domingo, 29 de mayo de 2016

La formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Cambio

Durante todo el periodo de tregua (1884 - 1904), Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero". 
Fuente: Jorge Escobari Cusicanqui (2000). 
Aunque el Tratado de Paz y Amistad de 1904 no tiene nada que ver con la demanda que Bolivia presentó en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justica (CIJ), tal como lo reconoció ese mismo órgano judicial en su fallo sobre la objeción preliminar chilena de 24 de septiembre de 2015; el referido instrumento bilateral y las circunstancias en las que fue concebido, han sido objeto de sendos debates entre políticos y académicos, bolivianos y chilenos, que han puesto en evidencia, una vez más, las discrepancias que existen entre las versiones de la historia que predominan en nuestros países. En este caso específico, sobre lo ocurrido después de la guerra del Pacífico, en el periodo de tregua (1884 – 1904), que condujo a la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano.             
En efecto, las discusiones sobre el Tratado de 1904 han seguido enfrentando a bolivianos y chilenos porque Santiago decidió desplegar una estrategia jurídica y comunicacional que pretende convencer a los jueces de la Corte y a la comunidad internacional, de que la demanda boliviana busca modificar dicho acuerdo bilateral de manera encubierta, y porque el Presidente de Bolivia, Evo Morales, no ha perdido ocasión alguna para recordarle al gobierno chileno y al mundo, que el tratado de referencia es injusto, ha sido incumplido por el país del Mapocho y además de eso, ha sido impuesto mediante amenazas y presiones a nuestro país.    
Teniendo eso presente, a continuación se analizan dos puntos específicos de discrepancia en este debate que, a pesar del transcurso de más de un siglo, siguen generando polémica y enemistad entre ambos países.
El primer punto tiene que ver con la aseveración frecuentemente utilizada por las autoridades de Santiago, de que el Tratado de 1904 fue suscrito 20 años después de la guerra, cuando ambos países podían medir bien las consecuencias de lo que estaban firmando y cuando supuestamente, no había ninguna posibilidad de que se reinicien las hostilidades. Al respecto, cabe aclarar que si bien es cierto que transcurrieron dos décadas entre el armisticio y el acuerdo de paz, es importante tener en cuenta que durante todo eso ese tiempo, Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero”, que contribuyó a doblegar la voluntad de los gobernantes bolivianos de hacer lo posible por no perder contacto soberano con el mar.
En efecto, el asfixiante régimen aduanero fue introducido por Chile en el Pacto de Tregua de 1884 (artículo 6) con el propósito inocultable de controlar a nuestro país y forzarlo a aceptar sus condiciones. Dicho Pacto obligó a Bolivia a renunciar a buena parte de sus ingresos aduaneros porque estableció que no podía gravar a las importaciones provenientes del puerto de Arica y muy por el contrario, los comerciantes bolivianos debían pagar el arancel chileno en dicho puerto. Adicionalmente, Chile exigió el resarcimiento de los chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda. Lo cual determinaba para nuestro país una situación de enclaustramiento aún más onerosa que la actual.
No obstante, el Pacto de Tregua, que junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que gobierna las relaciones boliviano-chilenas, no fue libremente consentido por nuestro país sino que fue impuesto por el gobierno de Santiago con la amenaza del uso de la fuerza. En efecto, cuando las autoridades de ambos gobiernos negociaban los términos de la tregua, a principios de 1884, Chile tenía cerca de 20 mil soldados en Puno y Arequipa, listos para invadir territorio boliviano a la primera orden, tal como lo han reconocido algunos historiadores chilenos. Por su parte, Bolivia, con una fuerza militar de cerca de 5 mil hombres en esos momentos, decidió no oponer resistencia y aceptó las condiciones del vencedor.
Por otra parte, si bien es cierto que los gobernantes bolivianos podían medir bien las consecuencias de sus actos en 1904, es importante considerar el contexto en que se desarrollaron esas negociaciones. Bolivia atravesaba una de sus etapas más críticas y difíciles a nivel internacional, debilitada tras haber enfrentado al poderoso ejército del Brasil en una guerra y con serios temas de límites pendientes con todos sus demás vecinos: con Perú por el territorio contiguo al río Tambopata; con Argentina por las dificultades en la demarcación de la línea fronteriza; con Chile, como hemos visto, por el Departamento del Litoral que se hallaba ocupado militarmente; y con Paraguay, por la vieja disputa sobre el territorio del Chaco boreal, que luego provocaría otra guerra.  
Por si fuera poco, toda esta complicada situación, fue deliberadamente agravada por Chile al iniciarse el siglo XX con las amenazas que lanzó su Ministro en La Paz, Abraham Köning, y con las despreciables propuestas que hizo su representante en Lima, Ángel Custodio Vicuña, a los gobernantes del Perú. En efecto, mientras Köning le hacía saber al Canciller boliviano: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”; Vicuña proponía a las autoridades peruanas desmembrar el territorio de Bolivia para repartirlo entre sus vecinos.
El segundo punto de discrepancia, también utilizado con frecuencia por las autoridades chilenas, es el referido a que las máximas autoridades de Bolivia en 1904 fueron reelegidas por el pueblo boliviano en las elecciones que se realizaron después. Lo cual, según la postura chilena, sería una suerte de confirmación de que el Tratado de límites, no fue rechazado por los bolivianos de aquel tiempo.
Al respecto, cabe hacer dos aclaraciones. La primera sobre quiénes elegían y reelegían presidentes en Bolivia en ese entonces: varones que sabían leer y escribir y que tenían bienes a su nombre. Lo cual restringía el sufragio electoral a una reducía minoría encarnada en una oligarquía liberal no indígena, que era también la que gobernaba.
La segunda aclaración se refiere al peculiar hecho de que los principales negociadores chilenos del Tratado de 1904, es decir, el entonces Canciller Emilio Bello Codesido y el entonces Ministro de Chile en La Paz, Beltran Mathieu, ofrecieron una salida soberana al mar para Bolivia unos años más tarde y en nombre de su gobierno. En efecto, Bello vino a La Paz en 1920, en representación de su gobierno, y ofreció, mediante el Acta Protocolizada de 10 de enero, una parte importante de Arica y el ferrocarril que llega a La Paz. Por su parte, Mathieu, como Ministro de Relaciones Exteriores de su país, el 26 de mayo de 1926, aclaró en un Comunicado a todas sus legaciones en el extranjero, que durante las negociaciones con el Perú para resolver el asunto de Tacna y Arica, el gobierno de Chile había aceptado “sacrificar en interés de Bolivia un parte del departamento de Arica”. Lo cual es una especie de reconocimiento de quienes negociaron y suscribieron el Tratado de 1904 por parte de Chile, de que éste no había resuelto definitivamente todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico.
Todo lo dicho demuestra que el régimen jurídico que aún rige las relaciones entre ambos países y que también determinó la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano, fue concebido entre amenazas y presiones del vencedor de la guerra al vencido. 

domingo, 22 de mayo de 2016

El futuro político - diplomático del Pacífico sur

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

La estrategia adoptada por Chile para enfrentar las demandas de Perú y Bolivia presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, es y ha sido totalmente distinta.

Foto satélital del Pacífico sur, Fuente: Google earth.
Al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, las relaciones político-diplomáticas de los países que por su ubicación geográfica concurren a las costas del Pacífico sur, se mantienen como de costumbre, frías y destempladas. Por un lado está Chile que con un discurso legalista y un armamentismo sostenido, intenta prolongar el statu quo territorial impuesto por sus gobernantes a partir del siglo XIX, mediante los tratados que dieron fin a la guerra del Pacífico. Por el otro lado tenemos a Perú y Bolivia, que sin plantear la modificación de dichos tratados, han demandado al país del Mapocho ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin de obtener una delimitación marítima equitativa y un acceso soberano al mar respectivamente.

Pero si bien las dos demandas surgen de problemas derivados de la guerra del Pacífico y ambas fueron interpuestas ante la CIJ en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI), la estrategia adoptada por Chile para enfrentarlas es y ha sido totalmente distinta.

En efecto, para enfrentar al Perú, el gobierno de Chile aceptó aplicar la política de “cuerdas separadas”, que había sido propuesta por el entonces presidente peruano Alan García, con el fin de “resguardar” las inversiones que existen entre ambos países y los intereses económicos de los respectivos inversionistas. Mientras que para enfrentar a Bolivia, La Moneda decidió adoptar una política de “cuerdas entrelazadas”, en la que además de rechazar el juicio como mecanismo pacífico de solución de controversias en este caso, no puede separar lo que se discute en la CIJ de lo que son las relaciones político-consulares, incluyendo la aplicación del libre tránsito para el comercio boliviano en puertos chilenos y las políticas de migración, tal como lo revela un video publicado a mediados de marzo por Santiago.

Por otra parte, a pesar de que en ambos casos las autoridades chilenas rechazaron la existencia de una controversia jurídica y la subsistencia de asuntos de límites pendientes, por haber sido supuestamente resueltos mediante los acuerdos suscritos en 1952 y 1954 con Perú, y en 1904 con Bolivia; la estrategia chilena para enfrentar los dos casos tampoco fue la misma. Frente a la demanda peruana, Chile aceptó ingresar al proceso de fondo sin presentar excepciones de ningún tipo; pero ante la demanda boliviana, decidió objetar la competencia de la Corte de manera preliminar, sin haber logrado lo que buscaba.

Los resultados de dichos procesos hasta el momento, han hecho que la diplomacia chilena también adopte una postura radicalmente diferente frente a Bolivia y Perú, pues mientras que frente al primero mantiene el discurso de que los tratados de límites son “intangibles”, en referencia a la supuesta imposibilidad de revisar el Tratado de 1904; frente al segundo, el gobierno chileno no se ha mostrado dispuesto a respetar lo convenido en el Tratado de 1929, en cuanto a que la frontera terrestre parte “de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta” (Artículo 2º).

Este último punto, además de haber generado una controversia limítrofe por un territorio triangular de 3,6 kilómetros cuadrados, aún pendiente, ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones del discurso legalista de Chile, que se jacta de respetar los tratados internacionales pero que en la práctica no los respeta cuando no le conviene (Perú) o cuando sencillamente no le interesa (Bolivia).

Sumado a ello, el proyecto del corredor bioceánico que debe unir al Pacífico con el Atlántico, también ha tensado el relacionamiento en el Pacífico sur, porque a pesar de que en 2007 los presidentes de Bolivia, Brasil y Chile acordaron construir el corredor entre el puerto brasileño de Santos y el puerto chileno de Iquique; en el último tiempo, el gobierno del Perú ha logrado desviar ese proyecto hacia sus costas en desmedro de los intereses de Santiago y con el beneplácito de La Paz. Lo cual está aún más avanzado en el caso del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá a las terminales portuarias de Santos e Ilo, pasando por territorio boliviano. 

Toda esta sucesión de hechos, agravada por los nuevos casos de espionaje chileno, descubiertos por las Fuerzas Armadas del Perú, y el uso no autorizado de las aguas bolivianas del Silala por parte de Chile, que ya mereció el anuncio de una nueva demanda por parte de Bolivia ante la CIJ; marcan el complejo escenario en el que se desarrollarán las relaciones político-diplomáticas del Pacífico sur en los próximos años.

En ese sentido, el nuevo gobierno del Perú, que estará presidido por Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, y que tendrá que gobernar con un congreso mayoritariamente fujimorista, que podría darle viabilidad política a las concesiones ofrecidas a Bolivia en Ilo el año 2010; deberá lidiar y entenderse con las administraciones de Evo Morales y Michel Bachelet, al menos en sus primeros años, para intentar resolver los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.

El desafío es grande no sólo por la complejidad de los problemas mencionados sino también por las diferencias ideológicas de las autoridades a cargo, pues el nuevo gobierno del Perú, sea de la derecha populista que representa Fujimori o de la derecha neoliberal que encarna a Kuczynski, deberá entenderse con la administración boliviana de izquierda socialista de Morales y con el gobierno chileno de izquierda neoliberal de Bachelet, que tampoco mantienen buenos tratos entre ellos desde hace unos años.

En conclusión, aunque el futuro no parece muy promisorio, como ciudadanos del Pacífico sur no nos queda más que confiar en la habilidad de nuestros gobernantes para entenderse y resolver los problemas que arrastramos desde la guerra del Pacífico. Todo ello para que las futuras generaciones puedan dedicarse a elaborar proyectos de cooperación y desarrollo conjunto, en lugar de trabajar en la solución de los problemas que nos dejaron nuestros antepasados. 

Chile debe responder a la demanda de los Chávez

Por: Víctor Hugo Chavez
En mi familia y en la escuela fiscal a la que asistí durante mi educación primaria me enseñaron que era una señal de muy mala educación el poner apodos a las personas, por ello no responderé al apodo de "mendrugo” que pretende endilgarme Guzmán.

Se ha publicado el domingo 8 de mayo del año en curso en el periódico Página Siete el artículo de opinión titulado "El mendrugo contraataca” suscrito por Andrés Guzmán Escobari, en el que nuevamente insulta a Bolivia pues señala que el territorio usurpado por Chile no puede ser reclamado y sostiene la presunta validez del Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, que según Guzmán habría sido aprobada por el Congreso boliviano mediante la Ley de 4 de febrero de 1905 que se encontraría en "los expedientes de la Cancillería y en la gaceta oficial del Estado Plurinacional”, señalando Guzmán que "el Acta es válida muy a nuestro pesar y debemos respetarla” -como si su palabra equivaliera a un laudo, fallo o sentencia del Tribunal de La Haya-.

En mi familia y en la escuela fiscal a la que asistí durante mi educación primaria me enseñaron que era una señal de muy mala educación el poner apodos a las personas, por ello no responderé al apodo de "mendrugo” que pretende endilgarme Guzmán; eso sí, en cuanto a mis actividades laborales o profesionales Guzmán Escobarí podrá retractarse respecto a la afirmación que hace en sentido que mi hermano Wilfredo o mi persona hayamos sido personal de la empresa china CAMC o en caso de no hacerlo deberá probar esta temeraria afirmación ante tribunales.

Hasta que hemos publicado el Proyecto de Demanda Marítima y su antecedente denominado "Estrategia para la obtención de una salida libre y soberana al Océano Pacífico” (14 de febrero de 2000) no se publicó en medio impreso de circulación pública, alguna propuesta de demandar a Chile ante La Haya; encomiables trabajos de valerosos bolivianos no incluyeron el Protocolo de 16 de abril de 1907 que permite a Bolivia acudir ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya; pero no por ello nos referiremos a estos patriotas como mendrugos o soquetes, puesto que el aporte de todo boliviano a la reivindicación marítima debe ser realzado en lugar de ser insultado; esto no es entendido por Guzmán Escobari que al parecer tiene ensañamiento contra nuestras personas por haber propuesto una demanda contra Chile acudiendo a La Haya, causándole incomodidad el hecho que el proyecto de demanda haya sido elaborado por hombres mestizos del pueblo a quien se les sindica "viveza criolla” y no por algunos ensoberbecidos egresados de la Academia Diplomática (no todos ellos) enredados en propuestas de eterna negociación.

Empero, ¿qué es lo que causa tanta roncha para los chilenos y sus acólitos?, es el hecho que Bolivia plantee una demanda para reivindicar el territorio comprendido entre los paralelos 24 a 23 en que se encuentran Antofagasta y Mejillones, su mar, plataforma continental, islas e islotes hasta las 200 millas náuticas que ni por casualidad se encuentran mencionados en el Tratado de 1904. Chile a lo largo de los 111 años de vigencia de dicho Tratado ha señalado que todo estaba resuelto con Bolivia con la firma de este Tratado;  de ser así, corresponde la devolución inmediata de estos territorios a Bolivia por no estar comprendidos en el mencionado Tratado; para sustentar esta posición acudimos a la Jurisprudencia Arbitral referida al laudo arbitral emitido por el presidente de  Estados Unidos de Norteamérica Calvin Coolidge el 4 de marzo de 1925 ante el reclamo de la República de Perú contra Chile por la ocupación del territorio de Tarata próximo a Tacna, que no se encontraba comprendido en el Tratado de 1883 y que por ello tuvo que ser reincorporado al territorio peruano en mérito al laudo arbitral emitido, abriendo además las negociaciones para la firma del tratado definitivo de límites terrestres de 3 de junio de 1929 entre Perú y Chile.

Según la versión chilena –aplaudida entusiastamente por Guzmán Escobari-, el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 tendría plena validez puesto que en esa ocasión el plenipotenciario de Bolivia Alberto Gutiérrez declaró ante la Cancillería de Santiago que "debidamente autorizado por su gobierno no tenía inconveniente para hacer la declaración pedida por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores (de Chile), esto es, que el Gobierno de Bolivia reconoce al dominio absoluto y perpetuo de Chile el territorio situado entre los paralelos 23 a 24 de latitud meridional, desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”. (Transcripción del Acta protocolizada de 15 de noviembre de 1904 cursante en la Colección de Tratados de Bolivia, Tomo IV, Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Páginas 416 a 417).

Como se observa, Alberto Gutiérrez hizo referencia que no tenía inconveniente para hacer una declaración;  empero ello no conlleva a una Modificación del Tratado de 1904. Por otra parte, en el caso de la forzada validez del Acta de 15 de noviembre de 1904 mediante fallo arbitral, el reconocimiento al dominio de Chile comprendería el territorio situado entre los paralelos 23 a 24 en que se encuentran Antofagasta y Mejillones; empero, incluso en el caso que se declare la validez del Acta que se esmera en defender Guzmán Escobari y que señala que "debemos respetarla”, aun en ese caso: el mar, islas e islotes de ese territorio no fueron cedidos al usurpador puesto que refiere que el reconocimiento se efectúa "desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”; por consiguiente, en el peor escenario, es decir que La Haya otorgue validez al Acta de 15 de noviembre de 1904, el mar y  las islas e islotes de ese territorio pueden ser reclamables por Bolivia, siendo estas islas e islotes:  Isla Guzmán, Guamán o Guanosa: Latitud: 23.55 Longitud: 70.416;  Isla Lobos: Latitud: 23.533 Longitud: 70.616; Isla Santa María Latitud: 23.433 Longitud: 70.616; Islote Águila: Latitud: 23.916 Longitud: 70.516; Islote Angamos: Latitud: 23.016 Longitud: 70.533; Islote Lagartos: Latitud: 23.366 Longitud: 70.6, puesto que estas islas no fueron señaladas en el Tratado de 1904 y en el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904.

Empero el aspecto central radica en el hecho que el Acta Protocolizada no fue ratificada o aprobada por el Congreso de Bolivia conforme mandaba la Constitución de 1880 vigente en 1905, puesto que la Ley de 4 de febrero de 1905 aprueba el Tratado de 1904, su Protocolo de 20 de octubre del mismo año y un inexistente Protocolo de 15 de noviembre de 1904, que no es igual al Acta Protocolizada de la misma fecha. Chile tendrá que demostrar en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya la existencia del Protocolo de 15 de noviembre de 1904 y que éste es el Acta Protocolizada,  pero para que no quede duda alguna respecto a lo que se aprobó en la Ley de 4 de febrero de 1904, paso a transcribir el texto de la misma: "Artículo Único.-  Apruébase el Tratado de Paz y Amistad, suscrito en Santiago el 20 de octubre del próximo pasado año de 1904, por el Plenipotenciario de Bolivia don Alberto Gutiérrez y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, don Emilio Bello Condecido, y los Protocolos de 20 de octubre y 15 de noviembre, y las Notas Reversales de 21 de octubre y 16,17 y 21 de noviembre del  mismo año” (Transcripción de la Ley de 4 de febrero de 1905 cursante en la Colección de Tratados de Bolivia, Tomo IV, Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores, Páginas 420 a 421); como se lee de ese texto, el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 no fue aprobada o ratificada por el Congreso boliviano; por tanto,  no tiene valor y la afirmación de Guzmán Escobari queda desnuda, pudiendo Bolivia reclamar la reivindicación de Antofagasta y Mejillones más su mar, islas e islotes.  Evidentemente deberá ser Chile que responda a la demanda proyectada por los hermanos Chávez, pero para ello la demanda deberá ser analizada, complementada e interpuesta y no negada, insultada  o bloqueada sistemáticamente por la chilenofilia entreguista.

domingo, 8 de mayo de 2016

El mendrugo contraataca

Por: Andrés Guzmán Escobari
Aún cuando el Acta Protocolizada de 1904 fuera inválida, como sostienen los Chávez, tampoco podríamos reclamar pertenencia sobre los territorios en cuestión debido a que durante más de un siglo, Bolivia aceptó y respetó el dominio de Chile sobre los mismos.

Víctor Hugo Chávez, el mendrugo.
En respuesta a mi artículo Victor Hugo, el mendrugo, publicado el pasado 10 de abril en este mismo espacio (Ideas de Página Siete), y referido al comportamiento del señor Víctor Hugo Chávez Serrano en el conversatorio sobre la demanda marítima boliviana que se realizó el 22 de marzo en la UMSA,  el principal aludido, a quien llamo mendrugo no por su conducta sino por su dificultad para entender las cosas, decidió contraatacar con un nuevo artículo en el cual, a tiempo de explicar por qué llegó tarde a dicho conversatorio y por qué se retiró antes de que termine, intenta refutar lo que señalé respecto a que su proyecto de demanda contra Chile, elaborado conjuntamente con su hermano Wilfredo, es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por viveza criolla.

Primero señala que resultaría ocioso discutir sobre la coqueta chapela (boina de gran vuelo) que cubría su cabeza ese día o sobre cómo lucían las frondosas patillas de su hermano en esa misma ocasión, a las que yo hice referencia en mi artículo. Pero si bien coincido en que esos detalles no son relevantes para nuestro debate, cabe aclarar que su mención obedeció únicamente a razones de contextualización y amenización, no tenía la intención de causarle enojo ni sonrojo. 

Seguidamente aclara que él y su hermano hicieron el servicio militar obligatorio en un evidente intento por insinuar que yo no lo habría hecho. Al respecto, a tiempo de hacer extensivas mis felicitaciones a los hermanos Chávez por no haber rehuido al llamado de las Fuerzas Armadas, debo informarles que cuando alcancé la edad correspondiente, ingresé al servicio premilitar de la Armada Boliviana de acuerdo con  las leyes que rigen en nuestro país y en cumplimiento a mis deberes constitucionales. Lo cual descarta ipso facto la extraña teoría mendruga, acerca de que las carcajadas que produjo su proyecto de demanda en Diremar se podrían explicar si yo no hubiese hecho el servicio militar. 

Respecto a la insinuación de que yo sería una de las personas "que viven de la Cancillería boliviana”, lo cual también fue mencionado por Wilfredo el día del conversatorio, puedo decir a mucha honra que trabajé en esa institución tan solo tres años de mi vida, entre las funciones que ejercí en el servicio central y en el exterior, pero nunca ocupé los altos cargos que el mendrugo y su hermano desempeñaron en otras reparticiones del Estado y en la empresa china CAMC.  

Por otra parte, la "aclaración” de que la demanda de los Chávez fue elaborada antes del anuncio que hizo el presidente Evo Morales en 2011 y no después, no hace más que revelar una muy mala comprensión de lectura de quien ya tiene cuantiosos merecimientos para consagrase con el mote de mendrugo. Efectivamente, lo que dice mi artículo es que después del anuncio presidencial, "el proyecto de demanda de los Chávez fue presentado por algunos medios de comunicación como el plan que habría estado siguiendo el Gobierno boliviano para acudir a tribunales internacionales”, no dice que dicho proyecto fue elaborado después del anuncio, tal como parece haber entendido quien inspiró estas líneas. 

Sobre nuestro debate, el mendrugo insiste en alegar que Bolivia nunca cedió el litoral comprendido entre los paralelos 23º y 24º de latitud sur, que incluye unas islas e islotes en su correspondiente mar territorial. Pero tal como ya lo dije varias veces: en el artículo sobre la viveza criolla de los Chávez y en la última columna sobre las carcajadas que ocasionó el mendrugo en Diremar, y también en los programas de televisión y radio a los que Don Víctor Hugo decidió no asistir: Bolivia reconoció el dominio de Chile sobre esos territorios mediante el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad de 15 de noviembre de 1904. Los hermanos Chávez, que se enteraron de la existencia de ese documento recién en abril de 2011, cuando ya habían presentado su proyecto de demanda al Gobierno, decidieron disfrazar la realidad mendrugamente, en lugar de reconocer que se habían equivocado.    

Inicialmente dijeron que el Acta de referencia es inválida porque supuestamente no fue promulgada como ley de República junto al Tratado de 1904, en 1905; ahora sostienen que la misma no habría sido aprobada ni ratificada congresalmente. Lo cierto es que el Congreso Nacional de Bolivia aprobó el Acta el 4 de febrero de 1905, el Gobierno de Chile la ratificó el 18 de enero de 1907 y ambos países canjearon sus respectivas ratificaciones en Santiago el 16 de abril de 1907, tal como consta en los expedientes de la Cancillería y en la gaceta oficial del Estado Plurinacional. Por tanto no es cierto que el Acta Protocolizada de 1904 carezca de validez y que ninguno de nuestros gobernantes lo haya notado en más de 100 años. El Acta es válida muy a nuestro pesar y debemos respetarla. 

Pero supongamos que los hermanos Chávez tuvieran razón, es decir que el Acta Protocolizada de 1904 no fuera válida y que nadie lo había descubierto hasta que ellos lo hicieron. En ese caso, tampoco podríamos reclamar pertenencia sobre los territorios en cuestión debido a que durante más de un siglo, Bolivia aceptó y respetó el dominio de Chile sobre los mismos. En otras palabras, no podemos reclamar ahora unos territorios que además de haberlos cedido formalmente, hemos reconocido como ajenos tácitamente, por aquiescencia, durante más de 100 años. 

Por tales motivos, la demanda de los Chávez solo nos podría ocasionar una severa derrota jurídica ante Chile y un gran retroceso en nuestro difícil camino hacia el mar. Sus argumentos serían rechazados en un solo trámite si es que la demanda llegara a ser presentada, porque para incoar un proceso ante el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) de La Haya, que es donde ellos sugieren acudir, se requiere del acuerdo de las partes para definir los temas que se quieran someter al arbitraje, y bien sabemos que conseguir el acuerdo de Chile para someter los argumentos de los Chávez al TPA, es tanto o más difícil que logar una solución a este tema mediante una negociación de buena fe. 

Por último, respecto a que debería ser Chile el que refute la demanda de los Chávez en un eventual proceso judicial y no un boliviano como el que escribe, creo que es mejor debatir estos temas con buen humor, antes que ir a meter la pata olímpicamente en el ámbito internacional. Sobre este punto, seguramente convendríamos en que el encierro geográfico es un tema muy importante y profundo para la mayoría de los bolivianos, pero por eso mismo, no podemos tratar de solucionarlo mendrugamente y con viveza criolla; debemos ser serios y profesionales, admitiendo equivocaciones si es que las cometemos y sobre todo, actuando siempre en función de los intereses nacionales de nuestro país.