lunes, 24 de junio de 2013

Más sobre recursos hídricos “transfronterizos” entre Chile y Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Hace unos días escribí una columna de opinión intitulada “Las aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente”, que ameritó una rápida respuesta del cientista político chileno, Pablo Zambrano, que fue publicada en el blog Relaciones Internacionales - Chile. En dicha respuesta, el autor, que se autoproclama “especialista en geopolítica del agua en Sudamérica”, asegura que quien escribe estas líneas habría realizado “una serie de acusaciones sin fundamentos, respecto de políticas del Estado de Chile, y afirmaciones imprecisas y sesgadas, concernientes a los cuencas transfronterizas que comparten Chile y Bolivia (Lauca, Silala y Caquena), que omiten datos y fuentes significativas, por lo que inducen a error”.
Primero quiero agradecer al señor Zambrano por aportar a este debate que sinceramente espero que alcance los ámbitos de decisión política de ambos países, para que con la comprensión precisa de la situación de estos problemas, nuestros gobernantes logren acuerdos que garanticen el abastecimiento hídrico del norte chileno y permitan a Bolivia obtener las contraprestaciones y resarcimientos correspondientes. También le agradezco porque me permite despejar ciertas dudas y precisar algunos conceptos del artículo de opinión que motivó esta lid.  
Antes de analizar los argumentos de la respuesta, es preciso hacer dos aclaraciones importantes. Primero, que los comentarios vertidos en ella no rebaten en absoluto las afirmaciones que hice en mi primer artículo en cuanto a que Chile utiliza gratuitamente más de 6 mil litros por segundo de aguas bolivianas sin el consentimiento de Bolivia, sino que sólo cuestionan algunos puntos accesorios o de interpretación histórica que, en opinión del autor, representan “acusaciones infundadas”, pero que no afectan en nada la tesis central de mi columna.
En segundo lugar, cabe advertir que el citado personaje emitió varias opiniones sobre la historia que antecedió y sucedió a la desviación del río Lauca por parte de Chile y sobre lo que él considera que es el Silala. Sin embargo, no mencionó nada sobre el caso del río Caquena, lo cual nos permite presumir una aceptación tácita a las aseveraciones que vertí al respecto y que señalan claramente que la desviación del río Caquena o Cosapilla representa nada menos que una flagrante violación de parte de Chile al Tratado de 1904 (artículo 2).
Supuestas acusaciones infundadas
El aludido comienza su argumentación poniendo en duda el daño ecológico que la desviación del río Lauca provocó en territorio boliviano y reconociendo que no conoce ningún estudio al respecto. Ante lo cual resulta pertinente citar el trabajo de José Luis Gomez Uhry, titulado “Ríos Internacionales. El desvío del río Lauca” (1974), en el cual el autor menciona que el factor de evaporación del lago Coipasa aumentó cuantiosamente por el menor volumen de agua que éste recibe como consecuencia del desvío del río Lauca, lo cual ha hecho que ese lago comience a “ser absorbido por el gran salar del mismo nombre que lo circunda” (pág. 47), y si bien quizás ese estudio no es lo que Zambrano quisiera recibir como respuesta, nadie puede negar que el hábitat y las actividades de agricultura y ganadería en las poblaciones bolivianas de Huasquiri, Acoribes y Chipaya del Departamento de Oruro han disminuido considerablemente desde que Chile desvió las aguas del río Lauca. Además, eso no sólo afectó a las poblaciones altiplánicas de Bolivia sino también a las chilenas. En efecto, según un estudio de la Universidad de Berkeley-California que trata precisamente sobre las consecuencias para la ganadería altoandina y la vida de los pastores aymaras en la provincia de Parinacota-Chile: “los daños ecológicos, causados por las desviaciones de las aguas que cruzan sus pastizales, han contribuido a su marginalidad económica” (Bernhardson 1985: 171).
Asimismo, el autor de la réplica duda mucho de que en las escuelas de su país se enseñe que Bolivia nunca tuvo mar y que ello fuera consecuencia del mal momento que vivieron ambos países después de la desviación del río Lauca; cuando no es ningún misterio que a partir de 1962 aparecieron en Chile una gran cantidad de libros con esa mentirosa afirmación, entre los cuales destacan los trabajos de Jaime Eyzaguirre (1963), Francisco Encina (1963), Oscar Espinosa (1965), Guillermo Lagos (1966), Augusto Pinochet (1972 y 1974) y Carlos Bustos (2004); algunos de los cuales adoptaron esa postura aun cuando contradecía lo que habían escrito antes. Un caso revelador de este último punto es el de Espinosa, quien al referirse a los títulos heredados por Bolivia de la corona española en su libro “Bolivia y el Mar” señala: “La lectura incompleta de esta Cédula Real (ley 5, título 15 libro II de la recopilación de leyes de Indias), nos indujo en nuestros primeros trabajos a incurrir en un error que debemos rectificar ahora. La cita trunca de la parte final del documento hace pensar, a la simple vista, que Charcas (hoy Bolivia) limitaba por el poniente con el mar del sur o Pacífico. Pero concordada con el párrafo primero y observada desde el punto de vista geográfico, en su conjunto salta a la vista el error de apreciación. En efecto, según habría de representarlo acuciosamente el capitán de fragata Miguel Hurtado en su Memoria de 1859, exhumada por nosotros 90 años más tarde. El verdadero límite occidental de la Audiencia de Charcas pasaba por el camino que, partiendo del pueblo de Atuncana llega a la ciudad de Arequipa. Entre éste y el mar existe una franja territorial perteneciente al virreinato del Perú hasta el Loa y desde este punto al sur del reino de Chile. Charcas o Bolivia quedaba al oriente de ella y sin salida al Pacífico” (Espinosa 1965: 18-19).   
Naturalmente que las autoridades chilenas no dijeron que Bolivia nunca tuvo mar – menos ahora que Evo Morales se muestra ávido por explotar cada una de las mentiras de su homólogo chileno con fines políticos –, pero en la bibliografía de los libros escolares de historia chilenos se puede apreciar varios de los nombres antes mencionados y eso demuestra una intención de difundir esa falacia que hoy es ampliamente compartida por varios de los internautas chilenos que visitan las redes sociales con el afán de justificar las acciones de su gobierno. Como un ejemplo de ello puedo citar a la señora Catalina Margaux de origen chileno, que el 20 de marzo escribió en mi blog: “en el colegio me enseñaron que la CapitaníaGeneral de Chile cuando eramos colonia, limitaba al norte con Perú a la alturadel río Loa y que Bolivia no existía pues era Alto Perú. También me enseñaronque fue Simón Bolivar quién presionó a Chile a entregar esos territorios alnuevo país que inspiraba su nombre en su apellido”.
La desviación del Río Lauca
Antes de ingresar en materia, es importante coincidir en que todo análisis sobre la utilización de un recurso hídrico compartido debe necesariamente ceñirse al reconocimiento de que su uso y disfrute soberano no es ilimitado. En efecto, de acuerdo a la legislación internacional sobre aguas sucesivas o transfronterizas, el Estado del curso superior no puede unilateralmente y por su propia voluntad, hacer uso de esas aguas o aprovechar parte de su caudal, sin el consentimiento expreso del Estado del curso inferior. Es necesario, en todo caso, la celebración de un acuerdo bipartito, para definir derechos y fijar compensaciones (Iturralde 1963: 16-17).
Dicho esto, pasemos a contestar lo que el aludido señala respecto a que mi persona habría olvidado que Bolivia fue la que rompió las relaciones diplomáticas entre los dos países en 1962 y que además habría desconocido “la literatura académica disponible”. Sobre el primer punto debo decir que efectivamente no aclaré que Bolivia rompió los vínculos diplomáticos pues me pareció innecesario mencionarlo ya que, ante una agresión como es el desvío unilateral de un río internacional, es natural que el agredido sea quien demuestre su molestia con la interrupción de las relaciones diplomáticas, y no el agresor.
En cuanto al segundo punto, debo reconocer que me sentí tentado de hacer gala de la impresionante biblioteca sobre la desviación del río Lauca que afortunadamente me heredó mi abuelo, Jorge Escobari Cusicanqui; pero me pareció mucho más acertado basar mi replica en fuentes exclusivamente primarias, es decir en los documentos oficiales que ambos gobiernos intercambiaron o suscribieron conjuntamente entre 1939 y 1962.
Por ejemplo en cuanto a los obrados iniciales, el susodicho señala que “En 1939 Chile declaró a Bolivia su intención de desviar las aguas del Lauca”, cuando en realidad, la primera comunicación oficial que Chile envió a Bolivia en relación a este asunto fue la nota de 16 de septiembre de 1939 con la que el Embajador chileno en La Paz, Benjamín Cohen, acusó recibo de la reserva que el gobierno boliviano había presentado a Chile frente al proyecto de canalización del Río Lauca. En esa nota, así como en las posteriores, el gobierno de La Moneda evitó utilizar la palabra “desvío”, empleando en su remplazo el vocablo “aprovechamiento”. Lo cual, de todas formas cambiaría posteriormente, “ante los hechos consumados”.
Seguidamente, el aludido hace una breve relación de los hechos suscitados en torno al Lauca, pero no menciona que en todo ese tiempo (1939-1962), Bolivia solicitó a Chile insistente pero infructuosamente, información sobre las obras de canalización. Asimismo, tampoco señala que a través de la nota de 17 de enero de 1948, enviada por el Sub Secretario chileno, Manuel Trucco a la representación de Bolivia en Santiago; Chile se comprometió formalmente a llegar “a un completo y definitivo acuerdo” sobre este tema. Lo cual evidentemente nunca sucedió.  
En cuanto a los resultados obtenidos por la primera Comisión Mixta chileno–boliviana conformada para inspeccionar las obras del Lauca, el mencionado personaje señala: “El informe, emitido en 1949, fue favorable a Chile”. No obstante, si uno revisa el Acta respectiva de 5 de agosto de 1949, no encuentra ningún elemento que permita sostener tal afirmación. Muy al contrario, ese documento señala textualmente: “La insuficiencia de datos técnicos dio lugar a una diferencia en la apreciación del alcance del proyecto”.  
A pesar de que ese Acta demostraba fehacientemente que la información proporcionada había creado “una diferencia”, el gobierno chileno se valdría de ese documento para alegar luego que el mismo constituía la “denuncia” que Chile tenía que haber presentado a Bolivia para realizar las obras en el Lauca de acuerdo a la Declaración de Montevideo sobre Ríos Internacionales de 1933 (artículo VII), lo cual fue uno de los reclamos que el gobierno de Bolivia presentó en las deliberaciones que bolivianos y chilenos sostuvieron en la OEA sobre este tema (Escobari 2000: TI 248).
En cuanto al Acta de la segunda Comisión Mixta, el personaje a quien replicamos señala: “El informe, presentado en septiembre de 1960, aprobó el proyecto y rechazó las objeciones de Bolivia”, pero si revisamos el documento tampoco encontramos nada referido a una aprobación, al menos no de Bolivia, y si bien la comisión de Chile efectivamente rechazó una de las objeciones de la delegación boliviana, esta última también objetó una propuesta de su contraparte chilena que decía: “La captación  de la totalidad del gasto del Río Lauca en las obras de toma del canal que construye el Gobierno de Chile, no producirá perjuicios a la República de Bolivia”.
Finalmente, después de que el Presidente chileno ordenó la apertura de las compuertas de los canales que desviaron las aguas del Lauca hacia territorio chileno el 14 de abril de 1962; Bolivia, en aplicación de sus facultades soberanas y de acuerdo a su obligación como signatario del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, acudió al Consejo de la OEA para que ese organismo tome conocimiento de lo ocurrido. Si bien es cierto que la Resolución aprobada por la OEA el 24 de mayo no tenía un carácter vinculante, como bien apunta el susodicho, eso no forzaba a que Chile incumpla sus disposiciones. La decisión adoptada resolvió hacer un llamado amistoso a Bolivia para que “acuda a alguno de los medios de solución pacífica de las controversias que contempla el sistema interamericano” y a Chile a que coopere en “hallar el medio pacífico que ofrezca las mejores probabilidades de solucionar prontamente esta controversia”. Pero Chile, en lugar de cooperar con la solución de la controversia, decidió rechazar la mediación que había propuesto Bolivia aduciendo que la “única” forma de resolver este caso era sometiéndolo a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje y eso, a pesar de que la Resolución citada no le daba la facultad de escoger el medio de resolución de controversias que se debía aplicar.
Por último, para entender por qué Bolivia no aceptó lo que Chile proponía, no es necesario apelar a la opinión de “un analista internacional”, ni tampoco al discurso que pronunció unos años después el entonces Canciller de Bolivia; es más acertado en todo caso, recurrir directamente a la documentación oficial que el gobierno boliviano presentó a la OEA, y así podremos comprender, sin riesgo de caer en especulaciones, la verdadera posición de Bolivia. Efectivamente, en las comunicaciones que el representante boliviano ante la OEA remitió a ese organismo el 28 de mayo y el 3 de julio, Bolivia afirmó que el 14 de abril de 1962 Chile había convertido la controversia jurídica relativa al río Lauca “en un hecho consumado de carácter político, que trasciende las facultades de cualquier organismo de puro derecho” y que, por tanto, la solución debida darse a través de un mecanismo de solución de controversias de carácter político como es la mediación. Agregaba que la única forma de restituir el carácter jurídico de la controversia para que ésta pueda ser tratada en el ámbito de la justicia internacional, era que Chile deje de utilizar las aguas del río Lauca. Lo cual, – afirmaba el gobierno boliviano – también permitiría el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Comentarios finales
Sobre el caso del Silala no vale la pena citar los estudios que avalan la postura boliviana acerca de que esas reservas conforman un sistema léntico (cuerpo hídrico estático) para confrontar la tesis chilena de que esas aguas integrarían un ecosistema lótico (aguas que corren o fluyen continuamente), porque a través de la exposición de opiniones no vamos a dilucidar jamás la naturaleza de esas aguas, que quizás no son parte de un ambiente totalmente léntico ni lótico, sino una combinación de ambos. Simplemente reafirmo lo señalado en el primer artículo acerca de que la mayor parte de esas aguas fueron canalizadas hacia territorio chileno artificialmente y me reservo más comentarios para cuando exista un estudio serio reconocido por ambos países que defina de qué estamos hablando.
Asimismo prefiero no comentar lo que el susodicho califica de “acciones hostiles” de parte de Bolivia en contra de Chile porque esos comentarios se basan en simples suposiciones que no contribuyen en nada a mejorar nuestras relaciones.
Por último, es necesario dejar en claro que las opiniones aquí vertidas como las que motivaron el primer artículo, no tienen en ningún caso la intención de provocar mayor enemistad entre Chile y Bolivia, sino muy al contrario, están dirigidas a esclarecer la verdad histórica de nuestras problemáticas relaciones para propiciar así un diálogo comprensivo, franco y constructivo entre nuestros gobiernos que permita evitar futuros conflictos en esta materia y sobre todo que prepare el ambiente en ambos países para lo que devendrá del fallo inapelable que la Corte Internacional de Justicia emitirá en relación a la controversia sobre el tema marítimo boliviano, independientemente de cuál sea su resultado.
Termino citando las palabras con las que Zambrano también concluye su columna acerca de que los conflictos entre Bolivia y Chile “sólo (se) resolverán si se dejan de lado las acusaciones infundadas y si las partes asumen las responsabilidades que le caben a cada una en los hechos. Desconocer la historia no conduce a nada”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fuentes Primarias
  • Declaración sobre el Uso Industrial y Agrícola de los Ríos Internacionales. Montevideo Uruguay, 24/12/1933 
  • Nota 335/63 del Embajador de Chile en Bolivia, Benjamín Cohen, al Ministro de RelacionesExteriores y Culto de Bolivia, Manuel Terrazas. La Paz, 16/09/1939
  • Nota 393/80 del Embajador de Chile en Bolivia, Benjamín Cohen, al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez. La Paz, 10/11/1939
  • Nota 539 del Sub Secretario de Chile, Manuel Truco, al Encargado de Negocios a.i. de Bolivia en Chile, Gustavo Medeiros. Santiago, 17/01/1948
  • Acta sobre las Conclusiones Técnicas de la Comisión Mixta chileno-boliviana para el estudio del aprovechamiento del Río Lauca. Arica, 5/08/1949
  • Acta de la Comisión Mixta boliviano-chilena en el problema del Río Lauca. Arica, 9/09/1960
  • Resolución Aprobada por el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Washington, 24/05/1962
  • Notas del Embajador Permanente de Bolivia ante la OEA, Emilio Sarmiento Camacho, al Presidente del Consejo de la OEA, Alberto Zuleta Ángel. 28/05/1962 y 3/07/1962

Fuentes Secundarias
  • Bernhardson, Wayne: “El desarrollo de los recursos hidrológicos del altiplano ariqueño y su impacto sobre la economía ganadera de la zona” Revista Chungará. Arica – Chile. 1985.
  • Bustos, Carlos: “Chile y Bolivia. Un largo camino de la Independencia a Monterrey”. RIL. Santiago Chile. 2004
  • Encina, Francisco Antonio: “Las Relaciones entre Chile y Bolivia”. Nascimiento. Santiago-Chile 1963
  • Escobari Cusicanqui, Jorge Andrés: “Historia Diplomática de Bolivia”. Urquizo. La Paz–Bolivia. 2000
  • Espinosa Moraga, Óscar: “Bolivia y el mar (1810 – 1964)”. Nascimiento. Santiago-Chile. 1965 
  • Eyzaguirre Gutiérrez, Jaime Miguel: “Chile y Bolivia: esquema de un proceso diplomático”. Zig-zag. 1963
  • Gomez Uhry, José Luis: “Ríos Internacionales, el desvío del río Lauca”. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz–Bolivia. 1974
  • Iturralde Chinel, Luis: “La Desviación del Río Lauca por Chile”. Burillo. La Paz–Bolivia. 1963
  • Lagos Carmona, Guillermo: “Las fronteras de Chile”. Zig-Zag. Santiago-Chile. 1966
  • Pinochet Ugarte, Augusto: “Guerra del Pacífico – 1879 – Campaña de Tarapacá”. Chile. 1972
  • Pinochet Ugarte, Augusto: “Geopolítica”. Andrés Bello, Santiago-Chile. 1974
  • Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia: “La Desviación del Río Lauca (Antecedentes y Documentos)”. La Paz–Bolivia. 1962

Entrevistas sobre la demanda marítima boliviana

El 12 de junio de 2013 se produjo la primera reunión de los Agentes de Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir los plazos en los que ambos países deberán presentar sus alegatos escritos. Sobre el particular y algunos otros temas relacionados, a continuación las entrevistas que me hicieron para Que no me pierda de la Red Uno, Al Día de Bolivisión y La Primera de ATB:  








martes, 18 de junio de 2013

Las aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente

Por: Andrés Guzmán Escobari

Imagen satelital de la costa del Pacífico sur
Las grandes extensiones territoriales de Bolivia y Perú que a consecuencia de la guerra del Pacífico pasaron al dominio de Chile, es decir, las regiones chilenas de Antofagasta, Tarapacá y Arica–Parinacota y de ahí hasta el departamento peruano de Tacna inclusive; son territorios extremadamente áridos y secos que siempre han requerido de las aguas del altiplano para su abastecimiento hídrico. Se sabe que desde tiempos muy remotos los habitantes de esos lares utilizaron las aguas altiplánicas para regar zonas costeras. El río Mauri, por ejemplo, fue desviado gradualmente hacia territorio tacneño hasta causar su trasvase completo, inicialmente por los aymaras del lugar en el siglo XV, luego por los españoles en 1739 y finalmente por Chile en 1919 y por el Perú en 1950 (Escobari: Historia Diplomática de Bolivia. 2000: 310).     
La desesperante sed del norte de Chile ha conducido al gobierno de ese país a desviar, en coordinación con algunas empresas públicas y privadas, aguas que no le pertenecen y que, en algunos casos, incluso están más allá de sus fronteras.
Efectivamente, el desvío de las aguas del Silala es un caso muy delicado porque se trata de un reservorio hídrico de varios acuíferos subterráneos que afloran a superficie en territorio boliviano en forma de manantiales estáticos y cuyas aguas han sido canalizadas hacia territorio chileno artificialmente. Si bien tal vez es cierto que una pequeña parte de su caudal corría naturalmente hacia el territorio que hoy es chileno (Antofagasta) y que su existencia incluso está reconocida en el mismísimo Tratado de 1904; es un hecho inobjetable – basta con ver las fotos del lugar – que la mayor parte de esas aguas ingresan a Chile a través de canales artificiales, construidos a partir de 1884 en territorio boliviano y sin el consentimiento de Bolivia. 
De acuerdo con los estudios realizados por el ingeniero hidráulico boliviano Antonio Bazoberry, la empresa que tuvo la concesión para usar esas aguas entre 1908 y 1997, inicialmente denominada The Antofagasta and Bolivia Railway, y también la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), reciben desde hace muchísimos años más de 330 litros por segundo de las aguas del Silala y no pagan ni un centavo (Bazoberry: El mito del Silala. 2005: 113).  Asimismo, en un reportaje publicado por Página Siete (17/04/2011), el periodista boliviano Boris Miranda revela que esas aguas son vendidas actualmente por una empresa del grupo Luksic (Aguas Antofagasta) a la población del lugar y a CODELCO, por un valor que supera los 50 millones de dólares al año, a pesar de que los costos de captación del líquido elemento son nulos para esa empresa (clic aquí para más información sobre el Silala).
Pero aún más grave es la situación del río Lauca que, a diferencia del Silala, es una corriente de agua internacional de curso sucesivo, es decir, un recurso hídrico compartido que al igual que el Silala, está siendo utilizado casi totalmente por Chile (cerca del 90%). El agravante en este caso se produce porque su controvertido desvío, ocurrido el 14 de abril de 1962, ha provocado un desbalance ecológico en la zona de Coipasa – Bolivia, que ha convertido a esa región en un páramo casi inhabitable. En efecto, en lugar de que esas aguas discurran naturalmente a la laguna boliviana de Coipasa, como sucedía hasta 1962; actualmente, cerca de 2.460 litros por segundo de su caudal riegan el valle de Azapa, ubicado en territorio chileno, según datos de la Dirección General de Aguas de Chile (DGA).

Por si fuera poco, el controvertido desvío del Lauca, que fue ejecutado por el gobierno de Chile en medio de furibundas protestas de Bolivia, marcó un hito muy negativo para el mantenimiento de las buenas relaciones entre ambas naciones porque además de provocar desde entonces la ruptura de los vínculos diplomáticos entre los gobiernos de La Paz y Santiago (excepto 1975–1978), ha acentuado las desconfianzas del pueblo boliviano hacia el Estado chileno y en Chile, ha propiciado el inicio de una campaña informativa, introducida a la historia que se enseña en las escuelas de ese país, que en nada contribuye al entendimiento de nuestros pueblos, pues pretende generar el convencimiento mentiroso de que Bolivia nunca tuvo mar.
No obstante, aún peor que los dos casos mencionados, el desvío del río Caquena es el problema más grave de todos, porque además de significar un atropello en sí mismo y de generar serios daños ecológicos en la región boliviana de Charaña; representa nada menos que una flagrante violación de Chile al Tratado de 1904. En efecto, según el artículo 2 de dicho tratado, el límite fronterizo entre ambos países debe seguir el curso del río Caquena entre los hitos 92 y 93, es decir que se trata de una corriente de agua de curso contiguo (límite arcifinio) que define la frontera y como tal, debería ser respetada por las partes. Sin embargo, como sus aguas han sido desviadas por Chile a partir de los años 60 del siglo XX, la frontera común también ha sido modificada unilateralmente y eso es, indiscutiblemente, un tema de límites que debe ser revisado, aun cuando las autoridades chilenas repitan con insistencia y en cada una de sus declaraciones, que no existen temas de límites pendientes entre Chile y Bolivia.
La desviación del Caquena es además la más onerosa para Bolivia en términos cuantitativos pues, según datos de la DGA, el total del caudal desviado alcanza a 3.760 litros por segundo que actualmente riegan el valle Lluta en territorio chileno. Lo cual, sumado a las otras cantidades desviadas por el país del Mapocho (Lauca y Silala), llegan a 6.640 litros por segundo de aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente.
Esa impresionante cantidad de agua boliviana que ingresa o se queda en Chile de manera ilegal porque no cuenta con el consentimiento de Bolivia, debe ser materia de negociaciones entre los gobiernos de ambos países, no sólo porque es lo que corresponde en justicia, sino también porque el mantenimiento de esta situación podría provocar serios conflictos en el futuro debido a que la demanda de agua de los territorios en cuestión – donde se encuentra una de las industrias mineras más importantes del mundo –, aumentará con el paso del tiempo.

Además, teniendo en cuenta que Chile y Bolivia se encuentran definiendo la más difícil y prolongada de sus controversias en el ámbito jurisdiccional; es muy importante que ambos gobiernos preparen en cuanto sea posible el ambiente para afrontar el resultado de ese proceso judicial y para ello, la resolución de los temas pendientes entre ambos países, es sin duda y lógicamente, lo primero que se debería hacer. En ese sentido, es importante promover el diálogo que permita alcanzar acuerdos para garantizar el abastecimiento hídrico del norte chileno y el resarcimiento y contraprestación correspondientes para Bolivia.  

jueves, 6 de junio de 2013

Instan a Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos en uso de recursos hídricos y comercio

Agencia de Noticias Fides 

Hay una inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia.
Instan a Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos en uso de recursos hídricos y comercio

La Paz, 6 Jun. (ANF).- El analista internacional Andrés Guzmán Escobari, nieto del ex canciller Jorge Escobari Cusicanqui, instó este jueves a los gobiernos de Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos al margen de la demanda marítima que ya está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre uso de recursos hídricos y comercio bilateral.

Guzmán en una crónica publicada en el diario La Tercera, de Santiago, insta a “preparar el ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La Corte dicte su fallo”.
El experto en temas de Bolivia y Chile recordó que está en vigor el artículo IV del Pacto de Bogotá, acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El artículo referido por Guzmán Cusicanqui señala textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”.
El analista, amparado en el Pacto de Bogotá, instó a dejar temporalmente fuera de las conversaciones el tema marítimo: "No sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde”.
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El tema marítimo fuera de las conversaciones boliviano - chilenas

Por: Andrés Guzmán Escobari

Las conflictivas relaciones entre Bolivia y Chile se han deteriorado considerablemente en el último tiempo a un punto tal que seguramente sólo fue superado en el pasado cuando se rompieron los vínculos diplomáticos entre ambos países (1920, 1962 y 1978) o cuando estalló la guerra (1839 y 1879). De hecho, el estado actual de nuestras relaciones podría compararse con aquellos pocos momentos de la historia en los que Chile, al igual que hoy, se negaba rotundamente a reconocer la existencia del problema que genera el enclaustramiento boliviano, por ejemplo: cuando el año 1900 el representante de La Moneda en La Paz, Abraham Köning, remitió un duro comunicado al Canciller boliviano de la época para aclararle que Chile nada le debe a Bolivia y advertirle, entre otras cosas, que su país había centuplicado su poderío militar desde 1879; o cuando en 1987 el gobierno del General Pinochet rechazó de plano las propuestas que las autoridades bolivianas le habían planteado en las negociaciones del “enfoque fresco”, con el propósito de resolver precisamente el asunto marítimo.



En efecto, el estado actual de las relaciones boliviano – chilenas es tan malo que no existe ningún tipo de diálogo entre nuestras autoridades que no sea el estrictamente necesario en el ámbito consular y eso es algo que naturalmente y por el bien de nuestro porvenir como países vecinos, debe cambiar.  
La situación en que nos encontramos es el resultado de una incomprensión absoluta de la posición del otro y de la tentación de nuestras autoridades por utilizar los temas que nos distancian para encender las pasiones nacionalistas de nuestros pueblos que, indiscutiblemente, generan importantes réditos político-electorales en ambos lados de la frontera. Asimismo, en los hechos, esta situación es el resultado de la interrupción del diálogo de la Agenda de 13 puntos ocurrido en noviembre de 2010 por decisión del gobierno chileno y de la posterior determinación boliviana de recurrir a tribunales internacionales para resolver el problema marítimo, que evidentemente no cayó nada bien en Chile.  
A esas dificultades debemos sumar la conducta beligerante de ambas partes, los bolivianos emplazando al Gobierno de La Moneda a levantar el encierro geográfico con un lenguaje innecesariamente agresivo y cuestionado insistentemente los vicios de origen de un Tratado que ha cumplido y respetado por más de 100 años, y los chilenos oponiendo un rechazo absoluto a reconocer la existencia de un asunto pendiente entre los dos países que además vino acompañada de algunas amenazas de utilizar la fuerza para, entre otras cosas, “hacer respetar los tratados”.  
No es el propósito de estas líneas evaluar la validez o legitimidad de las posturas asumidas, sino de hacer notar que las políticas aplicadas en consecuencia nos han llevado a una situación que no sólo ha congelado el tratamiento del tema marítimo – de tan sensible importancia para los bolivianos –, sino que ha paralizado también el diálogo en todos los demás asuntos de interés binacional, entre los cuales, hay otros problemas de altísima complejidad y relevancia para ambos países que deben encontrar urgentemente un canal de diálogo que permita abordarlos y resolverlos, porque esos problemas podrían ser motivo de más discordias o hasta conflictos entre chilenos y bolivianos en el futuro.
Me refiero a la inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia (Silala 330 lt/seg; Lauca 2.460 lt/seg; y Caquena 3.670 lt/seg), según estudios realizados por el Ing. Antonio Bazoberry y la Dirección General de Aguas de Chile; a las constantes dificultades que enfrentan los comerciantes bolivianos en los puertos chilenos debido a la cuestionable aplicación del derecho de libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios por parte de las empresas privadas que operan esas terminales portuarias; a la operatividad del Ferrocarril Arica – La Paz que, a pesar de la rimbombante celebración del centenario de la vía que estuvo presidida por el mismo Presidente Piñera, no ha realizado ningún viaje completo en el lado chileno desde hace casi 10 años y que en el lado boliviano se mantiene operativo; a las labores de retiro y destrucción de las minas antipersona de la frontera que, según datos publicados por la Comisión Nacional de Desminado de Chile (www.cnad.cl), sólo habrían avanzado en un 37% pese al transcurso de más de una década desde que gobierno chileno se comprometió a retirarlas; y a otros temas también importantes para ambos países como la cooperación para el control del narcotráfico, la lucha contra el contrabando, la complementación económica; etc., etc.       
La gran mayoría de estos temas fueron incluidos en la Agenda de 13 puntos, cuyo tratamiento, como ya se dijo, quedó interrumpido. No obstante, teniendo en cuenta que el asunto que generó esa interrupción está siendo sometido a una instancia jurisdiccional como es la Corte Internacional de Justica de La Haya, porque evidentemente no pudo ser resuelto por la vía diplomática; resulta no solo urgente, sino también absolutamente razonable que los gobiernos de ambos países restablezcan el diálogo para tratar todos los demás puntos de la Agenda dejando momentáneamente de lado, mientras dure el juicio, el tema marítimo boliviano (punto 6).
Esta idea de no negociar directamente el tema marítimo, que ya fue planteada tentativamente por el Ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter; también fue sugerida por quien escribe estas letras en un encuentro binacional de personalidades entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes personajes políticos y académicos de los dos países. Los chilenos, como era de esperar, acogieron sin objeciones la moción. No obstante, entre los bolivianos hubo reticencias de quienes consideraban “imprudente” hacer tal cosa: “Qué habrían dicho los grandes diplomáticos que hemos tenido”, censuró uno de ellos, “Qué habría dicho tu abuelo!” me dijo el otro.


Al respecto cabe aclarar que esta sugerencia no tiene por objeto librar a la diplomacia chilena de su tradicional piedra en el zapato, sino más bien preparar el ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La Corte dicte su fallo. De hecho, eso es lo que indica el procedimiento del juicio que el gobierno boliviano inició. El artículo IV del Pacto de Bogotá, que es el acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda, señala textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”. Por tanto, dejar temporalmente fuera de las conversaciones al tema marítimo no sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde.