Existen varias dificultades que a lo largo de la historia han impedido alcanzar una solución al problema marítimo boliviano. En un principio fueron los intereses políticos y la falta de visión de los congresistas bolivianos; después se añadieron trabas legales impuestas en acuerdos internacionales, como el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que introdujo al Perú en ese asunto; seguidamente se agregaron posiciones nacionalistas intransigentes de ambas partes que, a través de los medios de comunicación, promovieron la oposición a cualquier intento de solución; a estos inconvenientes, luego se sumaron condiciones impuestas por Chile, como el canje territorial, que no permitieron llegar a buen puerto; todo ello siempre exacerbado por la extrema sensibilidad que conlleva este tema y determinado por una evidente falta de voluntad política de parte de los gobernantes, principalmente chilenos, que han tenido en sus manos la posibilidad de terminar con este largo y difícil problema.
Continuando esa tendencia, en los últimos años surgió un nuevo inconveniente, que hoy parece ser el principal obstáculo para llegar a un acuerdo que permita resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano, se trata del reconocimiento de la soberanía territorial de Bolivia sobre las costas del Pacífico, que los bolivianos demandan y los chilenos rechazan.
Se afirma que es nuevo porque en 1895, 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975, Chile aceptó solemnemente y por escrito, considerar la cesión de su soberanía territorial a Bolivia en un espacio situado en la zona fronteriza que comparte con Perú. Por lo cual, la inclusión del tema de la soberanía en las conversaciones para dar solución al problema marítimo boliviano, no es algo nuevo, sino que cuenta con repetidos e importantes antecedentes, que deben ser considerados a la hora de tratar este asunto.
Alguna vez se dijo que el gobierno chileno está imposibilitado de ceder soberanía territorial por la supuesta existencia de una restricción constitucional. Sin embargo, la Constitución Política de Chile no contiene referencia alguna a una posible cesión de territorios. En realidad, lo que generó esas suposiciones, fue la interpretación malintencionada de la ley chilena sobre Seguridad del Estado de 1958, actualizada en 1975, que establece una pena de 5 a 10 años de cárcel para los nacionales chilenos “que de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio propiciaran la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado Extranjero”. Sin embargo, es importante aclarar que esta disposición no coarta de ninguna manera la facultad del Estado chileno para suscribir tratados que modifiquen la superficie territorial chilena.
La primera vez que el gobierno chileno manifestó su intención de dejar fuera de las conversaciones con Bolivia al tema de la soberanía fue en abril de 2006, cuando la entonces Ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que su gobierno “está dispuesto a buscar una salida al mar (para Bolivia), pero eso no quiere decir que esté dispuesto a entregar soberanía...”. Luego, en septiembre de 2007, en la ciudad de La Paz, declaró que “cuando se plantean temas de cesión de soberanía (los chilenos) se ponen un poco a la defensiva”. Con esos comentarios, basados en encuestas realizadas a la población chilena, se establecieron los primeros argumentos de una postura que luego fue adoptada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien, el 19 de julio de 2010 afirmó, “Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía”
Por otra parte, según la postura boliviana, para resolver definitivamente este asunto, es necesario que Bolivia recupere un espacio territorial costero y marítimo con soberanía que le permita acceder libremente al mar; porque no se trata solamente de facilitar su acceso al mar, ni de mejorar y/o ampliar su flujo comercial por los puertos chilenos, sino de levantar el injusto encierro impuesto hace más de un siglo al pueblo boliviano y de permitir su reincorporación a la vecindad del mundo a través del mar de manera amplia e irrestricta. Y porque además, así lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que en su artículo 267, inciso II dice: “La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
Es importante que la demanda marítima de Bolivia sea clara y firme en sus objetivos centrales, pero no por exigir la más amplia y absoluta soberanía se debe caer en la intransigencia y en el alejamiento de la realidad. La diplomacia boliviana debe actuar en base a las nuevas realidades y concepciones del derecho internacional, sin claudicar en su importantísimo objetivo de reintegración soberana, pero considerando que también es necesario ceder para ganar. En ese sentido, es importante tener presente que para terminar definitivamente con este problema, es necesario que el acuerdo de solución contemple beneficios para todos los involucrados como la única forma de generar un ambiente de coexistencia pacífica, cordial y sincera entre los países que por su geografía concurren a las costas del Pacífico Sur.
Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.
