Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras
Con el total de la vía en manos de privados chilenos, se creyó que su eficiencia aumentaría y que su funcionamiento estaría permanentemente garantizado, porque además, así lo establece la Convención de 1905. Pero ocurrió lo contrario, en 2001, una fuerte tormenta ocasionó el desborde del río Lluta que se llevó los rieles que lo sobrepasaban. Los costos de rehabilitación y los asociados a la interrupción del servicio, afectaron de tal manera a las finanzas de la AFCALP, que no pudo volver a generar rentabilidad ni con la reposición del servicio. En noviembre de 2005 la empresa se declaró en quiebra. Desde entonces, el ferrocarril Arica – La Paz, que es la principal compensación que Bolivia recibió por la entrega su vasto, rico y único litoral, se encuentra paralizado.
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El ferrocarril que une al puerto de Arica con El Alto de La Paz, junto a 300 mil libras esterlinas, créditos de hasta 5% para la construcción de otras líneas férreas en territorio boliviano y un derecho de libre tránsito, son las exiguas compensaciones que Chile dio a Bolivia a cambio de 400 kilómetros de costa y más de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio que, entre otras cosas, contienen el yacimiento cuprífero más grande del mundo. Esta inequitativa transacción, estipulada en el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, se agrava aún más si se considera que su ejecución dejó a Bolivia sin acceso al mar.
En cumplimiento a lo acordado en ese Tratado y en la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz fechada el 27 de junio de 1905, Chile construyó dicha línea férrea, la puso en funcionamiento a partir de 1913 y en 1928 traspasó a Bolivia la sección Charaña – La Paz.
En 1996, con la capitalización (privatización) de la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Bolivia (ENFE), la sección boliviana, Charaña – La Paz, pasó a depender de una empresa controlada por el Grupo Luksic de Chile. Un año más tarde, el tramo chileno, Arica – Visviri, que había sido administrado por el Estado chileno hasta ese entonces, fue entregado en concesión a la empresa chilena Administradora del Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. (AFCALP).
Con el total de la vía en manos de privados chilenos, se creyó que su eficiencia aumentaría y que su funcionamiento estaría permanentemente garantizado, porque además, así lo establece la Convención de 1905. Pero ocurrió lo contrario, en 2001, una fuerte tormenta ocasionó el desborde del río Lluta que se llevó los rieles que lo sobrepasaban. Los costos de rehabilitación y los asociados a la interrupción del servicio, afectaron de tal manera a las finanzas de la AFCALP, que no pudo volver a generar rentabilidad ni con la reposición del servicio. En noviembre de 2005 la empresa se declaró en quiebra. Desde entonces, el ferrocarril Arica – La Paz, que es la principal compensación que Bolivia recibió por la entrega su vasto, rico y único litoral, se encuentra paralizado.
Este hecho no es menos que una flagrante violación a la Convención de 1905, y por tanto al Tratado de 1904 que ésta reglamenta, pues en ella está claramente establecida la obligación que tiene Chile de garantizar el funcionamiento permanente y perpetuo del ferrocarril. Se trata de una violación al Tratado de Paz porque, en este caso, la transgresión de la Convención de 1905, como la norma adjetiva y reglamentaria que se desprende directamente de la norma sustantiva marco que es el Tratado de 1904, constituye una inobservancia al propósito con el cual fue concebido ese Tratado en su parte referida a la construcción del ferrocarril Arica – La Paz, que innegablemente fue dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar.
Aun así, la rehabilitación del ferrocarril no parece ser una prioridad para el gobierno chileno, que si bien ha llamado a una segunda licitación con ese propósito, no ha mostrado una verdadera voluntad política por restablecer el servicio ferroviario con la celeridad y urgencia que un compromiso internacional de estas características amerita. Prueba de ello es el transcurso de casi un lustro de inactividad que al parecer se prolongará unos años más y la inexistencia de un compromiso serio con Bolivia para restablecer los servicios del ferrocarril, pese a la preocupación manifestada por parte de las autoridades bolivianas a las chilenas en los ámbitos correspondientes, como en la X Reunión del Comité de Frontera Bolivia – Chile, celebrada en agosto de 2009 en La Paz, y en la XXI Reunión del Mecanismo de Consultas políticas Chile – Bolivia de noviembre de ese año, realizada en la ciudad de Santiago.
Por todo lo dicho, la paralización del ferrocarril, además de constituirse en un incumplimiento por parte de Chile de los acuerdos mencionados, muestra una vez más una actitud hostil hacia Bolivia, que es la que no permite que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos. Porque además, el ferrocarril Arica – La Paz, conjuntamente con el derecho de libre tránsito, deberían servir para atenuar el costosísimo encierro geográfico que afecta a Bolivia desde hace 131 años, según el espíritu con el que fueron concebidos el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios.
NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.
