miércoles, 20 de diciembre de 2017

La victoria de Piñera en Chile

El 17 de diciembre de 2017 se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas , en la que Sebastián Piñera fue elegido para reasumir la presidencia de Chile en el periodo 2018 - 2022. Lo que significa que Piñera será el presidente chileno que reciba el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico".

En Hora 23 de Bolivisión, 18/12/2017

En Jaque Mate de Televisión Universitaria, 19/12/2017

domingo, 17 de diciembre de 2017

La decisión de Trump sobre Jerusalén

Un análisis desde las perspectivas histórica, jurídica y política de la decisión que aisló a Estados Unidos en la arena internacional.
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Por: Andrés Guzmán Escobari
La decisión del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel y de establecer la Embajada de su país en esa ciudad, ha provocado molestia y consternación en la comunidad internacional no solo porque socava el proceso de paz palestino-israelí, que ha sido encaminado desde hace muchos años por la diplomacia estadounidense, sino también porque podría detonar una nueva intifada u otra guerra árabe-israelí de lamentables y catastróficas consecuencias.  
En ese sentido, a continuación se analizan las implicancias de tal decisión desde las perspectivas histórica, jurídica y político-diplomática.
Perspectiva histórica  
En 1917, después de que los británicos expulsaron a los otomanos de Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial; el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Arthur J. Balfour, manifestó su complacencia con establecer un “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina, lo cual fue refrendado al poco tiempo por Estados Unidos y otros países, gracias al intenso lobby que desplegaron los movimientos sionistas.
Así comenzó la relación entre Estados Unidos y lo que sería el Estado de Israel a partir de 1948, que luego se convertiría en una de las alianzas más sólidas y perdurables del mundo. No obstante, a pesar de ello, el gobierno estadounidense ha sido uno de los principales mediadores en el largo y complejo conflicto palestino-israelí, en el que además ha logrado propiciar los avances más importantes que se han alcanzado.
En efecto, en 1993, los representantes de la Organización para la Liberación Palestina, Israel, Estados Unidos y Rusia, reunidos en Washington D.C., firmaron los Acuerdos de Oslo que establecieron una hoja de ruta para alcanzar una solución permanente al conflicto palestino-israelí. Sin embargo, con el paso de los años y los incumplimientos de Israel a lo pactado, especialmente por haber construido asentamientos y muros en territorio palestino, las posibilidades de alcanzar la paz se han ido difuminando.
Ante esa realidad y con la idea de que “los viejos desafíos requieren nuevos enfoques”, el Presidente Trump anunció su polémica decisión que desde la perspectiva histórica desprecia y desecha los esfuerzos realizados por la diplomacia estadounidense y que increíblemente también premia a la parte que no cumplió lo convenido, sin siquiera exigirle que al menos detenga su expansionismo.  
Perspectiva jurídica  
En 1980, el Congreso israelí (Knesset) aprobó una ley que proclama a Jerusalén como su “capital eterna e indivisible”, lo que provocó el rechazo de varios países debido a que Israel había anexado la parte oriental de esa ciudad en 1967, muy a pesar de que en 1949 se había comprometido a respetar la jurisdicción del Reino de Jordania en esa zona.
El Consejo de Seguridad calificó a esa proclamación como “una violación al derecho internacional” y recomendó a los Estados miembros de la ONU que trasladen sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Todo ello mediante la Resolución 478 (1980), que fue aprobada por 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos.    
El expansionismo israelí sobre Jerusalén, que según el plan de la ONU para la partición de Palestina (1947) debería conformar un coprus separatum administrado por ese organismo internacional, fue condenado en otras varias Resoluciones del Consejo de Seguridad que fueron aprobadas con la abstención estadounidense. La última de ellas, la 2334 (2016), que fue adoptada durante el gobierno de Barak Obama, reafirma “que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal”.
Por tanto, considerando el hecho de que las Resoluciones del Consejo de Seguridad son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros de la ONU, el referido reconocimiento unilateral, que no distingue entre el este y el oeste de Jerusalén, no es menos que otra violación al derecho internacional.
No obstante, si algo podemos decir en favor de la controvertida decisión, es que no se trata de un Decreto más, sino de la promulgación de una ley que el Congreso estadounidense aprobó en 1995 por un amplio margen y la cual no había sido promulgada hasta ahora, debido a que podía afectar “a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Perspectiva político-diplomática
Finalmente, en cuanto al componente político, es evidente que Trump quiso diferenciarse de sus predecesores, que al igual que él habían prometido reconocer a Jerusalén como capital de Israel pero nunca cumplieron.
De hecho, durante el acto de promulgación, Trump aludió a la “falta de coraje” de quienes ocuparon la Casa Blanca antes que él y al día siguiente compartió un video en Twitter con el comentario: “Yo cumplí mi promesa de campaña – otros no lo hicieron”. En dicho video, primero se ve a Clinton (1992), Bush (2000) y Obama (2008), afirmando que Jerusalén es la capital de Israel – solo Bush promete trasladar la Embajada –, y después se ve a Trump (2016) prometiendo lo mismo, para luego terminar el audiovisual con el momento en que anuncia la controvertida decisión.
Pero si bien la medida pudo haber aumentado la popularidad de Trump en su país, en el ámbito internacional y desde el punto de vista diplomático, es una señal que aísla a Estados Unidos, puesto que sólo se manifestaron a favor los presidentes de República Checa, Tuvalu y Filipinas, que no son precisamente actores protagónicos del conflicto palestino-israelí... 
Al respecto, cabe preguntarse ¿por qué los estadounidenses no consiguieron más apoyos antes de lanzar su polémica medida? Y ¿sopesaron verdaderamente los posibles efectos geopolíticos?
Sobre esta última interrogante, no es ningún secreto que Irán y Arabia Saudita se disputan desde hace varias décadas el liderazgo político, económico y militar del mundo árabe-musulmán, y teniendo en cuenta que el gobierno iraní se ha convertido en el principal referente del movimiento anti-sionista a nivel mundial; se hace evidente que la medida de Trump, que fue repudiada por la Liga Árabe, podría inclinar la balanza en favor de Irán y en desmedro de Arabia Saudí, que es el principal aliado de Washington en la región, después de Israel.

Por lo dicho, nos queda la sensación de que la medida fue pensada únicamente para fines de política interna y no consideró los efectos en el prestigio internacional de Estados Unidos, ni muchos menos en la estabilidad social y política del Oriente Próximo, que ya se encuentra convulsionado. 

domingo, 3 de diciembre de 2017

El retiro del juez Greewood

Polémico miembro de la Corte Internacional de Justicia, antiguo asesor de Chile, el jurisconsulto británico abandonará su puesto el próximo año, pues no ha conseguido suficiente respaldo en la Asamblea General de la Naciones Unidas para su reelección.
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Los jueces Bhandari (India) y Greenwood (Reino Unido)
Por: Andrés Guzmán Escobari 
Sir Christopher John Greenwood es un controvertido y afamado jurista inglés, cuya opinión legal fue utilizada por el Gobierno británico para justificar la invasión a Irak en 2003, que asesoró a Chile en el proceso sobre la delimitación marítima con el Perú y que, a partir de 2009, se convirtió en uno de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

En esa condición, durante la fase preliminar del juicio sobre la “Obligación de negociar un acceso al océano Pacífico” entre Bolivia y Chile, preguntó a la defensa boliviana: “¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?”. 

La pregunta generó revuelo y molestia en Bolivia, no sólo porque parecía relacionarse con el fondo del proceso, cuando aún se estaba en la fase preliminar, sino sobre todo porque la imparcialidad de Greenwood había quedado en entredicho porque, valga repetirlo, él había asesorado a Chile en el proceso iniciado por el Perú. De hecho, por esa misma razón, el juez James Crawford (Australia) se había excusado de participar en el caso Bolivia v. Chile.    

Al respecto, en mayo de 2015, el presidente Evo Morales dijo: “Yo siento por lo menos, que por una cuestión de profesionalismo, y por ética y por moral, (Greenwood) debería renunciar o excusarse de estar en esta demanda”.

No obstante, a pesar de la desconfianza que generó el que haya asesorado a la contraparte, después de que Bolivia respondió a la pregunta citada, asegurando que no hay un momento mágico, sino diversas oportunidades en las que hubo acuerdos con Chile, Greenwood decidió votar a favor de la postura boliviana, rechazando la excepción preliminar chilena y declarando que la Corte sí tenía jurisdicción para conocer el caso. Lo que en los hechos demostró que el juez inglés, así como la gran mayoría de sus colegas, habían quedado satisfechos con la argumentación que nuestro país esgrimió para responder a su pregunta y a otra formulada por el juez Hisashi Owada (Japón). 

La reelección frustrada del juez

Por otra parte, respecto a la conformación de la Corte, cabe considerar que el 6 de febrero de 2018, Greenwood y otros cuatro jueces de la CIJ cumplirán nueve años en el cargo y, por tanto, de acuerdo al Estatuto de la Corte, deberán ser sustituidos o reelectos por mayoría absoluta en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Siguiendo ese procedimiento, el 9 de noviembre de 2017 la Asamblea y el Consejo eligieron a cuatro magistrados, uno por primera vez: Nawaf Salam (Líbano), y tres por segunda ocasión: Ronny Abraham (Francia), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia) y Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil). 

No se pudo elegir al quinto juez en esa oportunidad porque en la votación, disputada precisamente entre Christopher Greewood (Reino Unido) y Dalveer Bhandari (India), ninguno de los dos candidatos alcanzó la mayoría absoluta en los dos órganos mencionados, tal como dispone el Estatuto de la Corte. Greenwood se impuso en el Consejo de Seguridad con nueve votos a favor de 15 posibles, y Bhandari sacó ventaja en la Asamblea General, donde obtuvo 110 votos de 193 posibles.

Este virtual empate, que dejó al descubierto una vez más el espíritu anti-democrático del sistema de las Naciones Unidas, obligó a repetir la votación, pero esa repetición, en lugar de contribuir al “desempate”, amplió aún más las diferencias. Aunque el resultado se mantuvo sin alteraciones importantes en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General Bhandari consiguió 11 votos más, llegando a 121, y Greewood obtuvo nueve menos, quedándose con solo 68 votos.

Ante el arrinconamiento progresivo del británico y el evidente estancamiento del proceso eleccionario, que pasó de ser un simple trámite administrativo a una dura batalla diplomática entre la India y el Reino Unido, Greenwood sorprendió a propios y extraños al anunciar el retiro de su candidatura para dar paso a la elección de Bhandari, en un acto que pareció representar una victoria del débil sobre el fuerte o, en otras palabras, un triunfo de la nueva potencia emergente sobre el viejo imperio colonial.

En efecto, el retiro de la candidatura de Greenwood y la consiguiente elección de Bhandari por más de dos tercios en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, que fueron celebrados en las calles de Mumbay y Nueva Delhi como si se tratara de una victoria futbolística, dejaron al Reino Unido sin un representante en la CIJ por primera vez en la historia y a la diplomacia británica con el amargo sabor de una derrota en las Naciones Unidas, donde casi siempre había logrado imponer sus condiciones.

Una jugada diplomática
El sorpresivo retiro, sin embargo, según algunos analistas, fue una jugada oportuna pero forzada de la diplomacia británica por evitar la humillación que habría significado el hecho de que, en nuevas rondas de votación, el candidato indio hubiese alcanzado dos tercios en la Asamblea General. Otras voces menos críticas señalan que esa decisión tuvo una relación más estrecha con el interés británico por mantener buenas relaciones comerciales con la India, que es un mercado imprescindible para afrontar la implementación del Brexit, que con una verdadera intención de viabilizar la elección del quinto magistrado de la CIJ. De hecho, por esa razón el Reino Unido habría renunciado a solicitar la conformación de una comisión conjunta de seis miembros, tres de la Asamblea y tres del Consejo, para elegir al juez faltante, tal como lo estipula el Estatuto de la Corte en caso de estancamiento en las votaciones.  

Es importante tener en cuenta este proceso, que ha definido la nueva conformación de la Corte y que al parecer no ha concitado la atención de los países que se encuentran doblemente enfrentados en la CIJ por el tema marítimo y por el asunto del Silala, para diseñar una estrategia de lobby diplomático tendente a influir en los jueces que decidirán la suerte de los casos que Bolivia y Chile presentaron ante esa instancia.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Independencia catalana: aventura dentro de un proceso histórico

El internacionalista lee con perspectiva boliviana los graves sucesos que sacuden a España en estos momentos y que hicieron crisis con la intervención de Cataluña.


Por: Fernando Molina

Andrés Guzmán es uno de los más destacados miembros de la nueva camada de internacionalistas bolivianos. Le pedimos que analice la situación catalana con mirada boliviana. 

¿Qué pasó realmente en Cataluña? ¿Se trató de una aventura de los independentistas o es parte de un proceso histórico de largo plazo de rompimiento con el Estado español?

Creo que es un poco de ambos, una aventura independentista en la que (el expresidente de la Generalitat, Carles) Puigdemont, amparado en el apoyo supuestamente mayoritario de los catalanes (varias encuestas señalan que no son la mayoría), intentó romper con el gobierno de Madrid muy a pesar de que no tiene el apoyo de la comunidad internacional ni de ciertas empresas que son clave para el sostenimiento económico de Cataluña.

Pero también es parte de un proceso histórico de rompimiento con España, puesto que hay antecedentes de hostigamiento y maltrato contra el pueblo catalán, que datan del siglo XVIII, cuando el rey Felipe V de Borbón proscribió las instituciones y la lengua catalanas de la administración pública. Lo cual nos permite comprender de dónde viene todo esto.

¿Por qué crees que no se ha logrado cohesionar a las nacionalidades internas que componen el pueblo español? ¿Por qué Francia ha absorbido a todos sus habitantes dentro del concepto "francés”, pero en España cada español –sobre todo en el norte– es antes que nada "catalán”, "gallego” o "vasco”?

Me parece que en Francia se ha desarrollado un mayor sentido de pertenencia e identificación con la nación francesa debido al impacto que tuvieron las ideas liberales de la revolución de 1789, no sólo en el país y en Europa, sino en todo el mundo. Los franceses lograron una mayor cohesión bajo esas ideas que se resumen en el lema "liberté, égalité et fraternité”. Un mensaje sencillo y poderoso que desde el punto de vista del marketing político ayudó a formar una identidad fuerte en torno a lo que representa Francia.  

Sin embargo, no podemos olvidar que en ciertas regiones de Francia también existen grupos que quieren una mayor autonomía y que han visto con simpatía lo ocurrido en Cataluña. Me refiero a Bretaña, Occitania y sobre todo Córcega, donde hay movimientos independistas que en algún momento podrían poner en riesgo la unidad de Francia.  

Las autonomías parecían una respuesta para lograr la coexistencia entre distintos, pero no ha sido así. Las autonomías han exacerbado los nacionalismos, por ejemplo idiomáticos. ¿Qué piensas al respecto?

El sistema autonómico de España, que es un punto intermedio entre un Estado unitario y uno federal, no ha podido contener a los movimientos independentistas porque no ha reconocido las mismas competencias y facultades para todos. Sabemos por ejemplo que las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra gozan de una mayor autonomía fiscal que Cataluña. Entonces, no es de extrañar que existan descontentos en Cataluña, que es además la comunidad que más aporta al Estado.

En las discusiones que se han planteado en el último tiempo para reestructurar el sistema autonómico de España se ha tomado el ejemplo del Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoce varias naciones con idioma y costumbres propias, dentro de un solo Estado. Me pareció interesante y paradójico, porque sabemos que nuestra Asamblea Constituyente recibió el asesoramiento de expertos españoles en temas autonómicos.

¿Qué te pareció el manejo del conflicto por parte de Rajoy? ¿Quiso "sentar la mano” a los catalanes independentistas? ¿No hubiera sido mejor negociar?

Me pareció muy mal, no sólo porque Rajoy restringió violentamente el derecho que tienen los catalanes a votar, sino sobre todo porque, políticamente, no fue nada positivo para su gobierno que se emitieran las imágenes que se vieron en todo el mundo, de policías reprimiendo duramente al pueblo catalán, incluidos mujeres y ancianos, que sólo querían votar.

Su miedo al resultado del referendo quedó al descubierto.

Puigdemont acudió a Bruselas, pero es imposible que la Unión Europea apoye la independencia. ¿A qué juegan los independentistas a esta altura?

Efectivamente, la Comisión y el Consejo de Europa le han dado la espalda y sus representantes le han pedido que vuelva a la legalidad, calificando a su movimiento de "populismo independentista”.

Pero lo que parece buscar Puigdemont en Bruselas es el apoyo de los grupos independentistas de otros países e incomodar de esa forma a sus respectivos gobiernos. Es el caso del gobierno belga, que tiene en la región de Flandes a un movimiento que no se ha conformado con el sistema federal. De hecho, debido a su llegada, el Primer Ministro de Bélgica ha tenido que aclarar que él no había invitado al "expresident”.

Por otra parte, a estas alturas, la estrategia de los independentistas parece apuntar a darle un carácter plebiscitario a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Puesto que desde Bruselas, Puigdemont ha desafiado al gobierno español a respetar los resultados del 21D, y ha dado a entender que esas elecciones enfrentaran a los independentistas con los del "bloque del 155”, en referencia al artículo de la Constitución española que el gobierno de Rajoy aplicó para destituirlo.    

¿Qué lecciones arroja este suceso para Latinoamérica y Bolivia?

Creo que la principal lección es que los movimientos separatistas la tienen muy difícil, y que no lograrán nada mientras sus pretendidas independencias no se alineen con los intereses de las grandes potencias, como ocurrió por ejemplo con la "independencia” de Kosovo y más recientemente de Crimea.

Para Bolivia creo que es una buena noticia que se haya tomado como ejemplo al sistema del Estado Plurinacional, que es visto como un sistema avanzado y así lo ha hecho notar nuestro gobierno en los comunicados de la Cancillería.

¿Cómo actuó el gobierno boliviano frente a este conflicto?  

Me parece que bien: se adoptó una posición moderada que destaca la conveniencia de adoptar un sistema plurinacional, sin apoyar a ninguna de las dos partes. Eso es positivo, porque no convenía adoptar una postura extrema que nos dejara mal parados ante ciertos países. Esto lo digo porque en estos momentos, Bolivia debe buscar apoyos de la comunidad internacional de cara a lo que vendrá después del juicio por el tema marítimo que tenemos en La Haya.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Desclasificación de documentos relativos a la negociación de Charaña en EEUU

Como parte de la desclasificación de documentos dispuesta recientemente por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo de conocimiento público un informe dirigido al ex Presidente Jimmy Carter, en el que un asesor suyo le informaba de las negociaciones que Bolivia y Chile habían iniciado en Charaña y le recomendaba apoyar esas gestiones, por tratarse, entre otras cosas, de "una causa internacional muy popular". Al respecto, se desarrollaron las siguientes entrevistas. 

Red Bolivisión, Hora 23, 30/10/2017


Palenque TV, Sabor a tierra, 31/10/2017 
(Primera parte)


Palenque TV, Sabor a tierra, 31/10/2017 
(Segunda parte)

martes, 26 de septiembre de 2017

Los escenarios post La Haya

Ahora que hemos entrado en la recta final del juicio sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico", después de que Chile presentara su Duplica el 15 de septiembre de 2017, cerrando así la fase escrita del proceso, y teniendo en cuenta que resta cerca de un año más para que la Corte emita su fallo final; es necesario y pertinente analizar y debatir lo que podría ocurrir después de que el juicio termine. Sobre este particular, tuve la ocasión de compartir y contrastar mis opiniones, junto al internacionalista Daniel Agramont, el politólogo José Manuel Ormachea y el abogado Víctor Hugo Chavez, en el programa digital Dos Tercios de Oxigeno.bo, dirigido por Lily Peñaranda.


En Dos Tercios, 18/09/2017



jueves, 14 de septiembre de 2017

La Duplica de Chile en el juicio sobre el acceso soberano al mar

El 15 de septiembre de 2017, Chile presentó su Duplica ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico". Al respecto, tuve la oportunidad de comentar el contexto y la posición de las partes en la siguiente entrevista, conducida por Víctor Hugo Rosales. 

Red Bolivisión, Hora 23, 13/09/2017 

viernes, 18 de agosto de 2017

Tensión de relaciones con EEUU

A principios de agosto de 2017, el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, dijo "ojalá que Bolivia nunca llegue al punto que se encuentra Venezuela, lo cual fue duramente criticado por las autoridades bolivianas y considerado por las mismas, como un intento injerencista. Al respecto, tuve la oportunidad de vertir mi opinión en la siguiente entrevista conducida por Juan Carlos Arana.   

En Cadena A, Levántate Bolivia, 16/08/2017

sábado, 15 de julio de 2017

El Comité de Frontera Bolivia - Chile

Después de los impases que surgieron con la detención de 9 funcionarios bolivianos en Chile y 2 Carabineros chilenos en Bolivia, ambos gobiernos acordaron celebrar una reunión del Comité de Fronteras, que no se había reunido en los últimos 6 años, para abordar éste y otros temas de la relación fronteriza de ambos países. Al respecto tuve la oportunidad de expresar mi opinión en la siguiente entrevista.

En RTP, 12/07/2017


viernes, 14 de julio de 2017

Los argumentos chilenos en la demanda por el Silala

En relación a la demanda presentada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia, sobre el estatus y el uso de las aguas del Silala, Hora 23 de la Red Bolivisión realizó un programa en el que pude comentar lo siguiente.

En Bolivisión, 10/07/2017

miércoles, 12 de julio de 2017

Devolución de 2 Carabineros a Chile

El 9 de julio de 2017, el gobierno de Bolivia devolvió a dos Carabineros chilenos que habían sido arrestados 48 horas antes en territorio boliviano, a 7,5 kilómetros de la frontera, después de que intentaron darse a la fuga. Sobre este tema se desarrollaron las siguientes entrevistas.

En Al Día de Red Bolivisión, 10/07/2017

En Sabor a Tierra de Palenque Tv, 12/07/2017 (Bloque 1)

(Bloque 2)

domingo, 9 de julio de 2017

Tres argumentos erróneos

Respuesta a la crítica que hizo Karen Longaric a un articulo de Carlos Mesa y a la solidez de la demanda que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia en abril de 2013. 


Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado en Página Siete

Hace unos días, la reconocida abogada internacionalista Karen Longaric, a quien estimo y respeto, publicó un comentario sobre un artículo del expresidente Carlos Mesa, intitulado "La Haya no es el final del camino”.

El artículo busca "hacer algunas precisiones y comentarios” que pretenden cuestionar la solidez de la demanda que nuestro Gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en abril de 2013. 

Aun cuando dicha demanda, que plantea resolver el asunto marítimo a través de una negociación, es lo mejor que pudimos haber hecho en las actuales circunstancias, marcadas por la absoluta cerrazón del Gobierno chileno para abordar el tema y la imposibilidad jurídica de revisar el tratado que enclaustró a Bolivia, sin el acuerdo de la otra parte contratante.

Primer argumento

En efecto, al comentar la valoración positiva que hizo el expresidente sobre la demanda boliviana, a la cual él se refiere como "el camino correcto” e "impecable en lo jurídico”, Longaric señala que "solamente la Corte, luego de evaluar los datos del proceso, podrá hacer una apreciación jurídica tan categórica”. 

Sin embargo, dado que todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión, no sólo la Corte puede hacer apreciaciones jurídicas categóricas sobre la demanda boliviana, sino que también lo puede hacer Mesa o cualquier otra persona que lo estime conveniente. Empero, en el caso del expresidente, teniendo en cuenta que se trata del vocero oficial de nuestra demanda, resultaría ilógico y hasta contraproducente que diga otra cosa.

Segundo argumento

Asimismo, en cuanto a la afirmación que hizo Mesa de que la objeción preliminar de competencia interpuesta por Chile fue "desbaratada y rechazada”, Longaric aclara: "Pero para que la Corte se declare competente fue necesario que Bolivia manifieste que no pedía a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tiene derecho a una salida al mar”.

Lo cual no es correcto, porque si revisamos la respuesta boliviana a la objeción preliminar chilena, presentada el 7 de noviembre de 2014, y las grabaciones de los alegatos orales de mayo de 2015, no encontraremos ninguna aclaración sobre lo que no solicitamos. Esa aclaración, en realidad, la hizo la CIJ en su fallo de 24 de septiembre de 2015 (párrafo 32) porque Chile había afirmado que Bolivia estaba pidiendo eso, un reconocimiento a su derecho de recuperar un acceso soberano al mar. 

Si bien Bolivia no aclaró lo que no pide, si lo habría hecho, es decir, si nuestra representación habría aclarado que no solicita a la CIJ un reconocimiento sobre nuestro legítimo e irrenunciable derecho al mar, tampoco habría ningún problema, puesto que eso no significa renunciar a este derecho ni tampoco implica reconocer la incompetencia de la CIJ para pronunciarse al respecto, que es algo muy diferente. 

La demanda boliviana solicita que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, ni más ni menos. 

Tercer argumento

Por otra parte, Longaric también critica el hecho de que Bolivia no pidió un pronunciamiento "sobre el status jurídico del Tratado de 1904, afirmando que éste está vigente y no existe disputa respecto de su validez”. Por esa razón, según su interpretación: "Bolivia testificó ante la CIJ que el Tratado de 1904 es válido y no objeta su vigencia”.

Lo cual, aunque tampoco es cierto, porque la defensa boliviana no afirmó ni declaró nada semejante, sino que muy por el contrario se reservó el derecho de acudir al arbitraje si es que surgiesen discrepancias respecto a la ejecución e inteligencia del Tratado de 1904; en caso de que lo fuere, es decir, si habríamos "testificado” que dicho acuerdo es válido y está vigente, tampoco habría ningún problema, porque Bolivia, a diferencia de Chile, ha cumplido y respetado ese Tratado durante más de 100 años, lo que en los hechos representa un reconocimiento tácito de su vigencia y validez.

¿Cómo podría Bolivia impugnar un Tratado que ha cumplido y respetado de manera continua durante más de un siglo?

Si algo nos han enseñado los intentos de nuestros antepasados por recuperar un acceso soberano al mar es que no vamos a lograr nada por la vía del Tratado, que además no es necesario modificar para que Bolivia obtenga un acceso soberano al mar, tal como lo ha explicado nuestra
representación ante la CIJ. 

Finalmente, si bien coincidimos tanto con la Dra. Longaric, como con el expresidente Mesa, en que es necesario generar un ambiente de negociación con Chile y eventualmente también con el Perú, para lograr lo que estamos buscando, no sólo debemos considerar los elementos jurídicos, políticos y diplomáticos que están en juego, sino también las lecciones que nos han dejado las anteriores negociaciones sobre este tema, que nos dicen, entre otras cosas, que tendremos más posibilidades si estamos unidos.

lunes, 3 de julio de 2017

Presentación de la Memoria chilena por el Silala

El 3 de julio de 2017, Chile presentó su Memoria ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre "El estatus y el uso de las aguas del Silala" y publicó un vídeo que revela lo que dice dicha Memoria, lo cual tuve la oportunidad de comentar en el programa "A todo Pulmón" de Cadena A, conducido por Priscila Quiroga; y en el progroma Claroscuro de RTP, conducido por Ángel Careaga. 

En Cadena A, 3/07/2017


En RTP, 3/07/2017

jueves, 22 de junio de 2017

Condena y expulsión de los 9 bolivianos detenidos en Chile

El 21 de junio de 2017, la justicia chilena condenó a los 9 bolivianos detenidos en Chile a 3 años de prisión y al pago de una multa de cerca de 50.000 dólares, por los presuntos delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas (sólo a los dos militares). Lo cual fue sustituido por la expulsión de Chile y la prohibición de ingresar al país por 10 años para los funcionarios aduaneros y por 20 años para los dos militares. Todos estos temas fueron analizados en el programa Sabor a Tierra de Palenque Tv, conducido por Verónica Palenque.

En Palenque Tv. 22/06/2017

jueves, 8 de junio de 2017

La gira de Evo por EEUU y Europa

A principios de junio Evo Morales participó de una reunión sobre la protección de los océanos de la ONU, presidió una sesión del Consejo de Seguridad sobre aguas transfronterizas y también participó en de las Jornadas Europeas del Desarrollo, en las que habló sobre la situación de enclaustramiento que enfrenta Bolivia, la necesidad de respetar el derecho internacional en el uso de aguas transfronterizas y los logros de su gobierno en materia económica, a pesar de las limitaciones que tiene el país por no contar con un acceso soberano al mar, respectivamente. Todas esas alocuciones generaron algunas reacciones en Chile, donde se dijo que Morales había intentando instrumentalizar los foros internacionales con el reclamo marítimo. Al respecto, tuve la ocasión de participar de la siguiente entrevista. 

En RTP, 08/06/2017
  

miércoles, 7 de junio de 2017

Comentando el libro: Bolivia un país privado de litoral

Como parte del espacio para la promoción de nuevos estudios de investigación del programa de Verónica Palenque, Sabor a Tierra de Palenque Tv; tuve la oportunidad de comentar los pormenores del libro: Bolivia un país Privado de Litoral. Apuntes para un debate pendiente, que tuve el privilegio de escribir junto a Daniel Agramont, José Peres-Cajias, Marwin Flores y Rodrigo Fernández. 

En Palenque Tv, 07/06/2017

jueves, 1 de junio de 2017

La renuncia de la juez ad hoc de Chile

El 30 de mayo de 2017, la juez ad hoc de Chile en caso sobre "La obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico", Louise Arbour, decidió renunciar a su cargo para dedicarse a otras funciones. Esa decisión, que se suma a la renuncia de los Agentes chilenos Felipe Bulnes, José Miguel Insulza y de el encargado de la parte comunicacional, Ascanio Cavallo, fue analizada en la siguiente entrevista que se llevó a cabo al día siguiente.

En QNMP de Red Uno, 31/05/2017

martes, 30 de mayo de 2017

Paros portuarios en Chile

Los paros portuarios en Chile y el daño que causan en Bolivia fueron analizados en el programa Sabor a Tierra de Palenque TV, conducido por Verónica Palenque, en el cual tuve la oportunidad de participar junto al Gerente General de la Administradora de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), David Sánchez, y el analista de temas económicos y diplomático boliviano, Julio Alvarado. 

En Palenque Tv, 30/05/2017 (primer bloque)

(segundo bloque)

Sobre el mismo tema, ese mismo día, tuve la oportunidad de participar el programa Último Round de Abya Yala Tv, conducido por Gabriela Alcón. 

En Abya Yala, 30/05/2017

lunes, 29 de mayo de 2017

Relaciones Internacionales de Bolivia

La coyuntura de las relaciones internacionales de Bolivia, marcadas por los paros portuarios en Chile, ha planteando la necesidad de enfocar nuestros esfuerzos de política exterior en la búsqueda de alternativas portuarias y en la concreción del proyecto del tren bioceánico a través de territorio boliviano. Sobre estos temas se desarrolló la siguiente entrevista para el programa Sobre la Mesa de Abya Ayala TV, conducido por Lorena Guillen, y al cual fui invitado junto a Marcelo Silva, Marwin Flores y Gonzalo Barrientos.


Abya Yala TV, 20/05/2017
  

domingo, 28 de mayo de 2017

"Fora Temer"

Por ahora no hay certidumbre respecto a lo que sucederá, lo único que parece seguro es que el pedido de “Fora Temer” se escuchará cada vez más fuerte en las calles de Brasil y también en el Congreso.

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Fuente: La radio del Sur.
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

Los escándalos de corrupción que salieron a la luz recientemente en Brasil y que salpican prácticamente a toda la clase política de ese país, incluyendo al Presidente Michel Temer y a los máximos líderes de la oposición; han sumergido a nuestro vecino más grande en una profunda crisis política que genera incertidumbre respecto a la sostenibilidad del actual gobierno y genera también efectos negativos en lo económico, justo cuando la economía brasileña empezaba a recuperarse de la recesión a la que había ingresado en 2014.  

En efecto, cuando comenzó esa recesión, a principios del segundo mandato de Dilma Rousseff, se supo que altos ejecutivos de PETROBRAS, junto a empresarios de grandes lavanderías y gasolineras; habían cometido delitos de lavado de dinero y de falsedad documental. Al poco tiempo, la operación iniciada por la Policía Federal, conocida como Lava Jato (Autolavado), empezó a involucrar a varios miembros de la coalición oficialista, en la que todavía estaba el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del entonces Vicepresidente Michel Temer, junto al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y Lula da Silva.  

Al cabo de unos meses, con el aumento de las denuncias de corrupción y con la profundización de la crisis económica, la popularidad de Rousseff cayó drásticamente y la oposición empezó a utilizar el caso Lava Jato para atacarla y pedir su impeachment, aunque después fue procesada y destituida por supuestamente haber maquillado las cuentas fiscales.
  
Temer, que era incluso menos popular que la Mandataria recién destituida, asumió la presidencia interinamente en mayo de 2016 y plenamente en agosto del mismo año, con la idea de sacar al país de la crisis económica. Para lo cual adoptó medidas de austeridad, algunas de ellas muy impopulares, como la de congelar el salario mínimo en 880 reales (281 USD), eliminar ciertas exenciones impositivas al sector industrial, devaluar la moneda para mantener un tipo de cambio real y recortar sustancialmente el gasto público en salud y educación. No obstante, esas medidas, tildadas de “neoliberales”, contribuyeron a mejorar la situación del país: el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos disminuyeron, la inflación se controló y se atrajo algunas nuevas inversiones. 

En eso, la red O Globo publicó una grabación de Temer, registrada el 7 de marzo de 2017, entre el Presidente del Brasil y el dueño de la empresa cárnica más grande del mundo JBS, Joesley Batista, donde se escucha decir a Temer: “Hay que mantener eso, ¿ok?”, en referencia a los pagos que Batista venía realizando para comprar el silencio de Eduardo Cunha, un ex diputado condenado a 15 años de prisión por su implicación en el caso Lava Jato y principal instigador de la destitución de Dilma Rousseff, cuando fungió como presidente de la Cámara de Diputados (2015 – 2016).  

Ante el malestar que causó toda esta situación en la población, que salió en multitudes a protestar a las calles y a exigir “Fora Temer”, podemos predecir la ocurrencia de al menos cuatro diferentes escenarios: 1) que Temer salga airoso de las investigaciones y termine su mandato; 2) que renuncie, a pesar de que ya dijo que no lo hará; 3) que sea sometido a un proceso de impeachment, que tomaría cerca de 8 meses; o 4) que sea destituido por decisión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) o del Supremo Tribunal Electoral (STE).

En el primer caso, que termine su mandato, tendríamos a Temer hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando tendría que entregar el poder al ganador de las elecciones presidenciales que se tienen que realizar el 28 de octubre de 2018. En las cuales, por ahora, el candidato favorito es Luiz Inacio Lula da Silva, quien, para candidatear, deberá demostrar previamente su inocencia en los 5 procesos judiciales que actualmente pesan en su contra.   

En el segundo caso, la renuncia, Temer sería reemplazado por Rodrigo Maia, el Presidente de la Cámara de Diputados, quien asumiría interinamente con el mandato constitucional de llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días. 

En el tercer caso, el impeachment, al igual que sucedió con Rousseff, el Presidente de la Cámara de Diputados tendría que aprobar el inicio del proceso, cosa que a primera vista no parece muy posible porque Maia es un buen amigo y aliado de Temer, pero que podría suceder de todas formas si Maia tiene intenciones de llegar a la presidencia. En ese caso se iniciaría un proceso en el que Temer sería suspendido del cargo por 180 días, en los que se realizarían las investigaciones y en los que ambas cámaras del Congreso tendrían que aprobar por 2/3 la destitución definitiva del Presidente para que se haga efectiva.

Por último, en el cuarto caso, la destitución de Temer por parte de uno de los Tribunales que actualmente lo investigan (Justicia y Electoral), se podría dar si el STJ lo halla culpable de los cargos de obstrucción a la justicia y/o corrupción pasiva en el caso Lava Jato; o si el STE concluye que hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2014, cuando Rousseff y Temer participaron como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente.  
En cualquiera de esos dos casos, Temer tendría que dejar el cargo y enfrentar a la justicia con la posibilidad de terminar en prisión. Por su parte, Maia quedaría como presidente interino y tendría que llamar a elecciones en menos de tres meses.


Por ahora no hay certidumbre respecto a lo que sucederá, lo único que parece seguro es que el pedido de “Fora Temer” se escuchará cada vez más fuerte en las calles y también en el Congreso, mientras el impopular Presidente de Brasil, que quiso recomponer la maltrecha economía de su país con medidas también impopulares, permanezca en el poder.   

lunes, 15 de mayo de 2017

Liberen a los 9

El 19 de marzo de 2017, siete funcionarios de aduana y dos militares bolivianos que se encontraban en una misión de lucha contra el contrabando, fueron apresados por Carabineros de Chile en un punto cercano a la frontera. Los 9 bolivianos fueron llevados ante la justicia chilena que decidió encarcelarlos preventivamente mientras se realizan las investigaciones. Al respecto tuve la oportunidad de expresar mi opinión en la siguiente entrevista 

                                                 En QNMP de Red Uno, 11/05/2017


En El Mañanero de Red Uno, 23/05/2017

sábado, 13 de mayo de 2017

Si Bolivia se retira de la OEA

Desprestigiar a la OEA o retirarse de su sistema no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en ese organismo.
OEA. El canciller chileno Schweitzer y el canciller Ortiz, en 1983 (Nueva York).
Los Embajadores de Chile y Bolivia ante la OEA, Miguel Schweitzer y José Ortíz Mercado, tras aprobar la Resolución 686 de 1983
Por; Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

Después de que el gobierno de Venezuela decidiera retirarse de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo, sugirieron que Bolivia siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según ellos, no nos sirve de nada.

Sin embargo, esa sugerencia, adoptada entre otras cosas, por la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha latinoamericana y sólo tenga ojos para Venezuela (no así para México o Brasil); no prioriza nuestros intereses nacionales que lejos de relacionarse con el gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.

En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al Océano Pacífico”), no resulta nada inteligente menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos que estamos cerca de una posible negociación con Chile. 

Mas bien, lo que debemos hacer es destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la OEA en relación al problema marítimo boliviano que no sólo recomiendan iniciar negociaciones para levantar el enclaustramiento geográfico, sino que además consagran al “Problema Marítimo Boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.

Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a que en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…) que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes involucradas”.
               
Esta exhortación, que, valga reiterar, fue aprobada por Chile, así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pos de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales; deben ser valoradas y destacadas por nuestro gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.

En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable a Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la respaldó en el pasado.

Por todo lo dicho y de acuerdo a nuestros intereses nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en esa instancia.                                                                                                                                             

domingo, 7 de mayo de 2017

Los 9 bolivianos encarcelados en Chile

Si las autoridades judiciales de Chile decidieran liberar finalmente a nuestros 9 compatriotas, lo más recomendable sería que el gobierno no los condecore.

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Momento de la detención, 19/03/2017. Fuente: BioBioChile
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Página Siete 

El impase que provocó el encarcelamiento de 7 funcionarios de aduana y 2 militares bolivianos en Chile, ha contribuido a tensionar las relaciones entre La Paz y Santiago que ya se encontraban seriamente deterioradas desde finales de 2010, cuando se interrumpió el proceso de negociación que se venía desarrollando en el marco de la Agenda de los 13 puntos. Este impase sin embargo, no es uno más de los muchos que hemos visto surgir a partir de entonces, sino que se trata de un conflicto que podría tener incidencia en el resultado de los juicios que tenemos instaurados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si es que las autoridades judiciales de Chile no liberan a nuestros compatriotas.   

Al respecto, considerando que el juicio sobre la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia está a casi un año de concluir, a continuación se analiza el conflicto de los 9 bolivianos encarcelados en Chile, con un enfoque especial en el manejo político que le han dado las autoridades chilenas.  

Primero cabe recordar que a las pocas horas de que Carabineros de Chile detuvieron a los nueve bolivianos, la Presidenta de ese país, Michel Bachelet, dijo: "querían robar nueve camiones con productos y se robaron uno". Lo que generó dudas desde un principio debido a que robar 9 camiones entre 9 nueve personas que además tenían otros dos vehículos a su cargo, no resultaba ni resulta creíble.

Esas dudas que generaron las apresuradas declaraciones de Bachelet luego se acentuaron y acrecentaron debido a que las autoridades chilenas nunca mostraron más que un camión de los 9 supuestamente implicados, y eso, muy a pesar de que el Presidente Evo Morales solicitó vía twitter: “Pedimos, como bolivianos, nos presente los 9 camiones presuntamente robados por aduaneros y militares bolivianos. Queremos saber qué contenían. No quiero pensar que estos actos de provocación son para tapar los actos de corrupción de Carabineros y altas autoridades del Gobierno de Chile”. 

Además, la acusación presidencial chilena de que “se robaron uno” fue complementada después por otras autoridades del vecino país tanto del oficialismo como de la oposición. En uno de sus comentarios, el Canciller Muñoz llegó a decir que los bolivianos irían presos y los diputados Jorge Tarud y José Manuel Edwards acusaron públicamente a nuestros compatriotas de haber cometido delitos. Todas esas declaraciones, que también dejaban dudas respecto al cumplimiento del principio de presunción de inocencia y a la separación de los poderes del Estado en Chile, fueron agravadas simultáneamente con la obstrucción al trabajo de algunos periodistas bolivianos, que pretendían cubrir el incidente.   

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, las gestiones iniciadas por el gobierno boliviano para lograr la liberación de nuestros 9 compatriotas, que incluyen diligencias ante organismos y tribunales internacionales, se ampara primordialmente en el rechazo de Chile a una salida diplomática, que las autoridades bolivianas han solicitado en aplicación de la reciprocidad, pues todas las veces que funcionarios chilenos ingresaron a nuestro país ilegalmente, éstos fueron devueltos sin la intervención de la justica y sin hacer ningún escándalo.

En cuanto a la transgresión del principio de presunción de inocencia, que es una de las piedras angulares del recurso que nuestro país presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cabe recordar que en julio de 2014, esa misma Corte responsabilizó al Estado chileno de haber violado los principios de legalidad y de presunción de inocencia en el caso de unos indígenas mapuche, que habían sido juzgados y condenados por terrorismo en base a razonamientos subjetivos que según la misma CIDH denotaban estereotipos y perjuicios (Emol, 30/07/2014).

Con todo, ahora sabemos que la ofensiva boliviana para lograr la libertad de nuestros 9 compatriotas emprendida por la Procuraduría General del Estado y por la Defensoría del Pueblo, no pasó desapercibida en el equipo jurídico chileno para enfrentar la demanda marítima boliviana. Según una publicación de La Tercera (22/04/2017), el Agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, manifestó su inquietud “por la prolongada detención de nueve bolivianos” y su interés porque “se levante la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra de los nueve funcionarios bolivianos y no se repitan las trabas al ejercicio periodístico de los profesionales bolivianos que viajan a Chile”.

En la misma línea, y muy a pesar de la seguridad y dureza que mostró el Canciller Muñoz para justificar el encarcelamiento de los 9 bolivianos, según otra publicación de La Tercera (25/03/2017), la Cancillería chilena habría manifestado su molestia con el Ministerio del Interior por el manejo del caso. Según esa versión: “La posición de Cancillería era que la situación fuera resuelta en el menor tiempo posible con la expulsión inmediata de los funcionarios bolivianos, para que el incidente no se prolongara y fuera aprovechado por el gobierno de Evo Morales para atacar a Chile”. Sin embargo, “Interior y Carabineros optaron por seguir el curso normal y denunciar ante la fiscalía a los militares y aduaneros bolivianos del delito de robo con intimidación, judicializando un hecho que debió haberse manejado con mayor celeridad”, concluye esa misma publicación.  
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La Presidenta Bachelet a tiempo de lanzar sus acusaciones de robo, 20/03/2017. Fuente: Pblimetro
Por si fuera poco, algunos expertos chilenos de las relaciones entre nuestros dos países criticaron la judicialización de este tema, entre ellos, el reconocido abogado y periodista José Rodríguez Elizondo manifestó: “¿por qué nos metimos en un pleito jurídico, al judicializar este tema? porque todo lo que haga Evo tiene como objetivo encubrirse en las situaciones jurídicas para dejarnos a nosotros en mala posición comparativa” (CNN Chile, 25/04/2017).    

Por tanto, ante la presión política que ejerció Bolivia, incluso a través de las redes sociales, y ante los cuestionamientos que plantearon los trascendidos de La Tercera y los comentarios vertidos por algunos analistas chilenos influyentes; la juez encargada del caso, Isabel Peña, decidió analizar la suspensión del procedimiento que fue solicitada por la defensa de los 9 bolivianos detenidos, en la audiencia que se tiene prevista para el próximo 25 de mayor (T13, 5/05/2017).   

Por todo lo dicho, lo más probable es que la juez acepte finalmente liberar a nuestros compatriotas. Sin embargo, dado que es necesario generar un ambiente de negociación con Chile si el fallo de la CIJ respecto a la demanda marítima resulta favorable a Bolivia, lo más recomendable sería que nuestro gobierno no condecore a ninguno de los 9 detenidos, pues eso no contribuye a generar el referido ambiente de negociación y es evidente que en este caso, tampoco corresponde. 

domingo, 30 de abril de 2017

Documental sobre la demanda marítima ante La Haya

Como parte de la conmemoración de los 138 años de la pérdida del litoral boliviano, en marzo de 2017, RTP emitió un documental sobre la demanda que el gobierno de Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia, para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con nuestro país un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al Océano Pacífico. En dicho documental tuve el honor de participar y compartir mis opiniones con algunos expertos del tema, como Carlos Mesa, Fernando Huanacuni, Héctor Arce, Pablo Michel, Robert Brockmann, Víctor Hugo Chavez y Hugo Siles. 

La Haya, demanda. Documentales RTP, 26/03/2017

Guión, dirección y edición: César Ajpi Jalja.
Producción: Ángel Careaga, Irguen Pastén y Eduardo Godoy.

domingo, 16 de abril de 2017

El aislamiento de Bolivia en la ONU y OEA

En relaciones internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses. Bolivia debe priorizar sus propios intereses en la ONU y la OEA, no los de Siria ni los de Venezuela. 


Por: Andrés Guzmán Escobari

Durante la primera semana de abril, la diplomacia boliviana incurrió en dos errores inoficiosos que no hicieron más que profundizar el aislamiento de nuestro país a nivel internacional: el intento fallido por celebrar una reunión reservada en el Consejo de Seguridad, con el fin de apoyar a Siria, y el intento fallido por suspender una sesión del Consejo Permanente de la OEA, para apoyar a Venezuela.

En efecto, estos dos traspiés, que son una muestra más de la desprolijidad con la que se manejan nuestras relaciones internacionales, resultan sumamente preocupantes si consideramos que cuando concluya el juicio que tenemos contra Chile sobre la “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico”, aproximadamente a mediados de 2018, vamos a necesitar ávidamente el apoyo de la comunidad internacional, ya sea para negociar con el país del Mapocho si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a nuestro favor, o para enfrentar lo que podría ser un resultado mediana o totalmente desfavorable.

Pero si bien resulta obvio que Bolivia requerirá el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar el escenario que surja después del juicio en La Haya, las acciones que han tomado nuestros representantes ante la OEA y la ONU no contribuyen a ese propósito, sino que nos alejan más de los países que observan con tristeza y repudio lo que sucede en Venezuela y Siria. El primero que ha intentado romper el orden democrático suprimiendo al poder legislativo; y el segundo que ha utilizado armas químicas en contra de su población civil según un informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), suscrito por el Secretario General de la ONU el 21 de octubre de 2016 (S/2016/888). 

Considerando estos antecedentes, en las siguientes líneas intentaré hacer una crítica constructiva de lo sucedido en el Consejo de Seguridad, dejando lo ocurrido en la OEA para un próximo artículo.

Primero cabe recordar que a finales de febrero, Bolivia votó en contra de una resolución del Consejo de Seguridad que pretendía sancionar a ciertos funcionarios del gobierno sirio por el uso y producción de armas químicas. Lo cual, si bien se hizo porque las listas de los funcionarios sirios a ser sancionados no habían sido aprobadas por la Comisión encargada de esa tarea, nuestro representante pudo haber votado en abstención para evitar que la crítica internacional incluya a nuestro país entre los Estados que apoyan al gobierno de Bashar Al-Assad, conformado por Rusia, China e Irán que, a diferencia de nuestro país, sí tienen fuertes intereses geopolíticos y económicos en la zona.    

Después de ese innecesario tropezón, el Consejo de Seguridad se reunió el 5 de abril para tratar el ataque químico perpetrado un día antes en el poblado sirio de Khan Sheikhoun. En esa ocasión, el representante boliviano, Sacha Llorenti, en referencia al informe emitido el 22 de marzo de 2017 por la Secretaría de la OPAQ dijo: “valoramos que se haya verificado la destrucción de 24 de las 27 instalaciones declaradas por la República Árabe Siria en las que pudieran producir armas químicas”, y luego añadió: “Resaltamos que de acuerdo al mismo informe todos los químicos declarados por la República Árabe Siria que fueron removidos de su territorio en 2014, han sido destruidos. Por lo que destacamos la disposición y voluntad expresada por el gobierno sirio para cumplir con sus obligaciones internacionales”. 

Al respecto, cabe señalar que Siria aún no destruyó todas sus instalaciones de producción de armas químicas, tal como se había comprometido mediante los acuerdos que suscribió con Rusia y Estados Unidos en octubre de 2013, junto a la Convención sobre las Armas Químicas de 1993. Según lo convenido en esa ocasión, Damasco tenía hasta mediados de 2014 para destruir todas sus instalaciones de producción de armas químicas, por lo que después de casi tres años de haber fenecido ese plazo resulta injustificado, por no decir curioso, que Bolivia “valore” la destrucción de solo 24 de las 27 instalaciones que posee el gobierno de Siria, más aún si consideramos los antecedentes que tiene ese gobierno en el uso de armas químicas.

Por otra parte, también es importante anotar que los químicos declarados, que efectivamente fueron removidos de territorio sirio a principios de 2014, no fueron destruidos por el gobierno de Al-Assad, sino por una coalición de países que se ofreció a cumplir con esa tarea junto a la OPAQ. Por lo que no correspondía en ningún caso “resaltar” ni “destacar” las acciones del gobierno sirio.  

Además, después del ataque de misiles estadounidenses a una base militar siria, perpetrado precisamente en represalia por el ataque químico supuestamente acometido por el gobierno de Damasco el 4 de abril; Llorenti solicitó realizar una reunión reservada del Consejo de Seguridad para tratar el tema de la intervención unilateral de Estados Unidos. Lo cual fue desestimado por la actual Presidenta del Consejo, la Embajadora estadounidense Nikki Haley, que convocó a una reunión pública y declaró que “Cualquier país que escoja defender las atrocidades del régimen sirio, tendrá que hacerlo en público, para que todo el mundo pueda oírlo”. 

Así, la reunión se llevó a cabo públicamente el 7 de abril y nuestro representante ya no valoró ni destacó las acciones del régimen sirio, sino que se concentró en atacar a Estados Unidos. Ciertamente, el Embajador boliviano señaló las contradicciones de la política intervencionista de Washington con razón y vehemencia, y si bien no dijo nada que no sea cierto, las verdades hay que saber decirlas o mejor no decirlas, si no conviene. En este caso, teniendo en cuenta que debemos conseguir apoyos para lo que vaya a suceder después del juicio en la CIJ, habría sido mucho más acertado adoptar una postura neutral, menos política y más diplomática, menos ideologizada y más pragmática. Una postura que sin apoyar a los unos tampoco apoye a los otros, pero sobre todo que no deje la sensación de que Bolivia respalda al gobierno de Al-Assad.    

En este punto, es importante comprender que en relaciones internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses y que debemos priorizar nuestros intereses, no los de Siria ni los de Venezuela. De hecho, lo que corresponde es mostrarnos como un país democrático y respetuoso del derecho internacional, que busca resolver sus conflictos mediante arreglos pacíficos y negociados, y que más allá de las ideologías, aprecia todos los apoyos a nuestra demanda de reintegración marítima.