domingo, 25 de agosto de 2013

Sobre el Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

A mediados de julio, los historiadores chilenos, José Miguel Concha y Cristian Garay, al primero de los cuales conozco y aprecio mucho; presentaron un libro titulado “El Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados”, que fue publicado en La Paz por Plural Editores.
Se trata de un interesante análisis sobre las circunstancias y las causales que llevaron a la suscripción del Tratado con el cual, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral.
Para analizar objetivamente un tema tan delicado y controvertido como el de referencia es necesario, entre otras cosas, ponerse en el lugar del otro para comprender sus decisiones y reacciones, y considerar asimismo, todos los factores que pudieron haber influido en su comportamiento.
Tanto Concha como Garay cumplen casi completamente con tales requisitos y es por eso que su libro aquí comentado puede servir como un texto de referencia que tanto bolivianos como chilenos deberíamos compartir, no tanto porque coincidamos con todas sus conclusiones, sino porque es una verdadera investigación académica que puede ayudarnos a comprender lo ocurrido en el pasado ahora que tendremos que enfrentar un proceso judicial en la Corte Internacional de Justica de La Haya para resolver un problema que fue originado precisamente por el Tratado de 1904: el enclaustramiento geográfico de Bolivia.
La obra comienza refiriéndose a las modificaciones territoriales que se registraron en Sudamérica entre 1870 y 1909 y aclara que Bolivia fue el país que más territorios perdió; luego describe con notable rigor académico lo ocurrido en las negociaciones que produjeron los Tratados de 1895, mediante los cuales – señalan textualmente los autores –, “Chile reconoció expresamente la necesidad de otorgar a Bolivia una salida soberana al mar” (Págs. 74 y 127).
En cuanto a la negociación del Tratado de 1904, los autores afirman con particular énfasis que las bases de dicho acuerdo fueron presentadas por el gobierno boliviano en 1902 a través de Felix Avelino Aramayo y que, en dichas bases, nuestros gobernantes abandonaron toda pretensión a un puerto en el Pacífico. No obstante, también reconocen la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia en esos años a través del asfixiante régimen aduanero que impuso en Arica a partir de 1884; y destacan asimismo la apremiante y difícil situación en la que se encontraba nuestro país en aquel tiempo: en total bancarrota, debilitado militarmente después de dos guerras con Brasil y sin haber definido ninguna de las otras fronteras (Argentina, Chile, Perú y sobre todo Paraguay).  
Sobre este último punto, sin embargo, no se menciona la innegable influencia que tuvieron las advertencias que hizo el representante de Chile en La Paz, Abraham Köning, a través de la nota que remitió a la Cancillería boliviana el 13 de agosto de 1900. En la cual, a tiempo de asegurar que Bolivia no tiene ningún derecho a exigir un puerto, hacía saber que Chile podía reiniciar las hostilidades en cualquier momento y con la misma facilidad con la que había iniciado la guerra, ya que su poderío militar —decía— “se ha centuplicado en los últimos 20 años” (Libro Azul 2004: Anexo 6).
Esas advertencias definieron el contexto en el que se desarrollaron las negociaciones y sin duda que fueron tenidas muy en cuenta por las autoridades bolivianas al momento de negociar la paz con Chile. Asimismo, extraña la ninguna mención a la actuación del representante chileno en Lima, Ángel Custodio Vicuña, quien en 1901, propuso a las autoridades peruanas la “polonización de Bolivia”, es decir, la repartija del territorio boliviano entre Perú, Brasil y Chile (Bustos, Carlos: Chile y Bolivia. Un largo camino… 2004: 106), lo cual, naturalmente, también tuvo que haber preocupado a las autoridades bolivianas.

Por lo dicho, podemos convenir en que el Tratado fue consensuado por las partes y que Chile no hizo ningún movimiento de tropas en ese tiempo; sin embargo, no es posible coincidir en que las autoridades bolivianas actuaron libre y voluntariamente porque además del difícil contexto que les tocó enfrentar, está el simple hecho de que nadie en su sano juicio sacrifica un elemento esencial de su desarrollo sin que las circunstancias le obliguen. 
Aun así, la obra aquí comentada es una apreciable contribución académica al estudio de lo ocurrido entre Chile y Bolivia alrededor de 1904, y que es por eso, un trabajo que nos aproxima mucho más a comprender las razones de nuestras diferencias.  

lunes, 5 de agosto de 2013

Las contradicciones entre Chile y Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari

El Canciller de Chile, Alfredo Moreno Charme, dijo hace unos días que los representantes del gobierno boliviano tienen un discurso cambiante y contradictorio porque el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, declaró que espera que ambos países retomen el camino del entendimiento en la eventualidad de que Michel Bachelet vuelva al poder; lo cual, según el Ministro chileno, contradice otras declaraciones que los gobernantes bolivianos habrían realizado anteriormente.
Si bien es cierto que se pueden encontrar algunas discrepancias entre lo que dijeron antes y lo que dicen ahora nuestros gobernantes, en relación a Chile no es posible demostrar que existan contradicciones. En este caso por ejemplo, sobre las conversaciones con Bachelet, Evo Morales aseveró en mayo de 2011: “hemos avanzado bastante” y acerca del tema marítimo que, valga recordar, fue parte de la Agenda de 13 puntos que ambos países negociaron entre julio de 2006 y noviembre de 2010; señaló: “estuvimos a punto de firmar la primera parte” (La Tercera, 01/05/2011). Y aunque también dijo en varias oportunidades que “dialogar con Chile es perder el tiempo" (La Tercera, 30/03/2011 y 18/03/2013), está claro que esa impresión la generó la actual administración de La Moneda y no la anterior. Por tanto, dada la imposibilidad de conversar sobre el tema marítimo con el gobierno de Piñera, es absolutamente comprensible y coherente que las autoridades bolivianas quieran abrir la posibilidad de retomar el camino del entendimiento con el próximo gobierno de Chile.
Por otra parte, estas acusaciones de Santiago a La Paz de incurrir en contradicciones vienen a ser la contrapartida de otros señalamientos muy parecidos enviados en febrero pasado pero en sentido contrario. En efecto, como muchos recordarán, tras el impase que ocasionó el apresamiento de tres soldados bolivianos en Chile; el gobierno boliviano acusó al Presidente Piñera de contradecirse, llegando a producir un spot televisivo en el que se muestran las supuestas contradicciones del Mandatario chileno y que puede ser visto en: 

Asimismo, resulta paradójico que el Canciller Moreno califique de cambiantes y contradictorios los discursos de las autoridades bolivianas cuando él mismo cambió de posición y se contradijo al referirse a la Agenda de 13 puntos. Primero, el 14 de julio de 2010, permitió que su Vicecanciller suscriba un Acta mediante la cual, en el punto seis, referido al tema marítimo; Chile se comprometió formalmente a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del mecanismo de consultas políticas…”; y luego, el 5 de febrero de 2013, a tiempo de responder a las quejas del Mandatario boliviano respecto a la esterilidad del diálogo con el gobierno de Piñera, Moreno aseguró: “El presidente Morales sabe perfectamente que el funcionamiento de esta comisión era de un trabajo en conjunto, en el cual no hay proposiciones de un país o de otro” (Emol, 5/02/2013). Cuando uno de los principales compromisos asumidos por Chile en el Acta mencionada era precisamente el de “proponer”.
Y hay más, la negativa de Santiago a dialogar con La Paz sobre una posible solución al problema marítimo boliviano es justamente el elemento que permitió a Bolivia presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ésta falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que le otorgue a Bolivia una salida soberana al mar; porque dicha negativa demuestra claramente que este asunto no se ha podido resolver por la vía diplomática y representa asimismo, una inobjetable contradicción de la política exterior chilena frente a este asunto, pues como bien sabe Moreno o debería saber, desde el fin de la guerra del Pacífico e incluso durante la misma contienda, su país mantuvo abierta, la mayor parte del tiempo, la posibilidad de dialogar con Bolivia sobre este tema, llegando incluso a ofrecer el territorio de Arica en varias oportunidades.
El 26 de noviembre de 1879, en plena guerra del Pacífico, el Canciller de Chile, Domingo Santa María, escribió a su Ministro de Guerra en Campaña, Emilio Sotomayor: “no podemos ahogar a Bolivia… debemos proporcionarle por alguna parte puerto suyo”, iniciando así una política que sería seguida por la gran mayoría de los gobiernos chilenos y que se conoce como “la política boliviana”.
Entre los acuerdos y declaraciones más importantes podemos mencionar que mediante el Tratado de Trasferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, Chile se comprometió formalmente a ceder Tacna y Arica a Bolivia si esas provincias quedaban bajo su dominio después del plebiscito que debía realizarse para definir su nacionalidad; que el 10 de enero de 1920, el Ministro Plenipotenciario de Chile en La Paz, Emilio Bello Codesido, firmó un Acta Protocolizada con el Canciller boliviano, Carlos Gutiérrez, en la que aceptó ceder a Bolivia una parte importante de Arica y del ferrocarril Arica – La Paz; que el 21 de septiembre de 1921, el representante chileno ante la Liga de las Naciones, Agustín Edwards, declaró en nombre de su gobierno que Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas y aseguró, enfáticamente, que ese es el único derecho que Bolivia puede hacer valer; que en las conversaciones que sostuvieron el Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago, Ricardo Jaimes Freyre, y el Canciller chileno, Luis Izquierdo, este último aseguró mediante nota del 6 de febrero de 1923 que pondría empeño en concretar las bases de una negociación para la realización del anhelo boliviano en base a compensaciones y, el 23 de ese mismo mes, dijo “hay que darle un puerto a Bolivia”; que el 9 de junio de 1926, el Embajador de Chile ante los Estados Unidos, Miguel Cruchaga, presentó una propuesta de solución al problema de Tacna y Arica que incluía la cesión de un corredor para Bolivia, lo cual fue confirmado 14 días después por el Canciller Beltrán Mathieu quien, en una Circular dirigida a todas las representaciones de Chile en el extranjero, aceptó sacrificar en interés de Bolivia, una parte de Arica; que el 4 de diciembre de 1926, a través del Canciller, Jorge Matte Gormaz, Chile aceptó en principio la propuesta que hizo el Secretario de Estado, Frank Kellogg, de ceder a Bolivia Tacna y Arica; que el 20 de junio de 1950, el gobierno de Chile, por medio de una nota de su Canciller, Horacio Walker Larraín, al Embajador de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez, aceptó ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales; que el 29 de marzo de 1951, el Presidente chileno, Gabriel González Videla, dijo estar dispuesto a solucionar la mediterraneidad de Bolivia dándole una salida propia al mar; que el 21 de julio de 1961, el Embajador de Chile en La Paz, Manuel Trucco, remitió un Memorándum a la Cancillería paceña en el que ratificó la vigencia del compromiso de 1950; que el 29 de mayo de 1969, el Canciller chileno, Gabriel Valdés, reiteró los alcances de las notas de 1950 y del Memorándum de 1961; que el 8 de febrero de 1975, el Presidente de Chile, Augusto Pinochet, suscribió una Declaración con su homólogo boliviano, Hugo Banzer, en la que se comprometió a buscar fórmulas de solución a los asuntos que ambos países confrontan como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia; y que el 19 de diciembre de 1975, el Canciller chileno, Patricio Carvajal, envió una nota al Embajador boliviano, Guillermo Gutiérrez, en la cual aceptó considerar  la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana, unida al territorio boliviano por una faja territorial igualmente soberana al norte de Arica, lo cual estuvo condicionado a un canje territorial por una superficie equivalente al territorio terrestre y marítimo que Chile cedería. En el ámbito multilateral, Chile suscribió sendas resoluciones en favor de una solución al problema marítimo boliviano, el 9 de diciembre de 1974 se adhirió a la Declaración de Ayacucho en la que los países bolivarianos y sanmartinianos manifestaron su comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia y demandaron entendimientos constructivos; asimismo, Chile apoyó las Resoluciones que la OEA aprobó en favor de la causa marítima boliviana en 1980, 1981 y 1983, en esta última, se exhorta a que ambos países negocien una fórmula que dé a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Al comenzar este siglo, el 22 de febrero de 2000, los Cancilleres Gabriel Valdez de Chile y Javier Murillo de Bolivia, iniciaron el tratamiento de una Agenda sin exclusiones que derivó en la Agenda de 13 puntos que incluye al tema marítimo en su punto 6 y que fue adoptada el 17 de julio de 2006 por los Vicecancilleres Alberto Van Klaveren de Chile y Mauricio Dorfler de Bolivia. Por último, el 14 de julio de 2010, el actual gobierno de Chile, como ya dijimos, en un Acta suscrita por Mónica Soriano de Bolivia y Fernando Schmidt de Chile; se comprometió a proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo, no obstante, como es evidente, hasta la fecha no ha cumplido.
Todas estas manifestaciones unilaterales del Estado chileno que naturalmente son parte de los alegatos en los que Bolivia sustentará su demanda; demuestran objetivamente que los gobiernos de La Moneda mantuvieron viva “la política boliviana” desde 1879 hasta nuestros días y que, por tanto, el actual gobierno de Chile está contradiciendo esa política al negarse a dialogar sobre este tema.

Por todo esto, la próxima vez que el Canciller Moreno quiera referirse a las contradicciones de los gobernantes bolivianos, deberá considerar que su gestión será recordada como la que permitió que Bolivia enjuicie a Chile, aun cuando el resultado sea favorable a su país; y que aquí en Bolivia, estamos anotando todas y cada una de sus declaraciones.