La permisividad estatal se expresa en la autorización legal de chaqueos y la ausencia de incentivos para la producción sostenible, lo que agudiza la deforestación y debilita las capacidades de gobernanza ambiental.
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete
La Amazonía boliviana enfrenta actualmente una encrucijada crítica entre la expansión del agronegocio y la conservación de uno de los ecosistemas más biodiversos y valiosos del planeta. Bolivia, reconocida como uno de los países megadiversos del mundo, alberga en su Amazonía cerca del 30% de las especies terrestres conocidas. Sin embargo, este patrimonio natural se encuentra bajo una amenaza creciente debido a la expansión acelerada de la frontera agrícola, el crecimiento de la ganadería extensiva, el uso de transgénicos, políticas estatales permisivas, los incendios forestales y los efectos acumulativos del cambio climático. Aunque en escenarios internacionales Bolivia suele suscribir acuerdos y respaldar discursos en defensa de la Madre Tierra (Pachamama) y la justicia climática, en el ámbito nacional prevalece un modelo productivo y normativo orientado a la explotación intensiva de los recursos naturales, profundizando contradicciones entre la retórica internacional y las prácticas domésticas. Bolivia-no-firma-la-declaracion-de-Glasgow.docx
El peso del
agronegocio y el avance de la deforestación
Desde la década de
1980, el agronegocio ha consolidado su hegemonía económica y política, en
especial en el departamento de Santa Cruz. El cultivo de soya transgénica, la
ganadería extensiva y el auge de los biocombustibles han impulsado una rápida
deforestación, convirtiéndose en los principales motores de la pérdida de
cobertura forestal en las tierras bajas y amazónicas del país. Según el Global
Forest Watch (2022), en Bolivia se talan más de 30 hectáreas de bosque por
hora, mayormente debido al avance de la frontera agrícola y ganadera. Este
modelo de desforestación acelerada ha fragmentado hábitats y puesto en riesgo a
especies endémicas, al tiempo que reduce la capacidad de los ecosistemas para
mitigar el impacto del cambio climático y mantener funciones como la regulación
hídrica y el ciclo de nutrientes.
Políticas
gubernamentales permisivas y decisiones recientes
Durante las últimas
décadas, diversos decretos y leyes han flexibilizado los controles ambientales
y han favorecido la expansión agrícola sobre áreas protegidas y territorios
indígenas. Desde 2015, se han adoptado medidas estatales permisivas como la autorización
para la introducción de nuevos cultivos transgénicos, el impulso de políticas
para los biocombustibles y la ampliación de plazos para el cumplimiento de la
Función Económica Social de la tierra. Estos marcos normativos han generado un
contexto de impunidad para los desmontes y las quemas, afectando gravemente
ecosistemas amazónicos vitales. La permisividad estatal se expresa además en la
autorización legal de chaqueos y la ausencia de incentivos para la producción
sostenible, lo que agudiza la deforestación y debilita las capacidades de
gobernanza ambiental.
Impactos sobre la
biodiversidad amazónica
La Amazonía boliviana
concentra uno de los mayores patrimonios de biodiversidad de Sudamérica. La
deforestación, los incendios forestales provocados por prácticas agropecuarias
y políticas estatales permisivas, la conversión de bosques en monocultivos y la
ganadería extensiva, han puesto en riesgo la supervivencia de especies únicas y
fragmentando ecosistemas críticos. La continua pérdida de cobertura vegetal
disminuye la capacidad de los bosques amazónicos para captar carbono,
contribuyendo al calentamiento global. Además, la alteración del ciclo
hidrológico y la destrucción de hábitats impactan de forma directa a pueblos
indígenas y comunidades locales que dependen de la selva para su supervivencia,
afectando la calidad del agua, alterando la productividad agrícola y
comprometiendo la seguridad alimentaria.Bolivia-no-firma-la-declaracion-de-Glasgow.docx
Contradicciones
entre compromisos internacionales y política nacional
En el escenario
internacional, Bolivia ha participado activamente en el Acuerdo de París y
otros pactos de defensa del clima y la biodiversidad, promoviendo el paradigma
de los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, estas posiciones contrastan
con la falta de adhesión a iniciativas multilaterales como la Declaración de
Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, adoptada en la COP26 por más
de 140 países. Esta negativa a sumarse a esfuerzos globales revela la
existencia de una brecha cada vez más marcada entre el discurso en el ámbito
internacional y la política nacional, la cual prioriza la soberanía estatal
sobre los recursos naturales y la afinidad política con gobiernos afines, aun a
costa de debilitar la cooperación internacional y el acceso a financiamiento
climático esencial para frenar tendencias deforestadoras.
Avances del
multilateralismo climático y oportunidades para Bolivia
En los años recientes,
el multilateralismo climático ha logrado fijar metas globales cada vez más
ambiciosas en materia de reducción de emisiones y protección de los bosques.
Mecanismos como el Acuerdo de París y REDD+ ofrecen oportunidades para que
países como Bolivia accedan a financiamiento internacional y cooperación
técnica, siempre que logren alinear sus políticas internas con los compromisos
y tendencias globales. El reto principal radica en superar la influencia de los
lobbies agroindustriales y reforzar la institucionalidad pública ambiental. Bolivia
debe aprovechar estos mecanismos para fortalecer su gobernanza climática y
ambiental, asumiendo una transición hacia un desarrollo sustentable y
resiliente.
Propuestas hacia
una gobernanza ambiental coherente
Para enfrentar los
graves riesgos actuales, Bolivia debe fortalecer su institucionalidad
ambiental, garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones, y priorizar un modelo
de desarrollo verdaderamente sustentable. Es fundamental la aplicación estricta
de la Ley de la Madre Tierra y de la Ley N.º 300, la promoción de la
agroecología y la facilitación de acceso a mecanismos internacionales de
financiamiento climático. Adicionalmente, resulta imprescindible el desarrollo
de cadenas de valor sostenibles y el uso estratégico de instrumentos como los
bonos de carbono y los pagos por servicios ambientales. Solo así se podrá
avanzar hacia una gobernanza coherente que equilibre la producción agrícola con
la conservación de la biodiversidad.
Conclusión
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