martes, 26 de septiembre de 2017

Los escenarios post La Haya

Ahora que hemos entrado en la recta final del juicio sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico", después de que Chile presentara su Duplica el 15 de septiembre de 2017, cerrando así la fase escrita del proceso, y teniendo en cuenta que resta cerca de un año más para que la Corte emita su fallo final; es necesario y pertinente analizar y debatir lo que podría ocurrir después de que el juicio termine. Sobre este particular, tuve la ocasión de compartir y contrastar mis opiniones, junto al internacionalista Daniel Agramont, el politólogo José Manuel Ormachea y el abogado Víctor Hugo Chavez, en el programa digital Dos Tercios de Oxigeno.bo, dirigido por Lily Peñaranda.


En Dos Tercios, 18/09/2017



jueves, 14 de septiembre de 2017

La Duplica de Chile en el juicio sobre el acceso soberano al mar

El 15 de septiembre de 2017, Chile presentó su Duplica ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico". Al respecto, tuve la oportunidad de comentar el contexto y la posición de las partes en la siguiente entrevista, conducida por Víctor Hugo Rosales. 

Red Bolivisión, Hora 23, 13/09/2017 

viernes, 18 de agosto de 2017

Tensión de relaciones con EEUU

A principios de agosto de 2017, el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, dijo "ojalá que Bolivia nunca llegue al punto que se encuentra Venezuela, lo cual fue duramente criticado por las autoridades bolivianas y considerado por las mismas, como un intento injerencista. Al respecto, tuve la oportunidad de vertir mi opinión en la siguiente entrevista conducida por Juan Carlos Arana.   

En Cadena A, Levántate Bolivia, 16/08/2017

sábado, 15 de julio de 2017

El Comité de Frontera Bolivia - Chile

Después de los impases que surgieron con la detención de 9 funcionarios bolivianos en Chile y 2 Carabineros chilenos en Bolivia, ambos gobiernos acordaron celebrar una reunión del Comité de Fronteras, que no se había reunido en los últimos 6 años, para abordar éste y otros temas de la relación fronteriza de ambos países. Al respecto tuve la oportunidad de expresar mi opinión en la siguiente entrevista.

En RTP, 12/07/2017


viernes, 14 de julio de 2017

Los argumentos chilenos en la demanda por el Silala

En relación a la demanda presentada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia, sobre el estatus y el uso de las aguas del Silala, Hora 23 de la Red Bolivisión realizó un programa en el que pude comentar lo siguiente.

En Bolivisión, 10/07/2017

miércoles, 12 de julio de 2017

Devolución de 2 Carabineros a Chile

El 9 de julio de 2017, el gobierno de Bolivia devolvió a dos Carabineros chilenos que habían sido arrestados 48 horas antes en territorio boliviano, a 7,5 kilómetros de la frontera, después de que intentaron darse a la fuga. Sobre este tema se desarrollaron las siguientes entrevistas.

En Al Día de Red Bolivisión, 10/07/2017

En Sabor a Tierra de Palenque Tv, 12/07/2017 (Bloque 1)

(Bloque 2)

domingo, 9 de julio de 2017

Tres argumentos erróneos

Respuesta a la crítica que hizo Karen Longaric a un articulo de Carlos Mesa y a la solidez de la demanda que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia en abril de 2013. 


Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado en Página Siete

Hace unos días, la reconocida abogada internacionalista Karen Longaric, a quien estimo y respeto, publicó un comentario sobre un artículo del expresidente Carlos Mesa, intitulado "La Haya no es el final del camino”.

El artículo busca "hacer algunas precisiones y comentarios” que pretenden cuestionar la solidez de la demanda que nuestro Gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en abril de 2013. 

Aun cuando dicha demanda, que plantea resolver el asunto marítimo a través de una negociación, es lo mejor que pudimos haber hecho en las actuales circunstancias, marcadas por la absoluta cerrazón del Gobierno chileno para abordar el tema y la imposibilidad jurídica de revisar el tratado que enclaustró a Bolivia, sin el acuerdo de la otra parte contratante.

Primer argumento

En efecto, al comentar la valoración positiva que hizo el expresidente sobre la demanda boliviana, a la cual él se refiere como "el camino correcto” e "impecable en lo jurídico”, Longaric señala que "solamente la Corte, luego de evaluar los datos del proceso, podrá hacer una apreciación jurídica tan categórica”. 

Sin embargo, dado que todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión, no sólo la Corte puede hacer apreciaciones jurídicas categóricas sobre la demanda boliviana, sino que también lo puede hacer Mesa o cualquier otra persona que lo estime conveniente. Empero, en el caso del expresidente, teniendo en cuenta que se trata del vocero oficial de nuestra demanda, resultaría ilógico y hasta contraproducente que diga otra cosa.

Segundo argumento

Asimismo, en cuanto a la afirmación que hizo Mesa de que la objeción preliminar de competencia interpuesta por Chile fue "desbaratada y rechazada”, Longaric aclara: "Pero para que la Corte se declare competente fue necesario que Bolivia manifieste que no pedía a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tiene derecho a una salida al mar”.

Lo cual no es correcto, porque si revisamos la respuesta boliviana a la objeción preliminar chilena, presentada el 7 de noviembre de 2014, y las grabaciones de los alegatos orales de mayo de 2015, no encontraremos ninguna aclaración sobre lo que no solicitamos. Esa aclaración, en realidad, la hizo la CIJ en su fallo de 24 de septiembre de 2015 (párrafo 32) porque Chile había afirmado que Bolivia estaba pidiendo eso, un reconocimiento a su derecho de recuperar un acceso soberano al mar. 

Si bien Bolivia no aclaró lo que no pide, si lo habría hecho, es decir, si nuestra representación habría aclarado que no solicita a la CIJ un reconocimiento sobre nuestro legítimo e irrenunciable derecho al mar, tampoco habría ningún problema, puesto que eso no significa renunciar a este derecho ni tampoco implica reconocer la incompetencia de la CIJ para pronunciarse al respecto, que es algo muy diferente. 

La demanda boliviana solicita que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, ni más ni menos. 

Tercer argumento

Por otra parte, Longaric también critica el hecho de que Bolivia no pidió un pronunciamiento "sobre el status jurídico del Tratado de 1904, afirmando que éste está vigente y no existe disputa respecto de su validez”. Por esa razón, según su interpretación: "Bolivia testificó ante la CIJ que el Tratado de 1904 es válido y no objeta su vigencia”.

Lo cual, aunque tampoco es cierto, porque la defensa boliviana no afirmó ni declaró nada semejante, sino que muy por el contrario se reservó el derecho de acudir al arbitraje si es que surgiesen discrepancias respecto a la ejecución e inteligencia del Tratado de 1904; en caso de que lo fuere, es decir, si habríamos "testificado” que dicho acuerdo es válido y está vigente, tampoco habría ningún problema, porque Bolivia, a diferencia de Chile, ha cumplido y respetado ese Tratado durante más de 100 años, lo que en los hechos representa un reconocimiento tácito de su vigencia y validez.

¿Cómo podría Bolivia impugnar un Tratado que ha cumplido y respetado de manera continua durante más de un siglo?

Si algo nos han enseñado los intentos de nuestros antepasados por recuperar un acceso soberano al mar es que no vamos a lograr nada por la vía del Tratado, que además no es necesario modificar para que Bolivia obtenga un acceso soberano al mar, tal como lo ha explicado nuestra
representación ante la CIJ. 

Finalmente, si bien coincidimos tanto con la Dra. Longaric, como con el expresidente Mesa, en que es necesario generar un ambiente de negociación con Chile y eventualmente también con el Perú, para lograr lo que estamos buscando, no sólo debemos considerar los elementos jurídicos, políticos y diplomáticos que están en juego, sino también las lecciones que nos han dejado las anteriores negociaciones sobre este tema, que nos dicen, entre otras cosas, que tendremos más posibilidades si estamos unidos.

lunes, 3 de julio de 2017

Presentación de la Memoria chilena por el Silala

El 3 de julio de 2017, Chile presentó su Memoria ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre "El estatus y el uso de las aguas del Silala" y publicó un vídeo que revela lo que dice dicha Memoria, lo cual tuve la oportunidad de comentar en el programa "A todo Pulmón" de Cadena A, conducido por Priscila Quiroga; y en el progroma Claroscuro de RTP, conducido por Ángel Careaga. 

En Cadena A, 3/07/2017


En RTP, 3/07/2017

jueves, 22 de junio de 2017

Condena y expulsión de los 9 bolivianos detenidos en Chile

El 21 de junio de 2017, la justicia chilena condenó a los 9 bolivianos detenidos en Chile a 3 años de prisión y al pago de una multa de cerca de 50.000 dólares, por los presuntos delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas (sólo a los dos militares). Lo cual fue sustituido por la expulsión de Chile y la prohibición de ingresar al país por 10 años para los funcionarios aduaneros y por 20 años para los dos militares. Todos estos temas fueron analizados en el programa Sabor a Tierra de Palenque Tv, conducido por Verónica Palenque.

En Palenque Tv. 22/06/2017

jueves, 8 de junio de 2017

La gira de Evo por EEUU y Europa

A principios de junio Evo Morales participó de una reunión sobre la protección de los océanos de la ONU, presidió una sesión del Consejo de Seguridad sobre aguas transfronterizas y también participó en de las Jornadas Europeas del Desarrollo, en las que habló sobre la situación de enclaustramiento que enfrenta Bolivia, la necesidad de respetar el derecho internacional en el uso de aguas transfronterizas y los logros de su gobierno en materia económica, a pesar de las limitaciones que tiene el país por no contar con un acceso soberano al mar, respectivamente. Todas esas alocuciones generaron algunas reacciones en Chile, donde se dijo que Morales había intentando instrumentalizar los foros internacionales con el reclamo marítimo. Al respecto, tuve la ocasión de participar de la siguiente entrevista. 

En RTP, 08/06/2017
  

miércoles, 7 de junio de 2017

Comentando el libro: Bolivia un país privado de litoral

Como parte del espacio para la promoción de nuevos estudios de investigación del programa de Verónica Palenque, Sabor a Tierra de Palenque Tv; tuve la oportunidad de comentar los pormenores del libro: Bolivia un país Privado de Litoral. Apuntes para un debate pendiente, que tuve el privilegio de escribir junto a Daniel Agramont, José Peres-Cajias, Marwin Flores y Rodrigo Fernández. 

En Palenque Tv, 07/06/2017

jueves, 1 de junio de 2017

La renuncia de la juez ad hoc de Chile

El 30 de mayo de 2017, la juez ad hoc de Chile en caso sobre "La obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico", Louise Arbour, decidió renunciar a su cargo para dedicarse a otras funciones. Esa decisión, que se suma a la renuncia de los Agentes chilenos Felipe Bulnes, José Miguel Insulza y de el encargado de la parte comunicacional, Ascanio Cavallo, fue analizada en la siguiente entrevista que se llevó a cabo al día siguiente.

En QNMP de Red Uno, 31/05/2017

martes, 30 de mayo de 2017

Paros portuarios en Chile

Los paros portuarios en Chile y el daño que causan en Bolivia fueron analizados en el programa Sabor a Tierra de Palenque TV, conducido por Verónica Palenque, en el cual tuve la oportunidad de participar junto al Gerente General de la Administradora de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), David Sánchez, y el analista de temas económicos y diplomático boliviano, Julio Alvarado. 

En Palenque Tv, 30/05/2017 (primer bloque)

(segundo bloque)

Sobre el mismo tema, ese mismo día, tuve la oportunidad de participar el programa Último Round de Abya Yala Tv, conducido por Gabriela Alcón. 

En Abya Yala, 30/05/2017

lunes, 29 de mayo de 2017

Relaciones Internacionales de Bolivia

La coyuntura de las relaciones internacionales de Bolivia, marcadas por los paros portuarios en Chile, ha planteando la necesidad de enfocar nuestros esfuerzos de política exterior en la búsqueda de alternativas portuarias y en la concreción del proyecto del tren bioceánico a través de territorio boliviano. Sobre estos temas se desarrolló la siguiente entrevista para el programa Sobre la Mesa de Abya Ayala TV, conducido por Lorena Guillen, y al cual fui invitado junto a Marcelo Silva, Marwin Flores y Gonzalo Barrientos.


Abya Yala TV, 20/05/2017
  

domingo, 28 de mayo de 2017

"Fora Temer"

Por ahora no hay certidumbre respecto a lo que sucederá, lo único que parece seguro es que el pedido de “Fora Temer” se escuchará cada vez más fuerte en las calles de Brasil y también en el Congreso.

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Fuente: La radio del Sur.
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

Los escándalos de corrupción que salieron a la luz recientemente en Brasil y que salpican prácticamente a toda la clase política de ese país, incluyendo al Presidente Michel Temer y a los máximos líderes de la oposición; han sumergido a nuestro vecino más grande en una profunda crisis política que genera incertidumbre respecto a la sostenibilidad del actual gobierno y genera también efectos negativos en lo económico, justo cuando la economía brasileña empezaba a recuperarse de la recesión a la que había ingresado en 2014.  

En efecto, cuando comenzó esa recesión, a principios del segundo mandato de Dilma Rousseff, se supo que altos ejecutivos de PETROBRAS, junto a empresarios de grandes lavanderías y gasolineras; habían cometido delitos de lavado de dinero y de falsedad documental. Al poco tiempo, la operación iniciada por la Policía Federal, conocida como Lava Jato (Autolavado), empezó a involucrar a varios miembros de la coalición oficialista, en la que todavía estaba el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del entonces Vicepresidente Michel Temer, junto al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y Lula da Silva.  

Al cabo de unos meses, con el aumento de las denuncias de corrupción y con la profundización de la crisis económica, la popularidad de Rousseff cayó drásticamente y la oposición empezó a utilizar el caso Lava Jato para atacarla y pedir su impeachment, aunque después fue procesada y destituida por supuestamente haber maquillado las cuentas fiscales.
  
Temer, que era incluso menos popular que la Mandataria recién destituida, asumió la presidencia interinamente en mayo de 2016 y plenamente en agosto del mismo año, con la idea de sacar al país de la crisis económica. Para lo cual adoptó medidas de austeridad, algunas de ellas muy impopulares, como la de congelar el salario mínimo en 880 reales (281 USD), eliminar ciertas exenciones impositivas al sector industrial, devaluar la moneda para mantener un tipo de cambio real y recortar sustancialmente el gasto público en salud y educación. No obstante, esas medidas, tildadas de “neoliberales”, contribuyeron a mejorar la situación del país: el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos disminuyeron, la inflación se controló y se atrajo algunas nuevas inversiones. 

En eso, la red O Globo publicó una grabación de Temer, registrada el 7 de marzo de 2017, entre el Presidente del Brasil y el dueño de la empresa cárnica más grande del mundo JBS, Joesley Batista, donde se escucha decir a Temer: “Hay que mantener eso, ¿ok?”, en referencia a los pagos que Batista venía realizando para comprar el silencio de Eduardo Cunha, un ex diputado condenado a 15 años de prisión por su implicación en el caso Lava Jato y principal instigador de la destitución de Dilma Rousseff, cuando fungió como presidente de la Cámara de Diputados (2015 – 2016).  

Ante el malestar que causó toda esta situación en la población, que salió en multitudes a protestar a las calles y a exigir “Fora Temer”, podemos predecir la ocurrencia de al menos cuatro diferentes escenarios: 1) que Temer salga airoso de las investigaciones y termine su mandato; 2) que renuncie, a pesar de que ya dijo que no lo hará; 3) que sea sometido a un proceso de impeachment, que tomaría cerca de 8 meses; o 4) que sea destituido por decisión del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) o del Supremo Tribunal Electoral (STE).

En el primer caso, que termine su mandato, tendríamos a Temer hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando tendría que entregar el poder al ganador de las elecciones presidenciales que se tienen que realizar el 28 de octubre de 2018. En las cuales, por ahora, el candidato favorito es Luiz Inacio Lula da Silva, quien, para candidatear, deberá demostrar previamente su inocencia en los 5 procesos judiciales que actualmente pesan en su contra.   

En el segundo caso, la renuncia, Temer sería reemplazado por Rodrigo Maia, el Presidente de la Cámara de Diputados, quien asumiría interinamente con el mandato constitucional de llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días. 

En el tercer caso, el impeachment, al igual que sucedió con Rousseff, el Presidente de la Cámara de Diputados tendría que aprobar el inicio del proceso, cosa que a primera vista no parece muy posible porque Maia es un buen amigo y aliado de Temer, pero que podría suceder de todas formas si Maia tiene intenciones de llegar a la presidencia. En ese caso se iniciaría un proceso en el que Temer sería suspendido del cargo por 180 días, en los que se realizarían las investigaciones y en los que ambas cámaras del Congreso tendrían que aprobar por 2/3 la destitución definitiva del Presidente para que se haga efectiva.

Por último, en el cuarto caso, la destitución de Temer por parte de uno de los Tribunales que actualmente lo investigan (Justicia y Electoral), se podría dar si el STJ lo halla culpable de los cargos de obstrucción a la justicia y/o corrupción pasiva en el caso Lava Jato; o si el STE concluye que hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2014, cuando Rousseff y Temer participaron como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente.  
En cualquiera de esos dos casos, Temer tendría que dejar el cargo y enfrentar a la justicia con la posibilidad de terminar en prisión. Por su parte, Maia quedaría como presidente interino y tendría que llamar a elecciones en menos de tres meses.


Por ahora no hay certidumbre respecto a lo que sucederá, lo único que parece seguro es que el pedido de “Fora Temer” se escuchará cada vez más fuerte en las calles y también en el Congreso, mientras el impopular Presidente de Brasil, que quiso recomponer la maltrecha economía de su país con medidas también impopulares, permanezca en el poder.   

lunes, 15 de mayo de 2017

Liberen a los 9

El 19 de marzo de 2017, siete funcionarios de aduana y dos militares bolivianos que se encontraban en una misión de lucha contra el contrabando, fueron apresados por Carabineros de Chile en un punto cercano a la frontera. Los 9 bolivianos fueron llevados ante la justicia chilena que decidió encarcelarlos preventivamente mientras se realizan las investigaciones. Al respecto tuve la oportunidad de expresar mi opinión en la siguiente entrevista 

                                                 En QNMP de Red Uno, 11/05/2017


En El Mañanero de Red Uno, 23/05/2017

sábado, 13 de mayo de 2017

Si Bolivia se retira de la OEA

Desprestigiar a la OEA o retirarse de su sistema no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en ese organismo.
OEA. El canciller chileno Schweitzer y el canciller Ortiz, en 1983 (Nueva York).
Los Embajadores de Chile y Bolivia ante la OEA, Miguel Schweitzer y José Ortíz Mercado, tras aprobar la Resolución 686 de 1983
Por; Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

Después de que el gobierno de Venezuela decidiera retirarse de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo, sugirieron que Bolivia siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según ellos, no nos sirve de nada.

Sin embargo, esa sugerencia, adoptada entre otras cosas, por la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha latinoamericana y sólo tenga ojos para Venezuela (no así para México o Brasil); no prioriza nuestros intereses nacionales que lejos de relacionarse con el gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.

En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al Océano Pacífico”), no resulta nada inteligente menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos que estamos cerca de una posible negociación con Chile. 

Mas bien, lo que debemos hacer es destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la OEA en relación al problema marítimo boliviano que no sólo recomiendan iniciar negociaciones para levantar el enclaustramiento geográfico, sino que además consagran al “Problema Marítimo Boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.

Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a que en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…) que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes involucradas”.
               
Esta exhortación, que, valga reiterar, fue aprobada por Chile, así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pos de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales; deben ser valoradas y destacadas por nuestro gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.

En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable a Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la respaldó en el pasado.

Por todo lo dicho y de acuerdo a nuestros intereses nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en esa instancia.                                                                                                                                             

domingo, 7 de mayo de 2017

Los 9 bolivianos encarcelados en Chile

Si las autoridades judiciales de Chile decidieran liberar finalmente a nuestros 9 compatriotas, lo más recomendable sería que el gobierno no los condecore.

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Momento de la detención, 19/03/2017. Fuente: BioBioChile
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Página Siete 

El impase que provocó el encarcelamiento de 7 funcionarios de aduana y 2 militares bolivianos en Chile, ha contribuido a tensionar las relaciones entre La Paz y Santiago que ya se encontraban seriamente deterioradas desde finales de 2010, cuando se interrumpió el proceso de negociación que se venía desarrollando en el marco de la Agenda de los 13 puntos. Este impase sin embargo, no es uno más de los muchos que hemos visto surgir a partir de entonces, sino que se trata de un conflicto que podría tener incidencia en el resultado de los juicios que tenemos instaurados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si es que las autoridades judiciales de Chile no liberan a nuestros compatriotas.   

Al respecto, considerando que el juicio sobre la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia está a casi un año de concluir, a continuación se analiza el conflicto de los 9 bolivianos encarcelados en Chile, con un enfoque especial en el manejo político que le han dado las autoridades chilenas.  

Primero cabe recordar que a las pocas horas de que Carabineros de Chile detuvieron a los nueve bolivianos, la Presidenta de ese país, Michel Bachelet, dijo: "querían robar nueve camiones con productos y se robaron uno". Lo que generó dudas desde un principio debido a que robar 9 camiones entre 9 nueve personas que además tenían otros dos vehículos a su cargo, no resultaba ni resulta creíble.

Esas dudas que generaron las apresuradas declaraciones de Bachelet luego se acentuaron y acrecentaron debido a que las autoridades chilenas nunca mostraron más que un camión de los 9 supuestamente implicados, y eso, muy a pesar de que el Presidente Evo Morales solicitó vía twitter: “Pedimos, como bolivianos, nos presente los 9 camiones presuntamente robados por aduaneros y militares bolivianos. Queremos saber qué contenían. No quiero pensar que estos actos de provocación son para tapar los actos de corrupción de Carabineros y altas autoridades del Gobierno de Chile”. 

Además, la acusación presidencial chilena de que “se robaron uno” fue complementada después por otras autoridades del vecino país tanto del oficialismo como de la oposición. En uno de sus comentarios, el Canciller Muñoz llegó a decir que los bolivianos irían presos y los diputados Jorge Tarud y José Manuel Edwards acusaron públicamente a nuestros compatriotas de haber cometido delitos. Todas esas declaraciones, que también dejaban dudas respecto al cumplimiento del principio de presunción de inocencia y a la separación de los poderes del Estado en Chile, fueron agravadas simultáneamente con la obstrucción al trabajo de algunos periodistas bolivianos, que pretendían cubrir el incidente.   

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, las gestiones iniciadas por el gobierno boliviano para lograr la liberación de nuestros 9 compatriotas, que incluyen diligencias ante organismos y tribunales internacionales, se ampara primordialmente en el rechazo de Chile a una salida diplomática, que las autoridades bolivianas han solicitado en aplicación de la reciprocidad, pues todas las veces que funcionarios chilenos ingresaron a nuestro país ilegalmente, éstos fueron devueltos sin la intervención de la justica y sin hacer ningún escándalo.

En cuanto a la transgresión del principio de presunción de inocencia, que es una de las piedras angulares del recurso que nuestro país presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cabe recordar que en julio de 2014, esa misma Corte responsabilizó al Estado chileno de haber violado los principios de legalidad y de presunción de inocencia en el caso de unos indígenas mapuche, que habían sido juzgados y condenados por terrorismo en base a razonamientos subjetivos que según la misma CIDH denotaban estereotipos y perjuicios (Emol, 30/07/2014).

Con todo, ahora sabemos que la ofensiva boliviana para lograr la libertad de nuestros 9 compatriotas emprendida por la Procuraduría General del Estado y por la Defensoría del Pueblo, no pasó desapercibida en el equipo jurídico chileno para enfrentar la demanda marítima boliviana. Según una publicación de La Tercera (22/04/2017), el Agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, manifestó su inquietud “por la prolongada detención de nueve bolivianos” y su interés porque “se levante la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra de los nueve funcionarios bolivianos y no se repitan las trabas al ejercicio periodístico de los profesionales bolivianos que viajan a Chile”.

En la misma línea, y muy a pesar de la seguridad y dureza que mostró el Canciller Muñoz para justificar el encarcelamiento de los 9 bolivianos, según otra publicación de La Tercera (25/03/2017), la Cancillería chilena habría manifestado su molestia con el Ministerio del Interior por el manejo del caso. Según esa versión: “La posición de Cancillería era que la situación fuera resuelta en el menor tiempo posible con la expulsión inmediata de los funcionarios bolivianos, para que el incidente no se prolongara y fuera aprovechado por el gobierno de Evo Morales para atacar a Chile”. Sin embargo, “Interior y Carabineros optaron por seguir el curso normal y denunciar ante la fiscalía a los militares y aduaneros bolivianos del delito de robo con intimidación, judicializando un hecho que debió haberse manejado con mayor celeridad”, concluye esa misma publicación.  
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La Presidenta Bachelet a tiempo de lanzar sus acusaciones de robo, 20/03/2017. Fuente: Pblimetro
Por si fuera poco, algunos expertos chilenos de las relaciones entre nuestros dos países criticaron la judicialización de este tema, entre ellos, el reconocido abogado y periodista José Rodríguez Elizondo manifestó: “¿por qué nos metimos en un pleito jurídico, al judicializar este tema? porque todo lo que haga Evo tiene como objetivo encubrirse en las situaciones jurídicas para dejarnos a nosotros en mala posición comparativa” (CNN Chile, 25/04/2017).    

Por tanto, ante la presión política que ejerció Bolivia, incluso a través de las redes sociales, y ante los cuestionamientos que plantearon los trascendidos de La Tercera y los comentarios vertidos por algunos analistas chilenos influyentes; la juez encargada del caso, Isabel Peña, decidió analizar la suspensión del procedimiento que fue solicitada por la defensa de los 9 bolivianos detenidos, en la audiencia que se tiene prevista para el próximo 25 de mayor (T13, 5/05/2017).   

Por todo lo dicho, lo más probable es que la juez acepte finalmente liberar a nuestros compatriotas. Sin embargo, dado que es necesario generar un ambiente de negociación con Chile si el fallo de la CIJ respecto a la demanda marítima resulta favorable a Bolivia, lo más recomendable sería que nuestro gobierno no condecore a ninguno de los 9 detenidos, pues eso no contribuye a generar el referido ambiente de negociación y es evidente que en este caso, tampoco corresponde. 

domingo, 30 de abril de 2017

Documental sobre la demanda marítima ante La Haya

Como parte de la conmemoración de los 138 años de la pérdida del litoral boliviano, en marzo de 2017, RTP emitió un documental sobre la demanda que el gobierno de Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia, para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con nuestro país un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al Océano Pacífico. En dicho documental tuve el honor de participar y compartir mis opiniones con algunos expertos del tema, como Carlos Mesa, Fernando Huanacuni, Héctor Arce, Pablo Michel, Robert Brockmann, Víctor Hugo Chavez y Hugo Siles. 

La Haya, demanda. Documentales RTP, 26/03/2017

Guión, dirección y edición: César Ajpi Jalja.
Producción: Ángel Careaga, Irguen Pastén y Eduardo Godoy.

domingo, 16 de abril de 2017

El aislamiento de Bolivia en la ONU y OEA

En relaciones internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses. Bolivia debe priorizar sus propios intereses en la ONU y la OEA, no los de Siria ni los de Venezuela. 


Por: Andrés Guzmán Escobari

Durante la primera semana de abril, la diplomacia boliviana incurrió en dos errores inoficiosos que no hicieron más que profundizar el aislamiento de nuestro país a nivel internacional: el intento fallido por celebrar una reunión reservada en el Consejo de Seguridad, con el fin de apoyar a Siria, y el intento fallido por suspender una sesión del Consejo Permanente de la OEA, para apoyar a Venezuela.

En efecto, estos dos traspiés, que son una muestra más de la desprolijidad con la que se manejan nuestras relaciones internacionales, resultan sumamente preocupantes si consideramos que cuando concluya el juicio que tenemos contra Chile sobre la “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico”, aproximadamente a mediados de 2018, vamos a necesitar ávidamente el apoyo de la comunidad internacional, ya sea para negociar con el país del Mapocho si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a nuestro favor, o para enfrentar lo que podría ser un resultado mediana o totalmente desfavorable.

Pero si bien resulta obvio que Bolivia requerirá el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar el escenario que surja después del juicio en La Haya, las acciones que han tomado nuestros representantes ante la OEA y la ONU no contribuyen a ese propósito, sino que nos alejan más de los países que observan con tristeza y repudio lo que sucede en Venezuela y Siria. El primero que ha intentado romper el orden democrático suprimiendo al poder legislativo; y el segundo que ha utilizado armas químicas en contra de su población civil según un informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), suscrito por el Secretario General de la ONU el 21 de octubre de 2016 (S/2016/888). 

Considerando estos antecedentes, en las siguientes líneas intentaré hacer una crítica constructiva de lo sucedido en el Consejo de Seguridad, dejando lo ocurrido en la OEA para un próximo artículo.

Primero cabe recordar que a finales de febrero, Bolivia votó en contra de una resolución del Consejo de Seguridad que pretendía sancionar a ciertos funcionarios del gobierno sirio por el uso y producción de armas químicas. Lo cual, si bien se hizo porque las listas de los funcionarios sirios a ser sancionados no habían sido aprobadas por la Comisión encargada de esa tarea, nuestro representante pudo haber votado en abstención para evitar que la crítica internacional incluya a nuestro país entre los Estados que apoyan al gobierno de Bashar Al-Assad, conformado por Rusia, China e Irán que, a diferencia de nuestro país, sí tienen fuertes intereses geopolíticos y económicos en la zona.    

Después de ese innecesario tropezón, el Consejo de Seguridad se reunió el 5 de abril para tratar el ataque químico perpetrado un día antes en el poblado sirio de Khan Sheikhoun. En esa ocasión, el representante boliviano, Sacha Llorenti, en referencia al informe emitido el 22 de marzo de 2017 por la Secretaría de la OPAQ dijo: “valoramos que se haya verificado la destrucción de 24 de las 27 instalaciones declaradas por la República Árabe Siria en las que pudieran producir armas químicas”, y luego añadió: “Resaltamos que de acuerdo al mismo informe todos los químicos declarados por la República Árabe Siria que fueron removidos de su territorio en 2014, han sido destruidos. Por lo que destacamos la disposición y voluntad expresada por el gobierno sirio para cumplir con sus obligaciones internacionales”. 

Al respecto, cabe señalar que Siria aún no destruyó todas sus instalaciones de producción de armas químicas, tal como se había comprometido mediante los acuerdos que suscribió con Rusia y Estados Unidos en octubre de 2013, junto a la Convención sobre las Armas Químicas de 1993. Según lo convenido en esa ocasión, Damasco tenía hasta mediados de 2014 para destruir todas sus instalaciones de producción de armas químicas, por lo que después de casi tres años de haber fenecido ese plazo resulta injustificado, por no decir curioso, que Bolivia “valore” la destrucción de solo 24 de las 27 instalaciones que posee el gobierno de Siria, más aún si consideramos los antecedentes que tiene ese gobierno en el uso de armas químicas.

Por otra parte, también es importante anotar que los químicos declarados, que efectivamente fueron removidos de territorio sirio a principios de 2014, no fueron destruidos por el gobierno de Al-Assad, sino por una coalición de países que se ofreció a cumplir con esa tarea junto a la OPAQ. Por lo que no correspondía en ningún caso “resaltar” ni “destacar” las acciones del gobierno sirio.  

Además, después del ataque de misiles estadounidenses a una base militar siria, perpetrado precisamente en represalia por el ataque químico supuestamente acometido por el gobierno de Damasco el 4 de abril; Llorenti solicitó realizar una reunión reservada del Consejo de Seguridad para tratar el tema de la intervención unilateral de Estados Unidos. Lo cual fue desestimado por la actual Presidenta del Consejo, la Embajadora estadounidense Nikki Haley, que convocó a una reunión pública y declaró que “Cualquier país que escoja defender las atrocidades del régimen sirio, tendrá que hacerlo en público, para que todo el mundo pueda oírlo”. 

Así, la reunión se llevó a cabo públicamente el 7 de abril y nuestro representante ya no valoró ni destacó las acciones del régimen sirio, sino que se concentró en atacar a Estados Unidos. Ciertamente, el Embajador boliviano señaló las contradicciones de la política intervencionista de Washington con razón y vehemencia, y si bien no dijo nada que no sea cierto, las verdades hay que saber decirlas o mejor no decirlas, si no conviene. En este caso, teniendo en cuenta que debemos conseguir apoyos para lo que vaya a suceder después del juicio en la CIJ, habría sido mucho más acertado adoptar una postura neutral, menos política y más diplomática, menos ideologizada y más pragmática. Una postura que sin apoyar a los unos tampoco apoye a los otros, pero sobre todo que no deje la sensación de que Bolivia respalda al gobierno de Al-Assad.    

En este punto, es importante comprender que en relaciones internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses y que debemos priorizar nuestros intereses, no los de Siria ni los de Venezuela. De hecho, lo que corresponde es mostrarnos como un país democrático y respetuoso del derecho internacional, que busca resolver sus conflictos mediante arreglos pacíficos y negociados, y que más allá de las ideologías, aprecia todos los apoyos a nuestra demanda de reintegración marítima.

jueves, 13 de abril de 2017

La represalia de Trump ante el ataque químico en Siria

El 4 de abril de 2017, el poblado sirio de Khan Sheikhoun fue atacado con armas químicas, supuestamente por las fuerzas de Bashar Al - Assad, según fuentes del gobierno de los Estados Unidos. A los dos días, el 6 de abril, dos barcos de guerra estadounidenses, anclados en el Mediterráneo, lanzaron 59 misiles Tomahawk a una base aérea sira desde donde presuntamente despegaron los aviones que acometieron el ataque químico. Sobre estos acontecimientos y sobre el rol que Bolivia desempeñó en el Consejo de Seguridad se desarrolló la siguiente entrevista. 

En La otra cara de la Moneda de Tv Off Travel, 10/04/2017

viernes, 31 de marzo de 2017

La actual tensión entre Bolivia y Chile

Después del día del mar y de la tensión que se generó con Chile por los incidentes ocurridos en Antofagasta, en la frontera y en la zona del Silala; fui invitado a participar de la siguiente entrevista, en la cual tuve el gusto de compartir opiniones con el actual Ministro de la Presidencia, René Martínez, con el economista e internacionalista, Daniel Agramont, y con la periodista y moderadora, Susana Bejarano.      

En Esta Casa No es Hotel de ATB, 26/03/2017

domingo, 26 de marzo de 2017

Entrevistas por el día del mar 138

El 23 de marzo de 2017 Bolivia conmemoró un aniversario más de la batalla de Calama y el cumplimiento de 138 años de enclaustramiento. Esta vez, el día del mar, que es como se conoce a esa conmemoración, estuvo marcado por el efecto político y mediático que tuvo la presentación de la réplica boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, en el marco del proceso "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico"; y los tres incidentes que se produjeron en días previos: el retiro de la enseña patria del Consulado de Bolivia en Antofagasta, el encarcelamiento de dos militares y siete funcionarios de la Aduana boliviana en Chile, y la visita de una comitiva chilena, presidida por el Canciller Muñoz, al lado chileno de la región del Silala. 

Sobre estos y otros asuntos relacionados al día del mar, tuve la oportunidad de emitir mi opinión en las siguientes entrevistas: 

En CNN en español, 21/03/2017

En Dale la Vuelta a la Moneda de TV Off Travel, 22/03/2017 

En Levántate Bolivia de Cadena A, 23/03/2017


sábado, 25 de marzo de 2017

El Memorandum Trucco de 1961

Los efectos jurídicos del Memorándum Trucco serán evaluados por la Corte Internacional de Justicia a la luz de la buena fe demostrada en ese tiempo por las partes.
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Cuadernos 
El Embajador Manuel Trucco
Considerando que la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia se basa en todas esas promesas y compromisos que hizo y asumió Chile de manera unilateral y bilateral, de negociar un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso soberano al mar; cabe recordar lo sucedido antes y después del 10 de julio de 1961, cuando el Estado chileno emitió uno de sus pronunciamientos unilaterales más importantes: el Memorándum Trucco.
En efecto, ese día, el Embajador de Chile en La Paz, Manuel Trucco Gaete, entregó al canciller boliviano, Eduardo Arze Quiroga, un Memorándum que reiteraba el compromiso asumido por Chile en 1950 de “entrar, formalmente, en una negociación destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”.
Cuando el canciller chileno de la época, Carlos Martínez Sotomayor, tuvo que explicar por qué autorizó la entrega de dicho documento, dijo que era para evitar dos cosas: que Bolivia lleve su reclamo marítimo a la Conferencia Interamericana que debía reunirse en esos días en Quito - Ecuador y que se introduzca en la Constitución boliviana un precepto sobre el asunto marítimo, tal como efectivamente se había anunciado poco antes.
No obstante, la verdadera razón, o al menos la más importante según el diplomático boliviano Jorge Escobari Cusicanqui (2013), estaba relacionada con la intención que tenía Chile de desviar el río internacional Lauca. Ciertamente, pese a las numerosas reservas que Bolivia interpuso respecto a la ilegalidad de los trabajos de captación que Chile realizaba en su territorio para desviar el río Lauca, esos trabajos continuaron y estaban a punto de concluir.
Algún tiempo después, Arze dijo que no experimentó ninguna satisfacción al recibir el Memorándum, “Tenía en la mente más que el problema portuario, la cuestión del Lauca que ya era una cuestión candente (…). Se sabía, en ese momento, que las obras de desvío estaban muy avanzadas. Visiblemente el Memorándum estaba destinado a adormecer la atención del gobierno de Bolivia…”.
En ese sentido, y de acuerdo a las instrucciones del Presidente Paz Estensoro, Arze no contestó inmediatamente al ofrecimiento unilateral chileno y continuó las gestiones que venía realizado para impedir el desvío del Lauca. Luego, cuando las cosas parecieron haber mejorado, el 9 de febrero de 1962, Bolivia respondió mediante otro Memorándum en el que expresaba su conformidad en iniciar las negociaciones.
Así empezaron las tratativas sobre el problema marítimo por un lado y sobre el caso del Lauca por el otro, puesto que Bolivia aún lo consideraba un asunto pendiente. Sin embargo, a mediados de marzo, el gobierno chileno aclaró que no aceptaba vincular ambos temas. Lo cual, según Escobari, no era más que un pretexto para no cumplir el ofrecimiento de negociar el asunto del mar y desviar el río Lauca.
En ese contexto, el canciller chileno restó validez al Memorándum Trucco, al decir que “no se trata de una nota oficial, no está firmado y solo contiene una exposición de puntos de vista de Chile en ese momento”. Con lo que naturalmente se terminó por derrumbar cualquier posibilidad de entendimiento. Poco después, el Presidente chileno, Jorge Alessandri, ordenó abrir las compuertas de los canales que desviarían al río Lauca hacia territorio chileno y Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Santiago ese mismo día, el 14 de abril de 1962.
Así concluyó la negociación que se inició con el Memorándum Trucco, cuyos efectos jurídicos serán evaluados por la Corte Internacional de Justicia a la luz de la buena fe demostrada en ese tiempo por las partes.

jueves, 23 de marzo de 2017

Lo que viene después del fallo de La Haya

Con la presentación de la réplica de Bolivia en el juicio sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico" ante la Corte Internacional de Justicia, comienza la última fase de los alegatos escritos que concluirá en septiembre de este año cuando Chile presente su dúplica. Después de eso vendrá la fase oral que es mucho más corta y finalmente el fallo final, que se espera sea emitido en el segundo semestre de 2018. Teniendo en cuenta esta realidad y el contexto en que se produce, marcado por el día del mar, tuve la oportunidad de participar en las siguientes entrevistas.  

En Al Día de la Red Bolivisión, 20/03/2017

En Hora 23 de la red Bolivisión, 20/03/2017

En La Primera de la red ATB, 21/03/2017

domingo, 12 de marzo de 2017

Bolivia y el uso de armas químicas en Siria

La representación de Bolivia ante el Consejo de Seguridad, antes de alinearse con la postura de rusos y chinos, debería privilegiar los intereses de nuestro país en materia de seguridad transfronteriza.

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Después de un ataque con armas químicas en el poblado de Ghouta.
Foto: Reuters

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

El 21 de septiembre de 2013, el pueblo sirio de Ghouta fue atacado con bombas de gas sarín, causando la muerte agónica, cruel y dolorosa de más de 350 civiles, incluyendo mujeres y niños. Los autores de tan horrendo crimen no han sido identificados hasta la fecha porque las partes del conflicto y los países que han decidido intervenir en el mismo no se han puesto de acuerdo respecto a las responsabilidades. Mientras que el grupo integrado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, conocido como la “troika occidental” en el Consejo de Seguridad, responsabiliza al gobierno de Bashar al-Ásad, este último culpa a los rebeldes que luchan en su contra y a los terroristas que controlan parte de su territorio.    

El uso de gas sarín y de otros agentes químicos letales para aniquilar seres humanos es un crimen de guerra que se encuentra prohibido por varios tratados multilaterales como la Convención sobre las Armas Químicas de 1993 que prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas. Asimismo, de acuerdo a la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, cuya aplicación está a cargo de un Comité presidido actualmente por Bolivia; todos los Estados deben abstenerse de suministrar apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas químicas, biológicas y/o nucleares.  

No obstante, a pesar de esas prohibiciones y a pesar de que el gobierno sirio terminó de adherirse a la Convención de 1993 en octubre 2013, los ataques químicos en contra de los civiles sirios continuaron en 2014, 2015 y 2016. Ante lo cual, el Consejo de Seguridad, del cual Bolivia es actualmente miembro no permanente, adoptó las resoluciones 2235 (2015), 2209 (2015) y 2319 (2016), mediante las cuales decidió que la República Árabe de Sira no debe emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar ni conservar armas químicas. Pero no pudo adoptar medidas más enérgicas debido a la oposición de Rusia y China que, como miembros permanentes del Consejo, ejercieron su poder de veto para defender al gobierno sirio, cuya permanencia en el poder está muy en la línea de sus intereses económicos y geopolíticos en la región. 

Ciertamente, la última vez que rusos y chinos vetaron una Resolución del Consejo de Seguridad sobre este tema fue a finales de febrero, cuando sólo Rusia, China y Bolivia votaron en contra de una moción presentada por más de 40 países, liderados por la troika occidental, que básicamente pretendía sancionar a entidades y personas del gobierno sirio, supuestamente vinculadas a la producción y uso de armas químicas (S/2017/172).  

Las razones argüidas por los representantes de Moscú, Beijing y La Paz coincidieron en señalar que las listas de las entidades y personas a ser sancionadas no habían sido aprobadas por el Mecanismo creado con ese propósito en 2015; que la referida Resolución podía entorpecer el proceso de paz de Ginebra, que ha garantizado el cese al fuego entre el ejército sirio y los rebeldes por ya casi tres meses; y que someter a votación un proyecto de resolución que todos sabían que sería vetado, revela los fines políticos de sus promotores (S/PV.7893).

Pero más allá de las explicaciones, es bien sabido que Siria tiene una importancia estratégica para Rusia y China, pero no para Bolivia.

La Federación Rusa, en razón de sus acuerdos con Damasco, posee dos bases militares en territorio sirio: la base naval de Tartus que le permite acceder al mar Mediterráneo y la base aérea de Latakia, que sirve a sus aviones para operar en la zona. Asimismo, las importantes reservas de gas natural que posee Siria y la necesidad que tienen los proyectos gasíferos de los países del golfo Pérsico de pasar por territorio sirio para llegar a Europa, han hecho que Moscú vea con recelo cualquier cambio de la situación en Siria, que pueda trascender en la pérdida de mercados europeos para su gas en favor de la competencia árabe.

Por tales motivos, y porque el gobierno sirio es un buen comprador de armas rusas, el Kremlin ha hecho todo lo posible por impedir el derrocamiento de al-Ásad. 

Por su parte, la República Popular China, siguiendo su tradicional política de absoluto rechazo a la interferencia en asuntos internos de los Estados, que le ha servido para exigir la no injerencia de la comunidad internacional en Taiwán, Xinjiang y Tíbet, y más recientemente también en la disputa por el mar de la China meridional; ha rechazado enérgicamente las intervenciones de las potencias occidentales en Siria, y también ha tenido que repudiar la participación de Rusia, que ha incursionado en la zona para bombardear a los terroristas que representan un riesgo para la continuidad del régimen sirio.

Al gobierno de Beijing además le interesa ampliar su influencia en la región, mostrándose como una alternativa al dominio de las potencias occidentales, para lo cual ha estado apoyando económica y humanitariamente a Siria, como una forma distinta de abordar el conflicto. En esa misma línea, cabe considerar el proyecto chino “un camino, un cinturón” que, siguiendo lo que fue “la ruta de la seda”, busca conectar al gigante asiático con Oriente Próximo, Europa y África, mediante la construcción de carreteras y líneas férreas que también tendrían que pasar por Siria. Por lo que, la resolución del conflicto sirio se ha convertido en una prioridad para China.

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia los intereses no están tan claros, pues más allá del incentivo que pueda tener el actual gobierno por reafirmar su política antiimperialista, rechazando todo lo que venga de los Estados Unidos; no existen vínculos comerciales ni diplomáticos con Siria que justifiquen el apoyo a su gobierno, que es además un régimen autocrático. De hecho, la representación boliviana, antes de alinearse con la postura de rusos y chinos, debería privilegiar los intereses de nuestro país en materia de seguridad transfronteriza. 

Efectivamente, considerando que Chile mantiene cientos de miles de minas antipersona y antitanque en la frontera con nuestro país, rechazar una Resolución que sanciona a un país por el uso de armas no convencionales, puede sentar un precedente negativo y hasta peligroso para nuestros intereses.     

En otras palabras, no debemos priorizar las discrepancias o afinidades político-ideológicas que siempre las hay en las relaciones internacionales, ni debemos apostar todo a un solo bando cuando nuestros intereses vitales no están en riesgo; es necesario anteponer las razones de Estado, como hacen la mayoría de los países, y no porque crea que Bolivia debió haber votado a favor, pero sí al menos abstenerse. 

miércoles, 1 de marzo de 2017

La Réplica de Bolivia ante la CIJ

De acuerdo a los plazos establecidos por la Corte Internacional de Justicia en el caso Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, Bolivia deberá presentar su Réplica hasta el 21 de marzo de 2017. Sobre dicha presentación tuve la oportunidad de participar en las siguientes entrevistas:

En A Puerta Abierta de PAT, 19/02/2017


En Tres en Línea de BTV, 22/02/2017

domingo, 19 de febrero de 2017

Acceso soberano al mar

Es preciso encontrar una definición de "acceso soberano al mar" que nos ayude a ganar el juicio y que luego nos permita negociar sin limitaciones. 


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Por: Andrés Guzmán Escobari 

Al finalizar la fase preliminar del juicio sobre la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico entre Bolivia y Chile, el juez Hisashi Owada preguntó a las partes qué entienden por "acceso soberano al mar”, ya que ambos contendientes habían utilizado esa expresión durante el proceso y no es un término reconocido por el derecho internacional consuetudinario. 

No obstante, el término no llegó a ser precisado en aquella ocasión porque Bolivia respondió que no correspondía definirlo en la fase preliminar, referida exclusivamente a la competencia de la Corte Internacional de Justicia en este caso; y porque Chile respondió que el significado de dicho término, tal como había sido utilizado en su objeción preliminar de competencia, "es el mismo que Bolivia usó en su Aplicación y Memoria”. 

Ante lo cual, la Corte, después de evaluar éstos y otros argumentos, decidió rechazar la objeción preliminar chilena y se declaró competente por 14 votos a favor de 16 posibles, dándole la razón a Bolivia y dejando pendiente  la definición de "acceso soberano al mar”. 

Por tanto, lo que vaya a decir Bolivia al respecto en la fase de fondo será crucial para el desenlace de este juicio, no sólo porque la representación nacional no definió el término hasta ahora, sino sobre todo porque Chile ya adelantó que tiene la misma postura que nuestro país en este punto.

Aun así, para Bolivia, más importante que precisar el término de referencia, es desbaratar el malicioso argumento chileno de que no es posible recuperar un acceso soberano al mar sin modificar el Tratado de 1904, porque sí es posible. Mientras no se altere la línea fronteriza que define ese instrumento en su artículo 2, ni se altere tampoco ninguna de sus otras cláusulas, no hay necesidad de modificarlo. 

En otras palabras, la cesión de soberanía territorial en un enclave, puerto, isla o cualquier otro espacio costero que no afecte al límite fronterizo actual, podría servir para resolver este asunto en los términos que plantea la demanda boliviana.

En este punto, es muy importante aclarar que si bien nuestra demanda no busca revisar el Tratado de 1904, si Chile llegara a consentir que se modifique para darle a nuestro país un acceso soberano  al mar con continuidad territorial, como tantas veces lo ha ofrecido en el pasado, naturalmente que Bolivia no opondría ninguna objeción.

Pero volviendo a lo que entendemos por "acceso soberano al mar”, es preciso considerar que la mayor parte de las veces que las autoridades bolivianas usaron esa expresión, lo hicieron demandando que ese acceso no sólo sea "soberano”, sino también "libre y útil”, tal como se puede evidenciar en los discursos y declaraciones de los representantes del Gobierno de Bolivia que de alguna forma quedaron registrados.

En efecto, después de repetir muchísimas veces ante Chile y ante el mundo que el objetivo de la política de reintegración marítima boliviana es recuperar un acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico; queda absolutamente claro que Bolivia no busca una soberanía pura y simple, sino que ésta debe estar acompañada de los atributos de libertad y sobre todo de utilidad, en el sentido de que debe servir verdaderamente a los intereses presentes y futuros del país. 

Con esto, sin embargo, volvemos al tema de la continuidad territorial, pues no sería del todo útil ni mucho menos libre, un acceso soberano al mar que igualmente requiera transitar por el territorio de otro país.

 No obstante, todos esos detalles deberán ser considerados y consensuados, si es que el fallo de la Corte resulta favorable a Bolivia, en una negociación de buena fe, incluso con  Perú, si es que su participación se hiciera necesaria en conformidad al Protocolo chileno-peruano de 1929.

Por otra parte, en cuanto a los actos unilaterales y compromisos bilaterales mediante los cuales Chile se obligó a negociar un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso plenamente soberano al mar, tenemos, por ejemplo, que en las negociaciones de 1950, ambos países emplearon el término "salida propia y soberana al Océano Pacífico”, el cual fue reiterado unilateralmente por el gobierno de La Moneda en 1961.

Asimismo, en 1975, las dos partes se refirieron a "la cesión de una costa marítima soberana”, en el caso boliviano que "deberá prolongarse con una faja territorial soberana desde dicha costa hasta la frontera boliviano-chilena, incluyendo al ferrocarril Arica-La Paz” y, en el caso chileno, "unida al territorio boliviano por una faja territorial, igualmente soberana”. 

En esa misma ocasión Chile aclaró: "Producido el acuerdo final se dejará testimonio solemne de que la cesión territorial que permite la salida soberana al mar, representa la solución plena y definitiva a la situación de mediterraneidad de Bolivia”. Lo que en los hechos representa un reconocimiento formal de parte del Estado chileno de que la cesión de soberanía territorial a Bolivia es la forma de resolver este entuerto definitivamente. 

Por último, también cabe recordar las resoluciones de la OEA aprobadas con el voto favorable de Chile en 1980, 1981 y 1983, en las cuales se declaró "de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico”. 

Considerando todo esto, y considerando también que el concepto de soberanía ha evolucionado mucho desde que perdimos ese atributo sobre las costas del Pacífico hace ya 138 años, es preciso encontrar una definición que nos ayude a ganar el juicio y que luego nos permita negociar sin limitaciones, de manera que podamos plantear soluciones creativas y realistas, que consideren los intereses de todas las partes involucradas, y que sobre todo trascienda en una solución verdaderamente definitiva.

Nuestra representación tiene por tanto la enorme responsabilidad de definir qué entendemos todos, incluso los chilenos, por "acceso soberano al mar” y, en ese sentido, cabe señalar que de acuerdo a nuestros intereses nacionales, es preciso flexibilizar viejas posturas respecto a la soberanía plena y absoluta. 

Como bien dice el Dr. Fernando Salazar Paredes en su libro Desatando Nudos (2006), "Si Bolivia pudiera poner a un lado, aunque sea momentáneamente, el tradicional concepto de soberanía, la solución podría estar más cerca de lo imaginable”.