El gobierno transitorio tampoco reaccionó a la iniciativa del canciller chileno, Andrés Allamand, quien, a tiempo de celebrar el segundo aniversario del fallo de la CIJ y recuperando la nomenclatura de la dictadura chilena, propuso una “aproximación progresiva”.
Publicado en la Revista Realidad y Perspectivas de Chile
La sorpresiva y contundente victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales bolivianas del pasado 18 de octubre, nos permite avizorar el retorno de las políticas que Evo Morales implementó durante sus casi 14 años en el poder, aunque con un enfoque más tecnocrático e institucional que seguramente aplicará el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, quien –a diferencia de Morales– tiene un perfil más técnico y educado.
Para explicar el inesperado resultado electoral, que no fue vaticinado por ninguna de las encuestas, los analistas se han referido al nacionalismo revolucionario del pueblo boliviano, inoculado durante la revolución nacional de 1952, “que invita a que el poder tenga olor y color popular”; a la mala gestión del gobierno transitorio, que sembró más dudas que certezas en ese 20% del electorado que permaneció indeciso hasta el final y del cual, al menos la mitad, había votado por Mesa el 2019; a la división del voto contrario al MAS en opciones electorales elitistas, regionalistas y conservadoras, que no lograron conectar con lo popular ni conquistar el área rural; a la buena elección de la dupla Arce-Choquehuanca por parte del MAS, que mantuvo la identidad popular e indígena del partido; y a la mala lectura que hicimos muchos, al creer que el “voto útil” nos llevaría a una segunda vuelta, como había ocurrido el año pasado y como pronosticaban todas las encuestas.
Por ese motivo y de acuerdo con las primeras declaraciones de Arce sobre política exterior, las relaciones con Chile no retornarán a la tensión y deterioro que sufrieron durante la gestión de Morales, cuando la interrupción de la Agenda de 13 puntos por parte del primer gobierno de Sebastián Piñera determinó la decisión del entonces mandatario boliviano de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con resultados totalmente desfavorables para Bolivia.
La primera señal la dio justamente el presidente Piñera que llamó por teléfono al presidente electo para desearle éxito en su gestión, lo que fue agradecido por Arce mediante un retweet comentado, en el que además afirmó: “Reencaminaremos las políticas de unidad entre los pueblos de la región para establecer una buena vecindad”.
Estas auspiciosas señales contrastan con las que se sucedieron después del juicio ante la CIJ (2013-2018), cuando el gobierno chileno no respondió a la solicitud boliviana de reabrir el diálogo en aplicación del párrafo 176 del fallo de 2018, que aclara que la decisión de la Corte “no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen sus diálogos e intercambios”, y cuando el gobierno transitorio de Bolivia tampoco respondió al anuncio que hizo Chile en junio de 2020, de haber elaborado una propuesta para una relación de futuro que, dando por zanjado el asunto marítimo, proponía una serie de iniciativas para recomponer las relaciones bilaterales.
Sumado a ello, el gobierno transitorio tampoco reaccionó a la más reciente iniciativa del canciller chileno, Andrés Allamand, quien, a tiempo de celebrar el segundo aniversario del fallo de la CIJ y recuperando la nomenclatura de la dictadura chilena, propuso una “aproximación progresiva”, como la que se desarrolló sin ningún éxito entre 1983 y 1985.
Considerando todos estos antecedentes y el hecho de que el gobierno del presidente Piñera decidió excluirse del Acuerdo de Escazú por temor a que Bolivia lo use para demandar a Chile (justamente por tratarse de un país sin litoral), el nuevo gobierno del MAS, junto a la administración de Chile Vamos, deberán reparar el daño ocasionado a las relaciones bilaterales en los últimos años para finalmente encaminar los tratos hacia la solución definitiva de los temas pendientes.
