martes, 26 de mayo de 2015

La doctrina boliviana del arreglo negociado

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Ricardo Jaimes Freyre (1923)
Hace poco, el expresidente Carlos Mesa destacó la importancia que tuvieron los esfuerzos realizados por los diplomáticos bolivianos de otras épocas en la demanda que el gobierno de Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, desde el mismo día de la invasión, en 1879, el propósito de recuperar un acceso soberano al mar se convirtió en la cuestión más importante de la política exterior boliviana, y desde entonces ha concentrado la atención no sólo de nuestros gobernantes, sino también de varios intelectuales y académicos bolivianos que, en todos estos años, han diseñado una doctrina, la del arreglo negociado, que se ha consolidado como la estrategia oficial de la reintegración marítima y que es actualmente una política de Estado seria y coherente. 
En efecto, la doctrina del arreglo negociado fue puesta en la práctica por Heriberto Gutiérrez (1892-98), Carlos Gutiérrez (1920), Jaimes Freyre (1923), Alberto Gutiérrez (1926), Alberto Ostria Gutiérrez (1946-51), Hugo Banzer (1975-78 y 2000), Guillermo Gutiérrez (1975-76), Adalberto Violand (1976-77), Javier Murillo (2000) y Evo Morales (2006-2010).
Todos estos hombres construyeron la demanda, porque son quienes le arrancaron a Chile un compromiso de negociar una solución para el tema marítimo boliviano, y por tal motivo les debemos rendir homenaje. No obstante, no podemos olvidar a otros personajes de nuestra historia que a pesar de haberlo intentado, es decir, a pesar de haber planteado al gobierno de Santiago un arreglo negociado, no tuvieron éxito, pues se encontraron con la tozudez secante e incomprensiva del interlocutor.
Hablamos de Mariano Baptista (1882 y 1891), Daniel Sánchez Bustamante (1910), Ismael Montes (1912), Bautista Saavedra (1921), Macario Pinilla (1922), Enrique Peñaranda (1943), Jorge Escobari (1953), Eduardo Arze (1962), José Fellmann (1963), Mario Gutiérrez (1972), José Ortiz (1983), Gustavo Fernández (1984), Guillermo Bedregal (1986), Jorge Siles (1986), Horst Grebe (1997), Carlos Mesa (2004) y Juan Ignacio Siles (2004).
Jorge Escobari Cusicanqui (1953)
Pero, además de los esfuerzos diplomáticos, también es importante reconocer el trabajo de quienes le dieron un marco teórico a la doctrina del arreglo negociado, entre quienes destacan Daniel Sánchez Bustamante (1910 y 1912), Eduardo Diez de Mediana (1923 y 1931) y Alberto Ostria Gutiérrez (1953), que establecieron las bases de una verdadera política de Estado boliviana, todavía vigente, que, en buenas cuentas, señala que Bolivia hará todo cuanto le sea posible por obtener un puerto sobre el océano Pacífico, y para ello, dadas las características y antecedentes del problema, se plantea una negociación con Chile, en la cual ambos países, y de ser necesario también Perú, conforme al Protocolo chileno-peruano de 1929, obtengan beneficios relativamente equitativos.
De hecho, el espíritu de esta doctrina fue transcrito en la Resolución 426 de la Asamblea General de la OEA, aprobada por más de 20 países, en La Paz, en 1979, que consagra al Problema Marítimo Boliviano como "un asunto de interés hemisférico permanente” y que resuelve: "Recomendar a los Estados a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. 
De igual forma, es importante mencionar a quienes contribuyeron a comprender que las promesas incumplidas de Chile pueden generar una obligación exigible no sólo por una lógica moral, sino también jurídica. En esto fue fundamental el aporte de Jorge Escobari Cusicanqui, que ya en 1964 enumeró y analizó críticamente siete compromisos chilenos faltos de cumplimiento que, al cabo de unos años, se convirtieron en "las diez burlas de Chile” (Escobari, 1988); continuaría después con Wálter Guevara Arze, que en 1979 escribió sobre la obligación de negociar que tiene el país del Mapocho, porque con las facilidades de tránsito que otorgan las convenciones multilaterales para los países sin litoral, el Tratado de 1904 ha perdido su razón de ser en cuanto al libre tránsito que le otorga a Bolivia; y sería brillantemente coronada con el trabajo de Ramiro Orías Arredondo, quien el año 2000 escribió por primera vez sobre la idea de recurrir a la justicia internacional para exigir el cumplimiento de las promesas chilenas sobre la base de la teoría de los actos unilaterales.  
Ramiro Orias (2011)
A todos los nombrados se suman otros bolivianos comprometidos con la causa marítima que contribuyeron ya sea aportando a la abundante bibliografía que tiene este tema y/o ocupando un cargo diplomático, como es el caso de Narciso Campero, Severo Fernández, Luis Fernando Guachalla, Luis Espinoza y Saravia, Froilán Zambrana, Sabino Pinilla, Demetrio Canelas, Franz Tamayo, Miguel Mercado, Manuel Elío, Fernando Diez de Medina, Adolfo Costa Du Rels, Hernando Siles, Daniel Salamanca, Roberto Prudencio, Alberto Alipaz, Federico Nielsen, Alberto Crespo, Franz Ruck, Juan José Torres, Juan Siles, Roberto Querejazu, Jorge Sanjinés, Fernando Iturralde, Mario Velarde, Ricardo Anaya, Wálter Montenegro, Édgar Camacho, Mario Rolón, Gonzalo Romero, Jorge Soria Galvarro, Agustín Saavedra, Carlos Iturralde, Carlos Antonio Carrasco, Fernando Salazar, Jorge Gumucio, Rodolfo Becerra de la Roca, Antonio Araníbar, Carlos Trigo, Felipe Tredinick, Fernando Cajías, Fernando Messmer, Armando Loaiza, Ramiro Prudencio y Sergio Alberto Fernández, entre otros. 
Por último, no podríamos dejar de mencionar al agente boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, que tuvo una excelente participación en los alegatos orales sobre la objeción de competencia chilena y que nos representa dignamente a todos los bolivianos en ese alto tribunal; y, naturalmente, también aludir al presidente Evo Morales, quien tuvo el coraje y la visión política de presentar la demanda, sentar a Chile en el banquillo del acusado y reponer al tema marítimo boliviano en la agenda de temas pendientes a nivel mundial, lo cual, aun cuando la Corte rechace nuestra solicitud, ya es un gran paso en este largo y difícil camino hacia el mar.

miércoles, 6 de mayo de 2015

Alegatos orales de Bolivia y Chile ante la CIJ, por la objeción preliminar cihilena

Entre el 4 y 8 de mayo del 2015 se llevaron a cabo los alegatos orales correspondientes a la objeción preliminar de competencia interpuesta por Chile en el proceso iniciado por Bolivia el 24 de abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia.
Con tal motivo me realizaron las siguientes entrevistas, ambas del 6 de mayo de 2015.  






¡La Corte de La Haya tiene competencia?!

Por: Andrés Guzmán Escobari

Como sabemos, Chile ha presentado una objeción preliminar de competencia en el proceso iniciado por nuestro país ante la CIJ bajo dos supuestos principales: que Bolivia pretende modificar el Tratado de 1904 de manera encubierta y que, de acuerdo al Pacto de Bogotá (artículo 6), la Corte no puede revisar asuntos ya resueltos por el arreglo de las partes o que se hallen regidos por tratados vigentes en 1948, esto último asumiendo que el problema marítimo boliviano ya se habría resuelto con el instrumento de 1904.   
Y si bien es cierto ese tratado estaba vigente en 1948, como también lo está hoy, es absolutamente falso que Bolivia quiera modificarlo, lo que nuestro país está pidiendo es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que nos permita acceder soberanamente al Océano Pacífico, y eso, en base a los numerosos compromisos chilenos de darle a Bolivia una salida soberana al mar.
Al respecto, debemos recordar que dichos compromisos, que han producido obligaciones no convencionales para el Estado chileno (actos unilaterales), son autónomos de las obligaciones convencionales asumidas por los dos países (tratados), y eso es así porque en todos sus ofrecimientos, Chile aclaró que no estaba dispuesto a modificar lo convenido en 1904, pero que sí aceptaba negociar un acuerdo que le dé a Bolivia una salida soberana al mar. Por tanto, fue el mismo Chile quien separó el Tratado de la negociación y es ahora ese mismo país el que quiere vincularlos para hacer creer que la Corte no tiene competencia.
Asimismo, tampoco es cierto que no se puede dar a Bolivia una salida soberana al mar sin modificar el Tratado, pues lo que ese instrumento define es la línea fronteriza entre ambos países y por tanto, un enclave soberano, un puerto soberano o cualquier otra alternativa con soberanía que no altere la línea fronteriza, no implica necesariamente la modificación del Tratado que para Chile es “intangible”.

Por tanto, la Corte sí tiene competencia.  

martes, 5 de mayo de 2015

Andrés Guzmán: Chile nos puede dar acceso al mar sin tocar Tratado de 1904

ANF
El analista en temas internacionales Andrés Guzmán Escobari señaló que los argumentos chilenos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fueron "duros", aunque Bolivia tiene argumentos suficientes para rebatir lo dicho este lunes por el gobierno de Santiago. La delegación boliviana tomará la palabra este miércoles cuando la sesión de presentación de los alegatos verbales retome su curso en la ciudad holandesa de La Haya. Guzmán fue entrevistado por el programa "Levántate Bolivia" de la Cadena A.
El entrevistado subrayó que el argumento más reiterado de Chile tiene que ver con el reclamo de que Bolivia quiere cambiar el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Guzmán dijo que durante la historia entre ambos países, el Tratado ha tenido un tratamiento diferenciado del problema no resuelto del enclaustramiento boliviano. Según Guzmán, ha sido el propio Chile el que ha ofrecido resolver el encierro geográfico de Bolivia, dejando de lado al Tratado. Ante la consulta acerca de cómo se le puede otorgar al país una salida soberana al océano Pacífico sin modificar dicho Tratado, Guzmán aclaró que Bolivia no ha pedido "soberanía territorial" para llegar al mar y que el concepto de soberanía puede entenderse de muchas maneras, por ejemplo, bajo la idea de enclave.
El Tratado de 1904 fija las fronteras entre el país y Chile. Darle acceso a Bolivia implicaría, se dice, cambiar las demarcaciones fronterizas entre ambos países. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no puede modificar un Tratado como el de 1904, porque el Pacto de Bogotá, suscrito por Bolivia, Chile y los países latinoamericanos, señala que no están bajo su jurisdicción los asuntos "resueltos" antes de 1948.  Este miércoles Bolivia explicará ante la CIJ que el asunto de la mediterraneidad del país no fue resuelto en 1904 y que éste es un tema pendiente, como lo demuestran las diez ofertas de sucesivos gobiernos de Chile para darle solución al encierro geográfico de su vecino.

miércoles, 15 de abril de 2015

¡La Agenda de 13 puntos está vigente!

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Pagina Siete
La Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado.


En una de sus más recientes apariciones, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró: "La Agenda de los 13 puntos sigue vigente, pero está paralizada. Y la razón no es otra que la demanda boliviana contra Chile ante La Haya: si usted está conversando con el propósito de construir acuerdos de largo plazo, y en medio de estas conversaciones su contraparte le interpone una demanda en los tribunales por materias que están en esas conversaciones, entonces no hay otro camino que detener las conversaciones y esperar que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia” (El Deber, 05/04/2015).
La Agenda de 13 puntos, cabe recordar, es un mecanismo de diálogo sobre 13 temas específicos de la relación boliviano-chilena, adoptado en julio de 2006 durante las primeras gestiones de Michelle Bachelet y Evo Morales, y que incluye, en su punto sexto, al tema marítimo. 
Según las palabras del canciller Muñoz, que, valga tener en cuenta, comprometen la fe del Estado chileno, una vez que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia, la Agenda de 13 puntos debería ser retomada para construir acuerdos de largo plazo. Lo cual, si realmente Chile piensa cumplir, nos hace ver que en realidad todos los caminos que tenemos por delante nos llevan al mismo destino, la negociación. Independientemente del resultado que se obtenga en el proceso judicial, que fue iniciado por Bolivia precisamente para negociar con Chile una salida soberana al mar bajo la égida de un fallo del más alto Tribunal de las Naciones Unidas, la Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado o iniciado.
En otras palabras, estamos en medio de un juicio desgastante y costoso para ambos países, que claramente podría ser evitado, ya que al final de cuentas, cualquiera sea su resultado, bolivianos y chilenos deberán sentarse en la mesa de las negociaciones para encontrar una solución al problema que genera el enclaustramiento de Bolivia. 
Y si bien las declaraciones de la autoridad chilena son muy alentadoras para quienes creemos que la negociación es la única forma de resolver este largo y difícil problema, existe una imprecisión en esas expresiones que creemos importante aclarar: la Agenda de 13 puntos no se detuvo cuando Bolivia presentó su demanda el 24 de abril de 2013, como afirma Muñoz, sino que ya se encontraba paralizada hacia más de dos años. 
En efecto, la última reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia - Chile, encargado de negociar la Agenda de 13 puntos, se realizó en julio de 2010 en La Paz, durante el gobierno de Piñera. En esa ocasión ambos países se comprometieron formalmente a "presentar, así como alcanzar, soluciones concretas, factibles y útiles (para el tema marítimo) en la siguiente y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas Chile - Bolivia…”, y acordaron proseguir las conversaciones en Arica en noviembre de ese año. No obstante, antes de que llegue el momento de cumplir lo acordado, Chile decidió cancelar el encuentro previsto para noviembre, sin dar ninguna explicación y sin nunca convocar a una nueva reunión. 
Después hubo dos encuentros de cancilleres en Santiago y La Paz, pero tampoco se lograron avances, porque el ministro chileno Alfredo Moreno se rehusó a firmar lo que Bolivia propuso, y tampoco presentó soluciones concretas, factibles y útiles, tal como se había convenido. 
En esas circunstancias, y tras el último intento por restablecer las conversaciones que hizo el presidente Morales en febrero de 2011 cuando le pidió a Chile que presente una propuesta formal y escrita antes del día del mar 132, el mismo Evo Morales anunció por primera vez su intención de demandar a Chile aquel 23 de marzo de 2011, lo cual, como hemos dicho, se hizo realidad recién el 24 de abril de 2013. 
Por otra parte, y esto debería saberlo bien el canciller Muñoz: no es posible presentar una demanda sobre un asunto que se está negociando entre dos Estados, porque uno de los requisitos para iniciar un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia es agotar previamente todos los mecanismos diplomáticos de negociación. Sólo cuando el Estado demandante demuestra fehacientemente que el asunto llevado a la Corte no se ha podido resolver mediante el diálogo, tal como Bolivia lo hizo, el caso es admitido por ese prestigioso Tribunal, pues lo contrario significaría desvirtuar el principio de la buena fe, que debería ser un elemento infaltable de toda negociación.  
Pero en lugar de continuar la política dura del gobierno de Piñera que, sin explicaciones, interrumpió la Agenda de 13 puntos en noviembre de 2010, el gobierno de Bachelet podría retomar el diálogo iniciado durante su primer mandato. Porque si la Agenda de 13 puntos está vigente, tal como lo reconoció Muñoz, lo más inteligente y racional sería que Chile acepte reactivar las conversaciones, cumpla lo ofrecido en cuanto a presentar y alcanzar soluciones concretas factibles y útiles, y obligue así al gobierno de Morales a retirar su demanda. De esa manera se evitaría el largo y oneroso camino que plantea el juicio ante la CIJ. 
No obstante, si de todas maneras los ocupantes de La Moneda deciden seguir el camino largo y oneroso, entonces no quedará más que esperar a que la Corte primero se declare competente para conocer este caso, porque todas las promesas chilenas fueron hechas independientemente del Tratado de 1904, tal como se puede evidenciar en los documentos respectivos; y después, habrá que aguardar unos buenos años más para que ese mismo Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, de buena fe, un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar, porque los compromisos, ofertas y reconocimientos chilenos de 1950, 1961, 1974, 1975, 1980, 1981, 1983 y 2010 (que fueron antecedidos por los de 1895, 1920, 1921, 1923 y 1926) fueron adoptados formalmente por las más altas autoridades del país del Mapocho y creemos que, también, de buena fe.

domingo, 22 de marzo de 2015

La reintegración marítima, una política de Estado

Por: Andrés Guzmán Escobari

En Chile no saben que nuestra demanda es un asunto primordial, tienden a pensar que se trata de una simple herramienta electoral.



En el último tiempo, algunos analistas chilenos "descubrieron” que Bolivia podría persistir en su empeño por recuperar un acceso soberano al mar, aun cuando el resultado del proceso iniciado ante la Corte Internacional de Justicia le sea desfavorable. Esa conclusión, que se presenta como el resultado de un profundo análisis de la actual estrategia boliviana de reintegración marítima, es también una confirmación de que nuestros vecinos han empezado a comprender que dicha estrategia es en realidad una política de Estado que no se extinguirá hasta que Bolivia recobre su cualidad marítima.
Ciertamente, muchas veces los bolivianos cometemos el error de creer que nuestros vecinos, especialmente los chilenos, saben que nuestro objetivo de reintegración marítima es un fin permanente e irrenunciable, tal como lo establece nuestra Constitución (artículo 267); no obstante esa percepción no es tan conocida en el país del Mapocho, donde, muy por el contrario, tienden a pensar que se trata de una simple herramienta electoral utilizada por los gobernantes bolivianos cada que necesitan aumentar sus respectivos índices de popularidad.
Al respecto, si bien no se puede negar que el tema marítimo tiene una alta rentabilidad política en Bolivia, tampoco se debe desconocer que todos los gobiernos que intentaron o están intentando alcanzar una solución a este problema, actuaron y están actuando con la absoluta legitimidad que otorga un asunto de interés nacional que no se sustenta en intereses políticos personales o partidarios, sino que se basa en innegables razones de justicia, economía y geopolítica. 
De hecho, la principal razón por la cual este tema sigue vigente hoy, a 136 años del inicio de la guerra que dejó a nuestro país sin mar, es que Chile reconoció muchas veces la necesidad de darle a Bolivia una puerta de calle que le permita reintegrarse a la vecindad del mundo y aceptó, también muchas veces, negociar una solución llegando a ofrecer en algunas ocasiones un territorio sobre la costa que pueda servir para conectar a Bolivia con el océano Pacífico, lo cual, como es evidente, nunca se cumplió.  
Ya en 1910, a pocos años de haberse suscrito el Tratado por el cual Bolivia tuvo que reconocer el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral, y después de los problemas suscitados por los primeros incumplimientos del país del Mapocho a dicho Tratado (artículos 2 y 12); el canciller boliviano de la época Daniel Sánchez Bustamante dirigió un memorándum a sus pares de Lima y Santiago referido al asunto de Tacna y Arica que, entre otras cosas, decía: 
"Bolivia no puede vivir aislada del mar: ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto de Tacna y Arica que compromete las bases mismas de su existencia”.
Desde entonces, la política de reintegración marítima ha sido un objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano,  que se ha manifestado de diversas formas y mediante diferentes estrategias, pero siempre con el mismo objetivo: recuperar un acceso útil y soberano al océano Pacífico. La mayoría de las veces se intentó alcanzar una solución mediante el diálogo directo con Chile, en otras ocasiones se apeló a la comunidad internacional e incluso, en algunas épocas, se intentó priorizar la integración económica con el país del Mapocho para luego abordar el tema del mar (1952-1962 y 1987-1999); no obstante, hasta la fecha, lo único que se consiguió es que Chile reconozca formalmente la existencia del problema y prometa resolverlo a través de la cesión de un territorio sobre la costa. Lo cual, a pesar de que no parece un gran avance, podría servir ahora para allanar el camino hacia una solución definitiva si los jueces de la Corte Internacional de Justicia entienden que todas esas manifestaciones unilaterales del país del Mapocho, por su repetitividad y formalismo, se han hecho obligatorias a la luz del derecho internacional… 
No obstante, si ello no ocurriese y la Corte decidiera darle la razón a Chile, la política de reintegración marítima boliviana no será descartada y archivada como algunos quisieran, sino que se retransformará y resurgirá en el futuro con nuevos ímpetus, pues tal como lo dijo el insigne diplomático boliviano Alberto Ostria Gutiérrez, "el ideal portuario de Bolivia vivirá lo que viva la nación misma”. 
Además, es importante recordar que en 1920 y 1921, Bolivia presentó una demanda ante la Liga de las Naciones que fue rechazada por aquel organismo internacional, pero no por ello los bolivianos se resignaron a vivir enclaustrados... 
Por tanto, los esfuerzos realizados por la diplomacia boliviana a lo largo de la historia, enmarcados en la política de Estado de reintegración marítima, ahora podrían dar sus frutos y encaminarnos a las generaciones actuales hacia una nueva etapa de negociación en la cual los bolivianos tendremos que actuar con astucia y tacto, tomando en cuenta las lecciones del pasado y entendiendo que nuestros interlocutores, tanto Chile como el Perú (en caso de que sea necesaria su participación conforme a lo establecido por el Protocolo Complementario al Tratado de 1929), tienen que obtener beneficios del arreglo final que se vaya a lograr. No obstante, y esto también es importante, los chilenos y eventualmente también los peruanos, deberán actuar de buena fe, sin exigencias desconmensuradas ni actitudes recalcitrantes que permitan avanzar hacia una verdadera etapa de integración y cooperación, en la cual, las costas del Pacífico sur puedan ser compartidas entre los tres Estados que concurren a ellas, tal como ocurrió antes de la guerra.

domingo, 1 de marzo de 2015

Allende también ofreció mar para Bolivia con soberanía

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

Tras una valoración comparativa que hizo el Presidente Morales sobre el socialismo que gobernó Chile a principios de los años 70 y el que gobierna ahora, el Canciller chileno Heraldo Muñoz escribió en su twitter: “Pdte Morales dice q Allende era verdadero Socialista. Bien, pero Pdte Allende nunca negocio mar y defendía principio respeto a tratados”.
Lo cual generó una ola de críticas por lo que significa defender al socialismo a través del twitter y sobre todo porque esas palabras no corresponden a la verdad: el Presidente Allende sí negoció mar y nunca dijo nada respecto a la extraña teoría de la “intangibilidad” de los tratados.
En efecto, a poco de asumir el cargo, el 12 de noviembre de 1970, Allende recibió en La Moneda al literato y periodista boliviano, Néstor Taboada Terán, quien, acompañado de Mario Osses, entrevistó al flamante Presidente chileno y tuvo el honor de registrar las siguientes declaraciones en una cinta magnetofónica:
“En este plan de reparación de injusticias, también he resuelto que el hermano país de Bolivia retorne al mar. Se acabe el encierro que sufre desde 1879 por culpa de la intromisión del imperialismo inglés. No se puede condenar a un pueblo a cadena perpetua… un pueblo que esclaviza a otro no es libre” 
Caminaremos juntos en la gran tarea histórica de América Latina. Ha llegado la hora de la gran reparación de una injusticia cometida contra Bolivia. Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico”(Taboada: Salvador Allende ¡Mar para Bolivia! 2004, p. 87).
En ese sentido, y aprovechando que el gobierno boliviano del Gral. Juan José Torres, era también de izquierda; se iniciaron las conversaciones por un lado en Santiago entre el Canciller chileno, Clodomiro Almeyda, y el Cónsul General de Bolivia en Chile, Franz Ruck Uriburo; y por el otro lado en La Paz, entre el enviado especial de Allende, Volodia Teitelboim, y el Canciller boliviano, Huáscar Taborga (Magasich, Jorge: Bolivia y el Mar. Le Monde Diplomatique, 12/2014). 
En Santiago se alcanzaron rápidamente “acuerdos preliminares que contemplaban un corredor territorial, un puerto, un enclave y el uso exclusivo de un muelle en Arica” (Gumucio, Jorge: Estados Unidos y el mar boliviano. 2005, p. 385).
Esos arreglos, que fueron replanteados y confirmados por Almeyda al Canciller Taborga en la Asamblea General de la OEA de 1971; incluyeron una solicitud de obtener seguridades del Perú para no obstaculizar “un posible acuerdo sobre un corredor y puerto al norte de Arica. – Según Almeyda – Había que evitar repetir las gestiones de 1950” (Figueroa, Uldaricio: La demanda boliviana en los foros internacionales. 2007, p.392). 
Mientras tanto en La Paz, el enviado del Presidente chileno, el senador Volodia Teitelboim, había conversado con las autoridades bolivianas, según él mismo diría, sobre “la posibilidad de establecer una especie de corredor al norte de Bolivia, entre la frontera peruana, al norte de Arica. Es una superficie pequeña, relativamente pequeña, de unos cuantos kilómetros. Pero de todas maneras se podía establecer una especie de corredor que permitiera la salida de Bolivia al mar, donde Bolivia pudiese tener un pequeño puerto, una cosa así. A parte de ventajas desde el punto de vista portuario en Arica, en Iquique y en Antofagasta, en los puertos del norte. El gran problema era el Ejército. Siempre ha sido ese” (Magasich 2014).
Ciertamente, según cuenta el historiador chileno, Jorge Magasich, que fue quien recabó el testimonio Teitelboim; en ese tiempo los altos mandos militares de Chile vivían bajo el temor de un inminente conflicto armado con Perú y Bolivia, puesto que faltaba poco para el centenario de la guerra del Pacífico y “si se dejaba pasar más de un siglo existiría una especie de prescripción histórica”, y por eso – cuenta Teitelboim -, los estrategas del país del Mapocho se preparaban para intervenir y no descartaron un “ataque preventivo”, como el que había desplegado Israel en 1967, durante la guerra de los 6 días (Magasich 2014).  
Las autoridades de La Moneda sabían que tenían que actuar con cautela puesto que un entendimiento con Bolivia sobre el tema marítimo podría tener un costo político muy alto para ellos. Fue así que después de iniciar los primeros contactos, y tras el impase que provocó un comentario que hizo el Canciller boliviano sobre las negociaciones, las autoridades chilenas empezaron a comentar sus intenciones de restablecer relaciones a nivel de Embajadores con La Paz. El 15 de abril de 1971, al cumplirse 9 años de la desviación del río Lauca que había provocado la ruptura de los vínculos diplomáticos, Almeyda manifestó: "Deseamos con igual fervor restablecer nuestras relaciones diplomáticas con Bolivia, convencidos de que la actual situación entre nuestros países no tiene justificación ante nuestros pueblos y ante la Historia"; y el 21 de mayo, el Presidente Allende, en su primer mensaje al Congreso expresó: "Este Gobierno ha tenido ya la ocasión de lamentar que nuestra relación con la República de Bolivia se mantenga en una situación anómala, que contradice la vocación integracionista de ambos pueblos. A Bolivia nos unen sentimientos e intereses comunes. Es nuestra voluntad poner todo lo que esté de nuestra parte para normalizar nuestras relaciones" (Gumucio 2005:384-385).
Luego Almeyda le dijo a Ruck Uriburu que Allende se contactaría telefónicamente con el Presidente Torres el día 23 de agosto de 1971 y que aprovechando su visita al Perú, el Mandatario chileno tenía previsto conversar con el Presidente de ese país, Juan Velasco Alvarado, sobre la participación y el acuerdo peruano en la solución del problema marítimo de Bolivia (Gumucio 2005: 385).  No obstante dos días antes de la fecha anunciada, el 21 de agosto, Torres fue derrocado por fuerzas de la derecha boliviana y todo se vino abajo. Allende no pudo cumplir lo prometido, pero quizás tampoco lo habría podido hacer si Torres se mantenía en el poder porque a no mucho andar, en septiembre de 1973, él también sería destituido mediante un golpe de Estado que significaría el fin de sus días.
Unos años después, en 1976, Torres sería asesinado en Argentina en el marco de la operación Cóndor, en la cual estuvieron involucrados, entre otros, los gobiernos de La Paz y Santiago. Al respecto, según Magasich, la desaparición en esos años de muchos de los que negociaron una salida soberana al mar para Bolivia entre 1970 y 1971, “contribuyó a echar tierra sobre estas negociaciones”, y concluye:
“Su existencia, refrendada por el valioso testimonio de Volodia Teitelboim, permite establecer que el gobierno de la Unidad Popular acogió favorablemente la demanda marítima boliviana, y que las negociaciones llegaron bastante lejos. Se discutió una fórmula para dar a Bolivia un acceso soberano al mar y normalizar las relaciones entre los dos países” (Magasich 2014).  
Por tanto, si bien es cierto que las dictaduras que participaron en el Plan Cóndor enterraron mucho de lo que hicieron sus antecesores socialistas a principios de los años 70, es lamentable que el actual Canciller de Chile se sume a esos propósitos, e intente echarles más tierra, nada menos que mediante el twitter, para que se crea que Allende nunca negoció mar. De hecho, esa actitud elusiva, que pretende desconocer la historia para eludir las obligaciones que Chile asumió con Bolivia de devolverle su acceso soberano al mar, demuestra palmariamente que la razón está de nuestro lado. 

domingo, 1 de febrero de 2015

El opúsculo apócrifo de Chile

El 26 de enero pasado, después de algunas vacilaciones, el Gobierno de Santiago publicó un documento de 24 páginas que “se hace cargo” de unas declaraciones del Canciller Choquehuanca y de un Comunicado de la DIREMAR, ambos de noviembre del 2014, sobre los incumplimientos de Chile al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Pero increíblemente, lejos de rebatir o refutar los argumentos jurídicos de Bolivia, el opúsculo chileno da a entender que Chile incumple sus compromisos pero no tanto como sostienen las autoridades bolivianas.
En efecto, el documento comienza explicando por qué Chile interrumpió el libre tránsito de Bolivia durante la guerra del Chaco (antes de la guerra, en 1928, también lo había interrumpido) y por qué en 1952 retuvo un cargamento de las minas recién nacionalizadas en Bolivia.
Seguidamente, el documento corrige a la DIREMAR en su interpretación sobre el tiempo que pueden permanecer las cargas bolivianas en los almacenes portuarios chilenos, aclarando que el permiso de dicha permanencia y el tiempo de gratuidad no son iguales, sino que el primero supera en tres meses al segundo y que el almacenaje gratuito en el frente de atraque privado del puerto de Antofagasta no es de un año como establece la Convención de 1912 (Artículo 12), sino de 5 días, y esa concesión de 5 días – aclara el documento – es otorgada por la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta (ATI), “sin que esté contractualmente obligada a hacerlo”.
Asimismo señala que a partir del 2008, Chile habilitó el puerto de Iquique para incorporarlo al régimen de libre tránsito, pero como Bolivia no expresó su aceptación a dicha oferta hasta la fecha, “ésta sigue pendiente de implementación por decisión boliviana”. Sin embargo, y esto no menciona el documento, la razón por la que no se aceptó la oferta, que fue otro fracaso de la Agenda de 13 puntos, fue porque el recinto para el almacenaje ofrecido por Chile queda en Alto Hospicio a 12 km del puerto, es decir una distancia equivalente a la que separa a la plaza Murillo del aeropuerto de El Alto.
El documento también se refiere a los aforos que realizan las autoridades antinarcóticos de Chile a las cargas de exportación bolivianas a pesar de que la Convención de 1937 prohíbe explícitamente cualquier tipo de intervención sobre las mismas (artículo 5). Sobre este punto, si bien es cierto que se debe combatir el narcotráfico y otros males, y Bolivia tiene que cooperar con ello; no es justo trasladar el costo de esas inspecciones a los exportadores bolivianos que han visto incrementados sus costos significativamente, sería mejor que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para cubrir esos costos y actualicen todos los acuerdos que no se ajustan a la realidad y que no permiten desarrollar relaciones normales entre ambos países, como por ejemplo el de 1937. Pues mientras eso no ocurra, los aforos chilenos y otros temas de interés mutuo, permanecerán al margen de lo convenido.     
En cuanto a las constantes interrupciones al libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos debido a las huelgas y paros de los trabajadores portuarios y de la Aduana, el documento chileno señala: “Estas situaciones ocurrieron a partir de decisiones adoptadas de forma autónoma por los trabajadores portuarios y no de una actuación del Estado de Chile”. Pero teniendo en cuenta que el gobierno de La Moneda ha mostrado una gran capacidad y notable determinación para enfrentar otros problemas, como terremotos y accidentes mineros; no parece tan difícil pedirle que cumpla sus obligaciones de libre tránsito con Bolivia tal y como se convino, es decir a perpetuidad, para toda clase de carga, en todo tiempo y sin excepción alguna (artículo 1, Convención de 1937). En otras palabras, cuando se trata de cumplir los acuerdos con Bolivia, el gobierno de La Moneda no muestra esa diligencia que despliega en otros asuntos (entre diciembre de 2013 y enero de 2014 un desacuerdo sobre el horario del almuerzo de los trabajadores portuarios provocó un paro de más de tres semanas en varios puertos chilenos - solo Iquique paró 25 días -, lo cual generó millonarias pérdidas al comercio boliviano).  
Sobre el mismo punto, el argumento de que esos paros también afectaron a los comerciantes chilenos no es ni un consuelo ni mucho menos una razón que exima a Chile de cumplir sus compromisos.
Después el opúsculo revisa varios aspectos del libre tránsito y  del acuerdo multilateral ATIT sobre transporte terrestre que, según la interpretación chilena, tendría preminencia sobre el Tratado de 1904.
Pero lo más sorprendente es lo que dice sobre el ferrocarril Arica – La Paz, en este punto, el gobierno de Chile admite con admirable soltura que el servicio de pasajeros “se suspendió en 1997 por falta de demanda”, de acuerdo al escrito chileno, la carretera Arica – Tambo Quemado (CH-11), que financió el gobierno del Japón, “trajo como consecuencia un desplazamiento de los usuarios a los buses para viajar entre ambas ciudades”.
Luego, a pesar de que niega que el servicio de carga fue discontinuo a partir de 2001, cuando una tormenta causó destrozos en el lado chileno, sí acepta que desde 2006 (en realidad fue desde noviembre de 2005), la empresa privada a la que Chile entregó en concesión la administración del ferrocarril se declaró en quiebra y el servicio se interrumpió absolutamente en el segmento chileno hasta el día de hoy. Al respecto, señala el documento, el ferrocarril se encuentra en una segunda fase de rehabilitación, “reconstrucción II fase”, y “Se espera que vuelva tener el estándar anterior del terremoto de 2014 hacia comienzos del 2016”, lo cual es absolutamente nuevo pues nunca antes se había anunciado, pero lamentablemente no es ninguna garantía porque antes del 2014 el “estándar” del ferrocarril estaba como hoy, absolutamente paralizado.
Sobre este punto, valga recordar, Chile adquirió la obligación de “asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” mediante el artículo 12 de la Convención sobre el Ferrocarril Arica – La Paz de 1905. 
La primera reacción del gobierno de La Paz, fue la del Procurador General del Estado, Héctor Arce, quien calificó acertadamente al documento de “apócrifo” y destacó las confesiones que contiene el mismo como un reconocimiento unilateral del Estado chileno que puede servirle a Bolivia durante el juicio ante la Corte Internacional de Justicia, porque si ese alto Tribunal decide resolver el tema de la competencia después del proceso de fondo, que es lo más probable, no habrá manera de eludir la consideración del Tratado de 1904, cuya validez y vigencia es la piedra angular de la argumentación chilena, y si eso ocurre, Bolivia podrá enseñarles a los jueces el opúsculo apócrifo de Chile.