Bienvenido al Blog de Andrés Guzmán Escobari, donde encontrará artículos de opinión, entrevistas y reportajes sobre la demanda marítima boliviana y sobre otros temas de política internacional.
A mediados de julio, los
historiadores chilenos, José Miguel Concha y Cristian Garay, al primero de los
cuales conozco y aprecio mucho; presentaron un libro titulado “El Tratado de
1904. Negociaciones e intereses involucrados”, que fue publicado en La Paz por
Plural Editores.
Se trata de un interesante
análisis sobre las circunstancias y las causales que llevaron a la suscripción
del Tratado con el cual, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de
Chile sobre su vasto, rico y único litoral.
Para analizar objetivamente un
tema tan delicado y controvertido como el de referencia es necesario, entre
otras cosas, ponerse en el lugar del otro para comprender sus decisiones y
reacciones, y considerar asimismo, todos los factores que pudieron haber
influido en su comportamiento.
Tanto Concha como Garay cumplen
casi completamente con tales requisitos y es por eso que su libro aquí comentado
puede servir como un texto de referencia que tanto bolivianos como chilenos
deberíamos compartir, no tanto porque coincidamos con todas sus conclusiones,
sino porque es una verdadera investigación académica que puede ayudarnos a comprender
lo ocurrido en el pasado ahora que tendremos que enfrentar un proceso judicial en
la Corte Internacional de Justica de La Haya para resolver un problema que fue originado
precisamente por el Tratado de 1904: el
enclaustramiento geográfico de Bolivia.
La obra comienza refiriéndose a las
modificaciones territoriales que se registraron en Sudamérica entre 1870 y 1909
y aclara que Bolivia fue el país que más territorios perdió; luego describe con
notable rigor académico lo ocurrido en las negociaciones que produjeron los
Tratados de 1895, mediante los cuales – señalan textualmente los autores –,
“Chile reconoció expresamente la necesidad de otorgar a Bolivia una salida
soberana al mar” (Págs. 74 y 127).
En cuanto a la negociación del
Tratado de 1904, los autores afirman con particular énfasis que las bases de
dicho acuerdo fueron presentadas por el gobierno boliviano en 1902 a través de
Felix Avelino Aramayo y que, en dichas bases, nuestros gobernantes abandonaron toda
pretensión a un puerto en el Pacífico. No obstante, también reconocen la fuerte
presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia en esos años a través del asfixiante
régimen aduanero que impuso en Arica a partir de 1884; y destacan asimismo la
apremiante y difícil situación en la que se encontraba nuestro país en aquel
tiempo: en total bancarrota, debilitado militarmente después de dos guerras con
Brasil y sin haber definido ninguna de las otras fronteras (Argentina, Chile,
Perú y sobre todo Paraguay).
Sobre este último punto, sin embargo,
no se menciona la innegable influencia que tuvieron las advertencias que hizo
el representante de Chile en La Paz, Abraham Köning, a través de la nota que
remitió a la Cancillería boliviana el 13 de agosto de 1900. En la cual, a
tiempo de asegurar que Bolivia no tiene ningún derecho a exigir un puerto,
hacía saber que Chile podía reiniciar las hostilidades en cualquier momento y
con la misma facilidad con la que había iniciado la guerra, ya que su poderío
militar —decía— “se ha centuplicado en los últimos 20 años” (Libro Azul 2004:
Anexo 6).
Esas advertencias definieron el
contexto en el que se desarrollaron las negociaciones y sin duda que fueron
tenidas muy en cuenta por las autoridades bolivianas al momento de negociar la
paz con Chile. Asimismo, extraña la ninguna mención a la actuación del
representante chileno en Lima, Ángel Custodio Vicuña, quien en 1901, propuso a
las autoridades peruanas la “polonización de Bolivia”, es decir, la repartija del
territorio boliviano entre Perú, Brasil y Chile (Bustos, Carlos: Chile y
Bolivia. Un largo camino… 2004: 106), lo cual, naturalmente, también tuvo que
haber preocupado a las autoridades bolivianas.
Por lo dicho, podemos convenir en
que el Tratado fue consensuado por las partes y que Chile no hizo ningún
movimiento de tropas en ese tiempo; sin embargo, no es posible coincidir en que
las autoridades bolivianas actuaron libre y voluntariamente porque además del difícil
contexto que les tocó enfrentar, está el simple hecho de que nadie en su sano
juicio sacrifica un elemento esencial de su desarrollo sin que las
circunstancias le obliguen.
Aun así, la obra aquí comentada
es una apreciable contribución académica al estudio de lo ocurrido entre Chile
y Bolivia alrededor de 1904, y que es por eso, un trabajo que nos aproxima
mucho más a comprender las razones de nuestras diferencias.
El Canciller de Chile, Alfredo Moreno Charme, dijo hace unos días que los representantes del gobierno boliviano tienen un discurso cambiante y contradictorio porque el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, declaró que espera que ambos países retomen el camino del entendimiento en la eventualidad de que Michel Bachelet vuelva al poder; lo cual, según el Ministro chileno, contradice otras declaraciones que los gobernantes bolivianos habrían realizado anteriormente.
Si bien es cierto que se pueden encontrar algunas discrepancias entre lo que dijeron antes y lo que dicen ahora nuestros gobernantes, en relación a Chile no es posible demostrar que existan contradicciones. En este caso por ejemplo, sobre las conversaciones con Bachelet, Evo Morales aseveró en mayo de 2011: “hemos avanzado bastante” y acerca del tema marítimo que, valga recordar, fue parte de la Agenda de 13 puntos que ambos países negociaron entre julio de 2006 y noviembre de 2010; señaló: “estuvimos a punto de firmar la primera parte” (La Tercera, 01/05/2011). Y aunque también dijo en varias oportunidades que “dialogar con Chile es perder el tiempo" (La Tercera, 30/03/2011 y 18/03/2013), está claro que esa impresión la generó la actual administración de La Moneda y no la anterior. Por tanto, dada la imposibilidad de conversar sobre el tema marítimo con el gobierno de Piñera, es absolutamente comprensible y coherente que las autoridades bolivianas quieran abrir la posibilidad de retomar el camino del entendimiento con el próximo gobierno de Chile.
Por otra parte, estas acusaciones
de Santiago a La Paz de incurrir en contradicciones vienen a ser la
contrapartida de otros señalamientos muy parecidos enviados en febrero pasado pero
en sentido contrario. En efecto, como muchos recordarán, tras el impase que
ocasionó el apresamiento de tres soldados bolivianos en Chile; el gobierno
boliviano acusó al Presidente Piñera de contradecirse, llegando a producir un
spot televisivo en el que se muestran las supuestas contradicciones del
Mandatario chileno y que puede ser visto en:
Asimismo, resulta paradójico que
el Canciller Moreno califique de cambiantes y contradictorios los discursos de las
autoridades bolivianas cuando él mismo cambió de posición y se contradijo al
referirse a la Agenda de 13 puntos. Primero, el 14 de julio de 2010, permitió
que su Vicecanciller suscriba un Acta mediante la cual, en el punto seis, referido
al tema marítimo; Chile se comprometió formalmente a “proponer así como
alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas
reuniones del mecanismo de consultas políticas…”; y luego, el 5 de febrero de 2013,
a tiempo de responder a las quejas del Mandatario boliviano respecto a la esterilidad
del diálogo con el gobierno de Piñera, Moreno aseguró: “El presidente Morales
sabe perfectamente que el funcionamiento de esta comisión era de un trabajo en
conjunto, en el cual no hay proposiciones de un país o de otro” (Emol,
5/02/2013). Cuando uno de los principales compromisos asumidos por Chile en el
Acta mencionada era precisamente el de “proponer”.
Y hay más, la negativa de
Santiago a dialogar con La Paz sobre una posible solución al problema marítimo
boliviano es justamente el elemento que permitió a Bolivia presentar una demanda
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ésta falle y
declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que le otorgue a Bolivia
una salida soberana al mar; porque dicha negativa demuestra claramente que este
asunto no se ha podido resolver por la vía diplomática y representa asimismo, una
inobjetable contradicción de la política exterior chilena frente a este asunto,
pues como bien sabe Moreno o debería saber, desde el fin de la guerra del
Pacífico e incluso durante la misma contienda, su país mantuvo abierta, la
mayor parte del tiempo, la posibilidad de dialogar con Bolivia sobre este tema,
llegando incluso a ofrecer el territorio de Arica en varias oportunidades.
El 26 de noviembre de 1879, en
plena guerra del Pacífico, el Canciller de Chile, Domingo Santa María, escribió
a su Ministro de Guerra en Campaña, Emilio Sotomayor: “no podemos ahogar a
Bolivia… debemos proporcionarle por alguna parte puerto suyo”, iniciando así
una política que sería seguida por la gran mayoría de los gobiernos chilenos y
que se conoce como “la política boliviana”.
Entre los acuerdos y
declaraciones más importantes podemos mencionar que mediante el Tratado de
Trasferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, Chile se comprometió
formalmente a ceder Tacna y Arica a Bolivia si esas provincias quedaban bajo su
dominio después del plebiscito que debía realizarse para definir su
nacionalidad; que el 10 de enero de 1920, el Ministro Plenipotenciario de Chile
en La Paz, Emilio Bello Codesido, firmó un Acta Protocolizada con el Canciller
boliviano, Carlos Gutiérrez, en la que aceptó ceder a Bolivia una parte
importante de Arica y del ferrocarril Arica – La Paz; que el 21 de septiembre
de 1921, el representante chileno ante la Liga de las Naciones, Agustín
Edwards, declaró en nombre de su gobierno que Bolivia puede buscar satisfacción
en negociaciones directas y aseguró, enfáticamente, que ese es el único derecho
que Bolivia puede hacer valer; que en las conversaciones que sostuvieron el
Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago, Ricardo Jaimes Freyre, y el
Canciller chileno, Luis Izquierdo, este último aseguró mediante nota del 6 de
febrero de 1923 que pondría empeño en concretar las bases de una negociación para
la realización del anhelo boliviano en base a compensaciones y, el 23 de ese
mismo mes, dijo “hay que darle un puerto a Bolivia”; que el 9 de junio de 1926,
el Embajador de Chile ante los Estados Unidos, Miguel Cruchaga, presentó una
propuesta de solución al problema de Tacna y Arica que incluía la cesión de un
corredor para Bolivia, lo cual fue confirmado 14 días después por el Canciller
Beltrán Mathieu quien, en una Circular dirigida a todas las representaciones de
Chile en el extranjero, aceptó sacrificar en interés de Bolivia, una parte de
Arica; que el 4 de diciembre de 1926, a través del Canciller, Jorge Matte
Gormaz, Chile aceptó en principio la propuesta que hizo el Secretario de
Estado, Frank Kellogg, de ceder a Bolivia Tacna y Arica; que el 20 de junio de
1950, el gobierno de Chile, por medio de una nota de su Canciller, Horacio
Walker Larraín, al Embajador de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez, aceptó
ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a
no recibir por ello compensaciones territoriales; que el 29 de marzo de 1951,
el Presidente chileno, Gabriel González Videla, dijo estar dispuesto a
solucionar la mediterraneidad de Bolivia dándole una salida propia al mar; que el
21 de julio de 1961, el Embajador de Chile en La Paz, Manuel Trucco, remitió un
Memorándum a la Cancillería paceña en el que ratificó la vigencia del
compromiso de 1950; que el 29 de mayo de 1969, el Canciller chileno, Gabriel
Valdés, reiteró los alcances de las notas de 1950 y del Memorándum de 1961; que
el 8 de febrero de 1975, el Presidente de Chile, Augusto Pinochet, suscribió
una Declaración con su homólogo boliviano, Hugo Banzer, en la que se
comprometió a buscar fórmulas de solución a los asuntos que ambos países
confrontan como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia; y que el
19 de diciembre de 1975, el Canciller chileno, Patricio Carvajal, envió una
nota al Embajador boliviano, Guillermo Gutiérrez, en la cual aceptó
considerar la cesión a Bolivia de una
costa marítima soberana, unida al territorio boliviano por una faja territorial
igualmente soberana al norte de Arica, lo cual estuvo condicionado a un canje
territorial por una superficie equivalente al territorio terrestre y marítimo
que Chile cedería. En el ámbito multilateral, Chile suscribió sendas resoluciones
en favor de una solución al problema marítimo boliviano, el 9 de diciembre de
1974 se adhirió a la Declaración de Ayacucho en la que los países bolivarianos
y sanmartinianos manifestaron su comprensión a la situación de mediterraneidad
que afecta a Bolivia y demandaron entendimientos constructivos; asimismo, Chile
apoyó las Resoluciones que la OEA aprobó en favor de la causa marítima
boliviana en 1980, 1981 y 1983, en esta última, se exhorta a que ambos países negocien
una fórmula que dé a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Al
comenzar este siglo, el 22 de febrero de 2000, los Cancilleres Gabriel Valdez
de Chile y Javier Murillo de Bolivia, iniciaron el tratamiento de una Agenda sin
exclusiones que derivó en la Agenda de 13 puntos que incluye al tema marítimo
en su punto 6 y que fue adoptada el 17 de julio de 2006 por los Vicecancilleres
Alberto Van Klaveren de Chile y Mauricio Dorfler de Bolivia. Por último, el 14
de julio de 2010, el actual gobierno de Chile, como ya dijimos, en un Acta suscrita
por Mónica Soriano de Bolivia y Fernando Schmidt de Chile; se comprometió a
proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles para el
tema marítimo, no obstante, como es evidente, hasta la fecha no ha cumplido.
Todas estas manifestaciones
unilaterales del Estado chileno que naturalmente son parte de los alegatos en los
que Bolivia sustentará su demanda; demuestran objetivamente que los gobiernos
de La Moneda mantuvieron viva “la política boliviana” desde 1879 hasta nuestros
días y que, por tanto, el actual gobierno de Chile está contradiciendo esa
política al negarse a dialogar sobre este tema.
Por todo esto, la próxima vez que
el Canciller Moreno quiera referirse a las contradicciones de los gobernantes
bolivianos, deberá considerar que su gestión será recordada como la que
permitió que Bolivia enjuicie a Chile, aun cuando el resultado sea favorable a
su país; y que aquí en Bolivia, estamos anotando todas y cada una de sus
declaraciones.