domingo, 21 de agosto de 2016

La cercanía de la Tercera Guerra Mundial

Por: Andrés Guzmán Escobari

El autor señala que los conflictos internacionales y las tensiones que podrían desencadenar esta controversia armada “se han acentuado y agravado”.


Fuente: Gary Varvel (2015).
Sin el ánimo de exagerar, los conflictos internacionales y las tensiones que podrían desencadenar la Tercera Guerra Mundial se han acentuado y agravado en los últimos años a niveles ciertamente preocupantes. 

En efecto, a partir de 2011, el mundo ha sido testigo del estallido de guerras en Siria (2011), Libia (2011), Sudán del Sur (2013), Ucrania (2014) y Yemen (2014); y los problemas ocasionados por las invasiones de una coalición de países liderada por   Estados Unidos en Afganistán (2001) e Iraq (2003), lejos de solucionarse, se han profundizado y radicalizado seriamente con el empoderamiento del Estado Islámico, que ha logrado sembrar el terror no sólo en el Medio Oriente, sino también en Europa. 

De igual forma, las insurgencias de Boko Haram y Al Shabab en Nigeria y Somalia respectivamente, han provocado el esparcimiento del terrorismo en toda la región norafricana. A lo cual se suma el largo conflicto palestino-israelí, que no parece tener solución, y la disputa territorial entre Pakistán e India que tampoco es reciente. 

Todo ello ha trascendido a su vez, en el surgimiento de una de las peores crisis humanitarias de la historia que se expresa en el desplazamiento forzado de más de 65 millones de personas que han tenido que huir de la guerra y de la persecución, según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR, 2015).

Por si fuera poco, las serias disputas territoriales que han surgido en el mar de China y en la península coreana, donde Corea del Norte ha estado desarrollando un programa militar de empoderamiento nuclear, son un reflejo más de un mundo que no parece haber aprendido de la devastación y de la miseria que dejaron las dos guerras mundiales (1914 – 1918 y 1939 – 1945). 

Pero si bien es cierto que la ONU y algunos de los países responsables de lo que está ocurriendo, como Estados Unidos, han estado trabajando en la solución de estos problemas, es evidente que sus esfuerzos no han sido suficientes para evitar el surgimiento de las nuevas guerras ni la terminación de los conflictos de larga data. 

Un caso particularmente grave es el de Siria, donde lo que comenzó como una protesta contra el gobierno de Bashar al-Ásad, en marzo de 2011, rápidamente se convirtió en una guerra civil de gran escala que ha cobrado la vida de cerca de medio millón de personas, y que ha enfrentado, por un lado, al Gobierno sirio – apoyado por Rusia, Irán y la agrupación política chiita-libanesa Hezbollah – y por el otro lado, a los grupos rebeldes, respaldados a su vez, por Estados Unidos y algunas de las potencias occidentales. Al respecto, es importante destacar que el presidente Barack Obama, de acuerdo con sus promesas electorales de no comprometer a su país en nuevas aventuras bélicas, se ha rehusado a intervenir en Siria, como su antecesor lo había hecho en Iraq y Afganistán. 

Por ese motivo, Obama se ha limitado a desplegar esfuerzos diplomáticos en el grupo que se ha conformado en Ginebra para pacificar la zona, que lamentablemente no ha logrado muchos avances, y a realizar bombardeos aéreos, en coordinación con los países de la OTAN, para debilitar a las fuerzas de al-Ásad y del Estado Islámico, lo cual, como era de esperar, tampoco contribuyó a resolver el conflicto.

Por su parte, Rusia, que tiene una base naval de importancia estratégica en Siria, ha vetado – con la ayuda de China–, cada una de las resoluciones propuestas por los miembros del Consejo de Seguridad para apaciguar al gobierno de Damasco que, en agosto de 2013, y sin importarle mucho la línea roja que había trazado Obama respecto a la prohibición de las armas químicas, arrojó gas sarín y mostaza sobre una parte de su población, presumiblemente rebelde, causando la espantosa, dolorosa e inhumana muerte de más de 300 personas. 

Ante esa situación, que demostró la debilidad coercitiva de  Estados Unidos, que no respondió proporcionalmente a este hecho que desafiaba su autoridad y vulneraba los preceptos más básicos del Derecho Internacional Humanitario, el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió intervenir en el conflicto pero no con el objetivo de detener al Gobierno sirio, sino para defenderlo. En efecto, Rusia mandó aviones Su-30 con el fin de atacar a las fuerzas rebeldes y al Estado Islámico, lo cual, en lugar de contribuir a resolver el problema lo agravó y encendió las alarmas de la OTAN que por primera vez desde los tiempos de la Guerra Fría ha visto pasar cazas rusos, más allá de lo que fue la cortina de hierro. 

Otro caso de gravedad, y que también trae reminiscencias de lo que fue la Guerra Fría (1945 – 1989), es el conflicto que estalló en Ucrania. Allí, las protestas iniciadas en noviembre de 2013 contra la decisión del presidente Víctor Yanukovych de rechazar un acuerdo de mayor integración económica con la Unión Europea, trascendieron en un conflicto de proporciones que generó la preocupación de Occidente y el contento de la vecina potencia rusa. 

En efecto, después de que Yanukovych tuvo que huir, Putin dispuso la ocupación y la consiguiente anexión de la península de Crimea – reconocida por todo el mundo como parte integrante del territorio ucraniano–, con el justificativo de "proteger” y respetar la autodeterminación de sus compatriotas que viven en la zona. Pero si bien la anexión territorial no es nada nuevo para los rusos que durante siglos han seguido una política expansionista para asegurar su acceso a las aguas cálidas del Mediterráneo y del mar Negro, y de hecho, el mismo Putin hizo algo similar en 2008 cuando dispuso ocupar las provincias georgianas de Abjasia y Osetia del sur,  para los países del mundo occidental y sobre todo para los miembros de la OTAN, la jugada geopolítica del Kremlin es sencillamente inaceptable, pues no sólo representa una afrenta al sistema internacional de fronteras, sino que es la primera vez que se modifica el mapa de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.        

Este increíble suceso, que ocurrió hace tan sólo dos años, en 2014, soliviantó divisiones étnicas en Ucrania que, a su vez, propulsó la realización de un referendo, mediante el cual, los habitantes de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk, colindantes con Rusia, declararon su independencia. Pero como el gobierno de Kiev no reconoció los resultados de ese referendo, estalló la guerra entre por un lado, los ucranianos separatistas pro-rusos –que según Kiev y la OTAN están siendo financiados y apoyados por Moscú, aunque este último lo niega– y las fuerzas militares de Ucrania que, al contrario de los que se podía esperar, no están recibiendo el apoyo decidido de la OTAN ni de Estados Unidos, que han preferido mantenerse al margen. Pero si bien se han hecho algunos esfuerzos diplomáticos entre Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, que se han reunido en Minsk para intentar el cese de las hostilidades, los acuerdos alcanzados en la capital bielorrusa no han sido respetados en el campo de batalla.  

Aunque explicada muy brevemente, toda esta situación, que una vez más nos demuestra que la violencia sólo genera más violencia y que el sistema internacional del mantenimiento de la paz, configurado en torno a la ONU, requiere una reestructuración que lo haga más eficiente,  nos permite advertir con mucha preocupación que la Tercera Guerra Mundial está cada vez más cerca.

sábado, 6 de agosto de 2016

191 años de independencia

El 6 de agosto de 2016, Bolivia cumplió 191 años de independencia. Una historia que refleja la esencia diversa de la nación boliviana, tanto en lo étnico como en lo geográfico. Al respecto, tuve el gusto de participar, junto al analista Fernando Mayorga, en la siguiente entrevista sobre la situación actual del país. 


                                             Último Round de Abya Yala, 05/08/2016

jueves, 28 de julio de 2016

La visita del Canciller Choquehuanca a los puertos de Chile

En atención a las numerosas denuncias de maltrato que los transportistas bolivianos elevaron a todos los medios posibles en el último tiempo y con el propósito de verificar el cabal cumplimiento del Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, una comisión del Estado Plurinacional de Bolivia, liderada por el Canciller David Choquehuanca Céspedes, realizó una visita a los puertos de Arica y Antofagasta.
Al respecto, tuve el gusto de participar en la siguiente entrevista que fue grabada el 19 de julio de 2016, antes de que el Presidente Morales anuncie que Bolivia no actuaría en reciprocidad frente a la decisión chilena de denunciar el Convenio sobre exención de visas para funcionarios diplomáticos y oficiales.


En QNMP con César Galindo, 19/07/2016. 

miércoles, 20 de julio de 2016

La presentación de la Contramemoria chilena

El 13 de julio de 2016, el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, José Miguel Insulza, en compañía del Canciller chileno, Heraldo Muñoz, presentó la Contramemoria de su país en el caso disputado con Bolivia sobre la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Al respecto, tuve la oportunidad de expresar mi opinión en las siguientes entrevistas.


En Tres en línea de Bolivia TV, 06/07/2016



En último round de Abya Yala TV, 13/07/2016


domingo, 10 de julio de 2016

La islamofobia detrás del Brexit

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón (edición impresa)

La tibia defensa del proceso de integración europeo por parte de quienes propugnaron el Bremain, fue uno de los determinantes del triunfo del Brexit, que fue impulsado con un discurso islamofóbico.  

Un partidario del Brexit enfrenta a un musulmán. Fuente: World Bulletin
Existen varias razones para explicar el triunfo del Brexit (British exit o salida británica de la UE), entre las que destacan el resurgimiento del “espléndido aislamiento” que caracterizó a la política exterior británica durante muchos años y que al parecer ahora se pretende retomar, y la recuperación de la independencia político-económica que, según los propulsores de esta decisión, se había perdido desde que el Reino Unido ingresó a la Unión Europea (UE). Pero la razón más importante o al menos la más llamativa, es la islamofobia que estuvo detrás de esta determinación adoptada en el referéndum del pasado 23 de junio.

En efecto, dada la enorme preocupación que generó el surgimiento de grupos terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico (Daesh), que se basan en una versión distorsionada del islam para cometer actos de terrorismo; la seguridad de la población y las políticas de migración, se han convertido en los asuntos de más alta prioridad para los gobiernos de los países que participaron en las invasiones y/o bombardeos de Afganistán, Iraq, Somalia, Siria y Libia, todos ellos conformados por mayorías musulmanas.

Aprovechando esa preocupación y también los efectos de los gigantescos desplazamientos humanos que han provocado dichas invasiones y bombardeos desde el medio Oriente y norte de África hacia los países colindantes y Europa; las fuerzas de la ultraderecha británica, lideradas por el partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP por sus siglas en inglés) de Nigel Farage, han difundido un discurso euroescéptico e islamofóbico, que cuestiona duramente los beneficios de permanecer en la UE: oponiéndose a la política de inmigración europea que tiende a recibir cada vez más refugiados, criticando la exigua independencia que tienen los miembros de la UE para tomar sus propias decisiones en este y otros temas de interés nacional, y relacionando injustamente a todos los musulmanes y a sus manifestaciones culturales con el terrorismo yihadista.

Pero lo más lamentable es que estas ideas, que por la coyuntura y la desinformación generan una gran aceptación popular, no fueron rechazadas del todo ni por los conservadores que actualmente gobiernan, ni tampoco por los laboristas de centro-izquierda que son de la oposición pero que dijeron estar a favor de permanecer en la UE. Según las críticas, la tibia defensa del proceso de integración europeo por parte de quienes propugnaron el Bremain (British remain o permanencia británica en la UE), fue uno de los factores determinantes en el triunfo del Brexit (BBC, 24/05/2016).

Esta política nacionalista pero populista de la extrema derecha, que apela al desconocimiento de la población para conseguir votos, y que genera un escalofriante recuerdo de lo que fue el antisemitismo nazi de los años 30 y 40 del siglo pasado, está siendo aplicada por la ultraderecha de muchos otros países desarrollados, con la misma irresponsabilidad que determinó el retiro británico de la UE.

Efectivamente, en Estados Unidos, con un discurso muy parecido, Donald Trump, candidato republicano de la derecha populista, ha logrado cautivar a la mayor parte del electorado en las primarias de su partido de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año, en una campaña signada por epítetos políticamente incorrectos y por una aversión absoluta y manifiesta a los inmigrantes, principalmente musulmanes y mexicanos. De hecho, si Trump es elegido como presidente, tendrá que cumplir sus promesas electorales de deportar a todos los inmigrantes indocumentados y de construir un gran muro en su frontera con México, entre otras cosas.  

Captura de pantalla de una entrevista de CNN a Donald Trump.
De igual forma, en Francia, Marine Le Pen, presidenta del partido de extrema derecha Frente Nacional, ha conseguido un importantísimo triunfo en las últimas elecciones regionales de diciembre de 2015, en las que su partido obtuvo la mayoría de los votos, y sólo pudo ser superado en una segunda vuelta, por la alianza de otros partidos de centroderecha e izquierda. De hecho, gracias a sus propuestas de prohibir el Corán y cerrar las fronteras a los inmigrantes, Le Pen también mantiene buenas posibilidades de convertirse en presidenta de su país, posición desde la cual podría promover el retiro de Francia de la UE y de la OTAN, tal como ya lo ha planteado.

En otros países de la Unión la visión islamofobica y euroescéptica también ha ganado espacios, como en Austria, donde Norbert Hofer del partido de extrema derecha, Libertad de Austria, obtuvo la mayor parte de los votos en las elecciones realizadas en abril pasado, siendo derrotado después por la centroizquierda, en la segunda vuelta, por menos de un punto porcentual (BBC, 22/06/2016).

En la misma línea, el Partido de la Libertad (PVV) del Reino de los Países Bajos, liderado por el ultraderechista Geert Wilder, ostenta actualmente la intención de voto más alta de todas las opciones para las elecciones legislativas que se realizarán en septiembre de este año, y eso gracias, entre otras cosas, a los llamados de su líder a “limpiar el país de marroquíes” (El País, 11/06/2016).   

Ante este sombrío panorama que parece nublarse cada vez más, especialmente para los cerca de 1.500 millones de musulmanes de todo el mundo, incluidos los no más de 50 mil terroristas del Estado Islámico; es bueno recordar que son los pueblos de los países mencionados los que en última instancia decidirán el futuro de Europa y Estados Unidos, y en buena medida también del mundo. En ese sentido, son esos pueblos los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones correctas, para evitar nuevos conflictos y para dar continuidad al proyecto de la UE que tiene que seguir siendo, con o sin el Brexit, el proceso de integración multilateral más avanzado e importante de la historia de la humanidad.  

El fin del modelo neoliberal

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

La crítica del FMI al mondelo neolberal es un indicador objetivo de que dicho modelo pronto llegará a su fin.  


La historia del pensamiento económico es una rama de la economía que estudia el nacimiento, evolución y fin de los paradigmas teóricos que han sido utilizados a lo largo del tiempo para mejorar la distribución de los recursos escasos de una sociedad y para promover el crecimiento y desarrollo económico de las naciones. 

Así, desde que el mercantilismo y la fisiocracia fueron adoptados como los paradigmas dominantes a principios de la edad moderna (s. XVII) por los jóvenes Estados-Nación europeos, muchos otros movimientos teóricos han predominado en las políticas económicas a lo largo de la historia. Entre los más importantes destacan los clásicos (liberales), neoclásicos, marxistas, keynesianos, monetaristas y, en nuestros días, los neoliberales (para muchos una variación de la escuela monetarista), que han conseguido imponer su visión como en el paradigma económico más importante de las últimas tres décadas.  

En efecto, desde que los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, aplicaran políticas de apertura y desregulación de mercados, y las combinaran con una reducción del aparato estatal al mínimo (dejando en manos de los privados buena parte de los servicios públicos), muchos otros países de todo el mundo adoptaron medidas similares que han marcado el surgimiento del referido paradigma neoliberal.
Margaret Thatcher y Ronald Reaga. Fuente: The Guardian
A principios de los años 90, tras la caída del muro de Berlín y la consiguiente desintegración de la Unión Soviética, que supuso el fracaso del modelo comunista que había propugnado Moscú desde 1917; Estados Unidos, como vencedor de la guerra fría, se concentró en expandir su modelo capitalista de corte neoliberal en todo el mundo. Para hacerlo en América Latina, diseñó un paquete de diez medidas de política económica conocido como el “Consenso de Washington”, que fue elaborado por John Williamson en base a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro estadounidense.

Bajo esas consignas, basadas principalmente en que los mercados se corrigen a sí mismos y que los esfuerzos de los gobiernos deben concentrarse únicamente en el control de la inflación; todos los países de la región - excepto Cuba -, aplicaron políticas neoliberales con resultados muy negativos en la mayoría de los casos: aumento de los déficits fiscales, altas las tasas de desempleo, y sobre todo, un sostenido incremento de la desigualdad e inequidad de los ingresos. 

Por ese motivo, los países más escarmentados empezaron a elegir gobiernos de izquierda desde finales del siglo XX y los otros, con algunos matices de la socialdemocracia, decidieron continuar por el camino de la derecha neoliberal.

Así, el modelo neoliberal, que según Joseph Stiglitz ha sido ideado para favorecer a determinados intereses y no al conjunto de la sociedad, pues nunca ha estado respaldado por la teoría económica ni por la experiencia histórica; ha sido defendido por sus propulsores con sendas explicaciones que, entre otras cosas, acusan a los responsables de su implementación de no haber seguido cabalmente las recetas de la política neoliberal (en términos de liberización y austeridad), y de haber contaminado los procesos de privatización (“capitalización” en Bolivia) con clientelismo y corrupción.

Pero si bien no podemos negar que esto último es cierto, los defensores del modelo neoliberal tampoco han podido explicar por qué tampoco se consiguió aumentar la productividad y disminuir las tasas de desempleo de los países en que se aplicó el modelo, tal como se tenía previsto.  

No obstante, a pesar de que tradicionalmente las explicaciones de los defensores del neoliberalismo han resultado insatisfactorias o al menos insuficientes, a finales de mayo, el FMI reconoció por primera vez las falencias de la agenda neoliberal en un artículo (clic aquí para ver el artículo) publicado en su página web, titulado Neoliberalismo:¿Sobrevendido? (Neoliberalism: oversold?), que destaca tres conclusiones inquietantes: “1) los beneficios en términos de aumento del crecimiento parecen difíciles de establecer cuando se considera a un grupo grande de países; 2) el costo en términos de aumento de la inequidad es prominente; y 3) el aumento de la inequidad a su vez, daña el nivel de crecimiento sostenible. Incluso si el crecimiento es el único propósito de la agenda neoliberal, los defensores de dicha agenda aun necesitan poner atención en los efectos distributivos”.

Estas afirmaciones, que por primera vez se enfocan en la causa de los problemas económicos y no en sus síntomas, como lo había venido haciendo el FMI en otras publicaciones, fueron duramente criticadas por algunos de los tradicionales defensores del modelo neoliberal. El diario británico Financial Times, reaccionó señalando que “El ataque contra el neoliberalismo es peligroso. Se da aire a los regímenes opresores de todo el mundo que también se posicionan radicalmente contra el liberalismo, y someten a sus poblaciones a una política económica ineficiente y a la desigualdad extrema usando todo el poder del Estado” (clic aquí para leer el artículo). Por su parte, la revista norteamericana Forbes (clic aquí para ver el artículo), aseguró que “el FMI no ha rechazado ni el neoliberalismo ni la austeridad, sólo los ha examinado”. Según esa publicación, el FMI “ha señalado que ciertos aspectos de la política económica de las últimas décadas no han funcionado tal cual como se había deseado y posiblemente se requiere un pequeño replanteamiento. Sin embargo, la orientación general de la política ha tenido efectos muy beneficiosos”.

No obstante, a pesar de estos últimos comentarios y teniendo en cuenta que siempre habrá quienes no lo quieran admitir, lo señalado por el FMI es un reconocimiento explícito, valiente y honesto, de que el modelo neoliberal tiene serias falencias, principalmente en cuanto a la redistribución equitativa de la riqueza, y es por tanto, un indicador objetivo de que dicho modelo pronto llegará a su fin.   

martes, 5 de julio de 2016

El lento desminado de las fronteras de Chile

Tras el anuncio que hizo el gobierno de Chile, respecto a que publicaría un libro titulado "Vocación de Paz", el Presidente Evo Morales pidió a las autoridades chilenas que primero retiren sus minas antipersonal y antitanque de la frontera, en un claro intento por resaltar la contradicción que existe entre el discurso pacifista de la actual administración chilena y el mantenimiento de minas antipersonal y antitanque en sus fronteras. Al respecto, y también en relación al ingreso de Bolivia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se realizaron las siguientes entrevistas: 

Contraparte de Cadena A, 28/06/2016


La Primera de ATB, 29/06/2016


Lo que queda del día de Abya Yala TV, 29/06/2016


QNMP de Red Uno, 29/06/2016

sábado, 25 de junio de 2016

Los primeros pasos en la demanda chilena sobre el Silala

Después de que Chile presentara una demanda contra Bolivia sobre la naturaleza de las aguas del Silala, ambos gobiernos adoptaron las primeras medidas para enfrentar el proceso instalado en la Corte Internacional de Justicia, entre ellas, la preparación para la primera reunión de Agentes que tiene el propósito de definir el cronograma inicial. Al respecto, tuve la oportunidad de referirme a estos temas en las siguientes entrevistas: 

TVU, Por la Mañana, 20/06/2016.



Bolivia TV, Tres en Línea, 20/06/2016.


Abya Yala TV, 24/06/2016


domingo, 19 de junio de 2016

Mas entrevistas por el Silala

Después de que Chile presentara una demanda contra Bolvia ante la Corte Internacional de Justicia, para que la misma declare que "el sistema del río Silala, junto a sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional", se produjeron varios comentarios de las autoridades de ambos países y un duro intercambio de pareceres entre los Cancilleres David Choquehuanca de Bolivia y Heraldo Muñoz de Chile, en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Santo Domingo - República Dominicana.

Sobre estos temas, a continuación dos entrevistas que me hicieron y la respuesta del Canciller boliviano, David Choquehuanca, a las afirmaciones de su homólogo chileno, que se permitió afirmar: "no existen temas pendientes entre Chile y Bolivia".


En Cadena A, Levántate Bolivia con Juan Carlos Arana, 15/06/2016. 


En PAT, Hola País, con Natalia Girard. 15/06/2016


Replica del Canciller David Choquehuanca en la Asamblea General de la OEA, 14/06/2016


  

La exánime diplomacia chilena

Por: Andrés Guzmán Escobari

La Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, dice el autor.


Fuente: Revista Qué Pasa. 
La diplomacia es un método estratégico de las relaciones internacionales que utilizan los Estados para hacer valer sus intereses nacionales respecto a otros actores del sistema internacional. Se trata de una forma de conducir la política exterior de un país, ampliamente reconocida por la comunidad de naciones, que privilegia la negociación y el lobby diplomático por sobre el uso de la fuerza y los mecanismos jurídicos de solución de controversias.  

Aunque Chile también ha utilizado la fuerza en ciertos momentos de la historia, como bien lo sabemos bolivianos y peruanos, y ahora ha decidido acudir a la justicia internacional para resolver el tema del Silala,  su política exterior se ha basado tradicionalmente en el buen uso de los mecanismos diplomáticos. De hecho, desde el nacimiento de la República, esa vocación negociadora le ha permitido al país del Mapocho insertarse y luego de la dictadura, reinsertarse al comercio mundial a través de los diversos tratados de libre comercio que Santiago suscribió con varios países de todo el mundo. 
 
Asimismo, la diplomacia le ha servido al gobierno de La Moneda para resolver serios problemas de larga data con sus otros dos vecinos. Efectivamente, con Perú alcanzó un acuerdo sobre la aplicación del Tratado de Lima de 1929 (Artículo 5) que había provocado agudas fricciones entre ambos países durante 70 años (1929 – 1999), y con Argentina logró una solución, también gracias a la mediación del papa Juan Pablo II, sobre la soberanía en el canal de Beagle, que había ocasionado peligrosas tensiones durante casi 100 años (1888- 1984).     
 
Con Bolivia, a pesar de que evidentemente la diplomacia no ha servido para resolver los asuntos pendientes, sí ha propiciado importantes acercamientos en los que Chile se avino a negociar u ofreció negociaciones a Bolivia para resolver el problema que genera el enclaustramiento geográfico. 
 
No obstante, a pesar de esa larga tradición negociadora que tan buenos resultados les ha traído a los chilenos, en los últimos años -desde que Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)- la Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, pero también desplazando a su diplomacia, que consecuentemente ha quedado exánime, al menos en sus relaciones con Bolivia.  
 
En efecto, a finales de 2010, después de haberse comprometido a "conocer, analizar y responder” todas las preguntas referidas a la solicitud boliviana de incluir la "deuda histórica” en el preacuerdo alcanzado en 2009 sobre el Silala y a realizar un informe al respecto para ponerlo en consideración de los vicecancilleres (Punto VII, Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas: 14/07/2010),  Chile decidió cancelar la reunión de la Agenda de 13 puntos en la que se tenía que dar cumplimiento a dichos compromisos, y nunca más se tocó el tema de manera oficial, hasta que el 6 de junio de 2016, cuando Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la CIJ para que ésta reconozca que "el sistema del río Silala y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional”.  
 
Esta judicialización de la política exterior chilena no fue súbita ni repentina. Un primer antecedente se produjo en los años 70 del siglo pasado, cuando Chile se enfrentó a la Argentina por el control del canal del Beagle en un arbitraje encargado al Reino Unido, el cual le dio su primera y hasta ahora única victoria judicial al país del Mapocho. Pero como en esa ocasión el laudo arbitral le otorgó la mayor parte del territorio en disputa a Chile, Buenos Aires lo declaró "insanablemente nulo” y las tensiones subieron hasta casi provocar una guerra, que felizmente se evitó, como ya se dijo, gracias a la diplomacia y a la mediación papal. 
 
Desde entonces, Chile ha experimentado el sabor de la derrota jurídica -siempre matizada por sus autoridades- en dos ocasiones: 1) en el mismo juicio contra el Perú, cuando la CIJ determinó que el límite marítimo entre ambos países no sigue el paralelo geográfico a lo largo de 200 millas marinas como sostuvo la defensa chilena durante el proceso, sino sólo a lo largo de 80 millas marinas y de ahí a través de una línea equidistante, esto último como lo había solicitado la demanda peruana (lo cual supuso en los hechos la devolución de parte de Chile al Perú de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, que corresponden a casi 28.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 22.000 kilómetros cuadrados de "mar presencial”); y 2) en el juicio con Bolivia, cuando la misma Corte rechazó la objeción preliminar de incompetencia chilena por un holgado margen de 14 votos a dos (los dos votos que no respaldaron la decisión de rechazar la objeción chilena, no fueron favorables a Chile, sino que proponían establecer que la objeción de competencia no era estrictamente preliminar y que debía ser considerada en el proceso de fondo).
 
No obstante, a pesar de las derrotas y de las amenazas que hicieron varios políticos chilenos de retirarse del Pacto de Bogotá, porque supuestamente la CIJ es un tribunal político que falla salomónicamente sin tener en cuenta al derecho internacional, Santiago decidió acudir a esa misma Corte, validando explícitamente su jurisdicción en el caso del Silala y reconociendo, también explícitamente, su facultad para resolver controversias jurídicas entre Bolivia y Chile en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI).
 
Esto último, como era de esperar, fue celebrado por el presidente Evo Morales que no desaprovechó la oportunidad para hacerles saber a los gobernantes chilenos que su demanda, en lugar de acallar las justas y legítimas reclamaciones de Bolivia por éste y otros atropellos, tal como lo estaban pretendiendo las autoridades chilenas según sus propias declaraciones,  les dieron más razón y fuerza. De hecho, en su primera reacción el mandatario boliviano resumió y estableció su posición con la siguiente frase que si bien ofende profundamente a nuestros vecinos, expresa una gran verdad: "nos roban y nos demandan”.    
 
Con todo, una vez que la CIJ determine si Chile tiene algún derecho sobre las aguas del Silala y establezca asimismo, cuánto debe pagar ese país al nuestro por el uso que ha venido haciendo de la parte que innegablemente le corresponde a Bolivia, aún si fuera un río (que es lo que debe solicitar nuestro Gobierno en su contrademanda), esperemos que la mesura y la razón prevalezcan en el país del Mapocho, y consecuentemente, la diplomacia chilena vuelva a la vida.

viernes, 17 de junio de 2016

Precisiones sobre el artículo de Agustín Echalar

Carta de Andrés Guzmán Escobari
 
Señor
Juan Carlos Salazar
Director
Diario Página Siete
REF: Precisiones sobre el artículo de Agustín Echalar 


Señor Director:
 
En referencia al artículo "Aguas de discordia” del columnista Agustín Echalar, publicado el pasado 12 de junio en Página Siete (clic aquí para ver el artículo), me permito hacer las siguientes precisiones que creo que la opinión pública debe conocer. 
 
Primero, el señor Echalar asegura que le causa risa escuchar que el Silala no es un río; porque, según él, la ubicación geográfica de esas aguas nos hace concluir que "se van, tarde o temprano y de una manera u otra manera, a la costa”. Sin embargo, tal como ocurre en otros espacios geográficos similares, es perfectamente posible que existan ecosistemas hídricos cerrados o cuencas endorreicas que no fluyen naturalmente hacia el mar. Decir lo contrario, sin haber realizado los estudios correspondientes y sin conocer los antecedentes de Chile en la desviación de cursos de agua que sí son internacionales (Lauca y Caquena, entre otros) es querer darle la razón a nuestra contraparte sin estar seguro de lo que se afirma. 
 
Segundo, Echalar afirma que el "principal beneficiario de la canalización de esas aguas fue Bolivia”, porque las locomotoras a vapor del tren que transportaba nuestros minerales hacia la costa se alimentaban principalmente del líquido elemento proveniente del Silala. No obstante, teniendo en cuenta que dichas locomotoras fueron reemplazadas por máquinas a diésel en 1958 (o en 1961 según otras versiones) y que aproximadamente a parir de 1915, la empresa que administraba el tren utilizó esas aguas para otros fines (todos ellos lucrativos), resulta ridículo decir que Bolivia ha sido el principal beneficiario.
 
Por último, el autor también critica el justo y comprensible reclamo que hizo el Comité Cívico de Potosí en 2009 de exigir que Chile pague por las aguas del Silala, que efectivamente utilizó durante más de 100 años sin pagar ni un centavo, de manera altamente cuestionable desde que cambiaron las locomotoras a diésel y se extinguió la causa, y el objeto de la concesión que la Prefectura de Potosí le había otorgado a la empresa que operaba el tren en 1908, y de forma absolutamente ilegal desde que dicha Prefectura revocó la referida concesión en 1997. A diferencia de lo que opina Echalar en contra de nuestros intereses, Bolivia tiene todo el derecho de exigir un pago retroactivo a Chile por el principal de la deuda y por sus respectivos intereses acumulados. 
Agradeciéndole su atención, me despido muy atentamente. 
 
Andrés Guzmán Escobari Analista boliviano en temas internacionales

martes, 14 de junio de 2016

Entrevistas sobre la demanda chilena por el Silala

El 06/06/2016, el gobierno de Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para que ésta declare que "el sistema del río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional". Sobre este tema fui entrevistado en algunos medios de comunicación bolivianos como se puede ver a continuación:   

En Contraparte de Cadena A, 06/06/2016



En La Primera de ATB, 07/06/2016




En QNMP de Red Uno, 07/06/2016



Abya Yala TV, 08/06/2016


domingo, 5 de junio de 2016

El retroceso de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari

El incidente por la "base militar patrulla Cariquima" que Chile pretendía instalar a 15 Km. de la frontera, develó nuevos aprestos bélicos de nuestro vecino que fueron denunciados a tiempo por Evo Morales.
La Base Militar Patrulla Cariquima. Fuente: El Deber.
La reciente controversia generada por el establecimiento de una base militar en Cariquima, Chile, a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia (29 kilómetros en carretera), ha provocado reacciones contradictorias e insólitas en el país del Mapocho, que luego fueron complementadas con un notable retroceso. 

En efecto, en un primer momento, el Ministerio de Defensa y la Cancillería de Chile, reaccionaron reconociendo y desconociendo respectivamente, la existencia de dicha base militar. Por una parte, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien alguna vez se manifestó a favor de dar a Bolivia una salida soberana al mar, hizo unas declaraciones en las que confirmó el refuerzo de la seguridad nacional de su país con "la base militar patrulla Cariquima” donde, según él mismo, se tenía previsto establecer un sistema antiaéreo de misiles tierra-aire (M1097 Avenger). Por otra parte, tras la previsible protesta de Evo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado de prensa que, a tiempo de aclarar que se trataba de una "intensificación del patrullaje militar”, señala textualmente: "No existe tal supuesta instalación militar”, "es totalmente infundada la acusación del Presidente boliviano de que Chile habría instalado una base militar ‘ilegal’ a menos de 15 kilómetros de la frontera con ese país, en la zona del Río Silala”. 
Mensajes contradictorios de los ministerios chilenos que el mandatario boliviano puso en evidencia rápidamente y que mostraban una clara intención por asociar el asunto de la base militar con el Silala.
Unos días después, y de manera insólita, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, respondió al Presidente boliviano, posiblemente con el aval de su Cancillería -ente encargado de la política exterior chilena-, para mandar a callar al Mandatario boliviano y acusarlo de muchas cosas, entre ellas, como lo había manifestado la Cancillería, de haber dicho que la base militar de Cariquima estaría "cerca del Silala”, cuando lo que dijo Morales es que está cerca "de la frontera”. En este punto cabe destacar que las autoridades chilenas, con ayuda de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, lograron instalar la percepción, incluso en Bolivia, de que las denuncias de Evo Morales estarían relacionadas con la controversia por los manantiales del Silala, cuando la protesta de Morales, tal como se puede verificar en sus declaraciones, se refiere exclusivamente a la base militar que Chile tenía previsto instalar en Cariquima sin haberlo comunicado a Bolivia, tal como indican los acuerdos sobre la materia y como aconseja la prudencia en estos casos en los que cualquier movimiento militar puede generar comprensibles suspicacias. 
Imagen satelital de Cariquima (a 15 km de la frontera) , Fuente: Google erath
Y si bien no debemos mezclar el tema del Silala con la decisión de instalar una base militar cerca de la frontera, tampoco podemos descartar que el anuncio boliviano de acudir a la justicia internacional para resolver el problema del Silala haya motivado el "aumento” del "patrullaje” militar chileno cercano a la frontera. 
Al respecto, en los últimos cinco años, se ha hecho evidente que las denuncias que ha venido haciendo Evo Morales sobre: 1) el exagerado armamentismo de Chile; 2) las minas antipersonal y antitanque que mantiene enterradas en su lado de la frontera; 3) los ejercicios militares que realiza anualmente el Ejército de ese país cerca de Bolivia y Perú;  y 4) ahora, el establecimiento de una base militar también muy cercana de nuestro territorio  revelan una clarísima y manifiesta intención de mostrar al Gobierno de La Moneda tal como es: socialista y pacifista en el discurso, pero neoliberal y militarista en la práctica. De hecho, a pesar de que la diplomacia chilena se ha esforzado en los últimos cinco lustros por limpiar la mala imagen internacional que le dejó la dictadura de Pinochet y lo han logrado en buena medida, hay que reconocerlo,  todavía no ha dejado de lado su deplorable política de disuasión (Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012 – 2024), que se fundamenta en el paradigma que ha guiado el accionar de Chile históricamente: "por la razón o la fuerza”.      
Pero lo que más llama la atención es que aun cuando las intenciones del Presidente boliviano son claras y manifiestas, las autoridades chilenas siguen sin comprender que su política reactiva, que ahora se manifiesta en reacciones contradictorias e insólitas, ha contribuido poderosamente a levantar más polvo sobre toda esta controversia boliviano-chilena que es precisamente lo que busca Evo Morales con sus denuncias, mostrar  al mundo que Chile es un mal vecino. 
En este aspecto, Evo Morales, principal conductor y único ejecutor de la política exterior boliviana, ha logrado marcar el ritmo de las relaciones con Chile, interponiendo demandas (CIJ, Aladi), anunciando más procesos judiciales y capitalizando cada movimiento militar chileno en favor de sus pretensiones político-estratégicas. Al otro lado, la diplomacia chilena, que en orden de importancia se halla representada por el Canciller, el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, la Presidenta, el Ministro de Defensa y últimamente, la Alcaldesa de Antofagasta,  no ha logrado contrarrestar ni jurídica, ni política  ni comunicacionalmente lo hecho por el mandatario boliviano.     
Karen Rojo, Alcandesa de Antofagasta, Fuente: YouTube
En este selecto grupo de la diplomacia chilena se podría incluir a la subsecretaria de Defensa, Paulina Vodanovic, que fue la encargada de manifestar, a nombre de su gobierno, unas palabras que confirmaron implícitamente el retroceso de establecer una base militar a 15 kilómetros de nuestro país. En efecto, la citada autoridad informó desde Cariquima, donde llegó en un avión militar Hércules (Cariquima cuenta con una pista de aterrizaje a pesar de tener tan sólo 80 habitantes) acompañada de una comitiva de diputados y periodistas: "Esto no es una base militar. Lo que hay aquí son labores propias del Ejército, en un número de 12 personas y de apoyo a la comunidad”. Lo cual, naturalmente fue celebrado por Morales, que aprovechó la ocasión para saludar "el retroceso de instalar una base militar en la frontera con Bolivia y Perú” y dijo que espera que sea el "mensaje de la presidenta Bachelet”.  
Efectivamente, aunque las autoridades chilenas difícilmente reconocerán el retroceso y mucho menos que lo hicieron por las protestas de Morales, es importante que lo hayan hecho porque nuestros problemas no se resolverán con despliegues militares ni políticas de disuasión, sino con esfuerzos sinceros por cumplir lo acordado de buena fe y con políticas de buena vecindad.
   


domingo, 29 de mayo de 2016

La formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Cambio

Durante todo el periodo de tregua (1884 - 1904), Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero". 
Fuente: Jorge Escobari Cusicanqui (2000). 
Aunque el Tratado de Paz y Amistad de 1904 no tiene nada que ver con la demanda que Bolivia presentó en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justica (CIJ), tal como lo reconoció ese mismo órgano judicial en su fallo sobre la objeción preliminar chilena de 24 de septiembre de 2015; el referido instrumento bilateral y las circunstancias en las que fue concebido, han sido objeto de sendos debates entre políticos y académicos, bolivianos y chilenos, que han puesto en evidencia, una vez más, las discrepancias que existen entre las versiones de la historia que predominan en nuestros países. En este caso específico, sobre lo ocurrido después de la guerra del Pacífico, en el periodo de tregua (1884 – 1904), que condujo a la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano.             
En efecto, las discusiones sobre el Tratado de 1904 han seguido enfrentando a bolivianos y chilenos porque Santiago decidió desplegar una estrategia jurídica y comunicacional que pretende convencer a los jueces de la Corte y a la comunidad internacional, de que la demanda boliviana busca modificar dicho acuerdo bilateral de manera encubierta, y porque el Presidente de Bolivia, Evo Morales, no ha perdido ocasión alguna para recordarle al gobierno chileno y al mundo, que el tratado de referencia es injusto, ha sido incumplido por el país del Mapocho y además de eso, ha sido impuesto mediante amenazas y presiones a nuestro país.    
Teniendo eso presente, a continuación se analizan dos puntos específicos de discrepancia en este debate que, a pesar del transcurso de más de un siglo, siguen generando polémica y enemistad entre ambos países.
El primer punto tiene que ver con la aseveración frecuentemente utilizada por las autoridades de Santiago, de que el Tratado de 1904 fue suscrito 20 años después de la guerra, cuando ambos países podían medir bien las consecuencias de lo que estaban firmando y cuando supuestamente, no había ninguna posibilidad de que se reinicien las hostilidades. Al respecto, cabe aclarar que si bien es cierto que transcurrieron dos décadas entre el armisticio y el acuerdo de paz, es importante tener en cuenta que durante todo eso ese tiempo, Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero”, que contribuyó a doblegar la voluntad de los gobernantes bolivianos de hacer lo posible por no perder contacto soberano con el mar.
En efecto, el asfixiante régimen aduanero fue introducido por Chile en el Pacto de Tregua de 1884 (artículo 6) con el propósito inocultable de controlar a nuestro país y forzarlo a aceptar sus condiciones. Dicho Pacto obligó a Bolivia a renunciar a buena parte de sus ingresos aduaneros porque estableció que no podía gravar a las importaciones provenientes del puerto de Arica y muy por el contrario, los comerciantes bolivianos debían pagar el arancel chileno en dicho puerto. Adicionalmente, Chile exigió el resarcimiento de los chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda. Lo cual determinaba para nuestro país una situación de enclaustramiento aún más onerosa que la actual.
No obstante, el Pacto de Tregua, que junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que gobierna las relaciones boliviano-chilenas, no fue libremente consentido por nuestro país sino que fue impuesto por el gobierno de Santiago con la amenaza del uso de la fuerza. En efecto, cuando las autoridades de ambos gobiernos negociaban los términos de la tregua, a principios de 1884, Chile tenía cerca de 20 mil soldados en Puno y Arequipa, listos para invadir territorio boliviano a la primera orden, tal como lo han reconocido algunos historiadores chilenos. Por su parte, Bolivia, con una fuerza militar de cerca de 5 mil hombres en esos momentos, decidió no oponer resistencia y aceptó las condiciones del vencedor.
Por otra parte, si bien es cierto que los gobernantes bolivianos podían medir bien las consecuencias de sus actos en 1904, es importante considerar el contexto en que se desarrollaron esas negociaciones. Bolivia atravesaba una de sus etapas más críticas y difíciles a nivel internacional, debilitada tras haber enfrentado al poderoso ejército del Brasil en una guerra y con serios temas de límites pendientes con todos sus demás vecinos: con Perú por el territorio contiguo al río Tambopata; con Argentina por las dificultades en la demarcación de la línea fronteriza; con Chile, como hemos visto, por el Departamento del Litoral que se hallaba ocupado militarmente; y con Paraguay, por la vieja disputa sobre el territorio del Chaco boreal, que luego provocaría otra guerra.  
Por si fuera poco, toda esta complicada situación, fue deliberadamente agravada por Chile al iniciarse el siglo XX con las amenazas que lanzó su Ministro en La Paz, Abraham Köning, y con las despreciables propuestas que hizo su representante en Lima, Ángel Custodio Vicuña, a los gobernantes del Perú. En efecto, mientras Köning le hacía saber al Canciller boliviano: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”; Vicuña proponía a las autoridades peruanas desmembrar el territorio de Bolivia para repartirlo entre sus vecinos.
El segundo punto de discrepancia, también utilizado con frecuencia por las autoridades chilenas, es el referido a que las máximas autoridades de Bolivia en 1904 fueron reelegidas por el pueblo boliviano en las elecciones que se realizaron después. Lo cual, según la postura chilena, sería una suerte de confirmación de que el Tratado de límites, no fue rechazado por los bolivianos de aquel tiempo.
Al respecto, cabe hacer dos aclaraciones. La primera sobre quiénes elegían y reelegían presidentes en Bolivia en ese entonces: varones que sabían leer y escribir y que tenían bienes a su nombre. Lo cual restringía el sufragio electoral a una reducía minoría encarnada en una oligarquía liberal no indígena, que era también la que gobernaba.
La segunda aclaración se refiere al peculiar hecho de que los principales negociadores chilenos del Tratado de 1904, es decir, el entonces Canciller Emilio Bello Codesido y el entonces Ministro de Chile en La Paz, Beltran Mathieu, ofrecieron una salida soberana al mar para Bolivia unos años más tarde y en nombre de su gobierno. En efecto, Bello vino a La Paz en 1920, en representación de su gobierno, y ofreció, mediante el Acta Protocolizada de 10 de enero, una parte importante de Arica y el ferrocarril que llega a La Paz. Por su parte, Mathieu, como Ministro de Relaciones Exteriores de su país, el 26 de mayo de 1926, aclaró en un Comunicado a todas sus legaciones en el extranjero, que durante las negociaciones con el Perú para resolver el asunto de Tacna y Arica, el gobierno de Chile había aceptado “sacrificar en interés de Bolivia un parte del departamento de Arica”. Lo cual es una especie de reconocimiento de quienes negociaron y suscribieron el Tratado de 1904 por parte de Chile, de que éste no había resuelto definitivamente todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico.
Todo lo dicho demuestra que el régimen jurídico que aún rige las relaciones entre ambos países y que también determinó la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano, fue concebido entre amenazas y presiones del vencedor de la guerra al vencido. 

domingo, 22 de mayo de 2016

El futuro político - diplomático del Pacífico sur

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

La estrategia adoptada por Chile para enfrentar las demandas de Perú y Bolivia presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, es y ha sido totalmente distinta.

Foto satélital del Pacífico sur, Fuente: Google earth.
Al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, las relaciones político-diplomáticas de los países que por su ubicación geográfica concurren a las costas del Pacífico sur, se mantienen como de costumbre, frías y destempladas. Por un lado está Chile que con un discurso legalista y un armamentismo sostenido, intenta prolongar el statu quo territorial impuesto por sus gobernantes a partir del siglo XIX, mediante los tratados que dieron fin a la guerra del Pacífico. Por el otro lado tenemos a Perú y Bolivia, que sin plantear la modificación de dichos tratados, han demandado al país del Mapocho ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin de obtener una delimitación marítima equitativa y un acceso soberano al mar respectivamente.

Pero si bien las dos demandas surgen de problemas derivados de la guerra del Pacífico y ambas fueron interpuestas ante la CIJ en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI), la estrategia adoptada por Chile para enfrentarlas es y ha sido totalmente distinta.

En efecto, para enfrentar al Perú, el gobierno de Chile aceptó aplicar la política de “cuerdas separadas”, que había sido propuesta por el entonces presidente peruano Alan García, con el fin de “resguardar” las inversiones que existen entre ambos países y los intereses económicos de los respectivos inversionistas. Mientras que para enfrentar a Bolivia, La Moneda decidió adoptar una política de “cuerdas entrelazadas”, en la que además de rechazar el juicio como mecanismo pacífico de solución de controversias en este caso, no puede separar lo que se discute en la CIJ de lo que son las relaciones político-consulares, incluyendo la aplicación del libre tránsito para el comercio boliviano en puertos chilenos y las políticas de migración, tal como lo revela un video publicado a mediados de marzo por Santiago.

Por otra parte, a pesar de que en ambos casos las autoridades chilenas rechazaron la existencia de una controversia jurídica y la subsistencia de asuntos de límites pendientes, por haber sido supuestamente resueltos mediante los acuerdos suscritos en 1952 y 1954 con Perú, y en 1904 con Bolivia; la estrategia chilena para enfrentar los dos casos tampoco fue la misma. Frente a la demanda peruana, Chile aceptó ingresar al proceso de fondo sin presentar excepciones de ningún tipo; pero ante la demanda boliviana, decidió objetar la competencia de la Corte de manera preliminar, sin haber logrado lo que buscaba.

Los resultados de dichos procesos hasta el momento, han hecho que la diplomacia chilena también adopte una postura radicalmente diferente frente a Bolivia y Perú, pues mientras que frente al primero mantiene el discurso de que los tratados de límites son “intangibles”, en referencia a la supuesta imposibilidad de revisar el Tratado de 1904; frente al segundo, el gobierno chileno no se ha mostrado dispuesto a respetar lo convenido en el Tratado de 1929, en cuanto a que la frontera terrestre parte “de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta” (Artículo 2º).

Este último punto, además de haber generado una controversia limítrofe por un territorio triangular de 3,6 kilómetros cuadrados, aún pendiente, ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones del discurso legalista de Chile, que se jacta de respetar los tratados internacionales pero que en la práctica no los respeta cuando no le conviene (Perú) o cuando sencillamente no le interesa (Bolivia).

Sumado a ello, el proyecto del corredor bioceánico que debe unir al Pacífico con el Atlántico, también ha tensado el relacionamiento en el Pacífico sur, porque a pesar de que en 2007 los presidentes de Bolivia, Brasil y Chile acordaron construir el corredor entre el puerto brasileño de Santos y el puerto chileno de Iquique; en el último tiempo, el gobierno del Perú ha logrado desviar ese proyecto hacia sus costas en desmedro de los intereses de Santiago y con el beneplácito de La Paz. Lo cual está aún más avanzado en el caso del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá a las terminales portuarias de Santos e Ilo, pasando por territorio boliviano. 

Toda esta sucesión de hechos, agravada por los nuevos casos de espionaje chileno, descubiertos por las Fuerzas Armadas del Perú, y el uso no autorizado de las aguas bolivianas del Silala por parte de Chile, que ya mereció el anuncio de una nueva demanda por parte de Bolivia ante la CIJ; marcan el complejo escenario en el que se desarrollarán las relaciones político-diplomáticas del Pacífico sur en los próximos años.

En ese sentido, el nuevo gobierno del Perú, que estará presidido por Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, y que tendrá que gobernar con un congreso mayoritariamente fujimorista, que podría darle viabilidad política a las concesiones ofrecidas a Bolivia en Ilo el año 2010; deberá lidiar y entenderse con las administraciones de Evo Morales y Michel Bachelet, al menos en sus primeros años, para intentar resolver los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.

El desafío es grande no sólo por la complejidad de los problemas mencionados sino también por las diferencias ideológicas de las autoridades a cargo, pues el nuevo gobierno del Perú, sea de la derecha populista que representa Fujimori o de la derecha neoliberal que encarna a Kuczynski, deberá entenderse con la administración boliviana de izquierda socialista de Morales y con el gobierno chileno de izquierda neoliberal de Bachelet, que tampoco mantienen buenos tratos entre ellos desde hace unos años.

En conclusión, aunque el futuro no parece muy promisorio, como ciudadanos del Pacífico sur no nos queda más que confiar en la habilidad de nuestros gobernantes para entenderse y resolver los problemas que arrastramos desde la guerra del Pacífico. Todo ello para que las futuras generaciones puedan dedicarse a elaborar proyectos de cooperación y desarrollo conjunto, en lugar de trabajar en la solución de los problemas que nos dejaron nuestros antepasados.