acuerdo sobre la aplicación del Tratado de Lima de 1929 (Artículo 5) que había provocado agudas fricciones entre ambos países durante 70 años (1929 – 1999), y con Argentina logró una solución, también gracias a la mediación del papa Juan Pablo II, sobre la soberanía en el canal de Beagle, que había ocasionado peligrosas tensiones durante casi 100 años (1888- 1984).     
 
Con Bolivia, a pesar de que evidentemente la diplomacia no ha servido para resolver los asuntos pendientes, sí ha propiciado importantes acercamientos en los que Chile se avino a negociar u ofreció negociaciones a Bolivia para resolver el problema que genera el enclaustramiento geográfico. 
 
No obstante, a pesar de esa larga tradición negociadora que tan buenos resultados les ha traído a los chilenos, en los últimos años -desde que Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)- la Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, pero también desplazando a su diplomacia, que consecuentemente ha quedado exánime, al menos en sus relaciones con Bolivia.  
 
En efecto, a finales de 2010, después de haberse comprometido a "conocer, analizar y responder” todas las preguntas referidas a la solicitud boliviana de incluir la "deuda histórica” en el preacuerdo alcanzado en 2009 sobre el Silala y a realizar un informe al respecto para ponerlo en consideración de los vicecancilleres (Punto VII, Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas: 14/07/2010),  Chile decidió cancelar la reunión de la Agenda de 13 puntos en la que se tenía que dar cumplimiento a dichos compromisos, y nunca más se tocó el tema de manera oficial, hasta que el 6 de junio de 2016, cuando Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la CIJ para que ésta reconozca que "el sistema del río Silala y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional”.  
 
Esta judicialización de la política exterior chilena no fue súbita ni repentina. Un primer antecedente se produjo en los años 70 del siglo pasado, cuando Chile se enfrentó a la Argentina por el control del canal del Beagle en un arbitraje encargado al Reino Unido, el cual le dio su primera y hasta ahora única victoria judicial al país del Mapocho. Pero como en esa ocasión el laudo arbitral le otorgó la mayor parte del territorio en disputa a Chile, Buenos Aires lo declaró "insanablemente nulo” y las tensiones subieron hasta casi provocar una guerra, que felizmente se evitó, como ya se dijo, gracias a la diplomacia y a la mediación papal. 
 
Desde entonces, Chile ha experimentado el sabor de la derrota jurídica -siempre matizada por sus autoridades- en dos ocasiones: 1) en el mismo juicio contra el Perú, cuando la CIJ determinó que el límite marítimo entre ambos países no sigue el paralelo geográfico a lo largo de 200 millas marinas como sostuvo la defensa chilena durante el proceso, sino sólo a lo largo de 80 millas marinas y de ahí a través de una línea equidistante, esto último como lo había solicitado la demanda peruana (lo cual supuso en los hechos la devolución de parte de Chile al Perú de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, que corresponden a casi 28.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 22.000 kilómetros cuadrados de "mar presencial”); y 2) en el juicio con Bolivia, cuando la misma Corte rechazó la objeción preliminar de incompetencia chilena por un holgado margen de 14 votos a dos (los dos votos que no respaldaron la decisión de rechazar la objeción chilena, no fueron favorables a Chile, sino que proponían establecer que la objeción de competencia no era estrictamente preliminar y que debía ser considerada en el proceso de fondo).
 
No obstante, a pesar de las derrotas y de las amenazas que hicieron varios políticos chilenos de retirarse del Pacto de Bogotá, porque supuestamente la CIJ es un tribunal político que falla salomónicamente sin tener en cuenta al derecho internacional, Santiago decidió acudir a esa misma Corte, validando explícitamente su jurisdicción en el caso del Silala y reconociendo, también explícitamente, su facultad para resolver controversias jurídicas entre Bolivia y Chile en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI).
 
Esto último, como era de esperar, fue celebrado por el presidente Evo Morales que no desaprovechó la oportunidad para hacerles saber a los gobernantes chilenos que su demanda, en lugar de acallar las justas y legítimas reclamaciones de Bolivia por éste y otros atropellos, tal como lo estaban pretendiendo las autoridades chilenas según sus propias declaraciones,  les dieron más razón y fuerza. De hecho, en su primera reacción el mandatario boliviano resumió y estableció su posición con la siguiente frase que si bien ofende profundamente a nuestros vecinos, expresa una gran verdad: "nos roban y nos demandan”.    
 
Con todo, una vez que la CIJ determine si Chile tiene algún derecho sobre las aguas del Silala y establezca asimismo, cuánto debe pagar ese país al nuestro por el uso que ha venido haciendo de la parte que innegablemente le corresponde a Bolivia, aún si fuera un río (que es lo que debe solicitar nuestro Gobierno en su contrademanda), esperemos que la mesura y la razón prevalezcan en el país del Mapocho, y consecuentemente, la diplomacia chilena vuelva a la vida.

martes, 14 de junio de 2016

Entrevistas sobre la demanda chilena por el Silala

El 06/06/2016, el gobierno de Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para que ésta declare que "el sistema del río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional". Sobre este tema fui entrevistado en algunos medios de comunicación bolivianos como se puede ver a continuación:   

En Contraparte de Cadena A, 06/06/2016


En La Primera de ATB, 07/06/2016


Abya Yala TV, 08/06/2016

domingo, 5 de junio de 2016

El retroceso de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari

El incidente por la "base militar patrulla Cariquima" que Chile pretendía instalar a 15 Km. de la frontera, develó nuevos aprestos bélicos de nuestro vecino que fueron denunciados a tiempo por Evo Morales.
La Base Militar Patrulla Cariquima. Fuente: El Deber.
La reciente controversia generada por el establecimiento de una base militar en Cariquima, Chile, a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia (29 kilómetros en carretera), ha provocado reacciones contradictorias e insólitas en el país del Mapocho, que luego fueron complementadas con un notable retroceso. 

En efecto, en un primer momento, el Ministerio de Defensa y la Cancillería de Chile, reaccionaron reconociendo y desconociendo respectivamente, la existencia de dicha base militar. Por una parte, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien alguna vez se manifestó a favor de dar a Bolivia una salida soberana al mar, hizo unas declaraciones en las que confirmó el refuerzo de la seguridad nacional de su país con "la base militar patrulla Cariquima” donde, según él mismo, se tenía previsto establecer un sistema antiaéreo de misiles tierra-aire (M1097 Avenger). Por otra parte, tras la previsible protesta de Evo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado de prensa que, a tiempo de aclarar que se trataba de una "intensificación del patrullaje militar”, señala textualmente: "No existe tal supuesta instalación militar”, "es totalmente infundada la acusación del Presidente boliviano de que Chile habría instalado una base militar ‘ilegal’ a menos de 15 kilómetros de la frontera con ese país, en la zona del Río Silala”. 
Mensajes contradictorios de los ministerios chilenos que el mandatario boliviano puso en evidencia rápidamente y que mostraban una clara intención por asociar el asunto de la base militar con el Silala.
Unos días después, y de manera insólita, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, respondió al Presidente boliviano, posiblemente con el aval de su Cancillería -ente encargado de la política exterior chilena-, para mandar a callar al Mandatario boliviano y acusarlo de muchas cosas, entre ellas, como lo había manifestado la Cancillería, de haber dicho que la base militar de Cariquima estaría "cerca del Silala”, cuando lo que dijo Morales es que está cerca "de la frontera”. En este punto cabe destacar que las autoridades chilenas, con ayuda de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, lograron instalar la percepción, incluso en Bolivia, de que las denuncias de Evo Morales estarían relacionadas con la controversia por los manantiales del Silala, cuando la protesta de Morales, tal como se puede verificar en sus declaraciones, se refiere exclusivamente a la base militar que Chile tenía previsto instalar en Cariquima sin haberlo comunicado a Bolivia, tal como indican los acuerdos sobre la materia y como aconseja la prudencia en estos casos en los que cualquier movimiento militar puede generar comprensibles suspicacias. 
Imagen satelital de Cariquima (a 15 km de la frontera) , Fuente: Google erath
Y si bien no debemos mezclar el tema del Silala con la decisión de instalar una base militar cerca de la frontera, tampoco podemos descartar que el anuncio boliviano de acudir a la justicia internacional para resolver el problema del Silala haya motivado el "aumento” del "patrullaje” militar chileno cercano a la frontera. 
Al respecto, en los últimos cinco años, se ha hecho evidente que las denuncias que ha venido haciendo Evo Morales sobre: 1) el exagerado armamentismo de Chile; 2) las minas antipersonal y antitanque que mantiene enterradas en su lado de la frontera; 3) los ejercicios militares que realiza anualmente el Ejército de ese país cerca de Bolivia y Perú;  y 4) ahora, el establecimiento de una base militar también muy cercana de nuestro territorio  revelan una clarísima y manifiesta intención de mostrar al Gobierno de La Moneda tal como es: socialista y pacifista en el discurso, pero neoliberal y militarista en la práctica. De hecho, a pesar de que la diplomacia chilena se ha esforzado en los últimos cinco lustros por limpiar la mala imagen internacional que le dejó la dictadura de Pinochet y lo han logrado en buena medida, hay que reconocerlo,  todavía no ha dejado de lado su deplorable política de disuasión (Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012 – 2024), que se fundamenta en el paradigma que ha guiado el accionar de Chile históricamente: "por la razón o la fuerza”.      
Pero lo que más llama la atención es que aun cuando las intenciones del Presidente boliviano son claras y manifiestas, las autoridades chilenas siguen sin comprender que su política reactiva, que ahora se manifiesta en reacciones contradictorias e insólitas, ha contribuido poderosamente a levantar más polvo sobre toda esta controversia boliviano-chilena que es precisamente lo que busca Evo Morales con sus denuncias, mostrar  al mundo que Chile es un mal vecino. 
En este aspecto, Evo Morales, principal conductor y único ejecutor de la política exterior boliviana, ha logrado marcar el ritmo de las relaciones con Chile, interponiendo demandas (CIJ, Aladi), anunciando más procesos judiciales y capitalizando cada movimiento militar chileno en favor de sus pretensiones político-estratégicas. Al otro lado, la diplomacia chilena, que en orden de importancia se halla representada por el Canciller, el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, la Presidenta, el Ministro de Defensa y últimamente, la Alcaldesa de Antofagasta,  no ha logrado contrarrestar ni jurídica, ni política  ni comunicacionalmente lo hecho por el mandatario boliviano.     
Karen Rojo, Alcandesa de Antofagasta, Fuente: YouTube
En este selecto grupo de la diplomacia chilena se podría incluir a la subsecretaria de Defensa, Paulina Vodanovic, que fue la encargada de manifestar, a nombre de su gobierno, unas palabras que confirmaron implícitamente el retroceso de establecer una base militar a 15 kilómetros de nuestro país. En efecto, la citada autoridad informó desde Cariquima, donde llegó en un avión militar Hércules (Cariquima cuenta con una pista de aterrizaje a pesar de tener tan sólo 80 habitantes) acompañada de una comitiva de diputados y periodistas: "Esto no es una base militar. Lo que hay aquí son labores propias del Ejército, en un número de 12 personas y de apoyo a la comunidad”. Lo cual, naturalmente fue celebrado por Morales, que aprovechó la ocasión para saludar "el retroceso de instalar una base militar en la frontera con Bolivia y Perú” y dijo que espera que sea el "mensaje de la presidenta Bachelet”.  
Efectivamente, aunque las autoridades chilenas difícilmente reconocerán el retroceso y mucho menos que lo hicieron por las protestas de Morales, es importante que lo hayan hecho porque nuestros problemas no se resolverán con despliegues militares ni políticas de disuasión, sino con esfuerzos sinceros por cumplir lo acordado de buena fe y con políticas de buena vecindad.
   


domingo, 29 de mayo de 2016

La formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Cambio

Durante todo el periodo de tregua (1884 - 1904), Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero". 
Fuente: Jorge Escobari Cusicanqui (2000). 
Aunque el Tratado de Paz y Amistad de 1904 no tiene nada que ver con la demanda que Bolivia presentó en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justica (CIJ), tal como lo reconoció ese mismo órgano judicial en su fallo sobre la objeción preliminar chilena de 24 de septiembre de 2015; el referido instrumento bilateral y las circunstancias en las que fue concebido, han sido objeto de sendos debates entre políticos y académicos, bolivianos y chilenos, que han puesto en evidencia, una vez más, las discrepancias que existen entre las versiones de la historia que predominan en nuestros países. En este caso específico, sobre lo ocurrido después de la guerra del Pacífico, en el periodo de tregua (1884 – 1904), que condujo a la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano.             
En efecto, las discusiones sobre el Tratado de 1904 han seguido enfrentando a bolivianos y chilenos porque Santiago decidió desplegar una estrategia jurídica y comunicacional que pretende convencer a los jueces de la Corte y a la comunidad internacional, de que la demanda boliviana busca modificar dicho acuerdo bilateral de manera encubierta, y porque el Presidente de Bolivia, Evo Morales, no ha perdido ocasión alguna para recordarle al gobierno chileno y al mundo, que el tratado de referencia es injusto, ha sido incumplido por el país del Mapocho y además de eso, ha sido impuesto mediante amenazas y presiones a nuestro país.    
Teniendo eso presente, a continuación se analizan dos puntos específicos de discrepancia en este debate que, a pesar del transcurso de más de un siglo, siguen generando polémica y enemistad entre ambos países.
El primer punto tiene que ver con la aseveración frecuentemente utilizada por las autoridades de Santiago, de que el Tratado de 1904 fue suscrito 20 años después de la guerra, cuando ambos países podían medir bien las consecuencias de lo que estaban firmando y cuando supuestamente, no había ninguna posibilidad de que se reinicien las hostilidades. Al respecto, cabe aclarar que si bien es cierto que transcurrieron dos décadas entre el armisticio y el acuerdo de paz, es importante tener en cuenta que durante todo eso ese tiempo, Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero”, que contribuyó a doblegar la voluntad de los gobernantes bolivianos de hacer lo posible por no perder contacto soberano con el mar.
En efecto, el asfixiante régimen aduanero fue introducido por Chile en el Pacto de Tregua de 1884 (artículo 6) con el propósito inocultable de controlar a nuestro país y forzarlo a aceptar sus condiciones. Dicho Pacto obligó a Bolivia a renunciar a buena parte de sus ingresos aduaneros porque estableció que no podía gravar a las importaciones provenientes del puerto de Arica y muy por el contrario, los comerciantes bolivianos debían pagar el arancel chileno en dicho puerto. Adicionalmente, Chile exigió el resarcimiento de los chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda. Lo cual determinaba para nuestro país una situación de enclaustramiento aún más onerosa que la actual.
No obstante, el Pacto de Tregua, que junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que gobierna las relaciones boliviano-chilenas, no fue libremente consentido por nuestro país sino que fue impuesto por el gobierno de Santiago con la amenaza del uso de la fuerza. En efecto, cuando las autoridades de ambos gobiernos negociaban los términos de la tregua, a principios de 1884, Chile tenía cerca de 20 mil soldados en Puno y Arequipa, listos para invadir territorio boliviano a la primera orden, tal como lo han reconocido algunos historiadores chilenos. Por su parte, Bolivia, con una fuerza militar de cerca de 5 mil hombres en esos momentos, decidió no oponer resistencia y aceptó las condiciones del vencedor.
Por otra parte, si bien es cierto que los gobernantes bolivianos podían medir bien las consecuencias de sus actos en 1904, es importante considerar el contexto en que se desarrollaron esas negociaciones. Bolivia atravesaba una de sus etapas más críticas y difíciles a nivel internacional, debilitada tras haber enfrentado al poderoso ejército del Brasil en una guerra y con serios temas de límites pendientes con todos sus demás vecinos: con Perú por el territorio contiguo al río Tambopata; con Argentina por las dificultades en la demarcación de la línea fronteriza; con Chile, como hemos visto, por el Departamento del Litoral que se hallaba ocupado militarmente; y con Paraguay, por la vieja disputa sobre el territorio del Chaco boreal, que luego provocaría otra guerra.  
Por si fuera poco, toda esta complicada situación, fue deliberadamente agravada por Chile al iniciarse el siglo XX con las amenazas que lanzó su Ministro en La Paz, Abraham Köning, y con las despreciables propuestas que hizo su representante en Lima, Ángel Custodio Vicuña, a los gobernantes del Perú. En efecto, mientras Köning le hacía saber al Canciller boliviano: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”; Vicuña proponía a las autoridades peruanas desmembrar el territorio de Bolivia para repartirlo entre sus vecinos.
El segundo punto de discrepancia, también utilizado con frecuencia por las autoridades chilenas, es el referido a que las máximas autoridades de Bolivia en 1904 fueron reelegidas por el pueblo boliviano en las elecciones que se realizaron después. Lo cual, según la postura chilena, sería una suerte de confirmación de que el Tratado de límites, no fue rechazado por los bolivianos de aquel tiempo.
Al respecto, cabe hacer dos aclaraciones. La primera sobre quiénes elegían y reelegían presidentes en Bolivia en ese entonces: varones que sabían leer y escribir y que tenían bienes a su nombre. Lo cual restringía el sufragio electoral a una reducía minoría encarnada en una oligarquía liberal no indígena, que era también la que gobernaba.
La segunda aclaración se refiere al peculiar hecho de que los principales negociadores chilenos del Tratado de 1904, es decir, el entonces Canciller Emilio Bello Codesido y el entonces Ministro de Chile en La Paz, Beltran Mathieu, ofrecieron una salida soberana al mar para Bolivia unos años más tarde y en nombre de su gobierno. En efecto, Bello vino a La Paz en 1920, en representación de su gobierno, y ofreció, mediante el Acta Protocolizada de 10 de enero, una parte importante de Arica y el ferrocarril que llega a La Paz. Por su parte, Mathieu, como Ministro de Relaciones Exteriores de su país, el 26 de mayo de 1926, aclaró en un Comunicado a todas sus legaciones en el extranjero, que durante las negociaciones con el Perú para resolver el asunto de Tacna y Arica, el gobierno de Chile había aceptado “sacrificar en interés de Bolivia un parte del departamento de Arica”. Lo cual es una especie de reconocimiento de quienes negociaron y suscribieron el Tratado de 1904 por parte de Chile, de que éste no había resuelto definitivamente todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico.
Todo lo dicho demuestra que el régimen jurídico que aún rige las relaciones entre ambos países y que también determinó la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano, fue concebido entre amenazas y presiones del vencedor de la guerra al vencido. 

domingo, 22 de mayo de 2016

El futuro político - diplomático del Pacífico sur

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

La estrategia adoptada por Chile para enfrentar las demandas de Perú y Bolivia presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, es y ha sido totalmente distinta.

Foto satélital del Pacífico sur, Fuente: Google earth.
Al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, las relaciones político-diplomáticas de los países que por su ubicación geográfica concurren a las costas del Pacífico sur, se mantienen como de costumbre, frías y destempladas. Por un lado está Chile que con un discurso legalista y un armamentismo sostenido, intenta prolongar el statu quo territorial impuesto por sus gobernantes a partir del siglo XIX, mediante los tratados que dieron fin a la guerra del Pacífico. Por el otro lado tenemos a Perú y Bolivia, que sin plantear la modificación de dichos tratados, han demandado al país del Mapocho ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin de obtener una delimitación marítima equitativa y un acceso soberano al mar respectivamente.

Pero si bien las dos demandas surgen de problemas derivados de la guerra del Pacífico y ambas fueron interpuestas ante la CIJ en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI), la estrategia adoptada por Chile para enfrentarlas es y ha sido totalmente distinta.

En efecto, para enfrentar al Perú, el gobierno de Chile aceptó aplicar la política de “cuerdas separadas”, que había sido propuesta por el entonces presidente peruano Alan García, con el fin de “resguardar” las inversiones que existen entre ambos países y los intereses económicos de los respectivos inversionistas. Mientras que para enfrentar a Bolivia, La Moneda decidió adoptar una política de “cuerdas entrelazadas”, en la que además de rechazar el juicio como mecanismo pacífico de solución de controversias en este caso, no puede separar lo que se discute en la CIJ de lo que son las relaciones político-consulares, incluyendo la aplicación del libre tránsito para el comercio boliviano en puertos chilenos y las políticas de migración, tal como lo revela un video publicado a mediados de marzo por Santiago.

Por otra parte, a pesar de que en ambos casos las autoridades chilenas rechazaron la existencia de una controversia jurídica y la subsistencia de asuntos de límites pendientes, por haber sido supuestamente resueltos mediante los acuerdos suscritos en 1952 y 1954 con Perú, y en 1904 con Bolivia; la estrategia chilena para enfrentar los dos casos tampoco fue la misma. Frente a la demanda peruana, Chile aceptó ingresar al proceso de fondo sin presentar excepciones de ningún tipo; pero ante la demanda boliviana, decidió objetar la competencia de la Corte de manera preliminar, sin haber logrado lo que buscaba.

Los resultados de dichos procesos hasta el momento, han hecho que la diplomacia chilena también adopte una postura radicalmente diferente frente a Bolivia y Perú, pues mientras que frente al primero mantiene el discurso de que los tratados de límites son “intangibles”, en referencia a la supuesta imposibilidad de revisar el Tratado de 1904; frente al segundo, el gobierno chileno no se ha mostrado dispuesto a respetar lo convenido en el Tratado de 1929, en cuanto a que la frontera terrestre parte “de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta” (Artículo 2º).

Este último punto, además de haber generado una controversia limítrofe por un territorio triangular de 3,6 kilómetros cuadrados, aún pendiente, ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones del discurso legalista de Chile, que se jacta de respetar los tratados internacionales pero que en la práctica no los respeta cuando no le conviene (Perú) o cuando sencillamente no le interesa (Bolivia).

Sumado a ello, el proyecto del corredor bioceánico que debe unir al Pacífico con el Atlántico, también ha tensado el relacionamiento en el Pacífico sur, porque a pesar de que en 2007 los presidentes de Bolivia, Brasil y Chile acordaron construir el corredor entre el puerto brasileño de Santos y el puerto chileno de Iquique; en el último tiempo, el gobierno del Perú ha logrado desviar ese proyecto hacia sus costas en desmedro de los intereses de Santiago y con el beneplácito de La Paz. Lo cual está aún más avanzado en el caso del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá a las terminales portuarias de Santos e Ilo, pasando por territorio boliviano. 

Toda esta sucesión de hechos, agravada por los nuevos casos de espionaje chileno, descubiertos por las Fuerzas Armadas del Perú, y el uso no autorizado de las aguas bolivianas del Silala por parte de Chile, que ya mereció el anuncio de una nueva demanda por parte de Bolivia ante la CIJ; marcan el complejo escenario en el que se desarrollarán las relaciones político-diplomáticas del Pacífico sur en los próximos años.

En ese sentido, el nuevo gobierno del Perú, que estará presidido por Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, y que tendrá que gobernar con un congreso mayoritariamente fujimorista, que podría darle viabilidad política a las concesiones ofrecidas a Bolivia en Ilo el año 2010; deberá lidiar y entenderse con las administraciones de Evo Morales y Michel Bachelet, al menos en sus primeros años, para intentar resolver los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.

El desafío es grande no sólo por la complejidad de los problemas mencionados sino también por las diferencias ideológicas de las autoridades a cargo, pues el nuevo gobierno del Perú, sea de la derecha populista que representa Fujimori o de la derecha neoliberal que encarna a Kuczynski, deberá entenderse con la administración boliviana de izquierda socialista de Morales y con el gobierno chileno de izquierda neoliberal de Bachelet, que tampoco mantienen buenos tratos entre ellos desde hace unos años.

En conclusión, aunque el futuro no parece muy promisorio, como ciudadanos del Pacífico sur no nos queda más que confiar en la habilidad de nuestros gobernantes para entenderse y resolver los problemas que arrastramos desde la guerra del Pacífico. Todo ello para que las futuras generaciones puedan dedicarse a elaborar proyectos de cooperación y desarrollo conjunto, en lugar de trabajar en la solución de los problemas que nos dejaron nuestros antepasados. 

Chile debe responder a la demanda de los Chávez

Por: Víctor Hugo Chavez
En mi familia y en la escuela fiscal a la que asistí durante mi educación primaria me enseñaron que era una señal de muy mala educación el poner apodos a las personas, por ello no responderé al apodo de "mendrugo” que pretende endilgarme Guzmán.

Se ha publicado el domingo 8 de mayo del año en curso en el periódico Página Siete el artículo de opinión titulado "El mendrugo contraataca” suscrito por Andrés Guzmán Escobari, en el que nuevamente insulta a Bolivia pues señala que el territorio usurpado por Chile no puede ser reclamado y sostiene la presunta validez del Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, que según Guzmán habría sido aprobada por el Congreso boliviano mediante la Ley de 4 de febrero de 1905 que se encontraría en "los expedientes de la Cancillería y en la gaceta oficial del Estado Plurinacional”, señalando Guzmán que "el Acta es válida muy a nuestro pesar y debemos respetarla” -como si su palabra equivaliera a un laudo, fallo o sentencia del Tribunal de La Haya-.

En mi familia y en la escuela fiscal a la que asistí durante mi educación primaria me enseñaron que era una señal de muy mala educación el poner apodos a las personas, por ello no responderé al apodo de "mendrugo” que pretende endilgarme Guzmán; eso sí, en cuanto a mis actividades laborales o profesionales Guzmán Escobarí podrá retractarse respecto a la afirmación que hace en sentido que mi hermano Wilfredo o mi persona hayamos sido personal de la empresa china CAMC o en caso de no hacerlo deberá probar esta temeraria afirmación ante tribunales.

Hasta que hemos publicado el Proyecto de Demanda Marítima y su antecedente denominado "Estrategia para la obtención de una salida libre y soberana al Océano Pacífico” (14 de febrero de 2000) no se publicó en medio impreso de circulación pública, alguna propuesta de demandar a Chile ante La Haya; encomiables trabajos de valerosos bolivianos no incluyeron el Protocolo de 16 de abril de 1907 que permite a Bolivia acudir ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya; pero no por ello nos referiremos a estos patriotas como mendrugos o soquetes, puesto que el aporte de todo boliviano a la reivindicación marítima debe ser realzado en lugar de ser insultado; esto no es entendido por Guzmán Escobari que al parecer tiene ensañamiento contra nuestras personas por haber propuesto una demanda contra Chile acudiendo a La Haya, causándole incomodidad el hecho que el proyecto de demanda haya sido elaborado por hombres mestizos del pueblo a quien se les sindica "viveza criolla” y no por algunos ensoberbecidos egresados de la Academia Diplomática (no todos ellos) enredados en propuestas de eterna negociación.

Empero, ¿qué es lo que causa tanta roncha para los chilenos y sus acólitos?, es el hecho que Bolivia plantee una demanda para reivindicar el territorio comprendido entre los paralelos 24 a 23 en que se encuentran Antofagasta y Mejillones, su mar, plataforma continental, islas e islotes hasta las 200 millas náuticas que ni por casualidad se encuentran mencionados en el Tratado de 1904. Chile a lo largo de los 111 años de vigencia de dicho Tratado ha señalado que todo estaba resuelto con Bolivia con la firma de este Tratado;  de ser así, corresponde la devolución inmediata de estos territorios a Bolivia por no estar comprendidos en el mencionado Tratado; para sustentar esta posición acudimos a la Jurisprudencia Arbitral referida al laudo arbitral emitido por el presidente de  Estados Unidos de Norteamérica Calvin Coolidge el 4 de marzo de 1925 ante el reclamo de la República de Perú contra Chile por la ocupación del territorio de Tarata próximo a Tacna, que no se encontraba comprendido en el Tratado de 1883 y que por ello tuvo que ser reincorporado al territorio peruano en mérito al laudo arbitral emitido, abriendo además las negociaciones para la firma del tratado definitivo de límites terrestres de 3 de junio de 1929 entre Perú y Chile.

Según la versión chilena –aplaudida entusiastamente por Guzmán Escobari-, el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 tendría plena validez puesto que en esa ocasión el plenipotenciario de Bolivia Alberto Gutiérrez declaró ante la Cancillería de Santiago que "debidamente autorizado por su gobierno no tenía inconveniente para hacer la declaración pedida por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores (de Chile), esto es, que el Gobierno de Bolivia reconoce al dominio absoluto y perpetuo de Chile el territorio situado entre los paralelos 23 a 24 de latitud meridional, desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”. (Transcripción del Acta protocolizada de 15 de noviembre de 1904 cursante en la Colección de Tratados de Bolivia, Tomo IV, Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Páginas 416 a 417).

Como se observa, Alberto Gutiérrez hizo referencia que no tenía inconveniente para hacer una declaración;  empero ello no conlleva a una Modificación del Tratado de 1904. Por otra parte, en el caso de la forzada validez del Acta de 15 de noviembre de 1904 mediante fallo arbitral, el reconocimiento al dominio de Chile comprendería el territorio situado entre los paralelos 23 a 24 en que se encuentran Antofagasta y Mejillones; empero, incluso en el caso que se declare la validez del Acta que se esmera en defender Guzmán Escobari y que señala que "debemos respetarla”, aun en ese caso: el mar, islas e islotes de ese territorio no fueron cedidos al usurpador puesto que refiere que el reconocimiento se efectúa "desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”; por consiguiente, en el peor escenario, es decir que La Haya otorgue validez al Acta de 15 de noviembre de 1904, el mar y  las islas e islotes de ese territorio pueden ser reclamables por Bolivia, siendo estas islas e islotes:  Isla Guzmán, Guamán o Guanosa: Latitud: 23.55 Longitud: 70.416;  Isla Lobos: Latitud: 23.533 Longitud: 70.616; Isla Santa María Latitud: 23.433 Longitud: 70.616; Islote Águila: Latitud: 23.916 Longitud: 70.516; Islote Angamos: Latitud: 23.016 Longitud: 70.533; Islote Lagartos: Latitud: 23.366 Longitud: 70.6, puesto que estas islas no fueron señaladas en el Tratado de 1904 y en el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904.

Empero el aspecto central radica en el hecho que el Acta Protocolizada no fue ratificada o aprobada por el Congreso de Bolivia conforme mandaba la Constitución de 1880 vigente en 1905, puesto que la Ley de 4 de febrero de 1905 aprueba el Tratado de 1904, su Protocolo de 20 de octubre del mismo año y un inexistente Protocolo de 15 de noviembre de 1904, que no es igual al Acta Protocolizada de la misma fecha. Chile tendrá que demostrar en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya la existencia del Protocolo de 15 de noviembre de 1904 y que éste es el Acta Protocolizada,  pero para que no quede duda alguna respecto a lo que se aprobó en la Ley de 4 de febrero de 1904, paso a transcribir el texto de la misma: "Artículo Único.-  Apruébase el Tratado de Paz y Amistad, suscrito en Santiago el 20 de octubre del próximo pasado año de 1904, por el Plenipotenciario de Bolivia don Alberto Gutiérrez y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, don Emilio Bello Condecido, y los Protocolos de 20 de octubre y 15 de noviembre, y las Notas Reversales de 21 de octubre y 16,17 y 21 de noviembre del  mismo año” (Transcripción de la Ley de 4 de febrero de 1905 cursante en la Colección de Tratados de Bolivia, Tomo IV, Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Páginas 420 a 421); como se lee de ese texto, el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 no fue aprobada o ratificada por el Congreso boliviano; por tanto,  no tiene valor y la afirmación de Guzmán Escobari queda desnuda, pudiendo Bolivia reclamar la reivindicación de Antofagasta y Mejillones más su mar, islas e islotes.  Evidentemente deberá ser Chile que responda a la demanda proyectada por los hermanos Chávez, pero para ello la demanda deberá ser analizada, complementada e interpuesta y no negada, insultada  o bloqueada sistemáticamente por la chilenofilia entreguista.

domingo, 8 de mayo de 2016

El mendrugo contraataca

Por: Andrés Guzmán Escobari
Aún cuando el Acta Protocolizada de 1904 fuera inválida, como sostienen los Chávez, tampoco podríamos reclamar pertenencia sobre los territorios en cuestión debido a que durante más de un siglo, Bolivia aceptó y respetó el dominio de Chile sobre los mismos.

Víctor Hugo Chávez, el mendrugo.
En respuesta a mi artículo Victor Hugo, el mendrugo, publicado el pasado 10 de abril en este mismo espacio (Ideas de Página Siete), y referido al comportamiento del señor Víctor Hugo Chávez Serrano en el conversatorio sobre la demanda marítima boliviana que se realizó el 22 de marzo en la UMSA,  el principal aludido, a quien llamo mendrugo no por su conducta sino por su dificultad para entender las cosas, decidió contraatacar con un nuevo artículo en el cual, a tiempo de explicar por qué llegó tarde a dicho conversatorio y por qué se retiró antes de que termine, intenta refutar lo que señalé respecto a que su proyecto de demanda contra Chile, elaborado conjuntamente con su hermano Wilfredo, es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por viveza criolla.

Primero señala que resultaría ocioso discutir sobre la coqueta chapela (boina de gran vuelo) que cubría su cabeza ese día o sobre cómo lucían las frondosas patillas de su hermano en esa misma ocasión, a las que yo hice referencia en mi artículo. Pero si bien coincido en que esos detalles no son relevantes para nuestro debate, cabe aclarar que su mención obedeció únicamente a razones de contextualización y amenización, no tenía la intención de causarle enojo ni sonrojo. 

Seguidamente aclara que él y su hermano hicieron el servicio militar obligatorio en un evidente intento por insinuar que yo no lo habría hecho. Al respecto, a tiempo de hacer extensivas mis felicitaciones a los hermanos Chávez por no haber rehuido al llamado de las Fuerzas Armadas, debo informarles que cuando alcancé la edad correspondiente, ingresé al servicio premilitar de la Armada Boliviana de acuerdo con  las leyes que rigen en nuestro país y en cumplimiento a mis deberes constitucionales. Lo cual descarta ipso facto la extraña teoría mendruga, acerca de que las carcajadas que produjo su proyecto de demanda en Diremar se podrían explicar si yo no hubiese hecho el servicio militar. 

Respecto a la insinuación de que yo sería una de las personas "que viven de la Cancillería boliviana”, lo cual también fue mencionado por Wilfredo el día del conversatorio, puedo decir a mucha honra que trabajé en esa institución tan solo tres años de mi vida, entre las funciones que ejercí en el servicio central y en el exterior, pero nunca ocupé los altos cargos que el mendrugo y su hermano desempeñaron en otras reparticiones del Estado y en la empresa china CAMC.  

Por otra parte, la "aclaración” de que la demanda de los Chávez fue elaborada antes del anuncio que hizo el presidente Evo Morales en 2011 y no después, no hace más que revelar una muy mala comprensión de lectura de quien ya tiene cuantiosos merecimientos para consagrase con el mote de mendrugo. Efectivamente, lo que dice mi artículo es que después del anuncio presidencial, "el proyecto de demanda de los Chávez fue presentado por algunos medios de comunicación como el plan que habría estado siguiendo el Gobierno boliviano para acudir a tribunales internacionales”, no dice que dicho proyecto fue elaborado después del anuncio, tal como parece haber entendido quien inspiró estas líneas. 

Sobre nuestro debate, el mendrugo insiste en alegar que Bolivia nunca cedió el litoral comprendido entre los paralelos 23º y 24º de latitud sur, que incluye unas islas e islotes en su correspondiente mar territorial. Pero tal como ya lo dije varias veces: en el artículo sobre la viveza criolla de los Chávez y en la última columna sobre las carcajadas que ocasionó el mendrugo en Diremar, y también en los programas de televisión y radio a los que Don Víctor Hugo decidió no asistir: Bolivia reconoció el dominio de Chile sobre esos territorios mediante el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad de 15 de noviembre de 1904. Los hermanos Chávez, que se enteraron de la existencia de ese documento recién en abril de 2011, cuando ya habían presentado su proyecto de demanda al Gobierno, decidieron disfrazar la realidad mendrugamente, en lugar de reconocer que se habían equivocado.    

Inicialmente dijeron que el Acta de referencia es inválida porque supuestamente no fue promulgada como ley de República junto al Tratado de 1904, en 1905; ahora sostienen que la misma no habría sido aprobada ni ratificada congresalmente. Lo cierto es que el Congreso Nacional de Bolivia aprobó el Acta el 4 de febrero de 1905, el Gobierno de Chile la ratificó el 18 de enero de 1907 y ambos países canjearon sus respectivas ratificaciones en Santiago el 16 de abril de 1907, tal como consta en los expedientes de la Cancillería y en la gaceta oficial del Estado Plurinacional. Por tanto no es cierto que el Acta Protocolizada de 1904 carezca de validez y que ninguno de nuestros gobernantes lo haya notado en más de 100 años. El Acta es válida muy a nuestro pesar y debemos respetarla. 

Pero supongamos que los hermanos Chávez tuvieran razón, es decir que el Acta Protocolizada de 1904 no fuera válida y que nadie lo había descubierto hasta que ellos lo hicieron. En ese caso, tampoco podríamos reclamar pertenencia sobre los territorios en cuestión debido a que durante más de un siglo, Bolivia aceptó y respetó el dominio de Chile sobre los mismos. En otras palabras, no podemos reclamar ahora unos territorios que además de haberlos cedido formalmente, hemos reconocido como ajenos tácitamente, por aquiescencia, durante más de 100 años. 

Por tales motivos, la demanda de los Chávez solo nos podría ocasionar una severa derrota jurídica ante Chile y un gran retroceso en nuestro difícil camino hacia el mar. Sus argumentos serían rechazados en un solo trámite si es que la demanda llegara a ser presentada, porque para incoar un proceso ante el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) de La Haya, que es donde ellos sugieren acudir, se requiere del acuerdo de las partes para definir los temas que se quieran someter al arbitraje, y bien sabemos que conseguir el acuerdo de Chile para someter los argumentos de los Chávez al TPA, es tanto o más difícil que logar una solución a este tema mediante una negociación de buena fe. 

Por último, respecto a que debería ser Chile el que refute la demanda de los Chávez en un eventual proceso judicial y no un boliviano como el que escribe, creo que es mejor debatir estos temas con buen humor, antes que ir a meter la pata olímpicamente en el ámbito internacional. Sobre este punto, seguramente convendríamos en que el encierro geográfico es un tema muy importante y profundo para la mayoría de los bolivianos, pero por eso mismo, no podemos tratar de solucionarlo mendrugamente y con viveza criolla; debemos ser serios y profesionales, admitiendo equivocaciones si es que las cometemos y sobre todo, actuando siempre en función de los intereses nacionales de nuestro país.

miércoles, 27 de abril de 2016

Las aguas del Silala, ¿río o manantial? (1996-1999)

Extracto del libro Un Mar de Promesas Incumplidas (2015) de Andrés Guzmán Escobari (Pags. 371-375).
Lugar exacto en el que las aguas del Silala cruzan la frontera. Fuente: Los Tiempos 2016.
En abril de 1996, el periódico paceño “El Diario” publicó en primera plana que Chile había desviado “el río Silala”, situado en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí. Lo cual fue ampliado por el mismo periódico en los días subsiguientes y luego también por otros medios informativos de Bolivia y del mundo. En su primera reacción, el gobierno de La Paz desmintió la desviación y afirmó mediante un comunicado de la Cancillería que las aguas del Silala conforman un “río internacional”.[1] No obstante, después de hacer las averiguaciones del caso, el entonces Canciller boliviano, Antonio Aranibar Quiroga, tuvo que reconocer que no se trata de un río compartido y que existen canales artificiales que dirigen el curso de esas aguas hacia territorio chileno.[2]
Al otro lado de la frontera sin embargo, se dijo que la primera reacción de Aranibar y otros pronunciamientos del gobierno boliviano,[3] confirmaban la tesis chilena de que el Silala es un río internacional. No obstante, como los pronunciamientos de un gobierno no pueden cambiar la naturaleza de un recurso hídrico, ni tampoco destruir los canales artificiales por los que efectivamente discurren esas aguas hacia Chile, es necesario recurrir a los estudios especializados para entender de qué estamos hablando.
Ciertamente, tomando en cuenta los reportes a los que el autor de este trabajo tuvo acceso y la inspección ocular realizada en la zona, se puede afirmar que las aguas del Silala conforman un reservorio hídrico de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando bofedales que se constituyen en los manantiales desde los cuales escurren esas aguas hacia Chile, principalmente a través de canales artificiales que traspasan la línea fronteriza.[4]
A pesar de que no se sabe con certeza si Chile tiene o no algún derecho sobre esas aguas, porque hasta la fecha no se ha determinado mediante un estudio científico cuánto de ese caudal fluiría naturalmente hacia ese país si no existieran los canales artificiales; las dos partes han adoptado posturas radicalmente opuestas: para Bolivia son aguas manantiales íntegramente bolivianas que han sido desviadas unilateralmente hacia territorio chileno y para Chile, el Silala es un río internacional de curso sucesivo cuyas aguas nacen en Bolivia y fluyen naturalmente hacia territorio chileno. Los canales artificiales, de acuerdo a la posición chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo pero no alteran su curso.[5]
Ante esa situación, el gobierno de Bolivia se vio forzado a tomar medidas en resguardo de la soberanía nacional en un momento en el que verdaderamente no se quería entorpecer las relaciones comerciales con otros asuntos. No obstante, dada de la gravedad del caso – se hablaba de hasta 500 litros por segundo –, las fuerzas conservadores de Bolivia al mando de “El Diario”, presionaron de tal manera al gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, que éste decidió revocar y anular “la concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala” (Siloli)”, concedida en 1908 por la Prefectura del Departamento de Potosí a la empresa “The Antofagasta (Chili), and Bolivia Railway Company Limited”.
En este punto es preciso retroceder hasta finales del siglo XIX, cuando los personeros de la empresa anglo-chilena de trenes que luego se convirtió en “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited”, encontraron las aguas del Silala muy cerca de la frontera pero en el lado boliviano, y comenzaron a utilizarlas para el funcionamiento de sus locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro. En 1908, con el propósito de formalizar el usufructo de tales recursos, el representante legal de esa compañía, Benjamín Calderón, solicitó a la Prefectura de Potosí – no al gobierno nacional –, “las aguas de SILOLI”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del ferrocarril”, lo cual fue concedido por el Prefecto potosino, René Calvo, el 21 de septiembre de ese año mediante Escritura Pública Nº48, la cual aclara “que la empresa concesionaria cumplirá estrictamente con la estrictez de las prescripciones de la Ley y Reglamentos que rigen la materia en lo sucesivo”.[6]
No obstante, a pesar de que la concesión fue otorgada exclusivamente para llenar los calderos del ferrocarril Antofagasta - Bolivia, las aguas fueron rápidamente destinadas a cubrir otras necesidades del norte chileno. Motivo por el cual, en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.[7] Un tiempo después, aproximadamente en 1961, las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel,[8] y el contrato de 1908 perdió absolutamente su razón de ser.
Pasaron muchos años y recién en 1997, como hemos visto, el gobierno de Bolivia, a través del Prefecto de Potosí, Omar Manzano, revocó y anuló el contrato de concesión debido a:
"[L]a desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano".
"Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".[9]
En Chile hubo quienes llegaron a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, el gobierno amenazó con llevar el tema a tribunales internacionales y la empresa ferrocarrilera presentó un recurso de nulidad ante la Corte Superior de Distrito de Potosí por una supuesta falta de competencia de parte del Prefecto Manzano “para revocar y anular concesiones y adjudicaciones de aguas públicas”. La Corte se declaró incompetente para conocer el singular argumento y recomendó “recurrir esta empresa a la jurisdicción llamada por ley”.[10]
Curiosamente, durante ese animado periodo, los gobiernos de Sánchez de Lozada y Frei Ruiz-Tagle mantuvieron conversaciones secretas sobre una posible ampliación de las facilidades de libre tránsito en el puerto de Iquique. Fue tanta la reserva de esas negociaciones que nadie más que los negociadores supo lo que se conversó hasta recién el año 2007, cuando el periódico chileno “El Mercurio” reveló algunos detalles de lo que se trató secretamente entre 1996 y 1997. Las fuentes del conocido periódico santiaguino eran “personeros que participaron en estas negociaciones” y los Cónsules Generales, de Chile en La Paz, Óscar Fuentes, y de Bolivia en Santiago, Herman Antelo; quienes confirmaron que se conversó sobre la incorporación del puerto de Iquique al régimen de libre tránsito, “con todas las facilidades aduaneras y jurídicas necesarias para conectarse con diversos destinos de Asia Pacífico” (Emol.com, 2/11/2007).    
En efecto, ambos gobiernos habían acordado negociar confidencialmente de acuerdo a esa misma fuente, para no levantar falsas expectativas. La Paz designó al economista Horst Grebe como encargado de llevar adelante las gestiones y Santiago destacó al abogado Enrique Correa, ex Ministro de Aylwin.[11] Según “El Mercurio”, se había acordado negociar a través de “dos hombres destacados en el plano político pero ajenos a las relaciones exteriores” para darle un cariz distinto a la relación bilateral.[12] 
Las gestiones de la delegación negociadora, denominada “la Comisión de los mormones” por el Presidente boliviano; fracasaron en junio de 1997, tras una reunión en Buenos Aires en la que se tenía que firmar un protocolo. En esa ocasión, según la postura de Chile, los bolivianos hicieron pedidos inaceptables de soberanía, y de acuerdo a la versión de Bolivia, los chilenos se echaron para atrás a último momento.[13] 
Por la reserva del caso, no se supo si el referido fracaso estuvo asociado a la anulación de la concesión de las aguas del Silala, pero lo que sí parece haber tenido relación es la voluntad que Chile manifestó en ese entonces para hablar sobre formas de mejorar el acceso de Bolivia al mar, como tantas veces lo había hecho en el marco de la “política boliviana”, en un momento en el que las relaciones se hallaban claramente tensionadas por el tema del Silala. Además, ¿por qué tanta reserva si se supone que no se iba a negociar soberanía? Lo cierto es que después del estropicio vino la debacle, no se había logrado ningún avance en el tema de Iquique y el asunto del Silala sería a partir de entonces un problema constante que cada cierto provocaría fricciones entre ambos países, tal como había ocurrido con el Lauca, y eso se acentuaría peligrosamente durante el segundo mandato de Banzer, a partir de agosto de 1997.
Ciertamente, si bien los años y el contexto internacional habían ablandado al viejo General Banzer en varios aspectos del quehacer político nacional, en lo que a Chile concierne, su postura sería tanto o más dura que antes. No había olvidado lo de Charaña y manifestaría su molestia por cómo habían terminado esas negociaciones en varias oportunidades, una de ellas, cuando arribó a la ciudad de Santiago en abril de 1998 con motivo de la Segunda Cumbre de las Américas.[14] En esa ocasión, como en muchas otras, el Presidente boliviano y su Canciller, Javier Murillo de la Rocha, aprovecharían el ámbito multilateral para hacerle recuerdo a Chile y al mundo, que el problema marítimo de Bolivia seguía pendiente.[15] 
Esas gestiones, que llevarían a lo que se conoció como “la agenda sin exclusiones”, como se verá en la siguiente sección; no estuvieron dirigidas únicamente a reclamar el tema del enclaustramiento boliviano en el ámbito multilateral, sino también a tratar otros asuntos delicados como el entonces propósito de privatizar los puertos en los que Chile debe garantizar el libre tránsito de Bolivia, el lento desminado de la frontera, las violaciones al espacio aéreo boliviano por parte de la Fuerza Aérea de ese país y sobre todo, como veníamos diciendo, el tema del Silala (Escobari 2013: TI 375;  Bustos et al 2007: 223;  Emol.com, 1/08/2000).  
En cuanto a este último punto, el gobierno de Bolivia convocó a una licitación pública en 1999 “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”. Pese a las protestas que esta determinación causó en las autoridades chilenas, quienes advirtieron que podrían llevar el caso a instancias internacionales por “disponer de aguas compartidas”, la concesión fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC SRL por un plazo de 40 años, durante los cuales, el nuevo concesionario debía pagar dividendos al Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de dichas aguas.[16]
Por ese motivo y de acuerdo a sus atribuciones, DUCTEC SRL emitió las facturas correspondientes a las empresas chilenas que se benefician de esos recursos hídricos. No obstante, tanto la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) como la empresa Ferrocarril Antofagasta - Bolivia (FCAB),[17] sucesora de “The Antofagasta Bolivia Railway Co. Ldt.”; apoyadas por el gobierno chileno, se negaron rotundamente a pagar y el conflicto fue soslayado nuevamente en medio de duras acusaciones y recriminaciones intercambiadas entre ambos gobiernos. 





[1] Bustos, Carlos (2007) Dos Siglos de Relaciones chileno-bolivianas. En Nuestros Vecinos., p. 224
[2] Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia (sin fecha) Antonio José Aranibar Quiroga [En línea, consulta: 20/12/2014] http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=Antonio%20Aranibar.jpg&texto=antonio%20aranibar.txt
[3] El mapa adjunto al Tratado de 1904 efectivamente asigna a uno de los ríos que traspasan la frontera el nombre de Silala. Ese es – según el hidrólogo boliviano Antonio Bazoberry -, “el origen del mito del Silala” (Bazoberry 2002: 8)
[4] Véase: Bazoberry (2002) Op Cit., p.4 y Llanos, Hugo; et al (2013) El caso del Río Silala o Siloli., pp. 339-341
[5] Toromoreno, Alejandro (sin fecha) La situación del río Silala [en línea, consulta: 13/12/2014] http://www.monografias.com/trabajos15/rio-silala/rio-silala.shtml
[6] Salguero, María Esther (Sin fecha) Importantes Documentos Sobre El Silala [En línea, consulta: 25/06/2014]  http://www.icalp.org.bo/2012-07-04/importantes-documentos-sobre-el-silala-dr-maria-esther-salguero-.htm
[7] Faundes, Cristian (2007) Las Aguas que nos dividen. En Nuestros Vecinos., p. 385
[8] Toromoreno: Op. cit. 
[9] Decreto Supremo Nº 24660, 20 de junio de 1997
[10] Silala: las aguas de la discordia (sin fecha)  Fundación Jaime Guzmán [En línea, consulta: 13/12/2014] http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/documentos/ideas-y-propuestas/9.pdf
[11] Acompañaron al representante chileno el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y el Director General de Política Exterior, Juan Martabit. Por el lado de Bolivia, estuvieron presentes el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Jaime Aparicio; el Subsecretario General de la Cancillería, Eduardo Trigo, y el Cónsul General de Bolivia en Santiago, Herman Antello (Emol.com 2/09/2007).
[12] El Mercurio, 2/11/2007
[13] El Mercurio 5/11/2007
[14] Escobari (2013) Op Cit., TI p. 375
[15] ABC, 08/09/1998
[16] Portocarrero, José Luis (2014) Silala y el gobierno de Chile., pp. 10-11
[17] La FCAB es una empresa del grupo Luksic que comercializa las aguas del Silala para el consumo humano en el norte chileno a través de la compañía “Aguas del Altiplano S.A”.