domingo, 15 de enero de 2017

¿Es Putin mejor lider que Obama?

Uno de los principales argumentos que Trump utilizó durante la campaña electora fue precisamente que Putin es mejor lider que Obama, señala el autor.
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Por: Andrés Guzmán Escobari
La intrincada relación que mantuvieron los Presidentes Barak Obama de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia, está a punto de llegar a su fin de la peor manera imaginable, con un distanciamiento político-diplomático casi absoluto, con fuertes sanciones impuestas por Washington a la Federación Rusa y con una disputa casi inevitable entre ambos mandatarios por el liderazgo mundial, que el ruso supo capitalizar a su favor, gracias a su astucia política y mayor experiencia en el contexto internacional.
En efecto, en estos últimos 8 años el mandatario estadounidense, a pesar de sus buenas intenciones, no hizo más que permitir el expansionismo y repotenciamiento del mayor adversario que históricamente ha tenido su país.
No obstante, toda esta situación no parece preocupar al Presidente electo, Donald Trump, que ya adelantó que pretende cambiar el enfoque de las relaciones ruso-estadounidenses, llevándose bien con Putin, a quien considera mejor líder que Obama.
Pero para comprender qué es lo que se avecina y qué está en juego, es necesario conocer qué es lo que ha pasado en el último tiempo entre las dos mayores potencias nucleares del planeta.
Todo comenzó en enero de 2009, cuando Obama asumió la presidencia de EEUU y Putin ocupaba el cargo de Primer Ministro (2008 – 2012), después de haber sido Presidente de Rusia de 1999 a 2008. En esos momentos, las tensiones entre ambos países se enfocaban principalmente en dos puntos: 1) el rechazo de Washington al reconocimiento que había hecho Moscú a la independencia de Osetia del sur y Abjasia, que hasta ese entonces se consideraban como parte de Georgia; y 2) el repudio de Rusia al establecimiento de un impresionante sistema de misiles y radares estadounidense (EIS), en Polonia y República Checa, que supuestamente estaba pensado para evitar un ataque de Irán a Europa.
Las tensiones que esos dos conflictos provocaron se fueron disipando tras la decisión de Obama de no intervenir militarmente en Osetia del Sur y Abjasia, como su antecesor lo había hecho en Irak y Afganistán, dejando que Rusia controle la estratégica zona del Cáucaso; y después de que el mismo Obama ordenó cancelar el proyecto de misiles y radares EIS, para reemplazarlo por otro menos ambicioso.  
Para complementar esas acciones, que fueron duramente criticadas en el mundo occidental, Obama buscó un acercamiento con el Kremlin mediante lo que se conoció como el intento por “reiniciar” (reset) las relaciones ruso-estadounidenses. En efecto, en marzo de 2009, en una reunión de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el Ministro de exteriores, Serguéi Lavrov; la estadounidense le entregó al ruso un botón rojo con una inscripción que decía “reset” (reiniciar) y con la traducción al ruso en alfabeto romano del término “перегрузка”, que no significa “reiniciar” sino “sobrecargado”… El pequeño gran error, que fue tomado con humor por Lavrov en ese momento, marcó el inicio de ese fallido intento de aproximación que luego sería descartado, cuando Rusia decidió intervenir militarmente en Ucrania y Siria.
Efectivamente, en marzo de 2014, aprovechando la incertidumbre que había generado la revolución ucraniana, Putin dispuso anexionar la península de Crimea a Rusia, lo que representó la primera alteración del mapa político de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ante esa situación, Obama, tras un fallido intento por convencer a Putin de que retroceda, impuso fuertes sanciones a Rusia e impulsó, junto a las potencias europeas del G7 (G8 menos Rusia), la aplicación de más sanciones al gigante euroasiático. Empero, Putin, en lugar de recular, decidió apoyar las protestas prorusas en el este de Ucrania, donde estalló una guerra civil entre los rebeldes separatistas prorusos y las fuerzas militares ucranianas, que aún está en curso.
Por otra parte, en marzo de 2013, después de que el gobierno sirio de Bashar al-Ásad cruzó la línea roja que el Presidente estadounidense había trazado en 2012, de no usar armas químicas, el mismo Obama desistió de enviar tropas a Siria, en una medida muy criticada porque privilegiaba los tratos que en esos momentos Washington mantenía con Irán. Con ese antecedente, que había significado un triunfo diplomático para Moscú y Damasco, Putin decidió enviar a sus cazabombarderos a la zona de guerra, en septiembre de 2015, para combatir a los terroristas y apoyar al régimen de al-Ásad que estaba a punto de ser derrotado. Dicho despliegue, que fue la primera vez que las fuerzas rusas cruzaron lo que fue “la cortina de hierro” durante la Guerra Fría (1945 – 1989); contribuyó a prolongar el conflicto, pues gracias al apoyo ruso, las fuerzas de al-Ásad lograron recuperar ciertas áreas que habían perdido en favor de los rebeldes y terroristas.    
Todas esas maniobras de geopolítica, en las que Putin hizo gala de sus habilidades estratégicas y de su experiencia político-diplomática, acumulada después de haber tratado con los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, dejaron la sensación de que Rusia había vuelto a ser una superpotencia y que Obama lo había permitido. De hecho, uno de los principales argumentos que Trump utilizó durante la campaña electoral, fue precisamente que Putin es mejor líder que Obama.
En esas circunstancias, y aun sin tener pruebas, varios miembros del partido demócrata, incluida la candidata Hillary Clinton y el mismo Obama, acusaron a Rusia de haber hackeado las cuentas de correo electrónico de varios demócratas, con el fin de filtrar la información y favorecer a Trump en las elecciones. En la misma línea, en octubre de 2016, y también sin presentar evidencias, la CIA publicó un informe que corroboraba las acusaciones de los demócratas. Por lo cual, la Casa Blanca anunció medidas drásticas contra Moscú, que llegaron recién a finales de diciembre, cuando Obama decretó la expulsión de 35 diplomáticos rusos y el cierre de dos establecimientos que habían sido utilizados supuestamente para operaciones de ciberespionaje.  
Ante esa medida, que mostraba la gran molestia del gobierno de Obama con Rusia, y que al mismo tiempo parecía estar dirigida a evitar cualquier entendimiento entre Putin y Trump, el Presidente ruso decidió no responder en reciprocidad, como se suele hacer en estos casos, y advirtió que su país no está dispuesto a practicar “una diplomacia de cocina, irresponsable”. Con lo cual, una vez más, Putin dejó muy mal parado a Obama y abrió las puertas para desarrollar una relación de cooperación y entendimiento con Trump, el nuevo encargado de contener a Rusia.

miércoles, 11 de enero de 2017

Israel entre Bolivia y Chile

En referencia a un artículo publicado por el israelí Yair Lapid, el autor señala que no es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro.  
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El actor, periodista y político israelí, Yair Lapid.
Por: Andrés Guzmán Escobari

A propósito del ingreso de Bolivia al Consejo de Seguridad de la ONU, el político y periodista israelí Yair Lapid publicó un artículo en el que manifiesta su esperanza de que nuestro país introduzca a dicha institución “una voz más equilibrada y razonable que aquellas que se oyen de ahí últimamente”, en referencia a los paí-ses que aprobaron la Resolución 2334, del 23 de diciembre de 2016, que reafirma que los asentamientos que Israel estableció en territorio palestino, ocupado desde 1967, incluido Jerusalén oriental, “no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación al derecho internacional”.
Con ese propósito, el autor intenta poner a los bolivianos en el lugar de los israelíes para que comprendan la ira que les causó la Resolución 2334, planteando el caso hipotético de que Israel apoye “la posición de Chile en la disputa por una salida soberana al Pacífico en favor de Bolivia”.
Al respecto, es importante aclarar que no es lo mismo defender el establecimiento de los asentamientos de Israel en Palestina, que son una expresión neocolonial y un obstáculo para lograr una solución biestatal, que defender el legítimo derecho que tiene Bolivia de recuperar su cualidad marítima mediante una negociación, tal como lo prometió Chile en reiteradas ocasiones.
Es decir, no es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro, porque, dadas las diferentes visiones y experiencias, resulta prácticamente imposible extrapolar nuestros sentimientos.
Además, las diferencias que existen entre un apoyo estatal, de un gobierno a otro, y una resolución del Consejo de Seguridad, que se aprueba por varios Estados y que sí tiene efectos vinculantes (artículo 25, Carta de la ONU), confirman que la hipótesis que plantea Lapid tampoco tiene sentido de proporcionalidad.
Ciertamente, a diferencia del efecto simbólico que podría tener el primer y único apoyo que el país del Mapocho jamás recibió de otra nación en el tema del mar (no es cierto que existan “partidarios de Chile” en este tema, como afirma Lapid), Israel tiene la obligación de aceptar y cumplir lo dispuesto por la Resolución 2334, incluyendo en especial lo referido a la “cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento”.
Pero más importante aún, y esto seguramente no lo sopesó Lapid, es que el apoyo de su país a Chile en rea-lidad podría beneficiar a Bolivia.
En efecto, si consideramos que Israel es un país mundialmente conocido por incumplir sus obligaciones internacionales, tal como lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en 2004, cuando emitió su opinión consultiva sobre la construcción de un muro israelí en Palestina; y teniendo presente que “la disputa por una salida soberana al Pacífico”, que actualmente se ventila en ese mismo tribunal, versa precisamente sobre los incumplimientos de Chile a varios de sus compromisos y promesas internacionales, un respaldo israelí a la causa chilena podría contribuir a reafirmar la tesis de que Santiago pretende mantener el statu quo de los territorios que a partir de 1879 anexó a sus dominios por la fuerza, aun cuando eso requiera transgredir el derecho internacional, tal como lo hace Israel con territorios palestinos.
De hecho, el apoyo de Israel a Chile sería como que Corea del Norte apoye a Irán en sus planes militares de potenciamiento nuclear, o que el Gobierno de Arabia Saudita respalde los comentarios misóginos y sexistas de Donald Trump; es decir, un apoyo que en lugar de ayudar, perjudicaría.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Entrevistas sobre el libro "Bolivia: un país privado de Litoral"

El día lunes 12 de octubre de 2016, en el salón principal de la Cancillería boliviana, se presentó el libro: Bolivia:un país privado de litoral. Apuntes para un debate pendiente, escrito por Daniel Agramont Lechin, José Peres Cajías, Rodrigo Fernández Ortíz, Marvin Flores Orellana y Andrés Guzmán Escobari; auspiciado por OXFAM y editado por PLURAL. 
A la presentación asistieron las más altas autoridades de la diplomacia boliviana, incluyendo al Presidente Evo Morales y al Canciller David Choequehuanca, sin que ello hubiese sido anunciado o coordinado con los autores que no son parte del partido de gobierno, ni tienen ninguna afiliación política. Al respecto, a continuación dos de la entrevistas de televisión que los autores brindamos a los medios.

Contraparte, Cadena A, 12/12/2016


La Primera de ATB, 13/12/2016


Anoticiando, 14/12/2016

lunes, 5 de diciembre de 2016

EL Problema Portuario Boliviano, la importancia de la infraestructura

El principal obstaculo que efrenta el comercio marítimo boliviano es la insuficiente e inadecuada intraestructura disponible dice el autor.   

Por: Daniel Agramont Lechin 
Publicado en La Razón 

Puerto de Arica, Fuente: La Razón (2015)
En las últimas dos décadas se ha producido un aumento en el reconocimiento de la situación especial que enfrentan los países sin litoral. Tanto en la academia como en organismos internacionales, existe consenso sobre los efectos negativos que tiene la mediterraneidad para el desempeño económico de los países. Una de las conclusiones más claras es que la falta de acceso a costas soberanas tiene el efecto consiguiente de limitar el crecimiento. Como afirma un estudio de la Comisión Económica para el Asia y el Pacífico, “los países en desarrollo sin litoral (PDSL), son confrontados con una serie de restricciones especiales que inhibe su participación en el proceso de globalización” (ESCAP, 2003:1)[1].

Varios estudios que profundizaron el tema encontraron que la variable que mayor significancia ha demostrado es la infraestructura física. En uno de los estudios seminales Behar y Limao[2] (2001) encuentran que para los países sin litoral la infraestructura explica el 60% de los costos de transporte. Además, Limao y Venables[3] determinan que una mejora en la infraestructura puede aminorar hasta en dos tercios las desventajas asociadas a la mediterraneidad.

De acuerdo a la ESCAP (2003:4) el problema específico que se enfrenta es que, “por a su falta de acceso a los puertos marítimos y el costo prohibitivo de carga aérea, los PDSL tienen que confiar en el transporte de mercancías por vía terrestre a través de uno o más países vecinos. Los costes adicionales que origina junto con los problemas de distancia, hacen más costosas las importaciones y exportaciones hacen menos competitivas, poniendo así los países sin litoral en desventaja en la economía mundial.”

En el caso de Bolivia, por los motivos anteriormente expuestos, la aceleración de la globalización, se presentan más como un reto que como una ventaja. Tomando en cuenta la importancia de la infraestructura para reducir los costos de transporte e incrementar el comercio, el obstáculo más grande que enfrenta el comercio boliviano son sin duda los puertos para conectarse al mundo. Si bien se tienen retos para mejora en cuanto a carreteras, el nudo actual para los flujos comerciales son los puertos que el comercio boliviano utiliza en terceros países. Esto debido a la gran cantidad de trabas que imponen y aumento consiguiente de costos y días en el circuito logístico.

Tanto para exportaciones como para importaciones, Bolivia se comunica al mundo casi en su totalidad por puertos del norte de Chile, principalmente Arica, Antofagasta y en menor medida Iquique. A pesar de que en Chile se especula mucho sobre el tema, existen dos motivos claros que explican por qué los flujos de comercio exterior utilizan estos circuitos. En primer lugar, es innegable la importancia del factor geográfico: son los puertos más cercanos. Arica siempre fue el puerto natural de Bolivia y actualmente, tomando en cuenta todos los puertos posibles tanto en el Pacífico como en el Atlántico, y también los nueve departamentos de Bolivia, no hay ninguno que esté ubicado a menor distancia. En segundo lugar, resultado de esta cercanía, durante décadas se conectó al país con infraestructura que tenía como objetivo facilitar la llegada al Pacífico. Entonces, no es raro que actualmente la mayor red de conexión interna sea hacia Puertos de este territorio. Si bien este no es el tema de análisis, es preciso resaltar que esta búsqueda durante décadas de mejorar la conexión de Bolivia con el mundo, hizo que se tenga una dependencia extrema de tránsito y esto, desde un punto de vista geopolítico, fue un gravísimo error.

Analizando ya los puertos mencionados, encontramos que efectivamente la carencia de infraestructura se ha tornado cada vez más problemática, dado el crecimiento exponencial del país en los últimos años y que vino acompañado de un igual aumento del comercio exterior. La privatización de los puertos en Chile no hizo más que agudizar el problema.

Respecto a Arica, tenemos que mencionar que este es el puerto que tiene la mayor cantidad de comercio exterior boliviano, además de la mayor diversificación de productos.  En 10 años casi se triplicó el flujo de carga boliviana (1.137.252 tn en 2005 a 3.068.322 en 2015) y esto no ha venido acompañado de inversiones que permitan un movimiento de carga eficiente. La privatización que tanto reclama Bolivia, y que es contraria al régimen de libre tránsito que establece el Tratado de 1904, entregó las operaciones del puerto a un operador monopólico con un contrato de 30 años que le obligaba a invertir en el puerto, pero resulta claro que las inversiones son marginales e insuficientes.
Lo que sucede actualmente es que ya son cinco años que el puerto está saturado por falta de inversiones en ampliaciones y compra de maquinaria adecuada. Esto es algo que el operador privado reconoció al Estado Boliviano en varias oportunidades, así como la empresa estatal EPA en ALADI. Si bien se tienen meses en que los flujos de carga son menores, la mayor parte del año los despachos y recepciones sufren varios días de retraso. En el caso de las exportaciones, los camiones son forzados a esperar un promedio de 5 días para recién ingresar a puerto y realizar el descarguío. El publicitado problema del cierre de los garajes es sólo una pequeña muestra de los problemas que se suscitan por falta de infraestructura.

En el caso de Antofagasta la situación es peor. Desde 1998 el Estado chileno inicia el traslado de las operaciones para los minerales a un recinto extraportuario a 35 Km. de distancia del puerto. En la práctica esto significó aumentar un eslabón más en el circuito logístico y por lo tanto un incremento en los costos. A partir de este hecho, poco importó la eficiencia que permitía el uso del ferrocarril en todo el trayecto. Específicamente estamos hablando de un aumento en los costos de transporte de 30% para el cinc a 50%  para la plata y el plomo. Para complicar más la situación, este recinto tiene únicamente capacidad de almacenaje para 9000 tn y eso complica a las empresas mineras bolivianas porque no pueden llenar los barcos graneleros que contratan dado que sobrepasan esta cantidad. Y lo más controversial es que actualmente sí se están realizando las inversiones en infraestructura pero únicamente para un proyecto minero chileno que tendrá su depósito dentro del puerto.

El resultado de lo que sucede en ambos puertos es un aumento no sólo en costos monetarios sino también en varios días extra a la cadena logística. Para entender la magnitud de los datos anteriores podemos citar a un estudio del Banco Mundial del año 2006[4] que encuentra que cada día adicional que demora el transporte internacional, reduce los flujos de comercio del país en 1%. Entonces, no nos resulta extraño que Limao y Venables (1999) hayan encontrado que los PSL comercian 60% menos que un país de similares características y que sí tiene acceso soberano al mar.

Ante la situación anterior se evidencia que una de las principales preocupaciones para el Estado boliviano -hasta poder contar con acceso soberano a costas marítimas- debe ser el mejorar el acceso a puertos para sus flujos comerciales y así mejorar la eficiencia para conectarse al mundo. Esta es una prioridad nacional y que debe ser realizada de dos formas paralelas. Se debe seguir insistiendo en el cumplimiento del régimen de libre tránsito por parte del Estado chileno, pero además buscar una vía alternativa de conexión al océano Pacífico y que indefectiblemente será por el sur del Perú.


[1] ESCAP (2003). Transit and trasnport issues in Landlocked and transit developing countries
[2] Behar y Limao (2001). Transport Costs and International Trade. Universidad de Oxford
[3] Lima y Venables (1999). Infrastructure, Geographical Disadvantage and Transport Costs. Banco Mundial
[4] Djankov et. Al. (2006). Trading on Time. Banco Mundial

viernes, 25 de noviembre de 2016

La historia del Silala en tres periodos

El uso de las aguas del Silala en Chile fue irregular en un primer periodo, altamente cuestionable en una segunda etapa y absolutamente ilegal en la tercera fase, que aún no ha terminado.  

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por ADEMAF (Revista de Estudios Fronterizos Nº11).

Fuente: Los Tiempos (2016)

A finales del siglo XIX, cuando el Departamento del Litoral boliviano se encontraba temporalmente ocupado por Chile, conforme al Pacto de Tregua de 1884, los personeros de la empresa anglo-chilena, The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, empezaron a buscar una fuente de agua limpia (sin salitre) para alimentar las locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro, y encontraron los manantiales del Silala en el Departamento de Potosí, fuera de la jurisdicción chilena.

Al poco tiempo, en 1904, ambos países firmaron la paz y definieron sus límites de tal forma que los manantiales del Silala quedaron dentro de Bolivia, a 3,5 kilómetros de la frontera. En razón de ello, y considerando que la empresa anglo-chilena necesitaba transportar esas aguas hasta la estación ferroviaria de Antofagasta, su representante legal, Benjamín Calderón, solicitó los permisos correspondientes al gobierno de Santiago y a la Prefectura de Potosí. El primero, en una medida unilateral no consultada con Bolivia, le concedió lo solicitado mediante el Decreto Nº 794 de 11 de junio de 1906 y el segundo, en ejercicio de sus atribuciones, también le otorgó lo solicitado a través de la Escritura Pública Nº48 del 21 de setiembre de 1908.  

A partir de entonces y tal como se puede evidenciar en el texto de dichas concesiones, los gobiernos de Bolivia y Chile, utilizaron indistintamente varias definiciones para referirse a las aguas del Silala o del Siloli, que es como también se conocía a esos recursos hídricos en territorio chileno. En efecto, a lo largo de la historia, las autoridades de ambos países emplearon diferentes definiciones para referirse al Silala, tales como: vertientes, río, riachuelo, bofedales y/o manantiales. Lo cual se mantuvo hasta finales de los años 90 del siglo XX, cuando el uso de esas aguas adquirió los rasgos de un conflicto internacional y las dos partes empezaron a radicalizar sus posturas.

Desde entonces, para Bolivia, las aguas del Silala conforman un sistema acuático cerrado de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando los manantiales desde donde fluyen esos recursos hacia territorio chileno mediante canales artificiales que traspasan la frontera. Mientras que, para Chile, es un sistema fluvial, cuyas porciones subterráneas y superficiales conforman un curso de agua compartido que debe ser utilizado equitativa y razonablemente de acuerdo al derecho internacional consuetudinario. Los canales artificiales, según la postura chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo (río), pero no acrecientan su caudal ni alteran su curso.  

En base a estos antecedentes, a continuación se desarrolla un análisis de la historia de las aguas del Silala, que fue dividido en tres periodos de acuerdo al status jurídico que tuvo y aún tiene el uso de esas aguas en territorio chileno.

Primer Periodo (1908 – 1961).
Mediante las citadas concesiones de 1906 y 1908, la empresa de ferrocarriles obtuvo del gobierno de Chile “las aguas del riachuelo Siloli”, “para surtir a la ciudad de Antofagasta, por la totalidad de su caudal”; y de la Prefectura de Potosí obtuvo “las vertientes del Siloli”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del ferrocarril”. Al respecto, cabe anotar que ninguna de las dos concesiones estableció pagos ni plazos de vigencia.
   
De esa manera se inició el primer periodo de esta historia, en que, según lo acordado con la Prefectura de Potosí, la empresa de ferrocarriles sólo tenía autorización para usar las aguas en las operaciones que debían realizar sus locomotoras a vapor. No obstante, como dichas locomotoras requerían 63 metros cúbicos de agua al día para su funcionamiento (0,62 lt/seg.), según las publicaciones de la misma empresa (Claros, 2016), y como el caudal que ingresaba a Chile en esos años rondaba los 6.600 m3/día (76 lt/seg.), se hace evidente que la mayor parte de esos recursos fueron utilizados para otros fines desde un principio. De hecho, a partir de 1915, las autoridades bolivianas recibieron denuncias respecto a la utilización de esos recursos para fines distintos al de su concesión. En razón de lo cual, según el investigador chileno Cristian Faundes (2007: 385), en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.

Este primer periodo se extendió aproximadamente hasta 1961 (hay versiones que indican que fue antes), cuando las locomotoras de referencia fueron reemplazadas por máquinas a diésel (Toromoreno, sin fecha). Con lo cual, la causa y el objeto de la concesión de 1908 se extinguieron automáticamente.

Segundo Periodo (1961 – 1997).
Así se inicia el segundo periodo, en el cual, la utilización de las aguas del Silala por parte de la empresa The Antofagasta and Bolivia Railway se hizo altamente cuestionable, puesto que, las locomotoras ya no necesitaban ni una gota de agua. No obstante, el líquido elemento siguió fluyendo hacia Chile en beneficio exclusivo de dicha empresa por varios años más. En ese tiempo, las importantes utilidades obtenidas por la venta de esas aguas a la población y a la industria minera de Antofagasta, fueron observadas con interés por don Andronico Luksic Abaroa, quien, en 1980, adquirió la empresa de ferrocarriles, la rebautizó con el nombre de Ferrocarril Antofagasta - Bolivia (FCAB) y constituyó con la misma una compañía minera llamada Antofagasta PLC.   

La FCAB, como sucesora de la compañia The Antofagasta and Bolivia Railway, continuó comercializando las aguas del Silala en el norte de Chile como concesionaria exclusiva de las mismas hasta que, en 1990, el gobierno de Santiago, en otra medida unilateral no consentida por Bolivia, decidió otorgarle parte de esa concesión a la empresa estatal del cobre de Chile (CODELCO). Efectivamente, el 22 de marzo de ese año, mediante Resolución Nº 239, la Dirección General de Aguas de Chile concedió a CODELCO (División Chuquicamata) el “ejercicio permanente y continuo por 41 litros por segundo”. Con lo cual, el grupo Luksic tuvo que reducir su consumo de cerca de 180 litros por segundo a casi 140 litros por segundo.

Al respecto, cabe destacar que ni la Prefectura de Potosí, ni el gobierno de La Paz, autorizaron la participación de CODELCO.

Poco después, en 1997, el segundo periodo llegó a su fin, cuando el Prefecto de Potosí, Omar Marzano, en coordinación con el gobierno nacional de Bolivia, revocó y anuló “la concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala” (Siloli)”. Las razones expuestas en la Resolución de revocatoria, que luego fue elevada a Decreto Supremo (Nº 24660, 20 de junio de 1997), fueron: "la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano". "Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".

Tercer Periodo (1997 – 2016).
Así se inició el tercer y último periodo de esta historia, en el cual, el asunto se convirtió en un conflicto internacional. Catalogado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2007: 66-69), como de “alto riesgo” y “un ejemplo actual de la forma en que las fuerzas políticas y socioeconómicas pueden causar un conflicto por un cuerpo de agua”. Según ese mismo organismo: “La cuenca del Silala obviamente es la más vulnerable del continente”.

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos, la utilización de las aguas bolivianas del Silala en Chile pasó de ser altamente cuestionable a completamente ilegal. En efecto, si hasta ese entonces la empresa concesionaria había utilizado las aguas de manera irregular, por haberlo hecho para fines distintos al de su concesión desde un principio, a partir de 1997, dicha empresa no posee ningún permiso de Bolivia para utilizar las aguas bolivianas del cantón Quetena de la Provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí. Empero, las aguas siguen transcurriendo hacia el norte chileno, donde la FCAB y CODELCO, continúan aprovechándolas con fines de lucro.

LOS TRES PERIODOS DE LA HISTORIA DEL SILALA
Periodo
Status de la Concesión de 1908
Uso de las aguas en Chile
1908 – 1961
Plenamente vigente.
Irregular.
1961 – 1997
Se extingue su causa y objeto.
Altamente cuestionable.
1997 – 2016
No está vigente.
Absolutamente ilegal.
Fuente: elaboración propia.

Además de la rescisión de la concesión, en 1999, el gobierno de Bolivia, a través de la Superintendencia de Aguas, convocó a una licitación pública “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”. La cual fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC S.R.L. el 25 de abril del año 2000, por un plazo de 40 años, durante los cuales, dicha empresa debía pagar dividendos al Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de las aguas (Portocarrero, 2014: 10-11).  

Por ese motivo y de acuerdo a sus atribuciones, DUCTEC S.R.L. emitió las facturas correspondientes a los dos únicos usuarios de las aguas: FCAB y CODELCO. Pero no pudo efectivizar el cobro debido a que ambas empresas, la privada y la estatal, se negaron rotundamente a cancelar las facturas y el gobierno de Chile amenazó con recurrir a la justicia internacional (El Mercurio, 05/07/2000).

Desde el entonces el problema ha reflotado cada cierto tiempo, y se ha intentado resolver en varias oportunidades. La última y más importante se produjo entre 2009 y 2010, cuando ambos países llegaron a firmar un preacuerdo sobre el aprovechamiento del “sistema hídrico del Silala o Siloli” (Artículo 1). En ese preacuerdo, que nunca llegó a entrar en vigor, se estableció que “del volumen total de aguas superficiales que actualmente fluyen a través de la frontera”, un 50 % le corresponde a Bolivia y “es de su libre disponibilidad”. Según el preacuerdo, en caso de que ese 50% sea aprovechado en Chile, el Estado boliviano “será compensado por las personas jurídicas de derecho público o privado que se constituyan en aprovechatarias de dichas aguas”, teniendo preferencia las empresas que actualmente hacen uso de las aguas en territorio chileno (Artículos 2 y 6).

El acuerdo no pudo ser concretado porque cuando el gobierno boliviano lo hizo de conocimiento público, un movimiento popular, liderado por el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), se opuso rotundamente al mismo aduciendo que no contenía un resarcimiento por el uso pasado que ha realizado la empresa concesionaria desde hace muchos años, como hemos visto. Bolivia puso en consideración de Chile esta situación en las reuniones de la Agenda de los 13 puntos, y le solicitó incluir la “deuda histórica” en el preacuerdo. En un primero momento, Santiago aceptó considerar la petición y los Vicecancilleres de ambos países encargaron al grupo de trabajo del Silala, realizar un informe sobre el pedido boliviano de incluir la deuda histórica, que debía ser presentado en noviembre de 2010, tal como consta en el Acta suscrita el 14 de julio de ese mismo año en La Paz. No obstante, por motivos aún no explicados, Chile decidió cancelar el encuentro de noviembre de 2010 que debía celebrarse en Arica, y no hubo más avances ni en este punto (7), ni en el tema marítimo (punto 6), ni en ningún otro de los temas que se estabab negociando.
 
Ante esa situación, el gobierno de Bolivia decidió recurrir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el tema marítimo y anunció una posible demanda por el Silala, que fue reiterada en marzo de 2016. En eso, el gobierno de Chile se adelantó y demandó a Bolivia ante ese mismo tribunal, para que el mismo falle y declare que “el sistema del Río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario” (CIJ, 2016).     

Al respecto, aunque todavía no conocemos la posición oficial de Bolivia en este proceso puesto que el proceso aún se encuentra en las primeras etapas de su fase escrita, en la que Chile debe presentar su Memoria hasta el 3 de julio de 2017, podemos presagiar con cierta certeza, que muchos de los sucesos aquí relatados y sus implicancias, serán utilizados como los argumentos jurídicos de Bolivia en este caso.

Por último, en cuanto a la demanda chilena, que basa su argumentación en el derecho internacional consuetudinario sobre el uso equitativo y razonable de los cursos de aguas trasfronterizas, es importante recordar que la carga de la prueba recae en el Estado demandante, que deberá demostrar que el Silala es un curso de auga internacional y más importante aún, que el uso que realiza el grupo Luksic y CODELCO de casi la totalidad de las aguas, es un uso equitativo y razonable. 


Referencias

lunes, 14 de noviembre de 2016

La victoria de Donald Trump en EEUU

El 9 de noviembre el mundo entero se sorprendió con el resultado de las elecciones en EEUU que le dieron la victoria al candidato republicano Donald Trump. Al respecto tuve la ocasión de comentar los posibles efectos de ese resultado para en el mundo y para Bolivia en la siguiente entrevista.

Bolivia TV, Arriba Bolivia, 10/11/2016

domingo, 6 de noviembre de 2016

Nueva interrupción al libre tránsito de Bolivia en Chile

El paro de funcionarios públicos en Chile supuso una interrupción del libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos que, según el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, debería estar garantizado a perpetuidad, en todo tiempo y sin excepción alguna. Este problema, que hasta la fecha no se ha resuelto del todo, fue analizado en las siguientes entrevistas en términos de daños económicos y en perjuicios que afectan a la competitividad del comercio boliviano.

Bolivia TV, 03/11/2016


TV off Travel, 04/11/2016

La “amañada” elección presidencial de EEUU

Es evidente que Trump ya empezó a prepararse para una derrota que podría tornarse inédita y hasta vergonzosa, afirma el autor.
 
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

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Photo: DonkeyHotey/flickr/cc
La elección presidencial de los Estados Unidos, disputada intensamente entre Hillary Clinton y Donald Trump, ha llamado la atención de propios y extraños, incluso de personas que nunca antes se habían interesado en estos temas; no sólo por ser la primera vez que una mujer de larga trayectoria en la política se enfrenta a un magnate que nunca ocupó un cargo público, sino sobre todo por la inusual bajeza y vulgaridad con la que se desarrolló la contienda y por los serios cuestionamientos que el candidato republicano ha hecho al sistema electoral estadounidense.
En efecto, durante toda la campaña, ambos contendores estuvieron mucho más enfocados en señalar los errores y supuestos delitos de su oponente, que en proponer planes de política pública para enfrentar los desafíos que tiene su país.
Por un lado, Trump criticó duramente a la candidata demócrata por los correos electrónicos que ella intercambió desde su cuenta privada – no institucional – cuando fue Secretaria de Estado (2009 – 2013). Dichos correos, que contenían secretos de Estado y que podían poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos si hubiesen llegado a manos enemigas, fueron la punta de lanza de la campaña de Trump para desacreditar y desprestigiar a la ex jefe de la diplomacia estadounidense. Todo ello, porque según las encuestas, la irresponsabilidad de Clinton en el manejo de información clasificada decepcionó a mucha gente y alarmó a la mayoría de los estadounidenses que tienen un especial recelo por su seguridad desde los atentados del 11 de septiembre.
Pero Trump no solo utilizó el incidente para generar temor en torno a una eventual victoria de su oponente, sino que además se permitió amenazarla directamente con enviarla a prisión si él llega a la presidencia. Efectivamente, durante el segundo debate presidencial, el candidato republicano dijo que si él gana las elecciones, designará a un fiscal especial para investigar a Clinton e insinuó que ella estaría en la cárcel si él fuera presidente. Lo cual, si bien fue aplaudido por los republicanos que aún apoyan a Trump y que también quieren enjuiciar a Obama por el asesinato del Embajador estadunidense en Bengasi - Libia el año 2012; también le valió muchísimas críticas de parte de los demócratas y de otros grupos que vieron en ese anuncio, un intento por querer recurrir a la persecución política.     
Por el otro lado, Clinton centró su campaña en los comentarios misóginos que hizo su contrincante en varias ocasiones, destacando que Trump no sólo denigra a las mujeres, sino también a los mexicanos, musulmanes y personas LGTB. De hecho, dos días antes del segundo debate presidencial, el Washington Post, un periódico que respalda abiertamente al partido demócrata, publicó un video en el que Trump se jacta de besar y manosear a mujeres hermosas. “Cuando eres una estrella, ellas se dejan” dijo el magnate neoyorquino quien luego tuvo que disculparse no sin antes alegar que eran “comentarios de vestuario” y que el marido de su contrincante había hecho cosas mucho peores.    
De igual forma, Clinton aludió a la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, a quien Trump llamó “Miss cerdita” por haber subido de peso durante su reinado y “Miss sirvienta” por su origen latinoamericano. Lo cual, sumado a las varias acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el candidato republicano, demostraron que Trump es un hombre machista y misógino según la candidata demócrata, que no ha perdido la oportunidad para mostrarse como una valiente defensora del género femenino.
Así, como la campaña electoral del país más poderoso del mundo en términos económicos y militares, estuvo centrada en los errores y presuntos delitos de sus contendores, y no así en las propuestas que tiene cada cual para gobernar, el electorado se vio forzado a elegir al menos malo de los dos candidatos, lo cual, en una primera instancia, le ha favorecido a Hillary Clinton, que, según las encuestas, mantiene una cómoda ventaja de más del 7% por sobre su contendiente.
Ahora, si bien no podemos fiarnos de las encuestas para predecir el resultado de una elección en la que participarán más de 120 millones de personas, algunas de ellas desencantadas o decepcionadas por lo que ha sido la campaña electoral, y que además tiene un complicado sistema de decisión, determinado por el resultado del ganador en cada estado, y no por el número total de votos; es evidente que Trump ya empezó a prepararse para una derrota que podría tornarse inédita y hasta vergonzosa.
En efecto, el polémico candidato ha dicho varias veces que el sistema electoral estadounidense es fraudulento, corrupto y que la votación está “amañada” (rigged). De hecho, durante el tercer debate presidencial no quiso comprometerse a respetar el resultado de la elección y al día siguiente dijo que sólo lo respetaría si él gana.   
Estas sorprendentes e inusuales declaraciones en una de las democracias más emblemáticas del mundo, además de cuestionar la institucionalidad electoral del país, nos hacen presumir que Trump quiere prevenir lo que podría ser su bochornosa derrota. Ciertamente, si la diferencia entre ambos candidatos supera el 9% de los votos, será la derrota más holgada de las últimas tres décadas, considerando que la última vez ese margen fue superado fue en 1984, cuando Ronald Reagan derrotó a Walter Mondale por más del 15% de los votos.
En ese caso, Trump seguramente dirá: “se los dije, la votación fue amañada” y Hillary Clinton comenzará su mandato con el peso de no saber si ganó por sus propios méritos o solamente porque su oponente resultó ser el candidato menos calificado y más ridículo de toda la historia de los Estados Unidos.

domingo, 30 de octubre de 2016

La Resolución de 1979

El planteamiento asumido por los países de la OEA, con la única excepción de Chile, el 31 de octubre de 1979, no es una utopía, defiende la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado para obtener un acceso soberano al mar.
Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por Cambio 


Fuente: Salazar Paredes, Fernando (2015) El mar dentro de nosotros. Pág. 396 
El 31 de octubre de 1979, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), congregados en el viejo hotel Sheraton de La Paz, aprobaron la Resolución AG/RES.426 (IX-0/79) mediante la cual la Asamblea General de ese organismo declaró que el problema marítimo boliviano es un asunto “de interés hemisférico permanente” y resolvió: “Recomendar a los Estados a los que este problema concierne, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Ese mismo día, a tan solo unas cuadras de dicho hotel, en la entonces clínica Santa Isabel, nacía quien escribe estas líneas.
Ciertamente, esos dos hechos, aparentemente no relacionados, hoy se conjuncionan para introducir los comentarios del autor, que nació junto a la Resolución de 1979 y que, 37 años después, la defiende como la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado, que básicamente plantea resolver el asunto marítimo mediante una negociación que le devuelva a nuestro país una salida soberana al mar. Dicha doctrina, que se ha convertido en una verdadera política de Estado boliviana, fue inaugurada en 1910 por el insigne canciller Daniel Sánchez Bustamante Vásquez, complementada en 1950 por su más prolífico ejecutor, Alberto Ostria Gutiérrez, y recientemente capitalizada en una demanda jurídica victoriosa por el presidente Evo Morales Ayma.
La Resolución de 1979 resume en pocas palabras lo que plantea la doctrina boliviana del arreglo negociado: una negociación que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima, que tenga en cuenta “los derechos e intereses de las partes involucradas” y “el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. Esos lineamientos, que vendrían a ser los más importantes para iniciar conversaciones entre La Paz y Santiago sobre este tema, no eran nuevos en 1979, sino que ya habían formado parte de las negociaciones boliviano-chilenas en 1920, 1923, 1926, 1950 y 1975. Es decir que no se trataba de un planteamiento novedoso, todo lo contrario, ya se habían ensayado varias veces, y no sólo eso, Chile había aceptado formalmente esos términos en todas esas ocasiones, aunque solo fue momentáneamente.
El planteamiento de la Resolución de 1979 no es una utopía, como después dijo el Canciller chileno de la época, sino una solución inteligente que pudo haber resuelto este problema definitivamente. No por nada, de los 22 países que estuvieron presentes en la duodécima plenaria (Paraguay no asistió), 21 votaron a favor y solo Chile votó en contra.
Esa apabullante y contundente victoria para Bolivia no habría sido posible sin un contexto internacional favorable y una actuación sobresaliente y eficaz de quienes estuvieron a cargo de la diplomacia boliviana en ese momento: el presidente Wálter Guevara, el canciller Gustavo Fernández y los embajadores Wálter Montenegro, Alberto Crespo y Gonzalo Romero, este último como representante permanente de Bolivia ante la OEA.
Efectivamente, el contexto se mostraba favorable porque la OEA, un organismo fundado en preceptos democráticos, no podía encontrar mejor manera de dar una señal de respaldo a la flamante democracia boliviana, que había sido restituida pocos meses antes, después de un largo gobierno de facto; y otra señal de repudio a la dictadura militar chilena, que ya llevaba seis años en el poder y era seriamente cuestionada por sus violaciones a los derechos humanos.
En esas circunstancias, fue muy acertado organizar la Asamblea en La Paz el año del centenario de la Guerra del Guano y el Salitre que dejó a nuestro país sin acceso al mar, pues eso le dio una fuerza especial al reclamo marítimo boliviano, que no podía pasar desapercibido en tan importante fecha. Era fundamental dejar constancia de que el problema aún estaba pendiente y que los bolivianos no habíamos renunciado a lo que aún consideramos un derecho.
Asimismo, fue clave introducir al final de la resolución, la siguiente disposición: “Continuar la consideración del tema ‘Informe sobre el problema marítimo de Bolivia’ en el próximo período de sesiones de la Asamblea General”, ya que eso nos permitió tener una herramienta punzante para llamar la atención de Chile sobre la importancia que tiene resolver este problema mediante negociaciones. Ciertamente, ante la presión que ejerció la OEA a favor de la causa marítima boliviana, Chile se vio prácticamente obligado a expresar su apoyo a tres importantes resoluciones de la OEA favorables al tema marítimo (1980, 1981 y 1983), que hoy están siendo utilizadas por nuestro equipo jurídico ante la Corte Internacional de Justicia como elementos probatorios de las veces que el Gobierno chileno se manifestó favorablemente sobre este tema.
De igual forma, el organismo regional propició el inició de conversaciones entre La Paz y Santiago en 1983 y 1987, conocidas como la aproximación progresiva y las negociaciones del enfoque fresco, que si bien no condujeron a nada concreto, hoy se suman a las muchas veces que Chile se avino a negociar el asunto marítimo.
El Presidente Guevara en la Asamblea General de 1979
Pero si bien la Resolución de 1979 abrió un periodo de importantes apoyos para la demanda marítima boliviana, no sólo en la OEA, sino también en el Movimiento de Países No Alineados, en esos momentos todo pareció perdido cuando a las pocas horas de la clausura, un golpe de Estado liderado por Alberto Natusch Bush puso fin al gobierno de Guevara, dejando una gran interrogante sobre la aplicación de la referida Resolución.  

Chile aprovechó ese acto para hacer caso omiso de la importante Resolución de 1979 y su Embajador ante la OEA, Pedro Daza Valenzuela, dijo “eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido”, sin considerar que él estaba representado a un gobierno militar, el de Augusto Pinochet, que también había llegado al poder mediante un golpe de Estado. 

Aunque no podemos negar que la Resolución de 1979 cayó en saco roto en ese momento, con el paso del tiempo y debido a que aún sigue vigente, sus recomendaciones adquirieron un valor muy significativo para la política de reintegración marítima en general y para la codificación de la doctrina boliviana del arreglo negociado en particular, que es, sin duda, el mejor camino que tiene Bolivia para llegar al mar.

sábado, 15 de octubre de 2016

Reunión de los Países Sin Litoral en Bolivia

Los días 13 y 14 de octubre de 2016 se realizó la Conferencia sobre Transporte Sostenible de los países Sin Litoral en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia que dio mucho que hablar por las trabas que enfrenta Bolivia para acceder al mar y por la presencia del Primer Vicepresidente del Perú, Martín Vizcarra. A continuación una entrevista en las que tuve el privilegio de emitir mi opinión:


En Levántate Bolivia de Cadena A, 14/10/2016



domingo, 25 de septiembre de 2016

A un año del histórico fallo de La Haya

Por: Andrés Guzmán Escobari 


“Tuve el privilegio de estar en el lugar de los hechos, en la Corte Internacional de Justicia, donde puede apreciar directamente cómo se desarrollaron los acontecimientos”.  

Los bolivianos que estuvimos presente aquel histórico día. 
Hace un año, el 24 de septiembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer su decisión sobre la excepción preliminar de incompetencia que había presentado Chile, en el marco del proceso "Obligación de negociar un Acceso al Océano Pacífico”, que había sido instituido por Bolivia en 2013. Ese día, el presidente de la Corte, Ronny Abraham, leyó el fallo mediante el cual el órgano judicial más importante de las Naciones Unidas rechazó la objeción preliminar chilena y se declaró competente para conocer el caso por 14 votos a favor de 16 posibles. 

El fallo fue celebrado apoteósicamente en Bolivia, puesto que, además de darle una importante victoria inicial a nuestro país, marcó un hito trascendental en la historia del problema marítimo boliviano que, como bien sabemos, ha estado plagada de frustraciones y desencantos. En mi caso particular, tuve el privilegio de estar en el lugar de los hechos, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde puede apreciar directamente cómo se desarrollaron los acontecimientos. 

En efecto, en esos momentos me encontraba estudiando en Ámsterdam, a 45 minutos en tren de La Haya, y como siempre me había interesado en el tema marítimo, tomé las previsiones del caso para estar presente. Una semana antes le escribí a mi viejo amigo y compañero de curso de la Academia Diplomática, Luis Rojas Martínez, que trabaja en la Embajada de Bolivia en Holanda, para preguntarle si podía hacer una reservación, me respondió que no, que no podía hacer tal cosa para personas particulares y que el ingreso para el público era por orden de llegada, por lo que me recomendó ir temprano. 

Así, considerando que la lectura del fallo se había fijado para las 15:30, y que la Corte abre sus puertas a las 8:30, decidí madrugar. Arribé al lugar a las 8:20, no había nadie, estaba nublado y llovía tímidamente. A los pocos minutos un hombre de uniforme azul encendió las luces y abrió la puerta, le dije que había ido a escuchar el fallo y que era boliviano, su rostro esbozó una sonrisa socarrona y me dijo que faltaba mucho. Aun así, decidí permanecer en el lugar para asegurarme de ser el primero en la fila. En eso, unos indígenas de ponchos coloridos llegaron al lugar con pancartas que decían "Chilenos delincuentes, incumplen tratados internacionales”. Eran unos mapuches que querían protestar contra de La Moneda, haciendo causa común con Bolivia. Se apostaron en la plaza del Palacio de la Paz donde yo debía reunirme, a las 10:30, con el experimentado diplomático boliviano Carlos Antonio Carrasco, quien sí tenía la entrada asegurada porque contaba con una credencial de periodista. 

El embajador Carrasco llegó puntualmente y me sugirió ir a un café cercano a conversar. Acepté la sugerencia, no sin antes pedirle al hombre de azul que me reserve el puesto. Al cabo de una hora volví presuroso y me encontré a los cinco primeros asistentes, eran dos colombianos, estudiantes de derecho internacional, un señor de las Islas Marshall, cuyo Gobierno también tiene un proceso ante la CIJ sobre la obligación de negociar, y tres bolivianos: dos cochabambinas que me invitaron  cuñapés, y un boliviano-holandés, que llevaba la tricolor en la espalda. Después llegó una tarijeña más, con lo que se completó el grupo de bolivianos que estuvimos en el Palacio de La Paz aquel histórico día. En el entretanto arribaron cerca de 10 chilenos que saludaron respetuosamente, pero que no se abstuvieron de lanzar algunos vivas para su país. 

Cerca del mediodía, los periodistas de ambos países habían tomado la plaza. Algunos de ellos me entrevistaron. Recuerdo en especial a un chileno de un medio radial que me hizo preguntas tales como: ¿a qué hora llegaron los amigos bolivianos? Y ¿cuánto viajaron para llegar hasta acá?, como si yo fuera un hincha de la barra brava de Bolivia y no alguien que también pudo haberle dado una opinión sobre el juicio. Mientras tanto, el embajador Carrasco, que era el más requerido por los medios, se encargaba de sembrar intrigas en la prensa chilena, tal como él mismo lo reconoció más tarde. 
Con el Embajador Carlos Antonio Carrasco.
De repente había llegado la hora, los guardias de seguridad nos abrieron las puertas del majestuoso Palacio de La Paz y mientras atravesábamos los detectores de metal y los elegantes pasillos de ese mítico recinto, me invadió una sensación de nervios y emoción que no había sentido antes. 

La sesión se inició con gran solemnidad. Abraham saludó a las partes y comenzó a leer el fallo en francés. En los antecedentes destacó que Bolivia nació con una costa de varios cientos de kilómetros y que Chile había declarado la guerra a Bolivia y Perú en 1879, lo cual ya era un triunfo para nuestro país. Luego descartó la argumentación chilena de que el objeto de la demanda boliviana era la soberanía territorial y concluyó que dicho objeto es si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al mar y, en caso afirmativo, si Chile ha incumplido esa obligación. Seguidamente resumió los argumentos de las partes y desarrolló la posición de la CIJ, dándole la razón a Bolivia en todos los puntos. Fue particularmente emocionante escuchar que el asunto planteado por nuestro país no está regido por un tratado vigente en 1948, cuando se firmó el Pacto de Bogotá, ni fue resuelto por el arreglo de las partes, en 1904, tal como había alegado Chile.

En ese momento, no le di mayor importancia a la aclaración de que la Corte no puede predeterminar el resultado de una eventual negociación -punto que luego sería usado por las autoridades chilenas para decir que la CIJ había "mutado” nuestra demanda-, porque eso era obvio, la Corte había aclarado lo mismo en el caso Gabcíkovo-Nagymaros, Hungría c. Eslovaquia de 1997, y porque la demanda boliviana había planteado una negociación como medio para llegar al resultado deseado: un acceso soberano al mar, precisamente porque la Corte no puede imponer ese resultado.

Finalmente, Abraham leyó la parte conclusiva ya mencionada en inglés y dio por concluida la sesión. Los chilenos se retiraron molestos y mi amigo Luis abrazó fuertemente a nuestro agente, Eduardo Rodríguez Veltzé, dándole una palmada en la espalda que retumbó estruendosamente en todo el salón. ¡Bolivia había ganado la fase preliminar!