viernes, 6 de diciembre de 2013

El libre tránsito que Chile otorga a Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari

Camiones bolivianos varados en la frontera Tambo Quemado
El paro de actividades de los trabajadores fiscales de Chile que se prolongó durante toda la última semana de noviembre y que vino a complementar otras huelgas que de manera interrumpida hicieron los mismos trabajadores desde mediados de ese mismo mes; puso en evidencia, una vez más, que el cumplimiento del Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, no es una prioridad para el Estado chileno.
Dicho paro, al cual se sumaron los funcionarios de la Aduana chilena y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), entre otros; supuso la interrupción del libre tránsito que Chile debería garantizar a favor de Bolivia por su territorio y puertos a perpetuidad, en todo tiempo, para toda clase de carga y sin excepción alguna.  
En efecto, mediante el Tratado de 1904: “La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado” (Artículo 6).
En cumplimiento a la última parte de esta cláusula, el 6 de agosto de 1912, ambos países suscribieron la Convención de Tráfico Comercial que en su parte pertinente señala: “El gobierno de Chile en conformidad al artículo 6° del Tratado de 1904, garantiza el libre tránsito por su territorio de las mercaderías extranjeras que se desembarquen con destino a Bolivia, o que procedentes de ese país se embarquen para el extranjero por todos los puertos mayores de la República” (artículo 1).  
EL 16 de agosto de 1937, después de las protestas que el gobierno boliviano presentó por las constantes obstrucciones que Chile impuso al paso de pertrechos bélicos con destino a Bolivia, antes y durante la guerra del Chaco (1928 y 1933); ambos países firmaron la Convención sobre Tránsito en la cual se acordó: “El gobierno de Chile, de conformidad al artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904, reconoce y garantiza el más amplio y libre tránsito a través de su territorio y puertos mayores para las personas y cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia”. “Dentro de las estipulaciones chileno – bolivianas vigentes el libre tránsito comprende toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).  
Por tanto, queda claro que cualquier interrupción al libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos representa nada menos que un clarísimo incumplimiento de Chile al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, más aun cuando esa interrupción genera importantes perjuicios para los comerciantes bolivianos y se prolonga por varios días como en este caso.
Trabajadores fiscales de Santiago en protesta.
Al respecto, cabe aclarar que si bien se trata de una huelga legítima porque se basa en demandas laborares que fueron desatendidas por mucho tiempo y que las autoridades chilenas hicieron significativos esfuerzos por evitarla en esta oportunidad; no cabe la menor duda de que el gobierno de Chile, aún en tales circunstancias, debería encontrar la forma de garantizar en todo tiempo y sin excepción alguna el funcionamiento de sus puertos y pasos fronterizos con Bolivia, no sólo porque se comprometió a ello formalmente y por escrito, sino porque con estas interrupciones lo único que hace es demostrar que el libre tránsito que otorga a Bolivia no compensa en ningún caso lo que significa un acceso útil y soberano al mar, que el paso del comercio boliviano por su territorio está sujeto a los vaivenes de su política interna y que no es un país respetuoso del derecho internacional que cumple sus compromisos, como tantas veces lo han dicho sus autoridades. 

Por tanto, Chile debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados al comercio boliviano, tal como bien lo solicitó el Presidente Morales; y tiene que garantizar el libre tránsito de nuestro país por su territorio y puertos; y si finalmente no puede hacerlo a perpetuidad, en todo tiempo, para toda clase de carga y sin excepción alguna, valga repetirlo, entonces debe devolverle a Bolivia su cualidad marítima, útil y soberana. 

domingo, 20 de octubre de 2013

Prologo del libro "Historia Diplomática de Bolivia" de Jorge Escobari Cusicanqui (2013 sexta edición)

Por: Andrés Guzmán Escobari

La historia diplomática de Bolivia es en esencia un digno reflejo de la idiosincrasia boliviana en cuanto a la compleja mezcla de una cultura ancestral muy arraigada en sí misma y otra cultura importada y para muchos impuesta que representa los paradigmas políticos y económicos que dominaron el mundo desde que Bolivia alcanzó su independencia y que en nuestros días se expresa innegablemente dentro el incontrolable proceso de globalización.
En ese contexto, algunos de los diplomáticos bolivianos llegaron a priorizar intereses políticos, ideológicos y hasta personales por sobre el objetivo más importante de nuestra política exterior, el prevalecimiento de los intereses nacionales de Bolivia; mientras que otros, quizás los menos, actuaron con un verdadero fervor cívico e hicieron valer esos intereses.
Este libro toca todos estos temas desde una perspectiva si bien patriota y nacionalista, no menos realista y pertinente, relatando esa historia en base a los fundados argumentos que develan las grandes dificultades que enfrentó y aún enfrenta un país no tan poderoso como Bolivia en un escenario internacional dominado por las fuerzas que determinan lo que Hans Morgenthau denominó “equilibrio de poder”.
La presente obra que, - sin decirlo explícitamente-, se expresa en términos realistas, es sin duda el escrito más importante de la historiografía boliviana en su parte relativa a las relaciones internacionales, pues desde los libros de Miguel Mercado Moreira “Historia Internacional de Bolivia” y de Carlos Alberto Salinas Baldivieso “Historia Diplomática de Bolivia”, editados en 1930 y 1938, no se ha publicado un texto que contenga un análisis tan completo, riguroso y, según mi opinión, acertado, del desarrollo de la historia diplomática de Bolivia.
Sin querer desmerecer el valioso aporte de Jorge Soria Galvarro Rosales con su libro también titulado “Historia Diplomática de Bolivia” (2008) [1]; es importante destacar que la obra de Jorge Andrés Escobari Cusicanqui, además de contener un exhaustivo recuento histórico de los acontecimientos que macaron el desarrollo de nuestra diplomacia, incluye adicionalmente un análisis crítico de cada uno de esos acontecimientos que son presentados y desarrollados desde la visión de un hombre que estuvo más de treinta años al servicio de las rela- ciones internacionales de Bolivia y ocupó, en ese tiempo, los más altos cargos de representación y dirección de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sobre este último punto, resulta oportuno transcribir la advertencia que nuestro autor dejó en el prólogo de la quinta edición de esta obra: “Para apreciar el contenido y proyecciones de nuestra política internacional, no es suficiente la relación esquemática y cronológica de los sucesos estrictamente históricos; es preciso deducir, aunque sea tentativamente, el sentido o el mensaje de tales sucesos, vinculándolos con los acontecimientos actuales y señalando sus lógicas proyecciones”.
Es por tanto evidente que el propósito del autor fue dejar a los estudiantes de las relaciones internacionales de Bolivia, un texto que contribuya a examinar la historia con un criterio analítico y certero. Pero por sobre todo, transmitir a los encargados de dirigir nuestra política exterior los lineamientos que se deben seguir y el espíritu que se debe adoptar para solucionar los problemas que tiene nuestro país en el escenario internacional, priorizando el prevalecimiento de nuestros intereses nacionales y ejerciendo los derechos que por justicia nos corresponden.
En efecto, el análisis crítico que contiene este libro no sólo tiene una utilidad ilustrativa, que puede ser muy bien utilizada por quienes estudian las relaciones internacionales de Bolivia; sino también una utilidad estratégica, porque nos permite identificar a través de ese análisis, los desafíos que enfrenta la diplomacia boliviana en la actualidad.
Es por esto que la “Historia Diplomática de Bolivia” de Jorge Escobari Cusicanqui se ha convertido  en la principal referencia bibliográfica de los cursos sobre relaciones internacionales que imparten las universidades bolivianas y se ha constituido asimismo, desde hace varios años, en el texto de mayor relevancia para los postulantes a la Academia Diplomática Boliviana, de la cual nuestro autor fue fundador y quien escribe estas líneas fue alumno.
El hecho de que hoy estemos presentando la sexta edición de esta obra, es una clara muestra de su importancia, pues la decisión de reeditarla no sólo responde al deseo de rendir un merecido homenaje póstumo al autor, sino atender la gran demanda que tiene este libro, cuyas copias fueron totalmente agotadas en su última edición. 
Para abundar un poco más en su relevancia podemos citar el amplio, inequívoco, y hasta quizás unánime reconocimiento que este libro ha recibido de parte de los expertos en temas internacionales de nuestro país. Pues tenemos constancia que desde que se publicó la primera edición en 1972, varios ex cancilleres, internacionalistas e historiadores, han destacado ampliamente sus cualidades utilitarias y estratégicas[2].
Por otra parte, una muestra no tan grata de su relevancia es el plagio de varios acápites de esta obra acometido por Valentín Abecia Baldivieso en su libro “Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia”, publicado en 1979 y 1986, que evidencia por un lado la procacidad del plagiador y por otro, la lucidez de un análisis escrito que al no poder igualarse es burdamente copiado[3]
De una manera también controvertida e igualmente reveladora de la importancia del libro de referencia, el historiador chileno Carlos Bustos en su libro “Chile y Bolivia. Un largo Camino de la Independencia a Monterrey” editado en 2004, criticó la rigurosidad de la obra que aquí comentamos al decir que Escobari Cusicanqui no fundamentó la aseveración de que el Tratado de 1904 fue impuesto por la fuerza en los siguientes términos:
“Es curioso, además, que algunos de los principales detractores del acuerdo de 1904 – como el ex Canciller y Embajador Escobari -  eluden en algunas de sus obras un análisis más profundo sobre las circunstancias en que se negoció el aludido instrumento bilateral. En el Tomo 1 de la Historia Diplomática de Bolivia, edición 1978, se menciona una serie de elementos relacionados con la misión Köning en Bolivia y después se pasa a los esfuerzos que Bolivia habría hecho para buscar solución a su “enclaustramiento”. Invito a cualquier lector objetivo a examinar las páginas previas y posteriores a las que llevan los números 120 y 121, de dicha obra de Escobari Cusicanqui”.
Personalmente debo decir que decidí aceptar el desafío de Bustos no tanto por considerarme un “lector objetivo” sino más bien porque me sorprendió que pusiera en cuestión la rigurosidad de un libro que en mi opinión es impecable en su respaldo argumentativo. Fue así que me puse a buscar en la obra mencionada, edición 1978, alguna referencia a “las circunstancias en que se negoció el aludido instrumento bilateral (Tratado de 1904)” y la verdad que no me sorprendió encontrar rápidamente un acápite denominado precisamente “El tratado de 1904 fue impuesto por la coacción” entre las páginas 219 y 223 (en esta edición se encuentra entre las páginas 215 y 219)[A1] , que explica amplia y claramente lo que según Bustos, Escobari eludió comentar.
Es tan contundente esa explicación que cabe preguntarse si Bustos realmente revisó el texto que el mismo cita o simplemente fue mayor su deseo por justificar las acciones de Chile al momento de consolidar su dominio sobre el territorio que había usurpado a Bolivia en 1879, amparándose eso sí, en la seguridad de que no muchas personas tienen una copia de la edición de 1978 de la obra aquí comentada.
Por último, es particularmente oportuno publicar la obra culminante de Jorge Escobari Cusicanqui, “Historia Diplomática de Bolivia” en estos momentos, en los cuales Bolivia ha iniciado un proceso judicial contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para recuperar un acceso soberano al mar, pues es precisamente en este libro, cuya primera edición fue publicada en 1972, donde están contenidos los fundamentos históricos del derecho de Bolivia al mar que han sido utilizados por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima – DIREMAR, para construir la demanda marítima boliviana.
Como se podrá apreciar en estas páginas, el autor desarrolla un análisis histórico de las relaciones con Chile en el que destaca los diversos compromisos asumidos por ese país con el fin de resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano y si bien no llega a sugerir explícitamente que dichos compromisos por su repetitividad y formalismo son obligatorios ante el derecho internacional, sí deja muy en claro que al menos moralmente, Chile debería devolverle a Bolivia una salida soberana al mar.
Esa convicción fue desarrollada por el  autor a partir de los años 60 y reafirmada después por los gobiernos de Santiago, porque desde que Escobari Cusicanqui publicó la primera edición de su libro “El Derecho al mar” (1964), en el que menciona por primera vez la existencia de una obligación de Chile relativa al problema capital de Bolivia; hubo importantes aproximaciones entre los gobiernos de ambos países en las que las autoridades chilenas volvieron a comprometerse a resolver el asunto marítimo. En efecto, durante ese período se produjo lo que el autor denomina “el octavo compromiso chileno” que fue asumido durante “las negociaciones de Chañara” de los años 70 y los “dos desaires” ocurridos en las gestiones “Aproximación Progresiva” y “Enfoque Fresco” de 1983 y 1987, respectivamente. De esa manera, en la última edición de su obra “El Derecho al Mar” (1988), el autor completa “las diez burlas chilenas” que son recogidas y actualizadas en esta obra.
Al respecto, cabe aclarar que el esbozo de dichas obligaciones chilenas fue recogido por el reconocido abogado internacionalista boliviano, Ramiro Orías Arredondo, quien, el año 2000, en base a la teoría de los actos unilaterales de los Estados, planteó por primera vez la posibilidad de acudir a la justicia internacional para exigir el cumplimiento de los compromisos chilenos. Tesis que luego fue adoptada por DIREMAR para diseñar y elaborar la demanda judicial que el Estado Plurinacional de Bolivia presentó en contra de la República de Chile el 24 de abril de 2013.  
Sin más preámbulos, dejó al lector para que inicie su recorrido por la “Historia Diplomática de Bolivia” de Jorge Escobari Cusicanqui que, valga reiterarlo, es la obra más importante de la historiografía boliviana en su parte relativa a las relaciones internacionales.






[1] Reconociendo la existencia de otros valiosísimos aportes, cabe aclarar que no se menciona directamente a los siguientes cuatro libros: 1) “Una obra y un Destino. la política internacio- nal de Bolivia después de la guerra del Chaco” de Alberto Ostria Gutiérrez (1946), 2) “Hacia una nueva Política Exterior Boliviana” de Fernando Salazar Paredes (2000), 3) “las relaciones internacionales de Bolivia. 1825 – 1990” de Eduardo Arze Quiroga (1991), y 4) “Trayectoria de la diplomacia boliviana: 179 años de internacionalismo” de Oscar Patricio vargas Aguirre y Juan Carlos Montecinos luque (2004); debido a que ninguno de ellos trata verdaderamente sobre la historia diplomática de Bolivia, los dos primeros se refieren a las perspectivas a futuro de la diplomacia boliviana, el segundo es una recopilación de los capítulos de prensa y publicaciones especializadas del autor y el tercero es un compendio bibliográfico de todos los Cancilleres de Bolivia de 1825 a 2004.
[2] Los expertos en relaciones internacionales de nuestro país que han expresado su reconocimiento a esta obra y se tiene constancia son: José Ortiz Mercado, Javier Murillo de la Rocha, Armando Loaiza Mariaca, Guillermo Bedregal Gutiérrez, Teodosio Imaña Castro, Alvaro Perez del Castillo, Jorge Siles Salinas, Fernando Salazar Paredes, Julio Sanjinez Goitia, Ramiro Prudencio Lizon, Jorge Gumucio Granier, entre otros.
[3] Entre las páginas 688 y 810 del libro de Abecia Baldivieso publicado en 1979, existen opiniones y expresiones exactamente iguales en su redacción y contenido a las publicadas en 1972 por Escobari Cusicanqui (entre las páginas 153 y 271). Como agravante de esa cuestionable publicación, en la que no existe ninguna cita o referencia bibliográfica de respaldo, está el hecho de que pese a los reclamos realizados por Escobari en su momento, Abecia decidió mantener el plagio en una segunda edición de su libro publicado en 1986. 

domingo, 1 de septiembre de 2013

Cuando Chile y Perú aceptaron ceder a Bolivia una salida soberana al mar

Por: Andrés Guzmán Escobari

Para muchos entendidos en el tema marítimo boliviano, la negociación de Charaña de 1975, en la que Chile aceptó ceder a Bolivia un territorio soberano sobre las costas del Pacífico a cambio de un terreno equivalente (por tierra y mar), fue la ocasión que más cerca estuvieron ambos gobiernos de alcanzar una solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Para algunos otros, el intercambio de notas de 1950, en el que Chile accedió a ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales, fue el intento más próximo y realista para terminar definitivamente con el encierro geográfico boliviano. Por otra parte, también hay quienes sostienen que los Tratados de 1895 definen el compromiso más serio que existe sobre esta materia, pues en aquella oportunidad, Chile se obligó a ceder Tacna y Arica a Bolivia si dichas provincias quedaban en su dominio después del plebiscito que debía definir su nacionalidad. No obstante, en opinión de quien escribe, la vez que más cerca estuvimos los bolivianos de recuperar un acceso soberano al mar fue en 1926, porque en ese año, no sólo Chile ofreció a Bolivia un territorio con soberanía sobre las costas del Pacífico, sino también Perú.

Para comprender lo ocurrido en aquel tiempo es bueno recordar que los gobiernos de Lima y Santiago se encontraban en una dura disputa por las provincias de Tacna y Arica cuya pertenencia aún no había sido definida a pesar de que en 1883, ambos países se habían comprometido a realizar un plebiscito que, al cabo de diez años, debía definir su nacionalidad definitiva. Pero como no se pudo acordar las condiciones para realizar dicha consulta, Chile extendió su dominio sobre esos territorios mucho más allá del plazo acordado originalmente, lo cual, sumado a su controvertido plan de chilenización de la zona en disputa, que incluía prácticas de amedrentamiento e intimidación contra los habitantes peruanos del lugar; provocó no sólo la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares entre Chile y Perú, sino que también propició una inconducente etapa de acusaciones y recriminaciones del uno contra el otro.
En ese tenso ambiente en que la solución al problema de Tacna y Arica parecía inalcanzable, el gobierno de Estados Unidos decidió ofrecer sus buenos oficios a Chile y Perú para evitar que la controversia ponga en peligro la paz mundial que, en ese momento, era sin duda uno de los máximos ideales de la política internacional de las grandes potencias, junto con la libre determinación de los pueblos.
Fue así que el 4 de marzo de 1925, el Presidente de Estados Unidos, Calvín Cooldige, después de haber sido designado por las partes como árbitro de la controversia; resolvió que el plebiscito debía realizarse y dispuso la conformación de una Comisión tripartita que estaría encargada de llevar a cabo la consulta. No obstante, al poco tiempo, dicha Comisión evidenció que no existían las garantías necesarias para realizar un proceso plebiscitario libre y correcto, por lo cual, el Secretario de Estado, Frank Kellogg, intentó propiciar un acuerdo entre las partes que sin realizar el plebiscito, resuelva todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico. Les propuso básicamente tres tipos de soluciones: 1) la neutralización del territorio para que sea administrado por un ente autónomo; 2) la división del territorio en disputa, con un corredor boliviano que pase por el centro; o 3) la cesión de todo el territorio en disputa a Bolivia. Ninguna de esas propuestas llegó a ser aceptada simultáneamente por las partes, pero en el proceso de negociación, ambos países aceptaron darle a Bolivia una salida soberana al mar.
El Presidente del Perú, Augusto Leguía en 1926
El Presidente del Perú, Augusto Leguía, propuso entregar un territorio al sur de Arica a Bolivia; insistía en que la ciudad ariqueña y su Morro debían quedar en el Perú, pero que los bolivianos podrían acceder al mar por un terreno entre las lomadas de Azapa y la caleta Vitor. Ese planteamiento fue ratificado por escrito en una nota enviada al gobierno boliviano el 8 de septiembre de 1925 y en un memorándum dirigido a Kellogg en mayo de 1926 (Gumucio, Jorge: Estados Unidos y el mar boliviano. 2005. Pág. 302 y Basadre, Jorge: La vida y la historia. 2007. Pág. 366).
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la consulta, el representante del árbitro ante la Comisión Plebiscitaria, General William Lassiter, propuso a los delegados de Perú y Chile someter a votación la posibilidad de cancelar el plebiscito debido a que no existía una atmosfera apropiada para celebrarlo. Según explicó, la pasividad y permisividad de las autoridades chilenas ante los atropellos que sufrían los ciudadanos peruanos en la zona, habían hecho impracticable el plebiscito (Ulloa, Alberto: Para la historia internacional y diplomática del Perú. 1987. Pág. 362).
Mientras tanto en Washington, Chile ofreció una solución que incluía un corredor para Bolivia al norte de Arica mediante dos telegramas que fueron entregados a Kellogg por el Embajador chileno, Miguel Cruchaga, el 21 de mayo y el 9 de junio de 1926. En el primero, Chile proponía conceder a Bolivia un corredor que tendría a la frontera norte de Arica como eje y, en el segundo, aceptaba entregarle una faja de territorio desde la frontera boliviana hasta el Villoro de Palos en el océano Pacífico (Alessandri, Arturo: “Recuerdos de un Gobierno”. 1967. Pág. 182 y Gumucio: op. cit. Pág. 308).
A pesar de los esfuerzos de Chile por evitar la cancelación del plebiscito, el 14 de junio, la Comisión Plebiscitaria aprobó la moción de Lassiter con el voto favorable de los delegados de Perú y Estados Unidos, y se publicó un documento titulado “Esquema de razones para requerir una terminación definitiva de los procedimientos plebiscitarios contemplados por el laudo” que señalaba a Chile como el principal culpable de la impractibilidad del plebiscito (Ulloa: op. cit. Pág. 363).
Ante los duros cargos en su contra, el gobierno de La Moneda, mediante una comunicación enviada el 23 de junio de 1926 a todas sus representaciones en el extranjero y que se conoce como la Circular Mathieu, en alusión al Canciller chileno que la firmó; explicó su posición frente a lo ocurrido en Tacna y Arica y en las negociaciones realizadas en Washington. En estas últimas – señala el documento –, Chile expresó su aceptación a tres fórmulas transaccionales, todas ellas sujetas al plebiscito: 1) la división de los territorios en disputa, 2) la creación de un estado independiente en esa zona o 3) “el traspaso del territorio a Bolivia”. Más adelante – añade la circular chilena – “en el ánimo de evitar el fracaso que parecía inminente de la gestión de Buenos Oficios, aceptamos sacrificar, en interés de Bolivia, una parte del departamento de Arica. Ninguna de estas fórmulas mereció ser acogida. Las exigencias del Perú crecían a medida que avanzaban nuestras concesiones” (Revista chilena 1926. Pág. 87 y Carrasco, Sergio: “Historia de las relaciones chileno-bolivianas. 1991. Pág. 229).
El Canciller de Chile, Beltrán Mathieu, y su Embajador en EEUU, Miguel Cruchaga, en 1926.
Después de evaluar la posición de las partes y hacer las consultas correspondientes, Kellogg presentó una propuesta formal y definitiva a Chile y Perú el 30 de noviembre de 1926, en la que básicamente proponía que ambos países cedan a Bolivia los territorios de Tacna y Arica a cambio de compensaciones adecuadas que serían negociadas por las partes.
Con esa propuesta, Kellogg intentaba que peruanos y chilenos renuncien a sus derechos sobre Tacna y Arica para alcanzar una solución definitiva que no dañaba su dignidad nacional pues ninguno tenía que hacer una concesión al otro; tomaba en cuenta el interés continental de asegurar la paz en la región; suprimía la frontera común que, según se decía en aquella época, era la causa de permanentes fricciones e incidentes peligrosos; permitía resolver el problema marítimo de Bolivia y; no comprometía a los Estados Unidos en la definición de este asunto, pues se dejaba en manos de Perú y Chile la decisión final. Detrás de esta propuesta, también hubo quienes denunciaron un plan malévolo de Washington por querer ampliar su dominio sobre Bolivia y sobre sus riquezas, pues a las enormes deudas que ya tenía la hacienda boliviana con las entidades financieras de Nueva York (empréstito Nicolaus y otros), se sumaría otra muy importante que sería adquirida para pagar las compensaciones a Chile y Perú.  
De acuerdo a las predicciones del Departamento de Estado, el gobierno chileno respondió el 4 de diciembre aceptando en principio la Propuesta Kellogg y aclarando que “Chile no ha rechazado la idea de conceder una faja de territorio y un puerto a la Nación Boliviana”. No obstante, para sorpresa de muchos, el 12 de enero de 1927, el Perú contestó rechazando la sugestión estadounidense porque, entre otras cosas, no podía convertir sus derechos sobre Tacna y Arica “en mercancía sujeta a precio, por grande que ésta sea”. Aun así, aclaraba también que su gobierno “ha estado dispuesto a ceder parte del territorio, con el objeto ya de dar un puerto a Bolivia, y a poner término a la controversia con Chile”.
Con el rechazo peruano se desechó una de las oportunidades más claras de la historia para dar fin al problema marítimo de Bolivia y se desperdició también el momento más propicio para resolver de una vez y para siempre todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico. ¿Por qué Kellogg no insistió en un corredor para Bolivia cuando Chile y Perú habían manifestado su disposición a un arreglo de ese tipo? Es la pregunta que queda sin responder en este análisis…

Como es sabido, después del fracaso de la Propuesta Kellogg, los gobiernos de Lima y Santiago, siempre bajo el auspicio de Estados Unidos, firmaron un Tratado el 3 de junio de 1929 que no sólo dejó de lado los intereses de Bolivia, sino que a través de un Protocolo Complementario, que se mantuvo en secreto inicialmente; Chile cerró el candado del encierro geográfico boliviano y le entregó las llaves al Perú. 

domingo, 25 de agosto de 2013

Sobre el Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

A mediados de julio, los historiadores chilenos, José Miguel Concha y Cristian Garay, al primero de los cuales conozco y aprecio mucho; presentaron un libro titulado “El Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados”, que fue publicado en La Paz por Plural Editores.
Se trata de un interesante análisis sobre las circunstancias y las causales que llevaron a la suscripción del Tratado con el cual, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral.
Para analizar objetivamente un tema tan delicado y controvertido como el de referencia es necesario, entre otras cosas, ponerse en el lugar del otro para comprender sus decisiones y reacciones, y considerar asimismo, todos los factores que pudieron haber influido en su comportamiento.
Tanto Concha como Garay cumplen casi completamente con tales requisitos y es por eso que su libro aquí comentado puede servir como un texto de referencia que tanto bolivianos como chilenos deberíamos compartir, no tanto porque coincidamos con todas sus conclusiones, sino porque es una verdadera investigación académica que puede ayudarnos a comprender lo ocurrido en el pasado ahora que tendremos que enfrentar un proceso judicial en la Corte Internacional de Justica de La Haya para resolver un problema que fue originado precisamente por el Tratado de 1904: el enclaustramiento geográfico de Bolivia.
La obra comienza refiriéndose a las modificaciones territoriales que se registraron en Sudamérica entre 1870 y 1909 y aclara que Bolivia fue el país que más territorios perdió; luego describe con notable rigor académico lo ocurrido en las negociaciones que produjeron los Tratados de 1895, mediante los cuales – señalan textualmente los autores –, “Chile reconoció expresamente la necesidad de otorgar a Bolivia una salida soberana al mar” (Págs. 74 y 127).
En cuanto a la negociación del Tratado de 1904, los autores afirman con particular énfasis que las bases de dicho acuerdo fueron presentadas por el gobierno boliviano en 1902 a través de Felix Avelino Aramayo y que, en dichas bases, nuestros gobernantes abandonaron toda pretensión a un puerto en el Pacífico. No obstante, también reconocen la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia en esos años a través del asfixiante régimen aduanero que impuso en Arica a partir de 1884; y destacan asimismo la apremiante y difícil situación en la que se encontraba nuestro país en aquel tiempo: en total bancarrota, debilitado militarmente después de dos guerras con Brasil y sin haber definido ninguna de las otras fronteras (Argentina, Chile, Perú y sobre todo Paraguay).  
Sobre este último punto, sin embargo, no se menciona la innegable influencia que tuvieron las advertencias que hizo el representante de Chile en La Paz, Abraham Köning, a través de la nota que remitió a la Cancillería boliviana el 13 de agosto de 1900. En la cual, a tiempo de asegurar que Bolivia no tiene ningún derecho a exigir un puerto, hacía saber que Chile podía reiniciar las hostilidades en cualquier momento y con la misma facilidad con la que había iniciado la guerra, ya que su poderío militar —decía— “se ha centuplicado en los últimos 20 años” (Libro Azul 2004: Anexo 6).
Esas advertencias definieron el contexto en el que se desarrollaron las negociaciones y sin duda que fueron tenidas muy en cuenta por las autoridades bolivianas al momento de negociar la paz con Chile. Asimismo, extraña la ninguna mención a la actuación del representante chileno en Lima, Ángel Custodio Vicuña, quien en 1901, propuso a las autoridades peruanas la “polonización de Bolivia”, es decir, la repartija del territorio boliviano entre Perú, Brasil y Chile (Bustos, Carlos: Chile y Bolivia. Un largo camino… 2004: 106), lo cual, naturalmente, también tuvo que haber preocupado a las autoridades bolivianas.

Por lo dicho, podemos convenir en que el Tratado fue consensuado por las partes y que Chile no hizo ningún movimiento de tropas en ese tiempo; sin embargo, no es posible coincidir en que las autoridades bolivianas actuaron libre y voluntariamente porque además del difícil contexto que les tocó enfrentar, está el simple hecho de que nadie en su sano juicio sacrifica un elemento esencial de su desarrollo sin que las circunstancias le obliguen. 
Aun así, la obra aquí comentada es una apreciable contribución académica al estudio de lo ocurrido entre Chile y Bolivia alrededor de 1904, y que es por eso, un trabajo que nos aproxima mucho más a comprender las razones de nuestras diferencias.  

lunes, 5 de agosto de 2013

Las contradicciones entre Chile y Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari

El Canciller de Chile, Alfredo Moreno Charme, dijo hace unos días que los representantes del gobierno boliviano tienen un discurso cambiante y contradictorio porque el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, declaró que espera que ambos países retomen el camino del entendimiento en la eventualidad de que Michel Bachelet vuelva al poder; lo cual, según el Ministro chileno, contradice otras declaraciones que los gobernantes bolivianos habrían realizado anteriormente.
Si bien es cierto que se pueden encontrar algunas discrepancias entre lo que dijeron antes y lo que dicen ahora nuestros gobernantes, en relación a Chile no es posible demostrar que existan contradicciones. En este caso por ejemplo, sobre las conversaciones con Bachelet, Evo Morales aseveró en mayo de 2011: “hemos avanzado bastante” y acerca del tema marítimo que, valga recordar, fue parte de la Agenda de 13 puntos que ambos países negociaron entre julio de 2006 y noviembre de 2010; señaló: “estuvimos a punto de firmar la primera parte” (La Tercera, 01/05/2011). Y aunque también dijo en varias oportunidades que “dialogar con Chile es perder el tiempo" (La Tercera, 30/03/2011 y 18/03/2013), está claro que esa impresión la generó la actual administración de La Moneda y no la anterior. Por tanto, dada la imposibilidad de conversar sobre el tema marítimo con el gobierno de Piñera, es absolutamente comprensible y coherente que las autoridades bolivianas quieran abrir la posibilidad de retomar el camino del entendimiento con el próximo gobierno de Chile.
Por otra parte, estas acusaciones de Santiago a La Paz de incurrir en contradicciones vienen a ser la contrapartida de otros señalamientos muy parecidos enviados en febrero pasado pero en sentido contrario. En efecto, como muchos recordarán, tras el impase que ocasionó el apresamiento de tres soldados bolivianos en Chile; el gobierno boliviano acusó al Presidente Piñera de contradecirse, llegando a producir un spot televisivo en el que se muestran las supuestas contradicciones del Mandatario chileno y que puede ser visto en: 

Asimismo, resulta paradójico que el Canciller Moreno califique de cambiantes y contradictorios los discursos de las autoridades bolivianas cuando él mismo cambió de posición y se contradijo al referirse a la Agenda de 13 puntos. Primero, el 14 de julio de 2010, permitió que su Vicecanciller suscriba un Acta mediante la cual, en el punto seis, referido al tema marítimo; Chile se comprometió formalmente a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del mecanismo de consultas políticas…”; y luego, el 5 de febrero de 2013, a tiempo de responder a las quejas del Mandatario boliviano respecto a la esterilidad del diálogo con el gobierno de Piñera, Moreno aseguró: “El presidente Morales sabe perfectamente que el funcionamiento de esta comisión era de un trabajo en conjunto, en el cual no hay proposiciones de un país o de otro” (Emol, 5/02/2013). Cuando uno de los principales compromisos asumidos por Chile en el Acta mencionada era precisamente el de “proponer”.
Y hay más, la negativa de Santiago a dialogar con La Paz sobre una posible solución al problema marítimo boliviano es justamente el elemento que permitió a Bolivia presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ésta falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que le otorgue a Bolivia una salida soberana al mar; porque dicha negativa demuestra claramente que este asunto no se ha podido resolver por la vía diplomática y representa asimismo, una inobjetable contradicción de la política exterior chilena frente a este asunto, pues como bien sabe Moreno o debería saber, desde el fin de la guerra del Pacífico e incluso durante la misma contienda, su país mantuvo abierta, la mayor parte del tiempo, la posibilidad de dialogar con Bolivia sobre este tema, llegando incluso a ofrecer el territorio de Arica en varias oportunidades.
El 26 de noviembre de 1879, en plena guerra del Pacífico, el Canciller de Chile, Domingo Santa María, escribió a su Ministro de Guerra en Campaña, Emilio Sotomayor: “no podemos ahogar a Bolivia… debemos proporcionarle por alguna parte puerto suyo”, iniciando así una política que sería seguida por la gran mayoría de los gobiernos chilenos y que se conoce como “la política boliviana”.
Entre los acuerdos y declaraciones más importantes podemos mencionar que mediante el Tratado de Trasferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, Chile se comprometió formalmente a ceder Tacna y Arica a Bolivia si esas provincias quedaban bajo su dominio después del plebiscito que debía realizarse para definir su nacionalidad; que el 10 de enero de 1920, el Ministro Plenipotenciario de Chile en La Paz, Emilio Bello Codesido, firmó un Acta Protocolizada con el Canciller boliviano, Carlos Gutiérrez, en la que aceptó ceder a Bolivia una parte importante de Arica y del ferrocarril Arica – La Paz; que el 21 de septiembre de 1921, el representante chileno ante la Liga de las Naciones, Agustín Edwards, declaró en nombre de su gobierno que Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas y aseguró, enfáticamente, que ese es el único derecho que Bolivia puede hacer valer; que en las conversaciones que sostuvieron el Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago, Ricardo Jaimes Freyre, y el Canciller chileno, Luis Izquierdo, este último aseguró mediante nota del 6 de febrero de 1923 que pondría empeño en concretar las bases de una negociación para la realización del anhelo boliviano en base a compensaciones y, el 23 de ese mismo mes, dijo “hay que darle un puerto a Bolivia”; que el 9 de junio de 1926, el Embajador de Chile ante los Estados Unidos, Miguel Cruchaga, presentó una propuesta de solución al problema de Tacna y Arica que incluía la cesión de un corredor para Bolivia, lo cual fue confirmado 14 días después por el Canciller Beltrán Mathieu quien, en una Circular dirigida a todas las representaciones de Chile en el extranjero, aceptó sacrificar en interés de Bolivia, una parte de Arica; que el 4 de diciembre de 1926, a través del Canciller, Jorge Matte Gormaz, Chile aceptó en principio la propuesta que hizo el Secretario de Estado, Frank Kellogg, de ceder a Bolivia Tacna y Arica; que el 20 de junio de 1950, el gobierno de Chile, por medio de una nota de su Canciller, Horacio Walker Larraín, al Embajador de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez, aceptó ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales; que el 29 de marzo de 1951, el Presidente chileno, Gabriel González Videla, dijo estar dispuesto a solucionar la mediterraneidad de Bolivia dándole una salida propia al mar; que el 21 de julio de 1961, el Embajador de Chile en La Paz, Manuel Trucco, remitió un Memorándum a la Cancillería paceña en el que ratificó la vigencia del compromiso de 1950; que el 29 de mayo de 1969, el Canciller chileno, Gabriel Valdés, reiteró los alcances de las notas de 1950 y del Memorándum de 1961; que el 8 de febrero de 1975, el Presidente de Chile, Augusto Pinochet, suscribió una Declaración con su homólogo boliviano, Hugo Banzer, en la que se comprometió a buscar fórmulas de solución a los asuntos que ambos países confrontan como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia; y que el 19 de diciembre de 1975, el Canciller chileno, Patricio Carvajal, envió una nota al Embajador boliviano, Guillermo Gutiérrez, en la cual aceptó considerar  la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana, unida al territorio boliviano por una faja territorial igualmente soberana al norte de Arica, lo cual estuvo condicionado a un canje territorial por una superficie equivalente al territorio terrestre y marítimo que Chile cedería. En el ámbito multilateral, Chile suscribió sendas resoluciones en favor de una solución al problema marítimo boliviano, el 9 de diciembre de 1974 se adhirió a la Declaración de Ayacucho en la que los países bolivarianos y sanmartinianos manifestaron su comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia y demandaron entendimientos constructivos; asimismo, Chile apoyó las Resoluciones que la OEA aprobó en favor de la causa marítima boliviana en 1980, 1981 y 1983, en esta última, se exhorta a que ambos países negocien una fórmula que dé a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Al comenzar este siglo, el 22 de febrero de 2000, los Cancilleres Gabriel Valdez de Chile y Javier Murillo de Bolivia, iniciaron el tratamiento de una Agenda sin exclusiones que derivó en la Agenda de 13 puntos que incluye al tema marítimo en su punto 6 y que fue adoptada el 17 de julio de 2006 por los Vicecancilleres Alberto Van Klaveren de Chile y Mauricio Dorfler de Bolivia. Por último, el 14 de julio de 2010, el actual gobierno de Chile, como ya dijimos, en un Acta suscrita por Mónica Soriano de Bolivia y Fernando Schmidt de Chile; se comprometió a proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo, no obstante, como es evidente, hasta la fecha no ha cumplido.
Todas estas manifestaciones unilaterales del Estado chileno que naturalmente son parte de los alegatos en los que Bolivia sustentará su demanda; demuestran objetivamente que los gobiernos de La Moneda mantuvieron viva “la política boliviana” desde 1879 hasta nuestros días y que, por tanto, el actual gobierno de Chile está contradiciendo esa política al negarse a dialogar sobre este tema.

Por todo esto, la próxima vez que el Canciller Moreno quiera referirse a las contradicciones de los gobernantes bolivianos, deberá considerar que su gestión será recordada como la que permitió que Bolivia enjuicie a Chile, aun cuando el resultado sea favorable a su país; y que aquí en Bolivia, estamos anotando todas y cada una de sus declaraciones.

lunes, 8 de julio de 2013

Los gobiernos de Sudamérica ante el maltrato sufrido por Evo Morales en Europa

Por: Andrés Guzmán Escobari

El sonado impase diplomático que causaron Francia, España, Portugal e Italia al afectar la libertad de tránsito del avión presidencial de Bolivia el pasado 2 de julio provocó diversas reacciones en los gobiernos de Sudamérica que por las posturas adoptadas y por sus implicaciones políticas pueden dividirse en tres grupos: los que privilegian las buenas relaciones con Europa y Estados Unidos, los anticolonialistas y antiimperialistas, y los que, por distintos motivos, no son ni lo uno ni lo otro. 

Por un lado fue evidente la prudencia y tibieza con las que reaccionaron Colombia, Perú y Chile que no estuvieron de acuerdo con realizar una reunión extraordinaria de la UNASUR para tratar este tema y solo enviaron a sus representantes en La Paz al encuentro que, con ese motivo, se realizó en Cochabamba – Bolivia el 4 de julio. Por el otro lado, fue muy claro y contundente el apoyo que el Mandatario boliviano recibió de sus colegas de Argentina, Ecuador, Uruguay, Surinam y Venezuela que inmediatamente condenaron las acciones de los países europeos mencionados y repudiaron también la política de los Estados Unidos que se vale del espionaje para “controlar” a sus amigos y enemigos. El tercer grupo estaría conformado por Brasil, Paraguay y Guyana que, por diferentes razones, no mostraron una postura clara que les permita ser parte de ninguna de las dos primeras agrupaciones. Si bien Brasilia manifestó en un primer momento su “repudio e indignación” por este hecho que calificó como una “humillación a una nación hermana”, luego decidió no enviar a un dignatario de Estado a la reunión de Cochabamba y destacó solamente al asesor presidencial, Marco Aurelio García, muy respetable por cierto, pero que no equivale a un Canciller ni mucho menos a una Presidente. Asimismo, aunque Asunción calificó el hecho como “lamentable y bochornoso”, la representación de ese país no pudo asistir a la reunión de referencia porque su gobierno se encuentra suspendido de la UNASUR por la destitución de Fernando Lugo. Finalmente, Georgetown, tampoco pudo destacar a una delegación en Cochabamba debido a las pocas horas con las que se organizó el evento y a la inexistencia de un Embajador guyanés en Bolivia.

En definitiva, el incidente brindó a los Presidentes sudamericanos que se congregaron en Cochabamba una inmejorable oportunidad para decir unas cuantas verdades sobre los países europeos involucrados y sobre Estados Unidos, no sólo para demostrar su legítima y comprensible molestia, sino también para subir un poco en las encuestas de popularidad.

Comenzó el Presidente Evo Morales relatando las peripecias que le tocó pasar en Europa cuando a su retorno de Rusia, Francia revocó el permiso que tenía su avión para ingresar a territorio galo y tuvo que aterrizar de emergencia en Viena; donde, según dijo el Mandatario boliviano, el Embajador de España en Austria, Alfredo Carnero, le pidió revisar su aeronave con el propósito de verificar si Edward Snowden se encontraba dentro, “yo le dije – relató Morales – entonces usted me está tratando de delincuente, sólo a los delincuentes pueden revisar, yo no soy ningún delincuente y usted no va a revisar el avión de la presidencia”.  

Por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo notar que a pesar de que los países europeos son las principales víctimas de la política económica y del espionaje de Estados Unidos, “es Europa quien agrede a un Presidente sudamericano” y luego de asegurar que la élite gobernante del viejo continente se “arrodilla” ante los intereses estadounidenses; se refirió a la requisa que pretendió realizar España en los siguientes términos: “El día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que roba del pueblo español”.    

Un poco más moderado pero con la misma energía, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo referencia a la historia y recordó que la prosperidad europea “dependió de la expoliación que hicieron a nuestros pueblos originarios”. En cuanto a las normas internacionales que aplican dijo que “se ha destrozado el derecho consuetudinario” y luego afirmó “Si iba Snowden o no en el avión, es irrelevante, tiene derecho el Presidente de ese avión a transportar a quien sea” y finalmente pidió a los presentes que imaginen si un país sudamericano hubiera impedido el paso de un Presidente europeo o estadounidense “eso hubiera sido un casus belli, causa de guerra” concluyó el Mandatario ecuatoriano.
   
El Presidente de Uruguay, José Mujica, fue claro al señalar “Metieron la pata, se equivocaron de medio a medio” y luego provocó algunas sonrisas cuando dijo: “creo que se comieron un tornillo…”. Prosiguió exigiendo altura, decencia, respeto y humildad para reconocer el error. “equivocarse es una ley de la vida, cometer errores es inevitable, cuando se procede así hay que poner la cara y asumir la responsabilidad y decírselo a la comunidad internacional. No tomarnos el pelo”.

De igual forma, la Presidente argentina, Cristina Fernández, señaló que hay una doble violación a las normas internacionales “una primera a la inmunidad de todo Jefe de Estado” y a su nave presidencial y una segunda “a los acuerdos concedidos para vuelo…”. Pidió explicaciones y recomendó a los pueblos de los países cuestionados “que exijan a sus gobiernos que hagan las cosas un poco mejor para evitar estos verdaderos bochornos internacionales que constituyen vestigios de un colonialismo decadente”. Finalmente dijo que en Sudamérica nos enseñan “desde chiquitos” a reconocer nuestras equivocaciones “y por lo menos a pedir disculpas a quien hemos ofendido”.

La reunión concluyó con una enfática Declaración que denuncia: “la flagrante violación de los tratados internacionales” ante este acto “insólito, inamistoso y hostil”; el “agravio sufrido por el Presidente Morales, que ofende no sólo al pueblo boliviano, sino también a todas nuestras naciones”; “las prácticas ilegales de espionaje”; y “la falta de transparencia sobre las motivaciones políticas que impidieron el tránsito aéreo de la nave presidencial boliviana y su Presidente”. Asimismo los signatarios exigieron “a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España que presenten las disculpas públicas correspondientes” y que “expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo del avión presidencial de Bolivia por su espacio aéreo”. Finalmente exhortaron “a la totalidad de los Jefes de Estado de la Unión a acompañar la presente declaración”.

No se podía esperar que el gobierno de Colombia, el más allegado de la región al Tío Sam, se sume al repudio manifestado por la mayoría de los Jefes de Estado sudamericanos en Cochabamba. Su Presidente, Juan Manuel Santos, se excusó de participar porque se encontraba en Europa apoyando la elección de Medellín como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Lo único que hizo fue escribir en su cuenta de twitter: “Nos solidarizamos con Evo Morales porque es inaudito lo que le hicieron pero no permitamos que se convierta en crisis diplomática AL (América Latina) con UE (Unión Europea)".

Asimismo, hubiera sido una gran sorpresa que Chile apoye a Evo Morales porque además de que su gobierno es muy afín a las potencias cuestionadas, las relaciones entre La Paz y Santiago se encuentran sumamente deterioradas debido al problema que genera el enclaustramiento boliviano. La Cancillería chilena se limitó a emitir un escueto comunicado en el que “lamenta y rechaza” este hecho y “hace un llamado a aclarar lo ocurrido”. Sin embargo, creemos que con esa tímida reacción, el Presidente Sebastián Piñera dejó pasar la que fue quizás su última oportunidad para mejorar sus relaciones con Bolivia y terminar así su mandato en una posición más favorable para enfrentar el proceso instalado en la Corte Internacional de Justicia; y eso es así, porque el Mandatario boliviano no hubiera podido seguir atacando a quien, después de haber recibido varias ofensas, pone la otra mejilla y le brinda su apoyo – al menos más decidido – en este caso.

Pero quien sí sorprendió a propios y extraños fue el Presidente del Perú, Ollanta Humala, que si bien expresó rápidamente su “solidaridad fraterna” por esta “inadmisible situación”, no llegó a convocar una reunión extraordinaria de la UNASUR en su calidad de Presidente Pro Tempore de ese organismo a pesar de que los Presidentes de Ecuador y Argentina habían anunciado que sí lo haría. El día de los hechos, Correa escribió en su twitter: “Con Ollanta Humala, Pdte. Pro Témpore de UNASUR, estamos tratando de convocar reunión de (UNASUR)" y Fernández luego escribió: “me avisa (Correa) que Ollanta va a convocar a reunión de Unasur". Seguramente amparado en la falta de consenso por las negativas de Colombia y Chile a realizar la reunión de referencia según publicó Perú21.pe, Humala prefirió no convocarla, no asistir, ni tampoco mandar a su Canciller.

En conclusión, es lamentable la evidente falta de concesos en la región frente a un hecho que desde cualquier punto de vista debería propiciar una censura contundente y unánime de parte de nuestros gobiernos, y es lamentable porque devela que las posturas ideológicas de quienes se alinean a los intereses de las grandes potencias son más importantes que dejar que se siente un terrible precedente para la convivencia pacífica de las naciones, que podría ser el inicio de nuevas violaciones al derecho internacional que al parecer no merecen siquiera una explicación ni mucho menos una disculpa. 

lunes, 24 de junio de 2013

Más sobre recursos hídricos “transfronterizos” entre Chile y Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Hace unos días escribí una columna de opinión intitulada “Las aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente”, que ameritó una rápida respuesta del cientista político chileno, Pablo Zambrano, que fue publicada en el blog Relaciones Internacionales - Chile. En dicha respuesta, el autor, que se autoproclama “especialista en geopolítica del agua en Sudamérica”, asegura que quien escribe estas líneas habría realizado “una serie de acusaciones sin fundamentos, respecto de políticas del Estado de Chile, y afirmaciones imprecisas y sesgadas, concernientes a los cuencas transfronterizas que comparten Chile y Bolivia (Lauca, Silala y Caquena), que omiten datos y fuentes significativas, por lo que inducen a error”.
Primero quiero agradecer al señor Zambrano por aportar a este debate que sinceramente espero que alcance los ámbitos de decisión política de ambos países, para que con la comprensión precisa de la situación de estos problemas, nuestros gobernantes logren acuerdos que garanticen el abastecimiento hídrico del norte chileno y permitan a Bolivia obtener las contraprestaciones y resarcimientos correspondientes. También le agradezco porque me permite despejar ciertas dudas y precisar algunos conceptos del artículo de opinión que motivó esta lid.  
Antes de analizar los argumentos de la respuesta, es preciso hacer dos aclaraciones importantes. Primero, que los comentarios vertidos en ella no rebaten en absoluto las afirmaciones que hice en mi primer artículo en cuanto a que Chile utiliza gratuitamente más de 6 mil litros por segundo de aguas bolivianas sin el consentimiento de Bolivia, sino que sólo cuestionan algunos puntos accesorios o de interpretación histórica que, en opinión del autor, representan “acusaciones infundadas”, pero que no afectan en nada la tesis central de mi columna.
En segundo lugar, cabe advertir que el citado personaje emitió varias opiniones sobre la historia que antecedió y sucedió a la desviación del río Lauca por parte de Chile y sobre lo que él considera que es el Silala. Sin embargo, no mencionó nada sobre el caso del río Caquena, lo cual nos permite presumir una aceptación tácita a las aseveraciones que vertí al respecto y que señalan claramente que la desviación del río Caquena o Cosapilla representa nada menos que una flagrante violación de parte de Chile al Tratado de 1904 (artículo 2).
Supuestas acusaciones infundadas
El aludido comienza su argumentación poniendo en duda el daño ecológico que la desviación del río Lauca provocó en territorio boliviano y reconociendo que no conoce ningún estudio al respecto. Ante lo cual resulta pertinente citar el trabajo de José Luis Gomez Uhry, titulado “Ríos Internacionales. El desvío del río Lauca” (1974), en el cual el autor menciona que el factor de evaporación del lago Coipasa aumentó cuantiosamente por el menor volumen de agua que éste recibe como consecuencia del desvío del río Lauca, lo cual ha hecho que ese lago comience a “ser absorbido por el gran salar del mismo nombre que lo circunda” (pág. 47), y si bien quizás ese estudio no es lo que Zambrano quisiera recibir como respuesta, nadie puede negar que el hábitat y las actividades de agricultura y ganadería en las poblaciones bolivianas de Huasquiri, Acoribes y Chipaya del Departamento de Oruro han disminuido considerablemente desde que Chile desvió las aguas del río Lauca. Además, eso no sólo afectó a las poblaciones altiplánicas de Bolivia sino también a las chilenas. En efecto, según un estudio de la Universidad de Berkeley-California que trata precisamente sobre las consecuencias para la ganadería altoandina y la vida de los pastores aymaras en la provincia de Parinacota-Chile: “los daños ecológicos, causados por las desviaciones de las aguas que cruzan sus pastizales, han contribuido a su marginalidad económica” (Bernhardson 1985: 171).
Asimismo, el autor de la réplica duda mucho de que en las escuelas de su país se enseñe que Bolivia nunca tuvo mar y que ello fuera consecuencia del mal momento que vivieron ambos países después de la desviación del río Lauca; cuando no es ningún misterio que a partir de 1962 aparecieron en Chile una gran cantidad de libros con esa mentirosa afirmación, entre los cuales destacan los trabajos de Jaime Eyzaguirre (1963), Francisco Encina (1963), Oscar Espinosa (1965), Guillermo Lagos (1966), Augusto Pinochet (1972 y 1974) y Carlos Bustos (2004); algunos de los cuales adoptaron esa postura aun cuando contradecía lo que habían escrito antes. Un caso revelador de este último punto es el de Espinosa, quien al referirse a los títulos heredados por Bolivia de la corona española en su libro “Bolivia y el Mar” señala: “La lectura incompleta de esta Cédula Real (ley 5, título 15 libro II de la recopilación de leyes de Indias), nos indujo en nuestros primeros trabajos a incurrir en un error que debemos rectificar ahora. La cita trunca de la parte final del documento hace pensar, a la simple vista, que Charcas (hoy Bolivia) limitaba por el poniente con el mar del sur o Pacífico. Pero concordada con el párrafo primero y observada desde el punto de vista geográfico, en su conjunto salta a la vista el error de apreciación. En efecto, según habría de representarlo acuciosamente el capitán de fragata Miguel Hurtado en su Memoria de 1859, exhumada por nosotros 90 años más tarde. El verdadero límite occidental de la Audiencia de Charcas pasaba por el camino que, partiendo del pueblo de Atuncana llega a la ciudad de Arequipa. Entre éste y el mar existe una franja territorial perteneciente al virreinato del Perú hasta el Loa y desde este punto al sur del reino de Chile. Charcas o Bolivia quedaba al oriente de ella y sin salida al Pacífico” (Espinosa 1965: 18-19).   
Naturalmente que las autoridades chilenas no dijeron que Bolivia nunca tuvo mar – menos ahora que Evo Morales se muestra ávido por explotar cada una de las mentiras de su homólogo chileno con fines políticos –, pero en la bibliografía de los libros escolares de historia chilenos se puede apreciar varios de los nombres antes mencionados y eso demuestra una intención de difundir esa falacia que hoy es ampliamente compartida por varios de los internautas chilenos que visitan las redes sociales con el afán de justificar las acciones de su gobierno. Como un ejemplo de ello puedo citar a la señora Catalina Margaux de origen chileno, que el 20 de marzo escribió en mi blog: “en el colegio me enseñaron que la CapitaníaGeneral de Chile cuando eramos colonia, limitaba al norte con Perú a la alturadel río Loa y que Bolivia no existía pues era Alto Perú. También me enseñaronque fue Simón Bolivar quién presionó a Chile a entregar esos territorios alnuevo país que inspiraba su nombre en su apellido”.
La desviación del Río Lauca
Antes de ingresar en materia, es importante coincidir en que todo análisis sobre la utilización de un recurso hídrico compartido debe necesariamente ceñirse al reconocimiento de que su uso y disfrute soberano no es ilimitado. En efecto, de acuerdo a la legislación internacional sobre aguas sucesivas o transfronterizas, el Estado del curso superior no puede unilateralmente y por su propia voluntad, hacer uso de esas aguas o aprovechar parte de su caudal, sin el consentimiento expreso del Estado del curso inferior. Es necesario, en todo caso, la celebración de un acuerdo bipartito, para definir derechos y fijar compensaciones (Iturralde 1963: 16-17).
Dicho esto, pasemos a contestar lo que el aludido señala respecto a que mi persona habría olvidado que Bolivia fue la que rompió las relaciones diplomáticas entre los dos países en 1962 y que además habría desconocido “la literatura académica disponible”. Sobre el primer punto debo decir que efectivamente no aclaré que Bolivia rompió los vínculos diplomáticos pues me pareció innecesario mencionarlo ya que, ante una agresión como es el desvío unilateral de un río internacional, es natural que el agredido sea quien demuestre su molestia con la interrupción de las relaciones diplomáticas, y no el agresor.
En cuanto al segundo punto, debo reconocer que me sentí tentado de hacer gala de la impresionante biblioteca sobre la desviación del río Lauca que afortunadamente me heredó mi abuelo, Jorge Escobari Cusicanqui; pero me pareció mucho más acertado basar mi replica en fuentes exclusivamente primarias, es decir en los documentos oficiales que ambos gobiernos intercambiaron o suscribieron conjuntamente entre 1939 y 1962.
Por ejemplo en cuanto a los obrados iniciales, el susodicho señala que “En 1939 Chile declaró a Bolivia su intención de desviar las aguas del Lauca”, cuando en realidad, la primera comunicación oficial que Chile envió a Bolivia en relación a este asunto fue la nota de 16 de septiembre de 1939 con la que el Embajador chileno en La Paz, Benjamín Cohen, acusó recibo de la reserva que el gobierno boliviano había presentado a Chile frente al proyecto de canalización del Río Lauca. En esa nota, así como en las posteriores, el gobierno de La Moneda evitó utilizar la palabra “desvío”, empleando en su remplazo el vocablo “aprovechamiento”. Lo cual, de todas formas cambiaría posteriormente, “ante los hechos consumados”.
Seguidamente, el aludido hace una breve relación de los hechos suscitados en torno al Lauca, pero no menciona que en todo ese tiempo (1939-1962), Bolivia solicitó a Chile insistente pero infructuosamente, información sobre las obras de canalización. Asimismo, tampoco señala que a través de la nota de 17 de enero de 1948, enviada por el Sub Secretario chileno, Manuel Trucco a la representación de Bolivia en Santiago; Chile se comprometió formalmente a llegar “a un completo y definitivo acuerdo” sobre este tema. Lo cual evidentemente nunca sucedió.  
En cuanto a los resultados obtenidos por la primera Comisión Mixta chileno–boliviana conformada para inspeccionar las obras del Lauca, el mencionado personaje señala: “El informe, emitido en 1949, fue favorable a Chile”. No obstante, si uno revisa el Acta respectiva de 5 de agosto de 1949, no encuentra ningún elemento que permita sostener tal afirmación. Muy al contrario, ese documento señala textualmente: “La insuficiencia de datos técnicos dio lugar a una diferencia en la apreciación del alcance del proyecto”.  
A pesar de que ese Acta demostraba fehacientemente que la información proporcionada había creado “una diferencia”, el gobierno chileno se valdría de ese documento para alegar luego que el mismo constituía la “denuncia” que Chile tenía que haber presentado a Bolivia para realizar las obras en el Lauca de acuerdo a la Declaración de Montevideo sobre Ríos Internacionales de 1933 (artículo VII), lo cual fue uno de los reclamos que el gobierno de Bolivia presentó en las deliberaciones que bolivianos y chilenos sostuvieron en la OEA sobre este tema (Escobari 2000: TI 248).
En cuanto al Acta de la segunda Comisión Mixta, el personaje a quien replicamos señala: “El informe, presentado en septiembre de 1960, aprobó el proyecto y rechazó las objeciones de Bolivia”, pero si revisamos el documento tampoco encontramos nada referido a una aprobación, al menos no de Bolivia, y si bien la comisión de Chile efectivamente rechazó una de las objeciones de la delegación boliviana, esta última también objetó una propuesta de su contraparte chilena que decía: “La captación  de la totalidad del gasto del Río Lauca en las obras de toma del canal que construye el Gobierno de Chile, no producirá perjuicios a la República de Bolivia”.
Finalmente, después de que el Presidente chileno ordenó la apertura de las compuertas de los canales que desviaron las aguas del Lauca hacia territorio chileno el 14 de abril de 1962; Bolivia, en aplicación de sus facultades soberanas y de acuerdo a su obligación como signatario del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, acudió al Consejo de la OEA para que ese organismo tome conocimiento de lo ocurrido. Si bien es cierto que la Resolución aprobada por la OEA el 24 de mayo no tenía un carácter vinculante, como bien apunta el susodicho, eso no forzaba a que Chile incumpla sus disposiciones. La decisión adoptada resolvió hacer un llamado amistoso a Bolivia para que “acuda a alguno de los medios de solución pacífica de las controversias que contempla el sistema interamericano” y a Chile a que coopere en “hallar el medio pacífico que ofrezca las mejores probabilidades de solucionar prontamente esta controversia”. Pero Chile, en lugar de cooperar con la solución de la controversia, decidió rechazar la mediación que había propuesto Bolivia aduciendo que la “única” forma de resolver este caso era sometiéndolo a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje y eso, a pesar de que la Resolución citada no le daba la facultad de escoger el medio de resolución de controversias que se debía aplicar.
Por último, para entender por qué Bolivia no aceptó lo que Chile proponía, no es necesario apelar a la opinión de “un analista internacional”, ni tampoco al discurso que pronunció unos años después el entonces Canciller de Bolivia; es más acertado en todo caso, recurrir directamente a la documentación oficial que el gobierno boliviano presentó a la OEA, y así podremos comprender, sin riesgo de caer en especulaciones, la verdadera posición de Bolivia. Efectivamente, en las comunicaciones que el representante boliviano ante la OEA remitió a ese organismo el 28 de mayo y el 3 de julio, Bolivia afirmó que el 14 de abril de 1962 Chile había convertido la controversia jurídica relativa al río Lauca “en un hecho consumado de carácter político, que trasciende las facultades de cualquier organismo de puro derecho” y que, por tanto, la solución debida darse a través de un mecanismo de solución de controversias de carácter político como es la mediación. Agregaba que la única forma de restituir el carácter jurídico de la controversia para que ésta pueda ser tratada en el ámbito de la justicia internacional, era que Chile deje de utilizar las aguas del río Lauca. Lo cual, – afirmaba el gobierno boliviano – también permitiría el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Comentarios finales
Sobre el caso del Silala no vale la pena citar los estudios que avalan la postura boliviana acerca de que esas reservas conforman un sistema léntico (cuerpo hídrico estático) para confrontar la tesis chilena de que esas aguas integrarían un ecosistema lótico (aguas que corren o fluyen continuamente), porque a través de la exposición de opiniones no vamos a dilucidar jamás la naturaleza de esas aguas, que quizás no son parte de un ambiente totalmente léntico ni lótico, sino una combinación de ambos. Simplemente reafirmo lo señalado en el primer artículo acerca de que la mayor parte de esas aguas fueron canalizadas hacia territorio chileno artificialmente y me reservo más comentarios para cuando exista un estudio serio reconocido por ambos países que defina de qué estamos hablando.
Asimismo prefiero no comentar lo que el susodicho califica de “acciones hostiles” de parte de Bolivia en contra de Chile porque esos comentarios se basan en simples suposiciones que no contribuyen en nada a mejorar nuestras relaciones.
Por último, es necesario dejar en claro que las opiniones aquí vertidas como las que motivaron el primer artículo, no tienen en ningún caso la intención de provocar mayor enemistad entre Chile y Bolivia, sino muy al contrario, están dirigidas a esclarecer la verdad histórica de nuestras problemáticas relaciones para propiciar así un diálogo comprensivo, franco y constructivo entre nuestros gobiernos que permita evitar futuros conflictos en esta materia y sobre todo que prepare el ambiente en ambos países para lo que devendrá del fallo inapelable que la Corte Internacional de Justicia emitirá en relación a la controversia sobre el tema marítimo boliviano, independientemente de cuál sea su resultado.
Termino citando las palabras con las que Zambrano también concluye su columna acerca de que los conflictos entre Bolivia y Chile “sólo (se) resolverán si se dejan de lado las acusaciones infundadas y si las partes asumen las responsabilidades que le caben a cada una en los hechos. Desconocer la historia no conduce a nada”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fuentes Primarias
  • Declaración sobre el Uso Industrial y Agrícola de los Ríos Internacionales. Montevideo Uruguay, 24/12/1933 
  • Nota 335/63 del Embajador de Chile en Bolivia, Benjamín Cohen, al Ministro de RelacionesExteriores y Culto de Bolivia, Manuel Terrazas. La Paz, 16/09/1939
  • Nota 393/80 del Embajador de Chile en Bolivia, Benjamín Cohen, al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez. La Paz, 10/11/1939
  • Nota 539 del Sub Secretario de Chile, Manuel Truco, al Encargado de Negocios a.i. de Bolivia en Chile, Gustavo Medeiros. Santiago, 17/01/1948
  • Acta sobre las Conclusiones Técnicas de la Comisión Mixta chileno-boliviana para el estudio del aprovechamiento del Río Lauca. Arica, 5/08/1949
  • Acta de la Comisión Mixta boliviano-chilena en el problema del Río Lauca. Arica, 9/09/1960
  • Resolución Aprobada por el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Washington, 24/05/1962
  • Notas del Embajador Permanente de Bolivia ante la OEA, Emilio Sarmiento Camacho, al Presidente del Consejo de la OEA, Alberto Zuleta Ángel. 28/05/1962 y 3/07/1962

Fuentes Secundarias
  • Bernhardson, Wayne: “El desarrollo de los recursos hidrológicos del altiplano ariqueño y su impacto sobre la economía ganadera de la zona” Revista Chungará. Arica – Chile. 1985.
  • Bustos, Carlos: “Chile y Bolivia. Un largo camino de la Independencia a Monterrey”. RIL. Santiago Chile. 2004
  • Encina, Francisco Antonio: “Las Relaciones entre Chile y Bolivia”. Nascimiento. Santiago-Chile 1963
  • Escobari Cusicanqui, Jorge Andrés: “Historia Diplomática de Bolivia”. Urquizo. La Paz–Bolivia. 2000
  • Espinosa Moraga, Óscar: “Bolivia y el mar (1810 – 1964)”. Nascimiento. Santiago-Chile. 1965 
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