Violaciones y atropellos de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

Mientras el gobierno boliviano busca, analiza y evalúa los elementos jurídicos que le podrían servir para sustentar la demanda que pretende interponer contra Chile ante tribunales internacionales, resulta oportuno resumir las violaciones de Chile al Tratado de 1904 y otros atropellos cometidos por ese país en contra de la soberanía territorial boliviana.

Chile ha violado varias veces el Tratado de 1904 porque no ha garantizado el cumplimiento continuo del libre tránsito otorgado a Bolivia en ese acuerdo (art.6) y porque no mantiene activo el Ferrocarril Arica–La Paz, que es precisamente, la principal compensación que Bolivia recibió a cambio de su rico y único litoral (art.3).

El libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos ha sido interrumpido y dificultado en numerosas ocasiones. En 1933, en plena guerra del Chaco, Chile impidió el paso del material bélico que Bolivia había adquirido para la contienda, lo cual generó un alto costo en vidas y dinero para los bolivianos, que tuvieron que desviar ese material por puertos peruanos. 

En 1998 y 2003, Chile otorgó en concesión la administración de los puertos de Arica y Antofagasta, delegando así a empresas privadas, la obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia por esos puertos. Este hecho sin precedentes en el derecho internacional, ha generado grandes pérdidas al comercio boliviano debidas a las constantes huelgas de estibadores en ambos puertos.

Asimismo, el sembrado de minas antipersonales en la frontera dispuesto por el gobierno chileno a finales de los 70 y su lento retiro en los últimos años, cuestionan muy seriamente los alcances del derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia.

Por otra parte, la paralización del ferrocarril Arica–La Paz no es menos que una flagrante violación a la Convención suscrita por ambos países el 27 de junio de 1905, que establece la obligación de mantener el tráfico perpetuo de esa línea férrea y es asimismo una inobservancia del propósito con el cual se concibió el Tratado de 1904, en su parte referida a la construcción del ferrocarril (art.3), que innegablemente fue la de dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar.

Además de estas violaciones, Chile ha usufructuado gratuitamente de las aguas bolivianas del Silala desde 1908 y del Lauca desde 1962, lo cual es un grave atropello a los derechos de Bolivia. En el caso de los manantiales del Silala porque Chile canalizó hacia su territorio el curso del agua que emana de los acuíferos situados en territorio boliviano y, en el caso del río Lauca, porque Chile decidió desviar el curso de sus aguas que nacen en territorio chileno pero que al ingresar a Bolivia registran volúmenes muy inferiores al 50%, tal como debería ser según la Declaración de Montevideo sobre aguas compartidas, firmada por ambos países en 1933.

Todas estas violaciones y atropellos que se constituyen en los principales argumentos jurídicos que tiene Bolivia para demandar a Chile, pueden servir para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Tratado de 1904, sus acuerdos complementarios y Convenciones multilaterales que aplican. Sin embargo, en términos legales, estos argumentos no alcanzan para pretender que un Tribunal Internacional obligue a Chile a cedernos soberanía territorial.

Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.  

Bolivia Vs. Chile: La Demanda de los Chávez

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

El 20 de octubre de 2004, al cumplirse el centenario de la firma del Tratado que dejó a nuestro país jurídicamente enclaustrado, los hermanos Víctor Hugo y Wilfredo Chávez Serrano, presentaron una propuesta de demanda judicial contra Chile para recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar. El entonces Presidente boliviano, Carlos Mesa, a pesar de creer que el ámbito multilateral es un buen camino para llegar al mar, ignoró la referida propuesta o al menos no la incluyó en su política de “gas por mar”. 14 meses después, el día que Evo Morales asumió la presidencia, los hermanos Chávez enviaron su propuesta al flamante Mandatario, quien hasta el momento no la utilizó y salve Dios a Bolivia si decide hacerlo.

La demanda de los Chávez, que en los últimos días ha cobrado mayor actualidad, plantea someter el caso de la controversia que genera el enclaustramiento boliviano al Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya (TPA), basada en alegatos fácilmente rebatibles y planteados en la más insólita subestimación del profesionalismo y astucia de la diplomacia chilena. Entre los cuales destaca el falso argumento de que Bolivia nunca reconoció el dominio de Chile sobre los territorios de Atacama, situados entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur; lo cual es una terrible equivocación porque ese reconocimiento fue formalizado mediante el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad, firmada el 15 de noviembre de 1904 y ratificada por ambos países. La cual, en su parte relevante señala:

“… habiendo sido controvertido en ocasiones por el gobierno de Bolivia el criterio con que Chile ha considerado invariablemente la situación de los territorios que se encuentran entre los paralelos 23 y 24 de latitud meridional, consideraba oportuno dejar claramente establecido que el gobierno de Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en estos últimos territorios desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”.

Pero los Chávez, no sólo desconocen la existencia de dicho acuerdo, sino también la nota entregada a la Cancillería boliviana el 12 de febrero de 1879 por el Encargado de Negocios de Chile, Pedro Nolasco Videla, luego de que Bolivia no contestara, en el plazo exigido por Chile, la propuesta de llevar el conflicto al arbitraje de los Estados Unidos. En dicha nota, Chile desconoce unilateralmente el Tratado de límites de 6 de agosto de 1874, que, 132 años más tarde, los Chávez pretenden llevar al TPA de la Haya para que éste determine su vigencia. La nota señala:  

“Roto el tratado de 6 de agosto de 1874, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que legítimamente hacía valer antes del tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado se refiere. En consecuencia, el Gobierno de Chile ejercerá todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus derechos, y el Excelentísimo Gobierno de Bolivia no debe ver en ellos sino el resultado lógico del rompimiento que ha provocado y de su negativa reiterada para buscar una solución justa e igualmente honrosa para ambos países.”

Y eso no es todo, los Chávez tampoco conocen los documentos que invalidaron el Tratado sobre Transferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, mediante el cual, Chile se comprometió a entregar a Bolivia una salida soberana al mar, es decir, que desconocen los Protocolos de 9 de diciembre de 1895 y de 30 de abril de 1896, que condicionaron la entrada en vigor de dicho Tratado a la aprobación de las reservas que el Congreso boliviano había opuesto a su ratificación, pero, como era de esperar, Chile nunca las aprobó. No obstante, la supuesta vigencia de dicho instrumento es otro de los cuestionables argumentos que esgrimen los Chávez para demandar a Chile.

En conclusión, los Chávez creyeron descubrir que Chile “olvidó” legalizar su dominio sobre los territorios bolivianos que hoy ocupa y que “omitió” anular otros acuerdos que le obligan a darle a Bolivia una salida soberana al mar, y por ello presentaron una propuesta como si nunca antes en la historia de la diplomacia boliviana se hubiese considerado la posibilidad de llevar este asunto a Tribunales internacionales, creyendo que basta saber de leyes y muy poco de historia para diseñar una estrategia de política exterior, con el descaro de ni siquiera revisar la bibliografía básica de la materia, con una irresponsabilidad tan grande e infame que llega a poner en peligro los más caros intereses de Bolivia y lo peor de todo, asumiendo que los chilenos no conocen algunos conceptos básicos del Derecho Internacional. En pocas palabras, la demanda de los Chávez es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por “viveza criolla”. 

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.