Por: Andrés Guzmán Escobari
El mes pasado pude acercarme un poco más a comprender la percepción que tienen en Chile sobre la demanda marítima boliviana porque tuve la oportunidad de conversar con varios chilenos – expertos y no expertos en el tema – en las dos visitas que tuve el gusto de realizar a Santiago en abril de 2013. La primera para dar una charla en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde fui invitado para dar a conocer la visión que tenemos en Bolivia sobre el tema del mar a los alumnos de esa institución y al Grupo Bolivia, que es una organización de intelectuales chilenos de izquierda, muy favorable a encontrar una solución a este largo y difícil problema; y la segunda, para participar del encuentro binacional de personalidades entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes personajes políticos y académicos de los dos países entre los cuales destacan Carlos Mesa de Bolivia y Carlos Ominami de Chile.
Muy a pesar de que estuve en un ambiente favorable a encontrar una solución, noté cierto malestar y un rechazo generalizado hacia la decisión boliviana de acudir a tribunales internacionales. De hecho, fue particularmente interesante observar el antes y el después de la presentación de la demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, porque estuve en Santiago precisamente los días previos e inmediatamente posteriores al 24 de abril de 2013. En ese tiempo pude evidenciar que hubo sorpresa primero y luego cierta molestia y un amplio rechazo a la demanda boliviana. Lo cual no lo esperaba porque la presentación de esa demanda fue anunciada con dos años de antelación y porque se trata de un medio pacífico de controversias, ampliamente aceptado por la comunidad internacional y reconocido por el Estado chileno en sendas convenciones multilaterales y en acuerdos bilaterales como las notas revérsales intercambiadas por los Cancilleres Manuel Bianchi de Chile y Alberto Ostria de Bolivia en enero de 1941.
Asimismo, también me sorprendió la reacción de la gran mayoría de los candidatos a la presidencia de Chile, que respondieron con una contundente negativa a reconocer la existencia de un problema y con el ánimo de encender pasiones nacionalistas llamando a “cerrar filas”. El único que mantuvo la calma fue Marcel Claude del Partido Humanista que llegó a decir que está a favor de ceder mar y territorio a Bolivia si eso se acepta en un plebiscito.
Por otra parte, no me causó ninguna sorpresa la clara y firme posición del Presidente Piñera, quien afirmó que usará toda la fuerza del mundo para defender el territorio chileno y que no cederá soberanía a ningún país. Esto último a pesar de que muy prontamente el fallo de esa misma Corte respecto al caso de la delimitación marítima chileno – peruana, podría imponerle a Chile la obligación de devolverle territorios al Perú.
Empero, lo que más me llamó la atención fue la absoluta e incomprensible subestimación que predomina en la sociedad chilena hacia lo que esta demanda puede significar. La mayor parte vaticinaba un fracaso de La Paz en La Haya como el sufrido en Ginebra en 1921, y algunos incluso llegaron a decirme que esta vez la decepción será tal, que el reclamo más que centenario de Bolivia quedará sepultado para siempre.
Por ese motivo, en todos los foros que me tocó intervenir y en todas las conversaciones que sostuve sobre este tema, intenté dejar en claro que el trabajo realizado por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de Bolivia (DIREMAR), ha sido tomado con la seriedad y el profesionalismo del caso y que ese trabajo se realizó bajo la dirección de un equipo de abogados de altísimo prestigio internacional, como Antonio Remiro Brotons y Philippe Sands, entre otros; quienes no por favorecer la candidatura de Evo Morales el próximo año, van a arriesgar su reputación tan trabajosamente conseguida.
Asimismo, también les recordé que antes y después del Tratado de 1904, Chile se comprometió formalmente y en varias oportunidades a ceder una salida soberana al mar a Bolivia. Por lo cual, y siempre aclarando que no se trata de un acto inamistoso, la petición boliviana establece que el objeto de la controversia se basa en: a) la existencia de una obligación; b) el incumplimiento de esa obligación por parte de Chile y; c) el deber de Chile de cumplir con dicha obligación.
¿Que la Corte no tiene competencia? El artículo 36 de su Estatuto establece claramente que los Estados parte deben aceptar la jurisdicción de la Corte en controversias de orden jurídico que se le presenten y que versen sobre “la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional”, entre otras cosas.
Por tanto, el proceso iniciado por Bolivia y aceptado por Corte, si bien es un camino que el gobierno de Chile pudo haber evitado; ahora debe entenderse como una buena oportunidad para resolver este difícil y largo problema y no como un intento por enemistarnos aún más. De hecho, ahora que el tema marítimo boliviano debe ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia y no mediante el diálogo bilateral; nuestros gobiernos pueden aprovechar para tratar todos los demás temas de la agenda bilateral de 13 puntos, que son asuntos de mucha importancia para ambos países, algunos de ellos también de alta complejidad, y que no han sido abordados desde que se interrumpió el diálogo en noviembre de 2010.
Finalmente, es importante considerar que nuestra generación atestiguará la resolución de los conflictos del Pacífico sur por la vía judicial y que dependerá de la voluntad y sabiduría de quienes nos gobiernan para dar a esas soluciones un carácter definitivo. No obstante, para que eso sea posible, es indispensable el apoyo mayoritario del pueblo boliviano, peruano y chileno y es ahí donde precisamente no cabe ningún tipo de subestimación.
