Bolivia frente a la COP30: redefinición de su política climática

Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono.

La Amazonía

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Brújula Digital 

El primer gran desafío internacional que deberá enfrentar el próximo gobierno de Bolivia será su participación en la Conferencia de las Partes (COP30), que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, a partir del 10 de noviembre de 2025. Este evento marcará un momento clave en las negociaciones globales sobre cambio climático, al desarrollarse en la Amazonía y tener como eje central la protección de los bosques tropicales, la transición energética justa y el financiamiento climático. Entre los temas más relevantes figura la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, mecanismo de creciente interés para Bolivia, no sólo como herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático, sino como potencial fuente de ingresos en divisas en un contexto económico marcado por la escasez de dólares.

De hecho, varios programas de gobierno de los candidatos presidenciales bolivianos han incorporado la venta de bonos de carbono como una alternativa viable para enfrentar la crisis de reservas internacionales. En ese marco, la participación boliviana en la COP30 reviste una relevancia estratégica, tanto en lo climático como en lo económico.

Aunque Bolivia cuenta con un limitado poder de influencia en las negociaciones multilaterales, esta vez llega con condiciones más favorables que en anteriores cumbres:

1. Es un país amazónico, con una importante porción del bioma compartido con Brasil y otros países de la cuenca. Este hecho cobra especial importancia en una conferencia que tiene como sede y símbolo a la Amazonía, y puede otorgarle mayor visibilidad si articula una posición coordinada con los demás países amazónicos.
2. Ha cambiado su enfoque sobre los mercados de carbono. Tras años de oponerse a su implementación por considerarlos una "mercantilización" de la naturaleza, Bolivia modificó su postura en junio de 2024 al eliminar las restricciones legales que impedían su participación en estos mercados (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 040/2024) y establecer un marco normativo general (Decreto Supremo N° 5264). Este giro responde tanto a la urgencia económica como a una renovada voluntad de diálogo con los mecanismos internacionales, aunque aún mantiene un discurso ambiguo entre lo económico y lo ideológico.
3. La COP30 coincidirá con la asunción de un nuevo gobierno en Bolivia, si se cumple el cronograma electoral. Esto abre la posibilidad de que el país se presente con una voz renovada, que combine continuidad institucional con una estrategia más pragmática, centrada en resultados.

En este contexto, Bolivia tiene la oportunidad de adoptar una posición más constructiva y propositiva, alejándose de la intransigencia que en otras conferencias la llevó a quedar aislada, como cuando fue el único país que se opuso a consensos ampliamente aceptados (COP15, COP16 y COP26). El objetivo no debe ser sólo atraer financiamiento por la vía de los bonos de carbono, sino también garantizar la conservación efectiva de sus reservas naturales —hoy amenazadas por la minería ilegal, los incendios forestales y los asentamientos no regulados—, así como respetar y empoderar a las poblaciones indígenas y comunidades locales.

Para lograrlo, Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono. Aunque este grupo ha jugado un rol importante en la defensa de los intereses del Sur global, en este punto específico Bolivia podría adoptar una posición intermedia, que le permita aprovechar los mecanismos de mercado sin renunciar a la demanda de mayor equidad climática.

Ahora bien, en otras áreas clave Bolivia sí debería reforzar su cooperación con los LMDC, en particular en la exigencia de un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento climático (New Collective Quantified Goal – NCQG), que sustituya e incremente el fondo de 100.000 millones de dólares anuales comprometido en conferencia anteriores, pero que no se ha cumplido plenamente por los países desarrollados. En la COP29 (Bakú, 2024) se acordó elevar esa meta a 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035, como parte de una hoja de ruta que busca alcanzar 1,3 billones anuales. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por no diferenciar entre donaciones y préstamos, lo que podría aumentar el endeudamiento de países con menor capacidad fiscal. Este punto es fundamental para Bolivia y otros países en desarrollo, porque sin un financiamiento climático adecuado y predecible, la participación efectiva en los mercados de carbono será inviable.

Un tema adicional de gran relevancia es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), promovido por la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Este mecanismo impone un gravamen a las importaciones de productos cuya producción implique elevadas emisiones de carbono, con el objetivo de evitar la "fuga de carbono" y fomentar la descarbonización global. Aunque el CBAM ha sido presentado por sus promotores como una medida efectiva para reducir los efectos del cambio climático, también ha sido duramente criticado por países, como Bolivia o China, por considerarlo una medida proteccionista y unilateral, que encarece las exportaciones y dificulta la competitividad de industrias con menor capacidad tecnológica para reducir emisiones. En este sentido, Bolivia, en nombre de los LMDC, ha solicitado oficialmente que la COP30 incluya en su agenda un punto sobre las “medidas unilaterales restrictivas al comercio relacionadas con el cambio climático”, denunciando que el CBAM obstaculiza los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

En definitiva, la COP30 representa para Bolivia una oportunidad estratégica para redefinir su política climática internacional, posicionarse como un país amazónico dispuesto a contribuir a los objetivos globales, y al mismo tiempo acceder a mecanismos que puedan aliviar su crisis económica. Pero para ello será necesario combinar diplomacia eficaz, liderazgo renovado y coherencia interna, superando contradicciones entre un discurso pachamamista y un modelo económico extractivista. Solo así Bolivia podrá pasar de ser un país paria (en los términos del realismo periférico) a uno capaz de influir en las decisiones que marcarán el rumbo de la acción climática en las próximas décadas.