Por: Andrés Guzmán
Escobari.
Publicado en la Revista Datos
Durante la última semana de marzo
y la primera de abril de este año ocurrió un hecho que extrañamente no tuvo
mucha repercusión en Bolivia y que, sorprendentemente, tampoco provocó la
reacción que ameritaba de parte del gobierno de Evo Morales: el paro de
actividades en varios puertos chilenos en los cuales, según lo acordado bilateralmente;
Chile debería garantizar el libre tránsito de las mercancías bolivianas a
perpetuidad y en todo tiempo sin excepción alguna.
En efecto, según el Tratado de
Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, “la República de Chile reconoce en
favor de la de Bolivia y a perpetuidad,
el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos
del Pacífico” (artículo 6). Asimismo, mediante la Convención sobre Tránsito de 16
de agosto de 1937, el gobierno chileno “reconoce y garantiza el más amplio y
libre tránsito a través de su territorio y puertos mayores para las personas y
cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia”, lo cual – aclara ese
mismo documento – “comprende toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).
No obstante, tal como ha ocurrido
en varias oportunidades desde que dichos acuerdos fueron suscritos, el libre tránsito
del comercio boliviano fue interrumpido en los puertos chilenos debido a la
paralización de las actividades portuarias que provocó, una vez más, la
cuestionable administración de dichos puertos, cuya operación fue entregada por
el Estado chileno a empresas privadas a principios de este siglo, a pesar del
rechazo que opuso Bolivia.
En esta ocasión, el paro fue
provocado por un desacuerdo entre las empresas privadas que operan los puertos y
los trabajadores portuarios, quienes exigen el pago de una compensación por el
menor tiempo que tienen para almorzar en comparación con los obreros de otras
industrias chilenas. De hecho, según el dirigente sindical de Puerto Central,
Sergio Vargas, lo que piden es una pausa de media hora para almorzar o
alternativamente, una compensación de hasta 21 dólares americanos en los
puertos de mayor tráfico (La Tercera, 8/04/2013). Sin embargo, los privados se
rehusaron a realizar el pago y la interrupción de los servicios portuarios, que
comenzó en Mejillones, se extendió a diez puertos más.
Finalmente, después de dos
semanas de negociaciones en las que incluso tuvo que intervenir el gobierno de
Santiago, las partes llegaron a un acuerdo que contempla una compensación de 7,6
dólares de colisión. No obstante, Vargas advirtió que el paro puede reiniciarse
en cualquier momento.
Este paro portuario, que provocó
grandes perjuicios no sólo al comercio boliviano sino también al chileno, es un
claro incumplimiento de Chile a los convenios suscritos con Bolivia en materia
de libre tránsito porque, como hemos visto, los compromisos que asumió ese país
deberían ser aplicados “en todo tiempo sin excepción alguna”. Lo cual demuestra
que el actual gobierno chileno no tiene entre sus prioridades cumplir y hacer
cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, tal como tantas
veces lo han asegurado sus autoridades en el último tiempo.
Si bien es cierto que se debe
aplicar el principio de buena fe en la interpretación de los Tratados y
entender que ningún puerto en el mundo está exento de este tipo de
eventualidades, es también una realidad que las interrupciones portuarias se
han incrementado considerablemente desde que los puertos chilenos pasaron a
manos privadas y que, por la sensibilidad que entraña la ejecución del Tratado
de 1904 en relación al derecho de libre tránsito que, valga recordar, es una de
las exiguas compensaciones que Bolivia recibió por su amplio, rico y único
litoral; lo mínimo que debemos esperar es que Chile cumpla sus
compromisos.
