Pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, no todo está perdido, existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia.
Por: Andrés Guzmán Escobari
De manera intempestiva, la controversia sobre el estatus y uso de las aguas del Silala recobró actualidad tras conocerse que el gobierno del MAS admitió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que una parte de esas aguas fluye naturalmente hacia Chile.
En efecto, la Cancillería boliviana develó que el reconocimiento se hizo en la Contramemoria que Bolivia presentó en mayo de 2018 a la CIJ, lo que desató una ola de críticas no sólo contra el MAS, sino también contra la actual Canciller que, según voces opositoras, habría cometido “traición a la patria” por haber revelado información reservada.
Al respecto, cabe recordar que el mentado reconocimiento ya era de conocimiento público. En octubre de 2018 y en febrero de 2019, el Canciller y la Agente de Chile, acusaron a las autoridades bolivianas de haber dado “un giro” en su posición, por haber aceptado que las aguas del Silala discurren naturalmente hacia Chile. Por lo cual, si es que hubo alguna infidencia, esta sería atribuible a las autoridades chilenas.
Pero pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, y que por tanto no habría nada más que discutir sobre ese punto, no todo está perdido. Existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia, como el hecho de que Chile, o mejor dicho los beneficiarios de las aguas, no pueden disponer de todo el caudal sin la aprobación expresa de nuestro país, que deben pagar por la parte que no les corresponde y que hasta ahora han usufructuado sin ninguna autorización, y que si quieren seguir utilizando las aguas, también deben pagar.
Efectivamente, habiendo aceptado que las aguas son compartidas, la discusión ahora se centra en dos puntos específicos:
1. El uso que se le da en Chile a las aguas del Silala, para saber si efectivamente es equitativo y razonable como alega la defensa chilena, y;
2. Lo que Bolivia reclama en su demanda reconvencional o Contrademanda, que Chile no tiene ningún derecho sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, ni tampoco sobre el agua que llega a su territorio de manera artificial.
Sobre el primer punto, parece perfectamente posible demostrar que no existe un uso equitativo y razonable como sostiene la parte chilena, porque las aguas del Silala benefician únicamente a Chile y no a Bolivia y porque no favorecen a las poblaciones del lugar, sino solamente a unas empresas chilenas que lucran con ese caudal como si fuera totalmente suyo.
Nos referimos a la empresa estatal del cobre de Chile, CODELCO, que usa dichas aguas para la explotación cuprífera en el otrora territorio boliviano, y a la compañía privada Ferrocarril Antofagasta Bolivia, que a través de otra empresa privada, las comercializa en Antofagasta a precios exorbitantes.
Ciertamente, de acuerdo a la repartición dispuesta unilateralmente por el Estado chileno, de los cerca de 180 litros por segundo que cruzan la frontera, aproximadamente 40 son para CODELCO y los otros 140 son para la empresa de ferrocarriles, sucesora de la firma anglo-chilena The Antofagasta and Bolivia Railway, que fue la que construyó los canales y sistemas de drenaje entre 1904 y 1928, sobre la base de una concesión de la Prefectura de Potosí otorgada en 1908.
La causa y objeto de esa concesión, que había sido otorgada para que las aguas del Silala alimenten las locomotoras a vapor del ferrocarril Antofagasta- Oruro, se extinguieron completamente alrededor de 1960, cuando dichas locomotoras fueron sustituidas por máquinas a diésel. Mucho más tarde, en 1997, la concesión terminó de perder su valor legal, cuando la Prefectura de Potosí y el gobierno boliviano decidieron rescindirla.
En cuanto al segundo punto, referido a los canales y sistemas de drenaje, la Agente chilena adelantó que no existe nada artificial en el sistema que comprende el Silala, porque no se habría desviado agua de una cuenca a otra. “Toda el agua de la cuenca es natural”, aseguró la Agente en una entrevista para Emol en febrero de 2019.
Sin embargo, no hay que ser un experto para darse cuenta que una cosa es recibir 150 litros por segundo y otra muy diferente es recibir 180 litros por segundo. En este caso, por ejemplo, es evidente que para el Estado ribereño aguas abajo (Chile) la segunda opción resulta más conveniente que la primera, mientras que para el Estado aguas arriba (Bolivia) es lo contrario.
En ese sentido, es necesario establecer cuánto del caudal que cruza la frontera corresponde al curso natural, que de todas formas discurriría sin los canales y sistemas de drenaje, y cuánto de ese mismo caudal corresponde al curso artificial, que no llegaría a Chile si no fuera por esas obras de captación construidas en territorio boliviano.
Una vez que se establezcan esos porcentajes, se podrá definir cuánto le deben a Bolivia los beneficiarios de las aguas por los más de 100 años de uso no autorizado, tanto de la parte artificial como de la parte natural que excede lo que le corresponde a Chile.
