Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación.
Por Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete
Desde 2006, Bolivia ha procurado adoptar un papel activo en la lucha global contra el cambio climático, tratando de posicionarse como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, este enfoque ha estado marcado por una retórica confrontacional y una falta de coherencia entre el discurso internacional y las políticas internas. A pesar de haber ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1994 y haber mantenido una participación continua en las Conferencias de las Partes (COP), así como de adherirse al Acuerdo de París en 2016, Bolivia enfrenta el desafío de alinear su política exterior con acciones concretas que promuevan un desarrollo sostenible y reduzcan su vulnerabilidad climática. En la siguientes líneas se examinan las etapas de la política climática boliviana desde 2006, desde el punto de vista del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con base en el informe global de 2018.
Entre 2006 y 2011, la política exterior boliviana se caracterizó por un discurso radical que identificaba al capitalismo como la raíz del cambio climático. Este enfoque, aunque tuvo aceptación en ciertos círculos del ámbito regional, no se tradujo en acciones efectivas a nivel interno. Bolivia se opuso firmemente a los mecanismos de mercado, como los derechos de emisión de CO2, argumentando que mercantilizaban la naturaleza. Sin embargo, esta postura no estuvo acompañada de una estrategia clara para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ni para diversificar su economía, altamente dependiente de la explotación de recursos naturales. Durante negociaciones como la COP15 (Copenhague, 2009) y la COP16 (Cancún, 2010), Bolivia adoptó una postura agresiva, criticando a los países desarrollados por su falta de responsabilidad climática. Aunque logró apoyo de algunos países aliados, su enfoque confrontacional terminó aislándola y limitando su capacidad de influencia.
A partir de 2012, Bolivia ingresó en una nueva etapa, moderó su retórica, pero mantuvo su enfoque en la justicia climática y la defensa de los países más vulnerables. Sin embargo, persistieron las contradicciones entre su discurso internacional y sus políticas internas. Mientras el gobierno promovía la expansión de la frontera agrícola, la industrialización de los recursos naturales y la explotación del gas natural y el litio, su discurso en foros internacionales criticaba el extractivismo y abogaba por un modelo de desarrollo sostenible. La contradicción se profundizó con las quemas y desmontes en la Chiquitania, la depredación aurífera en áreas protegidas y los conflictos con comunidades originarias. Estos hechos erosionaron la credibilidad de la política climática boliviana.
El Informe de Desarrollo Sostenible 2018 ofrece un marco global para evaluar los avances de Bolivia en los ODS. En materia de cambio climático (ODS 13), la situación es crítica: las emisiones globales siguen aumentando, y Bolivia es uno de los países más vulnerables a eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones. En biodiversidad (ODS 15), la deforestación y la pérdida de hábitats siguen siendo preocupantes, particularmente en la Amazonía y la Chiquitania. En energía (ODS 7), si bien Bolivia ha logrado avances en el acceso a la electricidad, la transición hacia fuentes renovables es aún limitada. En agua y saneamiento (ODS 6), persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales. En reducción de la pobreza (ODS 1) y hambre cero (ODS 2), Bolivia mostró progresos, pero la vulnerabilidad climática amenaza con revertir estos logros.
La adhesión de Bolivia al Acuerdo de París en 2016 representó un paso importante, pero no resolvió las contradicciones estructurales de su política climática. El país defendió en las COPs un enfoque de justicia climática, resaltando la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Sin embargo, la falta de políticas domésticas para reducir emisiones y mitigar la deforestación debilitó la coherencia de su postura. La resistencia a los mecanismos de mercado, respaldada por la Ley de Derechos de la Madre Tierra, cerró la puerta a fuentes de financiamiento climático que podrían haber apoyado proyectos de adaptación y mitigación.
Bolivia ha construido un discurso internacional singular, basado en la defensa de la Madre Tierra como sujeto de derechos. Este enfoque, plasmado en la Constitución de 2009 y en la Ley N.º 71, es innovador en el plano normativo. Sin embargo, la implementación práctica ha sido deficiente. La contradicción entre un marco legal avanzado y una política económica basada en el extractivismo expone la fragilidad de la gobernanza ambiental en Bolivia. El país se enfrenta a un dilema: sostener un discurso de justicia climática mientras su modelo de desarrollo reproduce los patrones que critica.
