El gobierno boliviano, en un acto sin precedentes en la historia del libre tránsito de Bolivia, propició la suspensión de su rehabilitación.
Por: Andrés Guzmán Escobari
La principal compensación que Bolivia recibió a cambio de su vasto, rico y único litoral, es el más amplio y perpetuo derecho de libre tránsito por territorio y puertos chilenos, que fue concebido y reglamentado por el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Ese derecho, según el espíritu y letra de esos mismos instrumentos, debía ser ejercido y garantizado principalmente a través del ferrocarril Arica-La Paz, que desde hace ya casi veinte años no funciona.
Ciertamente, tras cerca de nueve décadas de funcionamiento relativamente regular, el año 2001, una fuerte tormenta ocasionó serios destrozos en el tramo Arica-Visviri, que afectaron de tal manera a la empresa que administraba esa parte de la vía, que nunca más pudo reponerse. Se realizaron algunos viajes más en los años que siguieron hasta que, en noviembre de 2005, la empresa tuvo que declararse en quiebra y desde entonces, el ferrocarril Arica-La Paz permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera.
Según el documento “Libre Tránsito de Bolivia, la realidad” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2015), se hicieron al menos dos fases de reconstrucción del ferrocarril, una de ellas rimbombantemente inaugurada por el mismo presidente Sebastián Piñera, sin que eso trascienda en una verdadera reposición del servicio.
Pero cuando finalmente se anunció la rehabilitación de la vía y las dos empresas concesionarias realizaron un exitoso viaje de prueba, que trasladó más de 400 toneladas de bobinas de acero de Arica hasta Oruro; el gobierno boliviano, en un acto sin precedentes en la historia del libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, propició la suspensión de dicha rehabilitación.
En efecto, a mediados de mayo de 2021, con la intención de evitar los bloqueos de los transportistas sindicalizados bolivianos que se habían movilizado en protesta por la rehabilitación del Ferrocarril Arica – La Paz, el Ministro de Obras Públicas sentó en una misma mesa a los representantes de la empresa encargada del tramo boliviano, Ferroviaria Andina S.A., y a los citados transportistas sindicalizados, para que firmen un acuerdo que estipula la suspensión de la rehabilitación y el levantamiento de los bloqueos.
Ese acuerdo no sólo contraría la tradicional política boliviana de hacer valer el derecho de libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, sino que además representa una limitación para el comercio de nuestro país, que ha perdido una interesante alternativa logística para el transporte internacional de carga por vía terrestre. Efectivamente, el ferrocarril es una opción altamente competitiva para los cargamentos que superan las 25 toneladas, que es el máximo peso que los camiones pueden transportar según las normas de tránsito carretero en ambos países.
Por ese motivo, la carga que supera ese peso debe ser dividida en dos o más camiones para ser transportada por carretera, con el consiguiente costo adicional que eso supone para los importadores y exportadores bolivianos.
Por esas mismas razones, algunos países sin litoral de otras partes del mundo, como Nepal, Bután o Laos, han estado haciendo grandes esfuerzos para conectarse con el mar a través de ferrocarriles y sus autoridades, seguramente se sorprenderían mucho al saber que existe un país sin litoral que desprecia la posibilidad de usar un ferrocarril ya construido y en condiciones de operar.
Pero una vez que el monopolio del transporte por carretera fue asegurado, las autoridades chilenas decidieron cambiar su política de control de la pandemia de Covid-19 y empezaron a realizar pruebas de hisopado (PCR) a todos los transportistas bolivianos que cruzan la frontera. Esto ralentizó considerablemente el flujo de camiones en los pasos fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga, y congestionó la carretera con largas filas de camiones bolivianos, que ahora deben esperar entre dos y tres días para completar un proceso que antes tomaba un par de horas.
Esta situación genera altos costos para los transportistas y comerciantes bolivianos, por la demora en el despacho o recepción de carga y el retraso en la devolución de contenedores (demurrage); sin mencionar el intenso frío que deben soportar los transportistas, especialmente en esta época del año, en esa zona fronteriza, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Aunque no queremos decir que el cambio de política de control sea una represalia de las autoridades chilenas por la suspensión del proceso de rehabilitación del ferrocarril, queda meridianamente claro, una vez más, que el derecho de libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos, depende directamente de los vaivenes políticos de nuestros vecinos, quienes muy rara vez – para no decir nunca– consideran los efectos que sus decisiones tienen sobre el comercio boliviano y el cumplimiento de los tratados.
Pero para evitar más disgustos, y mientras Bolivia siga siendo un país sin litoral, las autoridades chilenas y ahora también bolivianas, deberán encontrar la manera de dar fiel cumplimiento a lo establecido en los acuerdos bilaterales sobre libre tránsito, no sólo para honrar la fe y palabra de ambos Estados a la luz del derecho internacional, sino sobre todo, para contribuir a mejorar la competitividad del comercio internacional boliviano.
