viernes, 25 de noviembre de 2016

La historia del Silala en tres periodos

El uso de las aguas del Silala en Chile fue irregular en un primer periodo, altamente cuestionable en una segunda etapa y absolutamente ilegal en la tercera fase, que aún no ha terminado.  

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por ADEMAF (Revista de Estudios Fronterizos Nº11).

Fuente: Los Tiempos (2016)

A finales del siglo XIX, cuando el Departamento del Litoral boliviano se encontraba temporalmente ocupado por Chile, conforme al Pacto de Tregua de 1884, los personeros de la empresa anglo-chilena, The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, empezaron a buscar una fuente de agua limpia (sin salitre) para alimentar las locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro, y encontraron los manantiales del Silala en el Departamento de Potosí, fuera de la jurisdicción chilena.

Al poco tiempo, en 1904, ambos países firmaron la paz y definieron sus límites de tal forma que los manantiales del Silala quedaron dentro de Bolivia, a 3,5 kilómetros de la frontera. En razón de ello, y considerando que la empresa anglo-chilena necesitaba transportar esas aguas hasta la estación ferroviaria de Antofagasta, su representante legal, Benjamín Calderón, solicitó los permisos correspondientes al gobierno de Santiago y a la Prefectura de Potosí. El primero, en una medida unilateral no consultada con Bolivia, le concedió lo solicitado mediante el Decreto Nº 794 de 11 de junio de 1906 y el segundo, en ejercicio de sus atribuciones, también le otorgó lo solicitado a través de la Escritura Pública Nº48 del 21 de setiembre de 1908.  

A partir de entonces y tal como se puede evidenciar en el texto de dichas concesiones, los gobiernos de Bolivia y Chile, utilizaron indistintamente varias definiciones para referirse a las aguas del Silala o del Siloli, que es como también se conocía a esos recursos hídricos en territorio chileno. En efecto, a lo largo de la historia, las autoridades de ambos países emplearon diferentes definiciones para referirse al Silala, tales como: vertientes, río, riachuelo, bofedales y/o manantiales. Lo cual se mantuvo hasta finales de los años 90 del siglo XX, cuando el uso de esas aguas adquirió los rasgos de un conflicto internacional y las dos partes empezaron a radicalizar sus posturas.

Desde entonces, para Bolivia, las aguas del Silala conforman un sistema acuático cerrado de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando los manantiales desde donde fluyen esos recursos hacia territorio chileno mediante canales artificiales que traspasan la frontera. Mientras que, para Chile, es un sistema fluvial, cuyas porciones subterráneas y superficiales conforman un curso de agua compartido que debe ser utilizado equitativa y razonablemente de acuerdo al derecho internacional consuetudinario. Los canales artificiales, según la postura chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo (río), pero no acrecientan su caudal ni alteran su curso.  

En base a estos antecedentes, a continuación se desarrolla un análisis de la historia de las aguas del Silala, que fue dividido en tres periodos de acuerdo al status jurídico que tuvo y aún tiene el uso de esas aguas en territorio chileno.

Primer Periodo (1908 – 1961).
Mediante las citadas concesiones de 1906 y 1908, la empresa de ferrocarriles obtuvo del gobierno de Chile “las aguas del riachuelo Siloli”, “para surtir a la ciudad de Antofagasta, por la totalidad de su caudal”; y de la Prefectura de Potosí obtuvo “las vertientes del Siloli”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del ferrocarril”. Al respecto, cabe anotar que ninguna de las dos concesiones estableció pagos ni plazos de vigencia.
   
De esa manera se inició el primer periodo de esta historia, en que, según lo acordado con la Prefectura de Potosí, la empresa de ferrocarriles sólo tenía autorización para usar las aguas en las operaciones que debían realizar sus locomotoras a vapor. No obstante, como dichas locomotoras requerían 63 metros cúbicos de agua al día para su funcionamiento (0,62 lt/seg.), según las publicaciones de la misma empresa (Claros, 2016), y como el caudal que ingresaba a Chile en esos años rondaba los 6.600 m3/día (76 lt/seg.), se hace evidente que la mayor parte de esos recursos fueron utilizados para otros fines desde un principio. De hecho, a partir de 1915, las autoridades bolivianas recibieron denuncias respecto a la utilización de esos recursos para fines distintos al de su concesión. En razón de lo cual, según el investigador chileno Cristian Faundes (2007: 385), en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.

Este primer periodo se extendió aproximadamente hasta 1961 (hay versiones que indican que fue antes), cuando las locomotoras de referencia fueron reemplazadas por máquinas a diésel (Toromoreno, sin fecha). Con lo cual, la causa y el objeto de la concesión de 1908 se extinguieron automáticamente.

Segundo Periodo (1961 – 1997).
Así se inicia el segundo periodo, en el cual, la utilización de las aguas del Silala por parte de la empresa The Antofagasta and Bolivia Railway se hizo altamente cuestionable, puesto que, las locomotoras ya no necesitaban ni una gota de agua. No obstante, el líquido elemento siguió fluyendo hacia Chile en beneficio exclusivo de dicha empresa por varios años más. En ese tiempo, las importantes utilidades obtenidas por la venta de esas aguas a la población y a la industria minera de Antofagasta, fueron observadas con interés por don Andronico Luksic Abaroa, quien, en 1980, adquirió la empresa de ferrocarriles, la rebautizó con el nombre de Ferrocarril Antofagasta - Bolivia (FCAB) y constituyó con la misma una compañía minera llamada Antofagasta PLC.   

La FCAB, como sucesora de la compañia The Antofagasta and Bolivia Railway, continuó comercializando las aguas del Silala en el norte de Chile como concesionaria exclusiva de las mismas hasta que, en 1990, el gobierno de Santiago, en otra medida unilateral no consentida por Bolivia, decidió otorgarle parte de esa concesión a la empresa estatal del cobre de Chile (CODELCO). Efectivamente, el 22 de marzo de ese año, mediante Resolución Nº 239, la Dirección General de Aguas de Chile concedió a CODELCO (División Chuquicamata) el “ejercicio permanente y continuo por 41 litros por segundo”. Con lo cual, el grupo Luksic tuvo que reducir su consumo de cerca de 180 litros por segundo a casi 140 litros por segundo.

Al respecto, cabe destacar que ni la Prefectura de Potosí, ni el gobierno de La Paz, autorizaron la participación de CODELCO.

Poco después, en 1997, el segundo periodo llegó a su fin, cuando el Prefecto de Potosí, Omar Marzano, en coordinación con el gobierno nacional de Bolivia, revocó y anuló “la concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala” (Siloli)”. Las razones expuestas en la Resolución de revocatoria, que luego fue elevada a Decreto Supremo (Nº 24660, 20 de junio de 1997), fueron: "la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano". "Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".

Tercer Periodo (1997 – 2016).
Así se inició el tercer y último periodo de esta historia, en el cual, el asunto se convirtió en un conflicto internacional. Catalogado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2007: 66-69), como de “alto riesgo” y “un ejemplo actual de la forma en que las fuerzas políticas y socioeconómicas pueden causar un conflicto por un cuerpo de agua”. Según ese mismo organismo: “La cuenca del Silala obviamente es la más vulnerable del continente”.

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos, la utilización de las aguas bolivianas del Silala en Chile pasó de ser altamente cuestionable a completamente ilegal. En efecto, si hasta ese entonces la empresa concesionaria había utilizado las aguas de manera irregular, por haberlo hecho para fines distintos al de su concesión desde un principio, a partir de 1997, dicha empresa no posee ningún permiso de Bolivia para utilizar las aguas bolivianas del cantón Quetena de la Provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí. Empero, las aguas siguen transcurriendo hacia el norte chileno, donde la FCAB y CODELCO, continúan aprovechándolas con fines de lucro.

LOS TRES PERIODOS DE LA HISTORIA DEL SILALA
Periodo
Status de la Concesión de 1908
Uso de las aguas en Chile
1908 – 1961
Plenamente vigente.
Irregular.
1961 – 1997
Se extingue su causa y objeto.
Altamente cuestionable.
1997 – 2016
No está vigente.
Absolutamente ilegal.
Fuente: elaboración propia.

Además de la rescisión de la concesión, en 1999, el gobierno de Bolivia, a través de la Superintendencia de Aguas, convocó a una licitación pública “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”. La cual fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC S.R.L. el 25 de abril del año 2000, por un plazo de 40 años, durante los cuales, dicha empresa debía pagar dividendos al Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de las aguas (Portocarrero, 2014: 10-11).  

Por ese motivo y de acuerdo a sus atribuciones, DUCTEC S.R.L. emitió las facturas correspondientes a los dos únicos usuarios de las aguas: FCAB y CODELCO. Pero no pudo efectivizar el cobro debido a que ambas empresas, la privada y la estatal, se negaron rotundamente a cancelar las facturas y el gobierno de Chile amenazó con recurrir a la justicia internacional (El Mercurio, 05/07/2000).

Desde el entonces el problema ha reflotado cada cierto tiempo, y se ha intentado resolver en varias oportunidades. La última y más importante se produjo entre 2009 y 2010, cuando ambos países llegaron a firmar un preacuerdo sobre el aprovechamiento del “sistema hídrico del Silala o Siloli” (Artículo 1). En ese preacuerdo, que nunca llegó a entrar en vigor, se estableció que “del volumen total de aguas superficiales que actualmente fluyen a través de la frontera”, un 50 % le corresponde a Bolivia y “es de su libre disponibilidad”. Según el preacuerdo, en caso de que ese 50% sea aprovechado en Chile, el Estado boliviano “será compensado por las personas jurídicas de derecho público o privado que se constituyan en aprovechatarias de dichas aguas”, teniendo preferencia las empresas que actualmente hacen uso de las aguas en territorio chileno (Artículos 2 y 6).

El acuerdo no pudo ser concretado porque cuando el gobierno boliviano lo hizo de conocimiento público, un movimiento popular, liderado por el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), se opuso rotundamente al mismo aduciendo que no contenía un resarcimiento por el uso pasado que ha realizado la empresa concesionaria desde hace muchos años, como hemos visto. Bolivia puso en consideración de Chile esta situación en las reuniones de la Agenda de los 13 puntos, y le solicitó incluir la “deuda histórica” en el preacuerdo. En un primero momento, Santiago aceptó considerar la petición y los Vicecancilleres de ambos países encargaron al grupo de trabajo del Silala, realizar un informe sobre el pedido boliviano de incluir la deuda histórica, que debía ser presentado en noviembre de 2010, tal como consta en el Acta suscrita el 14 de julio de ese mismo año en La Paz. No obstante, por motivos aún no explicados, Chile decidió cancelar el encuentro de noviembre de 2010 que debía celebrarse en Arica, y no hubo más avances ni en este punto (7), ni en el tema marítimo (punto 6), ni en ningún otro de los temas que se estabab negociando.
 
Ante esa situación, el gobierno de Bolivia decidió recurrir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el tema marítimo y anunció una posible demanda por el Silala, que fue reiterada en marzo de 2016. En eso, el gobierno de Chile se adelantó y demandó a Bolivia ante ese mismo tribunal, para que el mismo falle y declare que “el sistema del Río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario” (CIJ, 2016).     

Al respecto, aunque todavía no conocemos la posición oficial de Bolivia en este proceso puesto que el proceso aún se encuentra en las primeras etapas de su fase escrita, en la que Chile debe presentar su Memoria hasta el 3 de julio de 2017, podemos presagiar con cierta certeza, que muchos de los sucesos aquí relatados y sus implicancias, serán utilizados como los argumentos jurídicos de Bolivia en este caso.

Por último, en cuanto a la demanda chilena, que basa su argumentación en el derecho internacional consuetudinario sobre el uso equitativo y razonable de los cursos de aguas trasfronterizas, es importante recordar que la carga de la prueba recae en el Estado demandante, que deberá demostrar que el Silala es un curso de auga internacional y más importante aún, que el uso que realiza el grupo Luksic y CODELCO de casi la totalidad de las aguas, es un uso equitativo y razonable. 


Referencias

lunes, 14 de noviembre de 2016

La victoria de Donald Trump en EEUU

El 9 de noviembre el mundo entero se sorprendió con el resultado de las elecciones en EEUU que le dieron la victoria al candidato republicano Donald Trump. Al respecto tuve la ocasión de comentar los posibles efectos de ese resultado para en el mundo y para Bolivia en la siguiente entrevista.

Bolivia TV, Arriba Bolivia, 10/11/2016

domingo, 6 de noviembre de 2016

Nueva interrupción al libre tránsito de Bolivia en Chile

El paro de funcionarios públicos en Chile supuso una interrupción del libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos que, según el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, debería estar garantizado a perpetuidad, en todo tiempo y sin excepción alguna. Este problema, que hasta la fecha no se ha resuelto del todo, fue analizado en las siguientes entrevistas en términos de daños económicos y en perjuicios que afectan a la competitividad del comercio boliviano.

Bolivia TV, 03/11/2016


TV off Travel, 04/11/2016

La “amañada” elección presidencial de EEUU

Es evidente que Trump ya empezó a prepararse para una derrota que podría tornarse inédita y hasta vergonzosa, afirma el autor.
 
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

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Photo: DonkeyHotey/flickr/cc
La elección presidencial de los Estados Unidos, disputada intensamente entre Hillary Clinton y Donald Trump, ha llamado la atención de propios y extraños, incluso de personas que nunca antes se habían interesado en estos temas; no sólo por ser la primera vez que una mujer de larga trayectoria en la política se enfrenta a un magnate que nunca ocupó un cargo público, sino sobre todo por la inusual bajeza y vulgaridad con la que se desarrolló la contienda y por los serios cuestionamientos que el candidato republicano ha hecho al sistema electoral estadounidense.
En efecto, durante toda la campaña, ambos contendores estuvieron mucho más enfocados en señalar los errores y supuestos delitos de su oponente, que en proponer planes de política pública para enfrentar los desafíos que tiene su país.
Por un lado, Trump criticó duramente a la candidata demócrata por los correos electrónicos que ella intercambió desde su cuenta privada – no institucional – cuando fue Secretaria de Estado (2009 – 2013). Dichos correos, que contenían secretos de Estado y que podían poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos si hubiesen llegado a manos enemigas, fueron la punta de lanza de la campaña de Trump para desacreditar y desprestigiar a la ex jefe de la diplomacia estadounidense. Todo ello, porque según las encuestas, la irresponsabilidad de Clinton en el manejo de información clasificada decepcionó a mucha gente y alarmó a la mayoría de los estadounidenses que tienen un especial recelo por su seguridad desde los atentados del 11 de septiembre.
Pero Trump no solo utilizó el incidente para generar temor en torno a una eventual victoria de su oponente, sino que además se permitió amenazarla directamente con enviarla a prisión si él llega a la presidencia. Efectivamente, durante el segundo debate presidencial, el candidato republicano dijo que si él gana las elecciones, designará a un fiscal especial para investigar a Clinton e insinuó que ella estaría en la cárcel si él fuera presidente. Lo cual, si bien fue aplaudido por los republicanos que aún apoyan a Trump y que también quieren enjuiciar a Obama por el asesinato del Embajador estadunidense en Bengasi - Libia el año 2012; también le valió muchísimas críticas de parte de los demócratas y de otros grupos que vieron en ese anuncio, un intento por querer recurrir a la persecución política.     
Por el otro lado, Clinton centró su campaña en los comentarios misóginos que hizo su contrincante en varias ocasiones, destacando que Trump no sólo denigra a las mujeres, sino también a los mexicanos, musulmanes y personas LGTB. De hecho, dos días antes del segundo debate presidencial, el Washington Post, un periódico que respalda abiertamente al partido demócrata, publicó un video en el que Trump se jacta de besar y manosear a mujeres hermosas. “Cuando eres una estrella, ellas se dejan” dijo el magnate neoyorquino quien luego tuvo que disculparse no sin antes alegar que eran “comentarios de vestuario” y que el marido de su contrincante había hecho cosas mucho peores.    
De igual forma, Clinton aludió a la ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, a quien Trump llamó “Miss cerdita” por haber subido de peso durante su reinado y “Miss sirvienta” por su origen latinoamericano. Lo cual, sumado a las varias acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el candidato republicano, demostraron que Trump es un hombre machista y misógino según la candidata demócrata, que no ha perdido la oportunidad para mostrarse como una valiente defensora del género femenino.
Así, como la campaña electoral del país más poderoso del mundo en términos económicos y militares, estuvo centrada en los errores y presuntos delitos de sus contendores, y no así en las propuestas que tiene cada cual para gobernar, el electorado se vio forzado a elegir al menos malo de los dos candidatos, lo cual, en una primera instancia, le ha favorecido a Hillary Clinton, que, según las encuestas, mantiene una cómoda ventaja de más del 7% por sobre su contendiente.
Ahora, si bien no podemos fiarnos de las encuestas para predecir el resultado de una elección en la que participarán más de 120 millones de personas, algunas de ellas desencantadas o decepcionadas por lo que ha sido la campaña electoral, y que además tiene un complicado sistema de decisión, determinado por el resultado del ganador en cada estado, y no por el número total de votos; es evidente que Trump ya empezó a prepararse para una derrota que podría tornarse inédita y hasta vergonzosa.
En efecto, el polémico candidato ha dicho varias veces que el sistema electoral estadounidense es fraudulento, corrupto y que la votación está “amañada” (rigged). De hecho, durante el tercer debate presidencial no quiso comprometerse a respetar el resultado de la elección y al día siguiente dijo que sólo lo respetaría si él gana.   
Estas sorprendentes e inusuales declaraciones en una de las democracias más emblemáticas del mundo, además de cuestionar la institucionalidad electoral del país, nos hacen presumir que Trump quiere prevenir lo que podría ser su bochornosa derrota. Ciertamente, si la diferencia entre ambos candidatos supera el 9% de los votos, será la derrota más holgada de las últimas tres décadas, considerando que la última vez ese margen fue superado fue en 1984, cuando Ronald Reagan derrotó a Walter Mondale por más del 15% de los votos.
En ese caso, Trump seguramente dirá: “se los dije, la votación fue amañada” y Hillary Clinton comenzará su mandato con el peso de no saber si ganó por sus propios méritos o solamente porque su oponente resultó ser el candidato menos calificado y más ridículo de toda la historia de los Estados Unidos.

domingo, 30 de octubre de 2016

La Resolución de 1979

El planteamiento asumido por los países de la OEA, con la única excepción de Chile, el 31 de octubre de 1979, no es una utopía, defiende la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado para obtener un acceso soberano al mar.
Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por Cambio 


Fuente: Salazar Paredes, Fernando (2015) El mar dentro de nosotros. Pág. 396 
El 31 de octubre de 1979, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), congregados en el viejo hotel Sheraton de La Paz, aprobaron la Resolución AG/RES.426 (IX-0/79) mediante la cual la Asamblea General de ese organismo declaró que el problema marítimo boliviano es un asunto “de interés hemisférico permanente” y resolvió: “Recomendar a los Estados a los que este problema concierne, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Ese mismo día, a tan solo unas cuadras de dicho hotel, en la entonces clínica Santa Isabel, nacía quien escribe estas líneas.
Ciertamente, esos dos hechos, aparentemente no relacionados, hoy se conjuncionan para introducir los comentarios del autor, que nació junto a la Resolución de 1979 y que, 37 años después, la defiende como la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado, que básicamente plantea resolver el asunto marítimo mediante una negociación que le devuelva a nuestro país una salida soberana al mar. Dicha doctrina, que se ha convertido en una verdadera política de Estado boliviana, fue inaugurada en 1910 por el insigne canciller Daniel Sánchez Bustamante Vásquez, complementada en 1950 por su más prolífico ejecutor, Alberto Ostria Gutiérrez, y recientemente capitalizada en una demanda jurídica victoriosa por el presidente Evo Morales Ayma.
La Resolución de 1979 resume en pocas palabras lo que plantea la doctrina boliviana del arreglo negociado: una negociación que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima, que tenga en cuenta “los derechos e intereses de las partes involucradas” y “el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. Esos lineamientos, que vendrían a ser los más importantes para iniciar conversaciones entre La Paz y Santiago sobre este tema, no eran nuevos en 1979, sino que ya habían formado parte de las negociaciones boliviano-chilenas en 1920, 1923, 1926, 1950 y 1975. Es decir que no se trataba de un planteamiento novedoso, todo lo contrario, ya se habían ensayado varias veces, y no sólo eso, Chile había aceptado formalmente esos términos en todas esas ocasiones, aunque solo fue momentáneamente.
El planteamiento de la Resolución de 1979 no es una utopía, como después dijo el Canciller chileno de la época, sino una solución inteligente que pudo haber resuelto este problema definitivamente. No por nada, de los 22 países que estuvieron presentes en la duodécima plenaria (Paraguay no asistió), 21 votaron a favor y solo Chile votó en contra.
Esa apabullante y contundente victoria para Bolivia no habría sido posible sin un contexto internacional favorable y una actuación sobresaliente y eficaz de quienes estuvieron a cargo de la diplomacia boliviana en ese momento: el presidente Wálter Guevara, el canciller Gustavo Fernández y los embajadores Wálter Montenegro, Alberto Crespo y Gonzalo Romero, este último como representante permanente de Bolivia ante la OEA.
Efectivamente, el contexto se mostraba favorable porque la OEA, un organismo fundado en preceptos democráticos, no podía encontrar mejor manera de dar una señal de respaldo a la flamante democracia boliviana, que había sido restituida pocos meses antes, después de un largo gobierno de facto; y otra señal de repudio a la dictadura militar chilena, que ya llevaba seis años en el poder y era seriamente cuestionada por sus violaciones a los derechos humanos.
En esas circunstancias, fue muy acertado organizar la Asamblea en La Paz el año del centenario de la Guerra del Guano y el Salitre que dejó a nuestro país sin acceso al mar, pues eso le dio una fuerza especial al reclamo marítimo boliviano, que no podía pasar desapercibido en tan importante fecha. Era fundamental dejar constancia de que el problema aún estaba pendiente y que los bolivianos no habíamos renunciado a lo que aún consideramos un derecho.
Asimismo, fue clave introducir al final de la resolución, la siguiente disposición: “Continuar la consideración del tema ‘Informe sobre el problema marítimo de Bolivia’ en el próximo período de sesiones de la Asamblea General”, ya que eso nos permitió tener una herramienta punzante para llamar la atención de Chile sobre la importancia que tiene resolver este problema mediante negociaciones. Ciertamente, ante la presión que ejerció la OEA a favor de la causa marítima boliviana, Chile se vio prácticamente obligado a expresar su apoyo a tres importantes resoluciones de la OEA favorables al tema marítimo (1980, 1981 y 1983), que hoy están siendo utilizadas por nuestro equipo jurídico ante la Corte Internacional de Justicia como elementos probatorios de las veces que el Gobierno chileno se manifestó favorablemente sobre este tema.
De igual forma, el organismo regional propició el inició de conversaciones entre La Paz y Santiago en 1983 y 1987, conocidas como la aproximación progresiva y las negociaciones del enfoque fresco, que si bien no condujeron a nada concreto, hoy se suman a las muchas veces que Chile se avino a negociar el asunto marítimo.
El Presidente Guevara en la Asamblea General de 1979
Pero si bien la Resolución de 1979 abrió un periodo de importantes apoyos para la demanda marítima boliviana, no sólo en la OEA, sino también en el Movimiento de Países No Alineados, en esos momentos todo pareció perdido cuando a las pocas horas de la clausura, un golpe de Estado liderado por Alberto Natusch Bush puso fin al gobierno de Guevara, dejando una gran interrogante sobre la aplicación de la referida Resolución.  

Chile aprovechó ese acto para hacer caso omiso de la importante Resolución de 1979 y su Embajador ante la OEA, Pedro Daza Valenzuela, dijo “eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido”, sin considerar que él estaba representado a un gobierno militar, el de Augusto Pinochet, que también había llegado al poder mediante un golpe de Estado. 

Aunque no podemos negar que la Resolución de 1979 cayó en saco roto en ese momento, con el paso del tiempo y debido a que aún sigue vigente, sus recomendaciones adquirieron un valor muy significativo para la política de reintegración marítima en general y para la codificación de la doctrina boliviana del arreglo negociado en particular, que es, sin duda, el mejor camino que tiene Bolivia para llegar al mar.

sábado, 15 de octubre de 2016

Reunión de los Países Sin Litoral en Bolivia

Los días 13 y 14 de octubre de 2016 se realizó la Conferencia sobre Transporte Sostenible de los países Sin Litoral en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia que dio mucho que hablar por las trabas que enfrenta Bolivia para acceder al mar y por la presencia del Primer Vicepresidente del Perú, Martín Vizcarra. A continuación una entrevista en las que tuve el privilegio de emitir mi opinión:


En Levántate Bolivia de Cadena A, 14/10/2016



domingo, 25 de septiembre de 2016

A un año del histórico fallo de La Haya

Por: Andrés Guzmán Escobari 


“Tuve el privilegio de estar en el lugar de los hechos, en la Corte Internacional de Justicia, donde puede apreciar directamente cómo se desarrollaron los acontecimientos”.  

Los bolivianos que estuvimos presente aquel histórico día. 
Hace un año, el 24 de septiembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer su decisión sobre la excepción preliminar de incompetencia que había presentado Chile, en el marco del proceso "Obligación de negociar un Acceso al Océano Pacífico”, que había sido instituido por Bolivia en 2013. Ese día, el presidente de la Corte, Ronny Abraham, leyó el fallo mediante el cual el órgano judicial más importante de las Naciones Unidas rechazó la objeción preliminar chilena y se declaró competente para conocer el caso por 14 votos a favor de 16 posibles. 

El fallo fue celebrado apoteósicamente en Bolivia, puesto que, además de darle una importante victoria inicial a nuestro país, marcó un hito trascendental en la historia del problema marítimo boliviano que, como bien sabemos, ha estado plagada de frustraciones y desencantos. En mi caso particular, tuve el privilegio de estar en el lugar de los hechos, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde puede apreciar directamente cómo se desarrollaron los acontecimientos. 

En efecto, en esos momentos me encontraba estudiando en Ámsterdam, a 45 minutos en tren de La Haya, y como siempre me había interesado en el tema marítimo, tomé las previsiones del caso para estar presente. Una semana antes le escribí a mi viejo amigo y compañero de curso de la Academia Diplomática, Luis Rojas Martínez, que trabaja en la Embajada de Bolivia en Holanda, para preguntarle si podía hacer una reservación, me respondió que no, que no podía hacer tal cosa para personas particulares y que el ingreso para el público era por orden de llegada, por lo que me recomendó ir temprano. 

Así, considerando que la lectura del fallo se había fijado para las 15:30, y que la Corte abre sus puertas a las 8:30, decidí madrugar. Arribé al lugar a las 8:20, no había nadie, estaba nublado y llovía tímidamente. A los pocos minutos un hombre de uniforme azul encendió las luces y abrió la puerta, le dije que había ido a escuchar el fallo y que era boliviano, su rostro esbozó una sonrisa socarrona y me dijo que faltaba mucho. Aun así, decidí permanecer en el lugar para asegurarme de ser el primero en la fila. En eso, unos indígenas de ponchos coloridos llegaron al lugar con pancartas que decían "Chilenos delincuentes, incumplen tratados internacionales”. Eran unos mapuches que querían protestar contra de La Moneda, haciendo causa común con Bolivia. Se apostaron en la plaza del Palacio de la Paz donde yo debía reunirme, a las 10:30, con el experimentado diplomático boliviano Carlos Antonio Carrasco, quien sí tenía la entrada asegurada porque contaba con una credencial de periodista. 

El embajador Carrasco llegó puntualmente y me sugirió ir a un café cercano a conversar. Acepté la sugerencia, no sin antes pedirle al hombre de azul que me reserve el puesto. Al cabo de una hora volví presuroso y me encontré a los cinco primeros asistentes, eran dos colombianos, estudiantes de derecho internacional, un señor de las Islas Marshall, cuyo Gobierno también tiene un proceso ante la CIJ sobre la obligación de negociar, y tres bolivianos: dos cochabambinas que me invitaron  cuñapés, y un boliviano-holandés, que llevaba la tricolor en la espalda. Después llegó una tarijeña más, con lo que se completó el grupo de bolivianos que estuvimos en el Palacio de La Paz aquel histórico día. En el entretanto arribaron cerca de 10 chilenos que saludaron respetuosamente, pero que no se abstuvieron de lanzar algunos vivas para su país. 

Cerca del mediodía, los periodistas de ambos países habían tomado la plaza. Algunos de ellos me entrevistaron. Recuerdo en especial a un chileno de un medio radial que me hizo preguntas tales como: ¿a qué hora llegaron los amigos bolivianos? Y ¿cuánto viajaron para llegar hasta acá?, como si yo fuera un hincha de la barra brava de Bolivia y no alguien que también pudo haberle dado una opinión sobre el juicio. Mientras tanto, el embajador Carrasco, que era el más requerido por los medios, se encargaba de sembrar intrigas en la prensa chilena, tal como él mismo lo reconoció más tarde. 
Con el Embajador Carlos Antonio Carrasco.
De repente había llegado la hora, los guardias de seguridad nos abrieron las puertas del majestuoso Palacio de La Paz y mientras atravesábamos los detectores de metal y los elegantes pasillos de ese mítico recinto, me invadió una sensación de nervios y emoción que no había sentido antes. 

La sesión se inició con gran solemnidad. Abraham saludó a las partes y comenzó a leer el fallo en francés. En los antecedentes destacó que Bolivia nació con una costa de varios cientos de kilómetros y que Chile había declarado la guerra a Bolivia y Perú en 1879, lo cual ya era un triunfo para nuestro país. Luego descartó la argumentación chilena de que el objeto de la demanda boliviana era la soberanía territorial y concluyó que dicho objeto es si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al mar y, en caso afirmativo, si Chile ha incumplido esa obligación. Seguidamente resumió los argumentos de las partes y desarrolló la posición de la CIJ, dándole la razón a Bolivia en todos los puntos. Fue particularmente emocionante escuchar que el asunto planteado por nuestro país no está regido por un tratado vigente en 1948, cuando se firmó el Pacto de Bogotá, ni fue resuelto por el arreglo de las partes, en 1904, tal como había alegado Chile.

En ese momento, no le di mayor importancia a la aclaración de que la Corte no puede predeterminar el resultado de una eventual negociación -punto que luego sería usado por las autoridades chilenas para decir que la CIJ había "mutado” nuestra demanda-, porque eso era obvio, la Corte había aclarado lo mismo en el caso Gabcíkovo-Nagymaros, Hungría c. Eslovaquia de 1997, y porque la demanda boliviana había planteado una negociación como medio para llegar al resultado deseado: un acceso soberano al mar, precisamente porque la Corte no puede imponer ese resultado.

Finalmente, Abraham leyó la parte conclusiva ya mencionada en inglés y dio por concluida la sesión. Los chilenos se retiraron molestos y mi amigo Luis abrazó fuertemente a nuestro agente, Eduardo Rodríguez Veltzé, dándole una palmada en la espalda que retumbó estruendosamente en todo el salón. ¡Bolivia había ganado la fase preliminar!

viernes, 16 de septiembre de 2016

Reunión de Agentes de Bolivia y Chile

El 12 de septiembre de 2016, los Agentes de Bolivia y Chile para el caso "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico", se reunieron en la Corte Internacional de Justicia con el Presidente de ese Alto Tribunal, Ronny Abraham, para definir los siguientes pasos a seguir. Al respecto, tuve la ocasión de participar en las siguientes entrevistas.

Es Noticia de Telesur, 12/09/2016



La Primera de ATB, 13/09/2016
   

domingo, 11 de septiembre de 2016

Lo que ignoramos los bolivianos

Por: Andrés Guzmán Escobari

Los fuertes cuestionamientos que ha hecho el Presidente Morales al sistema neoliberal que impera en Chile y los escándalos de corrupción que se han descubierto en ese país, han incidido fuertemente en la opinión que tienen los bolivianos sobre el gobierno de Santiago y sobre cómo viven los chilenos, que hasta hace poco eran valorados positivamente.

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Fuente: todanoticia.com
Hace unas semanas, la periodista chilena Vivian Lavín publicó un artículo titulado “Lo que ignoran los bolivianos” [clic aquí para ver el artículo], referido a lo difícil que es comprender a la realidad chilena desde la perspectiva boliviana, cuando los que hablan en nombre del pueblo chileno, en nombre del “Chile profundo”, son justamente quienes están satisfechos con el sistema actual que favorece a los más poderosos.

En efecto, según la autora, el desconocimiento que tenemos los bolivianos de los chilenos y viceversa, es la semilla de la desconfianza y de la odiosidad que hemos visto resurgir en el último tiempo en los discursos y en las acciones de nuestras autoridades. Lo cual, si bien es cierto, no estaría completo si no consideramos que también influyeron las enormes discrepancias que tienen las narrativas maestras de uno y otro país respecto a la historia – especialmente respecto la Guerra del Pacífico -, y la cantidad y gravedad de asuntos pendientes que aún subsisten entre nuestros países.
  
Lavín también afirma que los bolivianos desconocemos el sacrificio que hacen la mayoría de los chilenos para sobrevivir en una sociedad muy desigual, con grandes capitales controlando los recursos naturales y los medios de comunicación, con un sistema de pensiones que en lugar de asegurar una vejez digna para los contribuyentes, “alimenta a la banca y a las grandes empresas que terminan fagocitando el 50 por ciento de todo el dinero que reúnen”, y con un sistema que favorece a unas cuantas familias que se han enriquecido exageradamente en los 26 últimos años de postdictadura y en detrimento del bienestar popular.

Si bien es innegable que en Bolivia tenemos la percepción de que los chilenos viven bien – al menos mejor que nosotros –, porque sabemos que sus indicadores de pobreza y desarrollo humano son mejores que los nuestros; en el último tiempo, las críticas que ha hecho el Presidente Evo Morales al sistema político chileno y las noticias que llegan desde Chile sobre los escándalos de corrupción y el descontento popular, han cambiado un poco esa percepción.

Ciertamente, los fuertes cuestionamientos que ha hecho Morales al sistema neoliberal que impera al otro lado de la cordillera, donde supuestamente gobiernan partidos socialistas y comunistas, y el énfasis que ha hecho respecto a que “todo está privatizado en Chile, hasta el mar”; han incidido fuertemente en la opinión de los bolivianos sobre el gobierno de Santiago y sobre cómo viven los chilenos, que hasta hace poco eran valorados positivamente. De igual forma, la información que se ha difundido a nivel internacional sobre los casos de corrupción que se han descubierto en Chile en el último tiempo, que salpican a casi toda la clase política (oficialismo y oposición), a los empresarios, militares, dirigentes deportivos y otros; también ha tenido una incidencia directa en la apreciación que tiene el boliviano promedio sobre la sociedad chilena. Lo cual ha sido particularmente llamativo por venir de un país que paradójicamente se había hecho conocer por su transparencia institucional e identidad legalista.

Ese cambio de percepción, si bien es reciente y se desarrolla con una buena dosis de desconocimiento, como bien apunta Lavín; también ha hecho surgir la idea de que es el momento oportuno para exigirle a Chile que cumpla sus compromisos de negociar una salida soberana al mar por un lado, y de garantizar el libre tránsito de Bolivia en su territorio y puertos del Pacífico, por el otro. A lo cual se suman los reclamos por la utilización no equitativa ni razonable de los ríos Lauca y Caquena, y por el uso gratuito e ilegal de las aguas del Silala, aunque este último caso fue judicializado por Chile. 

Esa idea de aprovechar la coyuntura, que en buena medida ha guiado las acciones de la diplomacia boliviana en el último tiempo, se fundamenta además en el hecho de que en este lado de la cordillera también hubo transformaciones importantes, pues se ha pasado de una tradicional inestabilidad política y falta de gobernabilidad, que casi siempre había caracterizado a Bolivia, a un periodo en el que se ha logrado mantener una relativa paz social y se han podido ejecutar políticas sociales y económicas de largo plazo. Lo cual, a su vez, es el resultado de las medidas de inclusión social que ha impulsado el actual gobierno para considerar en las decisiones nacionales a importantes segmentos de la sociedad, que habían sido históricamente marginados y discriminados.

Resultado de imagen para la punta del iceberg la aspiracion maritima bolivianaToda esta situación, que representa una suerte de inversión de papeles, donde la inestabilidad política y la debilidad del gobierno ya no son las características de Bolivia sino las de Chile, marca un contexto inédito en la historia de las relaciones boliviano-chilenas que ha trascendido casi inevitablemente en el tensionamiento y distanciamiento que estamos viviendo actualmente, que no sería tal sin los factores ya mencionados: el desconocimiento del otro, las discrepancias de las narrativas maestras y la subsistencia de varios temas pendientes. 

Este cambio de papeles, sin embargo, ya se ha comenzado a estudiar en los ámbitos académicos de ambos países. Una muestra de ello es el libro La Punta del Iceberg, la aspiración marítima boliviana y sus implicancias en la seguridad y defensa de Chile (2015), del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra de Chile, que analiza en detalle la situación política, económica y social de Bolivia desde la perspectiva de los investigadores chilenos: Pablo León, Cristian Faundes, Marjorie Gallardo, Osvaldo Cerpa, Andrea Gaete y Carl Marowski, con el prólogo de Don José Rodríguez Elizondo.

Por el otro lado, los investigadores bolivianos: Daniel Agramont, José Peres Cajias, Marwin Flores, Rodrigo Fernández y quien escribe; también han estado trabajando en un estudio sobre esta situación que pronto saldrá a la luz y que analiza tres aspectos clave de las relaciones boliviano-chilenas: 1) las causas de la extrema dependencia que tiene Bolivia de los puertos chilenos; 2) la aplicación histórica y presente del libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios; y 3) la relación que existe entre las élites económicas chilenas y el comercio marítimo boliviano.

Por todo esto, aunque en las actuales condiciones no es posible augurar una recomposición de nuestras relaciones en el corto plazo, ni tampoco el establecimiento de la paz y la amistad que merecen nuestros pueblos, tal como afirma Lavín; es evidente que al menos en ciertos ámbitos de estudio, existe la intención de construir las bases para superar esas desconfianzas y odiosidades, que por tanto tiempo nos han distanciado y nos han llevado al punto donde estamos. 

sábado, 10 de septiembre de 2016

Los actuales conflictos entre Bolivia y Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado en Revista Pasos

Para ciertos conflictos no nos queda más que confiar en la justicia para que ésta pueda darles solución o al menos contribuya a lograr ese propósito; y para los otros, sólo podemos esperar que nuestros gobernantes tengan la sabiduría y la habilidad de restablecer los canales de diálogo y negociación.  

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Los conflictos entre Bolivia y Chile, que han surgido como resultado de los problemas derivados de la Guerra del Pacífico y de unas relaciones tradicionalmente complicadas y tensas; son de diversa índole y naturaleza pero actualmente todos confrontan el mismo problema: la falta de un mecanismo de diálogo y negociación intergubernamental para resolverlos.
En efecto, desde que Chile decidió cancelar la reunión de la Agenda de 13 puntos que, según lo acordado, tenía que realizarse en noviembre de 2010 en Arica; las conversaciones para resolver los problemas pendientes entre ambos países se han paralizado totalmente. No sólo se interrumpieron las conversaciones sobre el tema marítimo (punto 6) y el asunto del Silala (punto 7), sino también sobre todos los demás puntos de interés binacional como el cumplimiento del libre tránsito de Bolivia en los puertos chilenos, la rehabilitación del ferrocarril Arica - La Paz, el desminado de la frontera, el mantenimiento de las carreteras que sirven al comercio boliviano y otros temas importantes como el control del narcotráfico y el contrabando, entre otros.
Como resultado de esa situación, los temas del mar y del Silala fueron llevados a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por Bolivia y por Chile respectivamente, para que esa corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que dé a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico en el primer caso, y para que esa misma Corte falle y declare que “el sistema del río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional que se rige por el derecho internacional consuetudinario” en el segundo caso.
Aunque el arreglo judicial es un mecanismo pacífico de solución de controversias ampliamente reconocido por la comunidad internacional, que no puede ser considerado como un acto inamistoso según la resolución 37/10 de la ONU, más conocida con la Declaración de Manila; las relaciones de ambos países se han tensionado seriamente desde que Bolivia interpuso su demanda sobre el tema marítimo en abril de 2013 y mucho más, desde que Chile hizo lo mismo respecto al Silala, en junio de 2016.   
Todo esto se agrava aún más con las controversias suscitadas en torno a la desviación por parte de Chile de los ríos Lauca y Caquena, que también podrían ser objeto de más demandas judiciales y de más confrontación verbal entre las autoridades.
Por un lado, el tema del río Lauca es ampliamente conocido por la opinión pública de los dos países pues su desvío provocó la primera ruptura de las relaciones diplomáticas en 1962. En esa ocasión, ante las protestas que hizo Bolivia principalmente ante la OEA, Chile amenazó con llevar el caso ante la CIJ para demostrar que no había actuado al margen de la ley al desviar esas aguas al valle de Azapa. Sin embargo, hasta la fecha, no concretó su amenaza.
Por el otro lado, el caso del río Caquena no es muy conocido y su desvío es aún más grave, no tanto porque su caudal desviado es mayor, sino sobre todo porque representa una flagrante violación de parte de Chile al Tratado de 1904. En efecto, según el artículo 2 de ese instrumento, el límite fronterizo entre ambos países debe seguir el curso del río Caquena, entre los hitos 92 y 93, pero como su trayectoria ha sido desviada hacia Chile a partir de los años 60 del siglo XX, la frontera también ha sido modificada. Lo cual, valga recalcar, representa una vulneración gravísima de parte de Chile al Tratado de 1904.    

Como vemos, los actuales conflictos entre Bolivia y Chile están ocasionado un tensionamiento y un distanciamiento creciente y preocupante entre ambos países, algunos no parecen tener solución temprana y los otros, ni siquiera se han abordado, pero es casi seguro que provocarán serios problemas en el futuro. Respecto a los primeros no queda más que confiar en la justicia, para que ésta pueda darles solución definitiva o al menos contribuya a lograr ese propósito; y para los otros, sólo podemos esperar que los gobernantes de ambos países tengan la sabiduría y la habilidad para restablecer los canales de diálogo y negociación, que son la mejor forma, sino la única, de lograr un entendimiento sostenible y duradero.  

jueves, 8 de septiembre de 2016

La destitución de Dilma Rousseff

El 31 de agosto de 2016, el Senado brasileño decidió destituir a la Presidente Dilma Rouseeff, en un proceso altamente cuestionado. Sobre el particular, tuve la oportunidad de expresar mi opinión en la siguiente entrevista.


En QNMP, con César Galindo, 01/09/2016 

domingo, 21 de agosto de 2016

La cercanía de la Tercera Guerra Mundial

Por: Andrés Guzmán Escobari

El autor señala que los conflictos internacionales y las tensiones que podrían desencadenar esta controversia armada “se han acentuado y agravado”.


Fuente: Gary Varvel (2015).
Sin el ánimo de exagerar, los conflictos internacionales y las tensiones que podrían desencadenar la Tercera Guerra Mundial se han acentuado y agravado en los últimos años a niveles ciertamente preocupantes. 

En efecto, a partir de 2011, el mundo ha sido testigo del estallido de guerras en Siria (2011), Libia (2011), Sudán del Sur (2013), Ucrania (2014) y Yemen (2014); y los problemas ocasionados por las invasiones de una coalición de países liderada por   Estados Unidos en Afganistán (2001) e Iraq (2003), lejos de solucionarse, se han profundizado y radicalizado seriamente con el empoderamiento del Estado Islámico, que ha logrado sembrar el terror no sólo en el Medio Oriente, sino también en Europa. 

De igual forma, las insurgencias de Boko Haram y Al Shabab en Nigeria y Somalia respectivamente, han provocado el esparcimiento del terrorismo en toda la región norafricana. A lo cual se suma el largo conflicto palestino-israelí, que no parece tener solución, y la disputa territorial entre Pakistán e India que tampoco es reciente. 

Todo ello ha trascendido a su vez, en el surgimiento de una de las peores crisis humanitarias de la historia que se expresa en el desplazamiento forzado de más de 65 millones de personas que han tenido que huir de la guerra y de la persecución, según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR, 2015).

Por si fuera poco, las serias disputas territoriales que han surgido en el mar de China y en la península coreana, donde Corea del Norte ha estado desarrollando un programa militar de empoderamiento nuclear, son un reflejo más de un mundo que no parece haber aprendido de la devastación y de la miseria que dejaron las dos guerras mundiales (1914 – 1918 y 1939 – 1945). 

Pero si bien es cierto que la ONU y algunos de los países responsables de lo que está ocurriendo, como Estados Unidos, han estado trabajando en la solución de estos problemas, es evidente que sus esfuerzos no han sido suficientes para evitar el surgimiento de las nuevas guerras ni la terminación de los conflictos de larga data. 

Un caso particularmente grave es el de Siria, donde lo que comenzó como una protesta contra el gobierno de Bashar al-Ásad, en marzo de 2011, rápidamente se convirtió en una guerra civil de gran escala que ha cobrado la vida de cerca de medio millón de personas, y que ha enfrentado, por un lado, al Gobierno sirio – apoyado por Rusia, Irán y la agrupación política chiita-libanesa Hezbollah – y por el otro lado, a los grupos rebeldes, respaldados a su vez, por Estados Unidos y algunas de las potencias occidentales. Al respecto, es importante destacar que el presidente Barack Obama, de acuerdo con sus promesas electorales de no comprometer a su país en nuevas aventuras bélicas, se ha rehusado a intervenir en Siria, como su antecesor lo había hecho en Iraq y Afganistán. 

Por ese motivo, Obama se ha limitado a desplegar esfuerzos diplomáticos en el grupo que se ha conformado en Ginebra para pacificar la zona, que lamentablemente no ha logrado muchos avances, y a realizar bombardeos aéreos, en coordinación con los países de la OTAN, para debilitar a las fuerzas de al-Ásad y del Estado Islámico, lo cual, como era de esperar, tampoco contribuyó a resolver el conflicto.

Por su parte, Rusia, que tiene una base naval de importancia estratégica en Siria, ha vetado – con la ayuda de China–, cada una de las resoluciones propuestas por los miembros del Consejo de Seguridad para apaciguar al gobierno de Damasco que, en agosto de 2013, y sin importarle mucho la línea roja que había trazado Obama respecto a la prohibición de las armas químicas, arrojó gas sarín y mostaza sobre una parte de su población, presumiblemente rebelde, causando la espantosa, dolorosa e inhumana muerte de más de 300 personas. 

Ante esa situación, que demostró la debilidad coercitiva de  Estados Unidos, que no respondió proporcionalmente a este hecho que desafiaba su autoridad y vulneraba los preceptos más básicos del Derecho Internacional Humanitario, el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió intervenir en el conflicto pero no con el objetivo de detener al Gobierno sirio, sino para defenderlo. En efecto, Rusia mandó aviones Su-30 con el fin de atacar a las fuerzas rebeldes y al Estado Islámico, lo cual, en lugar de contribuir a resolver el problema lo agravó y encendió las alarmas de la OTAN que por primera vez desde los tiempos de la Guerra Fría ha visto pasar cazas rusos, más allá de lo que fue la cortina de hierro. 

Otro caso de gravedad, y que también trae reminiscencias de lo que fue la Guerra Fría (1945 – 1989), es el conflicto que estalló en Ucrania. Allí, las protestas iniciadas en noviembre de 2013 contra la decisión del presidente Víctor Yanukovych de rechazar un acuerdo de mayor integración económica con la Unión Europea, trascendieron en un conflicto de proporciones que generó la preocupación de Occidente y el contento de la vecina potencia rusa. 

En efecto, después de que Yanukovych tuvo que huir, Putin dispuso la ocupación y la consiguiente anexión de la península de Crimea – reconocida por todo el mundo como parte integrante del territorio ucraniano–, con el justificativo de "proteger” y respetar la autodeterminación de sus compatriotas que viven en la zona. Pero si bien la anexión territorial no es nada nuevo para los rusos que durante siglos han seguido una política expansionista para asegurar su acceso a las aguas cálidas del Mediterráneo y del mar Negro, y de hecho, el mismo Putin hizo algo similar en 2008 cuando dispuso ocupar las provincias georgianas de Abjasia y Osetia del sur,  para los países del mundo occidental y sobre todo para los miembros de la OTAN, la jugada geopolítica del Kremlin es sencillamente inaceptable, pues no sólo representa una afrenta al sistema internacional de fronteras, sino que es la primera vez que se modifica el mapa de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.        

Este increíble suceso, que ocurrió hace tan sólo dos años, en 2014, soliviantó divisiones étnicas en Ucrania que, a su vez, propulsó la realización de un referendo, mediante el cual, los habitantes de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk, colindantes con Rusia, declararon su independencia. Pero como el gobierno de Kiev no reconoció los resultados de ese referendo, estalló la guerra entre por un lado, los ucranianos separatistas pro-rusos –que según Kiev y la OTAN están siendo financiados y apoyados por Moscú, aunque este último lo niega– y las fuerzas militares de Ucrania que, al contrario de los que se podía esperar, no están recibiendo el apoyo decidido de la OTAN ni de Estados Unidos, que han preferido mantenerse al margen. Pero si bien se han hecho algunos esfuerzos diplomáticos entre Ucrania, Rusia, Francia y Alemania, que se han reunido en Minsk para intentar el cese de las hostilidades, los acuerdos alcanzados en la capital bielorrusa no han sido respetados en el campo de batalla.  

Aunque explicada muy brevemente, toda esta situación, que una vez más nos demuestra que la violencia sólo genera más violencia y que el sistema internacional del mantenimiento de la paz, configurado en torno a la ONU, requiere una reestructuración que lo haga más eficiente,  nos permite advertir con mucha preocupación que la Tercera Guerra Mundial está cada vez más cerca.