En relaciones internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses. Bolivia debe priorizar sus propios intereses en la ONU y la OEA, no los de Siria ni los de Venezuela.
Por: Andrés Guzmán Escobari
Durante la primera semana de
abril, la diplomacia boliviana incurrió en dos errores inoficiosos que no
hicieron más que profundizar el aislamiento de nuestro país a nivel internacional:
el intento fallido por celebrar una reunión reservada en el Consejo de
Seguridad, con el fin de apoyar a Siria, y el intento fallido por suspender una
sesión del Consejo Permanente de la OEA, para apoyar a Venezuela.
En efecto, estos dos traspiés, que son una muestra más de la
desprolijidad con la que se manejan nuestras relaciones internacionales, resultan
sumamente preocupantes si consideramos que cuando concluya el juicio que
tenemos contra Chile sobre la “Obligación de negociar un acceso al Océano
Pacífico”, aproximadamente a mediados de 2018, vamos a necesitar ávidamente el apoyo
de la comunidad internacional, ya sea para negociar con el país del Mapocho si
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a nuestro favor, o para enfrentar
lo que podría ser un resultado mediana o totalmente desfavorable.
Pero si bien resulta obvio que Bolivia requerirá el apoyo de
la comunidad internacional para enfrentar el escenario que surja después del
juicio en La Haya, las acciones que han tomado nuestros representantes ante la
OEA y la ONU no contribuyen a ese propósito, sino que nos alejan más de los
países que observan con tristeza y repudio lo que sucede en Venezuela y Siria. El
primero que ha intentado romper el orden democrático suprimiendo al poder legislativo;
y el segundo que ha utilizado armas químicas en contra de su población civil
según un informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ), suscrito por el Secretario General de la ONU el 21 de octubre de 2016 (S/2016/888).
Considerando estos antecedentes, en las siguientes líneas intentaré
hacer una crítica constructiva de lo sucedido en el Consejo de Seguridad, dejando
lo ocurrido en la OEA para un próximo artículo.
Primero cabe recordar que a finales de febrero, Bolivia votó
en contra de una resolución del Consejo de Seguridad que pretendía sancionar a
ciertos funcionarios del gobierno sirio por el uso y producción de armas
químicas. Lo cual, si bien se hizo porque las listas de los funcionarios sirios
a ser sancionados no habían sido aprobadas por la Comisión encargada de esa
tarea, nuestro representante pudo haber votado en abstención para evitar que la
crítica internacional incluya a nuestro país entre los Estados que apoyan al
gobierno de Bashar Al-Assad, conformado por Rusia, China e Irán que, a
diferencia de nuestro país, sí tienen fuertes intereses geopolíticos y
económicos en la zona.
Después de ese innecesario tropezón, el Consejo de Seguridad
se reunió el 5 de abril para tratar el ataque químico perpetrado un día antes
en el poblado sirio de Khan Sheikhoun. En esa ocasión, el representante
boliviano, Sacha Llorenti, en referencia al informe emitido el 22 de marzo de
2017 por la Secretaría de la OPAQ dijo: “valoramos que se haya verificado la
destrucción de 24 de las 27 instalaciones declaradas por la República Árabe
Siria en las que pudieran producir armas químicas”, y luego añadió: “Resaltamos
que de acuerdo al mismo informe todos los químicos declarados por la República
Árabe Siria que fueron removidos de su territorio en 2014, han sido destruidos.
Por lo que destacamos la disposición y voluntad expresada por el gobierno sirio
para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Al respecto, cabe señalar que Siria aún no destruyó todas sus
instalaciones de producción de armas químicas, tal como se había comprometido
mediante los acuerdos que suscribió con Rusia y Estados Unidos en octubre de 2013,
junto a la Convención sobre las Armas Químicas de 1993. Según lo convenido en
esa ocasión, Damasco tenía hasta mediados de 2014 para destruir todas sus instalaciones
de producción de armas químicas, por lo que después de casi tres años de haber
fenecido ese plazo resulta injustificado, por no decir curioso, que Bolivia “valore”
la destrucción de solo 24 de las 27 instalaciones que posee el gobierno de
Siria, más aún si consideramos los antecedentes que tiene ese gobierno en el
uso de armas químicas.
Por otra parte, también es importante anotar que los químicos
declarados, que efectivamente fueron removidos de territorio sirio a principios
de 2014, no fueron destruidos por el gobierno de Al-Assad, sino por una coalición
de países que se ofreció a cumplir con esa tarea junto a la OPAQ. Por lo que no
correspondía en ningún caso “resaltar” ni “destacar” las acciones del gobierno
sirio.
Además, después del ataque de misiles estadounidenses a una
base militar siria, perpetrado precisamente en represalia por el ataque químico
supuestamente acometido por el gobierno de Damasco el 4 de abril; Llorenti
solicitó realizar una reunión reservada del Consejo de Seguridad para tratar el
tema de la intervención unilateral de Estados Unidos. Lo cual fue desestimado por
la actual Presidenta del Consejo, la Embajadora estadounidense Nikki Haley, que
convocó a una reunión pública y declaró que “Cualquier país que escoja defender
las atrocidades del régimen sirio, tendrá que hacerlo en público, para que todo
el mundo pueda oírlo”.
Así, la reunión se llevó a cabo públicamente el 7 de abril y
nuestro representante ya no valoró ni destacó las acciones del régimen sirio,
sino que se concentró en atacar a Estados Unidos. Ciertamente, el Embajador
boliviano señaló las contradicciones de la política intervencionista de Washington
con razón y vehemencia, y si bien no dijo nada que no sea cierto, las verdades
hay que saber decirlas o mejor no decirlas, si no conviene. En este caso, teniendo
en cuenta que debemos conseguir apoyos para lo que vaya a suceder después del
juicio en la CIJ, habría sido mucho más acertado adoptar una postura neutral, menos
política y más diplomática, menos ideologizada y más pragmática. Una postura que
sin apoyar a los unos tampoco apoye a los otros, pero sobre todo que no deje la
sensación de que Bolivia respalda al gobierno de Al-Assad.
En este punto, es importante comprender que en relaciones
internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses y que debemos
priorizar nuestros intereses, no los de Siria ni los de Venezuela. De hecho, lo
que corresponde es mostrarnos como un país democrático y respetuoso del derecho
internacional, que busca resolver sus conflictos mediante arreglos pacíficos y
negociados, y que más allá de las ideologías, aprecia todos los apoyos a nuestra
demanda de reintegración marítima.
