miércoles, 30 de marzo de 2016

Entrevistas por el día del mar

A tiempo de conmemorar los 137 años de la defensa de Calama, el 23 de marzo de 2016, el Presidente Evo Morales anunció que había instruido a DIREMAR la realización de estudios sobre alternativas jurídicas para asumir la defensa de las aguas del Silala.
Al respecto, aquí las intervenciones de Andrés Guzmán Escobari en la televisión nacional antes y después del discurso presidencial por el día del mar.

En Hola País de PAT, con Dianara Unzueta
 
 
En  La Verdad nos Hace Libres de xtotv, con Toto Salcedo.
 
 
En Último Round de Abya Yala TV, con Gabriela Alcón y Julio Peñaloza.
 
 
En QNMP de Red Uno, con César Galindo
 

miércoles, 23 de marzo de 2016

La Contramemoria de Chile ante la CIJ

Las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano, no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado.


Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Cambio (Especial Defensores del Mar)

La demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Estado Plurinacional de Bolivia contra la de República de Chile el 24 de abril de 2013, fue admitida y notificada al Estado demandado seis días después. Seguidamente, el 17 de abril de 2014, Bolivia entregó su Memoria y 90 días más tarde, el 15 de julio, Chile objetó la competencia de la Corte de manera preliminar. Ese incidente dilató el proceso cerca de 14 meses, hasta el 25 de septiembre de 2015, cuando el principal órgano judicial de las Naciones Unidas rechazó la objeción preliminar chilena por 14 votos a favor de 16 posibles. Ahora Chile debe presentar su Contramemoria y puede hacerlo hasta el 25 de julio de 2016, cuando fenezca el plazo establecido por la CIJ. Por tal motivo, resulta oportuno reflexionar en el entretanto sobre los posibles argumentos que usará la defensa chilena en ese documento.

Al respecto, la revista chilena “Qué Pasa” publicó un artículo intitulado: “La historia, la clave para enfrentar demanda boliviana”, que, con el fin de identificar los posibles argumentos de la Contramemoria chilena, comenta los “errores e impresiones” que, según la interpretación de “algunos investigadores chilenos consultados”, contienen el discurso de Evo Morales y El libro del Mar.   

En primer lugar, el artículo se refiere al arbitraje que, según lo acordado por ambos países en 1875, se tenía que aplicar para resolver los asuntos concernientes a la inteligencia y ejecución del Tratado de 6 de agosto de 1874. De acuerdo a la referida publicación, el discurso de Evo Morales no considera que Chile ofreció aplicar el arbitraje antes de “ocupar” Antofagasta. Pero ese arbitraje nunca se realizó porque antes de llegar a un acuerdo sobre su ejecución (el representante chileno en La Paz, Pedro Nolasco Videla, ofreció realizar el arbitraje por última vez el 8 de febrero de 1879, mediante un ultimátum que le daba a Bolivia un plazo perentorio de 48 horas para responder, y a los 4 días, es decir, antes de que la respuesta a ese ultimátum pudiese haber llegado a Santiago, los barcos chilenos Cochrane y O’Higgins zarparon del puerto de Caldera para invadir Bolivia, ¡la decisión ya había sido tomada!), Chile invadió el puerto boliviano de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879.

Luego el autor del artículo intenta asociar el hecho de que la mayoría de los accionistas de la empresa de Salitres de Antofagasta eran chilenos (70% aproximadamente), con una supuesta “violación” de parte de Bolivia al Tratado de 1874. Pero el presunto incumplimiento del tratado – no pudo haber sido una violación en ningún caso -, si es que lo hubo, no es un justificativo válido para desconocer la vigencia de un acuerdo internacional e iniciar una guerra. No lo era entonces y tampoco lo es hoy.

Respecto a la mayor proporción de chilenos accionistas en la empresa de Salitres de Antofagasta, en relación a los ingleses que también eran accionistas, hay que tener en cuenta que no eran chilenos cualesquiera, sino que algunos de ellos eran Ministros del Gobierno de Aníbal Pinto (Cornelio Saavedra Rodríguez era Ministro de Guerra y Julio Zegers Samaniego era Ministro de Hacienda). Lo cual confirma que los intereses oligárquicos anglo-chilenos jugaron un rol preponderante en el estallido de la guerra del Pacífico, aunque la narrativa oficial del país del Mapocho no lo reconozca.

Seguidamente, al referirse al rol de Diego Portales, el autor le atribuye a ese obscuro personaje, el haber propiciado “la suscripción del Tratado de paz entre Bolivia y el Perú”, después de que el proyecto confederativo del Mariscal Andrés Santa Cruz fracasara, precisamente porque Chile y los opositores bolivianos y peruanos de entonces, se levantaron en armas contra el gobierno confederado de Bolivia y Perú, al mando de Santa Cruz. Al ser absolutamente falso que Portales haya participado en la “pacificación” que siguió a la desintegración de la Confederación Perú – Boliviana, entre otras cosas por estar muerto para entonces (era 1839 y Portales había sido asesinado en 1837), no cabe hacer más aclaraciones.

Después el autor comenta una declaración de Evo Morales sobre la autorización que la Asamblea Legislativa de Bolivia le dio al poder Ejecutivo en 1863, para declarar la guerra a Chile, “siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere reivindicación del territorio usurpado ó una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional”. Pero más allá de las precisiones que hace el artículo sobre la fecha (el decreto es de 5 de junio y no de 5 de julio como supuestamente dijo Morales) y la semántica empleada (fue autorización y no recomendación), el hecho demuestra, que ya en 1863, Chile tenía propósitos expansionistas.

Luego, para afirmar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile, el autor recurre a la opinión de la historiadora chilena Valentina Verbal, quien, curiosamente, sostiene que historiadores bolivianos como Roberto Querejazu y Carlos Mesa, “reconocen que no fue imposición”. Sin embargo, cuando uno revisa los libros Guano, Salitre, Sangre (1979) del primero o Historia de Bolivia (2003) del segundo, evidencia que si bien ninguno de los dos autores afirma que Chile amenazó militarmente a Bolivia en 1904, sí destacan que la situación del país en ese momento era muy complicada. Nos encontrábamos debilitados militarmente después de la Guerra del Acre con Brasil (1899, 1902-1903), teníamos la urgencia de definir nuestras fronteras con los otros 4 vecinos, con quienes teníamos serias discrepancias sobre los límites (principalmente con Paraguay) y teníamos a Chile, presionando económicamente, mediante el régimen comercial impuesto bajo la amenaza del uso de la fuerza en 1884, mediante el Pacto de Tregua (artículo 6), conocido como “el dogal aduanero”. Por tanto, si bien no hubo amenaza de una nueva invasión chilena en esa ocasión, sí influyeron otros factores que no le permitieron a Bolivia suscribir ese tratado libre y espontáneamente. Factores de los cuales, el vencedor de la guerra del Pacífico se valió para legitimar su dominio sobre los territorios que había ocupado en la contienda.   

Finalmente, en referencia a los argumentos jurídicos, el artículo afirma que los ofrecimientos que hizo Chile de darle a Bolivia una salida soberana al mar, “no son fuente de derecho ni menos de obligación” porque “ninguno de ellos fue ratificado ni mucho menos entró en vigor”. Sin embargo, las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano (1921, 1926 y 1961), que se suman a varios compromisos bilaterales (1920, 1923, 1950 y 1975) y multilaterales (1974 y 1983), no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado (que solo son obligatorias cuando se cumple al menos una de las manifestación de consentimiento: firma, canje de ratificaciones, aceptación, aprobación o adhesión), sino que dichas manifestaciones se convierten en obligatorias cuando se cumplen los dos siguientes requisitos: 1) haber sido expresadas por representantes autorizados del Estado (Presidentes, Cancilleres, Embajadores o Ministros plenipotenciarios) y 2) haber sido emitidas de manera formal, con el propósito de quedar obligado a cumplir el acto específico que mediante esa manifestación se prometió, reconoció o renunció. Por tanto, por más de que no existan acuerdos ratificados por ambos congresos y en vigor actualmente, el Estado chileno adquirió una obligación jurídica no convencional que consiste en negociar de buena fe un acuerdo que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima.        

Por todo lo dicho, sin ánimo de subestimar los argumentos de nuestro adversario en el juicio ni de pecar de triunfalista anticipadamente, no parecen existir argumentos sólidos que Santiago pueda utilizar para refutar lo presentado por nuestro país, que, como es sabido, se fundamenta en los hechos históricos que revelan que Chile se comprometió y prometió formalmente negociar un acceso soberano al mar para Bolivia y, jurídicamente, se apoya en los Actos Unilaterales de los Estados y en el derecho de los tratados.     

domingo, 20 de marzo de 2016

Guerra sucia en las redes sociales

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete
No debemos creer que solo en Bolivia utilizamos las redes sociales para hacer política con guerra sucia, dice el autor.

Tras conocer el resultado final del último referéndum que le dio la victoria a las fuerzas de la oposición, el presidente Evo Morales identificó a la guerra sucia y a las redes sociales  como los dos principales causantes de su derrota. Por lo cual, propuso evaluar la regulación de las redes sociales porque, según sus propias palabras, "están haciendo mucho daño a la democracia y a Bolivia” y  son "como un recolector de basura”. 

No obstante, si bien no podríamos oponernos a una regulación que garantice la libertad de expresión por un lado y el derecho a no ser discriminado, injuriado o calumniado por el otro; es preciso tener en cuenta que Bolivia no es ni el primer ni el único país que ha vivido una etapa electoral exacerbada por acusaciones infundadas, insultos desmedidos y ataques de la más extravagante y sarcástica naturaleza, difundidos todos ellos a través de las redes sociales. 

En Estados Unidos, por ejemplo, las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de los equipos de campaña de quienes hoy están en carrera hacia la Casa Blanca y en muchos casos las publicaciones de esos equipos de campaña y de los activistas del ciberespacio han sido tanto o más irrespetuosas y deleznables de las que hemos visto en nuestro medio.´

Efectivamente, The black Child, una cuenta de YouTube que apoya subrepticiamente a Donald Trump, ha publicado un vídeo que siguiendo rumores creados desde otras plataformas virtuales acusa a Marco Rubio, otro candidato republicano de la contienda electoral, de tener una adicción por ciertas drogas. En esa publicación se puede ver a Rubio ingiriendo lo que parece ser una pastilla, con imágenes y comentarios que inducen a creer que se trata de anfetaminas (speed). Esa escena, que se produce en pleno debate televisado con los demás candidatos republicanos, es complementada luego con pasajes de ese y otros debates televisados, en los que Trump se burla de un supuesto nerviosismo del candidato de origen cubano y de su abundante transpiración. 

Retrato no autorizado de Donald Trump
En respuesta, el senador de Florida, apodado  pequeño Marco  por Trump, ha puesto en cuestión el tamaño de las manos del magnate neoyorquino, aduciendo que son muy pequeñas en relación a su estatura. "Él [Trump] siempre me llama pequeño Marco, y lo admito, es más alto que yo. Él es 6’2 (1,88 m), y por eso no entiendo por qué sus manos son del tamaño de alguien de 5’2 (1,58 m)”, afirmó Rubio en una entrevista a CNN para luego señalar: "Y ya saben lo que dicen sobre los hombres de manos pequeñas, no puedes confiar en ellos”. Lo cual se suma al polémico retrato no autorizado de Trump, que lo muestra desnudo y con una anatomía genital notoriamente diminuta. Dicho retrato, que fue viralizado en Twitter por su autora, la artista feminista Illma Gore [@illmagore], ha sido reproducido de varias formas en las redes sociales y también en camisetas, llaveros, banderas y demás souvenires por quienes no quieren al controvertido magnate como presidente. 

Otro caso que generó tendencia en las redes sociales fue la caricatura publicada por el Washington Post en la que Ted Cruz, el otro candidato republicano de origen cubano, sale vestido de Papá Noel (Santa Claus), tocando un organillo y haciendo bailar a dos pequeños monos danzarines, que representan en realidad a sus dos pequeñas hijas de cuatro y siete años de edad. La caricatura es una parodia de un corto de televisión navideño, en el que se puede ver a Cruz sentando en un sofá junto a su esposa e hijas, leyendo "cuentos navideños”, que hacen referencia al presidente Obama y a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Lo cual, como era de esperar, provocó la indignación del candidato aludido y de muchos internautas que no midieron sus palabras para despotricar contra la autora de la caricatura [@AnnTelnaes] y exigir que no se incluya a los niños en la guerra sucia. A manera de réplica, Cruz publicó en su Twitter [@tedcruz] una caricatura en la que Hillary Clinton aparece con dos perros bien amaestrados, y a los cuales ella controla, que representan al Washington Post y al New York Times.
  
Caricatura que retrata a Ted Cruz y a sus dos pequeñas hijas
Por el lado de los demócratas, a pesar de que también hubo publicaciones de mal gusto en las redes sociales, como las que discriminan a Bernie Sanders (de 74 años) por su avanzada edad y las que le recuerdan a Hillary Clinton las infidelidades de su esposo; los ataques se concentraron principalmente en las propuestas para modificar el actual sistema de salud. En efecto, Chelsea Clinton, en apoyo a la campaña de su madre, que ya había cuestionado la propuesta de un solo seguro de salud universal de Sanders, acusó al experimentado candidato socialista de querer "desmantelar” el sistema que tanto le costó instaurar al presidente Obama (Obamacare), y despojar así, "a millones y millones de personas de su seguro de salud”. 

En la réplica, Sanders desmintió esos propósitos y publicó una foto de 1993 en su Facebook  y Twitter [@BernieSanders], que contiene una dedicatoria firmada por Hillary Rodham Clinton y que señala textualmente: "Para Bernie Sanders con gratitud por tu compromiso con el real acceso al cuidado de la salud para todos los americanos…”. Publicación que causó un fuerte impacto en las encuestas de votación y en los resultados de las asambleas primarias, que acortaron notoriamente la diferencia entre ambos candidatos, que actualmente ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, para representar al partido demócrata en las elecciones generales. 

Caricatura publicada por Ted Cruz que retrata a Hillary Clinton 
Por tanto, no debemos creer que solo en Bolivia utilizamos las redes sociales para hacer política con guerra sucia. En países tan avanzados y modernos como Estados Unidos también ocurre algo igual o peor, y nadie está pensando en regular las plataformas virtuales de manera restrictiva, las cuales, si bien han servido para distorsionar la verdad en algunos casos y difamar a ciertas personas injustamente, también han permitido consolidar la democracia a través del contraste sano de ideas y de la posibilidad que por primera vez han tenido muchos ciudadanos de expresar sus opiniones en público.   

En ese sentido, los esfuerzos del gobierno nacional no deberían centrarse en la regulación de las redes sociales tal como las conocemos actualmente, sino más bien en fomentar su utilización sana, transparente y constructiva, con el ejemplo del Presidente y Vicepresidente, que sería bueno tenerlos en Twitter, Facebook, etc. (García Linera tiene una cuenta de Facebook pero no es operada por él), interactuando con el pueblo y defendiendo sus ideas, tal como lo hacen la mayoría de los actuales mandatarios en el mundo; para seguir fortaleciendo la democracia participativa y para proyectar ante el mundo la imagen de un país moderno y dispuesto a integrarse a las nuevas corrientes de la comunicación.

domingo, 6 de marzo de 2016

Legalismo chileno frente al Pacto de Bogotá

Por: Andrés Guzmán Escobari

De los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado demandarlo nuevamente por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países. 
 
El legalismo chileno o legalist chilensis en latín, es un concepto que define esa conducta tan arraigada y característica de nuestros vecinos del sudoeste que se someten y respetan las leyes y las instituciones con una naturalidad verdaderamente notable. Una forma de comportamiento social sin parangón en la región latinoamericana que les ha permitido a los chilenos lograr avances significativos en términos económicos, sociales e institucionales. Se trata de una identidad nacional legalista que no sólo muestra una conducta social positiva, similar a las que tienen las sociedades del "primer mundo”, sino que también es utilizada políticamente por las élites gobernantes de Chile para mostrar a un país serio y respetuoso del sistema internacional, cuando en realidad no lo es.  

En efecto, el discurso del respeto al derecho internacional y de la "intangibilidad” de los tratados, que tanto esgrimen las autoridades de La Moneda y que tan bien conocemos bolivianos y peruanos, es un reflejo de esa identidad legalista chilena (Lizama, Natalia. El constructivismo como una nueva perspectiva para analizar las relaciones entre estados: el caso de la crisis del gas entre Bolivia y Chile. 2013. Universidad de Talca: 95). Un discurso que guarda una innegable coherencia con la conducta social que aquí comentamos, pero que choca con la realidad porque Chile no cumple ni ha cumplido varios de sus compromisos internacionales (Pacto de Paucarpata de 1837, Tratado de Ancón de 1883, Tratado de Paz y Amistad de 1904 y varios compromisos formales de darle a Bolivia una salida soberana al mar, entre otros) y porque según el Derecho Internacional los tratados no son "intangibles”, sino que se pueden modificar con el acuerdo de las partes.  

Al respecto, el profesor holandés  Gerald Van Der Ree (Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. 2010. Utrecht University: 215), señala que la identidad legalista chilena viene de los tiempos de la Colonia, cuando la Capitanía General de Chile recibió a una importante masa de inmigración europea. Posteriormente, el legalismo chileno se mantuvo durante la República gracias a la estabilidad política e institucional que por la razón o la fuerza garantizaron o impusieron los gobiernos democráticos y dictatoriales de La Moneda. El acatamiento a las autoridades y al orden establecido marcó la sucesión relativamente ordenada y periódica de los gobiernos de Santiago y se convirtió así en un rasgo distintivo de la sociedad chilena que hasta el día 
de hoy se mantiene, principalmente en relación con  Bolivia y Perú.

No obstante, según Van Der Ree (2010: 216), si bien la identidad legalista chilena ha favorecido al mantenimiento del Estado de derecho y al funcionamiento del sistema nacional,  también ha dañado y complicado las relaciones de Santiago con sus vecinos del norte, que no son tan respetuosos de las instituciones ni de las leyes y que desde el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884), mantienen serias disputas territoriales con el país del Mapocho. En respuesta a esos reclamos, Chile aplicó una estrategia basada en su identidad legalista que arguye la existencia de tratados de límites vigentes, y que se presenta a sí mismo como un actor más que político, legalista. Paradójicamente, señala el analista holandés, esa postura les ha dado a bolivianos y peruanos la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias para sus reclamos: "En lugar de insistir infructuosamente en la naturaleza política y bilateral de sus demandas, ambos han empezado a seguir una estrategia legalista. Haciendo uso de las instituciones internacionales y presentando sus asuntos como problemas legales y no políticos”. De esa manera, concluye casi proféticamente Van Der Ree (2010: 217), Bolivia y Perú "pueden vencer a Chile en su propio juego”.

Esta realidad, por la cual Chile adoptó una política reactiva frente a sus adversarios en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha sido reconocida por algunos analistas chilenos que han criticado duramente la "esclavitud jurídica” que mantiene la diplomacia chilena y que han exigido un cambio de estrategia. Es el caso del periodista y exdiplomático José Rodríguez Elizondo (Un caso de diplomacia Secuestrada. 2015. Revista Tribuna Internacional: 95), quien escribió sobre la dificultad que tradicionalmente han tenido los diplomáticos chilenos para ejercer su creatividad en negociaciones que no sean comerciales, precisamente porque la "ideología legalista chilena” amparada en la "intangibilidad de los tratados” causa "innegociabilidad”.   

Así, el retiro de Chile del Pacto de Bogotá, que en el último tiempo se ha debatido álgidamente en los foros de discusión política del vecino país, no resulta tan incomprensible o disparatado, aunque sí contradictorio e incoherente con la tradicional narrativa chilena del respeto a los tratados internacionales y con la misma identidad legalista chilena. No obstante de ser así, es decir, si Chile decide retirarse del Pacto de Bogotá como lo hizo Colombia hace unos años, el país del Mapocho se expondría a recibir nuevas demandas durante el año de plazo que debe transcurrir entre la denuncia 
del Pacto y el cese de sus efectos para el Estado denunciante (Artículo LVI).   
En tales circunstancias, de los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado a presentar nuevas demandas por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países (Silala, Lauca, Caquena, paralización del Tren Arica – La Paz, desminado, cumplimiento del libre tránsito, entre otros), que el Gobierno boliviano podría y debería llevar a la CIJ para no desaprovechar la oportunidad de resolverlos en esa instancia. En otras palabras, no podríamos esperar el retiro de Chile del Pacto de Bogotá sin antes presentar al menos una demanda más en su contra, tal como ocurrió cuando Colombia denunció el Pacto y fue demandado por Nicaragua con dos demandas más.   

Por lo tanto, para no contradecir su tradición legalista que tan buenos resultados le ha dado en otros ámbitos, Chile debería adoptar una política más amigable con sus vecinos del norte.  Una política que en lugar de negar la existencia de problemas pendientes, los encare con valentía y con la verdadera intención de resolverlos (buena fe). La negociación, que es el camino alternativo a la judicialización, y a la cual Santiago ha rehuido a partir de noviembre de 2010, no supone la capitulación ni la humillación de una de las partes, sino más bien el beneficio de todos los participantes mediante un arreglo civilizado e inteligente que podría resolver los problemas que nos dividen. En ese sentido, no es necesario denunciar ningún tratado ni convertirse en un paria del Derecho Internacional; lo que hace falta es voluntad de diálogo, buena fe y mucha creatividad para alcanzar acuerdos que nos permitan mirar al futuro como países amigos y no como enemigos que alguna vez fuimos, y todo ello se podría lograr sin dejar de lado lo bueno que tiene el legalismo chileno.