El reciente deceso del expresidente chileno, Sebastián Piñera, provocó la tibia e intrascendente reacción del expresidente boliviano, Evo Morales, quien mandó a publicar en X: “Reportes de prensa informan el lamentable fallecimiento del expresidente de Chile @sebastianpinera. Estuve en numerosos encuentros internacionales con él y, si bien no coincidíamos ideológicamente, trabajamos codo a codo en varios temas. Mi sentido pésame a sus seres queridos y al #pueblochileno”.
Se trata de un comentario tibio e intrascendente porque Piñera no sólo fue el némesis de Morales en el contexto internacional durante el largo tiempo que ambos gobernaron, sino que también compartieron durante todo ese tiempo la especial rivalidad histórica que mantienen Bolivia y Chile respecto al tema marítimo boliviano. Coincidiendo en innumerables encuentros diplomáticos, cumbres presidenciales y foros multilaterales; conversando personalmente en muchísimas ocasiones, algunas de ellas por varias horas; y jugando al fútbol en el mismo equipo. Además de los memorables y apasionados debates cara a cara, en la Cumbre de la CELAC de Santiago y en la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz, 2012.
La tibieza de Morales al recordar a su principal adversario internacional podría explicarse con la victoria incuestionable que logró Piñera al ganar el juicio que Morales había iniciado en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se había convertido además en la principal pulseta personal entre ambos mandatarios. Pero también se podría explicar con la soberbia y arrogancia que Piñera demostró al momento de conocer el fallo de la CIJ, reprochando a Morales por haberle hecho perder el tiempo y asegurando que la Corte habría declarado que Chile “nunca ha incumplido, ninguna obligación en materia de derecho internacional, ni en sus relaciones con Bolivia”, lo que iba mucho más allá de lo que la Corte realmente había fallado que era que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.
En los medios de comunicación y redes sociales, los dos exmandatarios también intercambiaron acusaciones y recriminaciones casi a diario, respecto a los temas que históricamente nos han dividido a bolivianos y chilenos, y a ciertos incidentes fronterizos que ocurrieron en esos momentos por el contrabando de vehículos robados, el narcotráfico, las minas antipersonal, el ferrocarril Arica-La Paz y los traspasos ilegales de militares bolivianos y carabineros chilenos.
La inédita distensión y la intervención peruana
Todo comenzó cuando Piñera asumió la presidencia de Chile por primera vez en marzo de 2010. En ese momento, las relaciones entre ambos países se habían distendido como nunca antes, porque se había logrado desarrollar una confianza y cercanía sin precedentes entre las autoridades, las fuerzas armadas y diversos grupos de la sociedad civil de los dos países. Todo ello como parte del proceso que se conoció como la Agenda de 13 puntos y la verdadera aplicación de la “diplomacia de los pueblos” que Morales había impulsado junto a su colega izquierdista Michel Bachelet desde mediados del 2006.
En un principio, Piñera continuó la inédita distensión de las relaciones, llegando a suscribir, en julio de 2010, el mayor avance que tuvo la famosa Agenda de 13 puntos en su punto sexto, referido al tema marítimo boliviano. En esa ocasión, los vicecancilleres de ambos países se comprometieron a “presentar así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles [para el tema marítimo boliviano] en la próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas”.
Este acuerdo boliviano-chileno no pasó desapercibido en la Cancillería del Perú, que rápidamente hizo gestiones para evitar lo que Rodríguez Elizondo llama “Charañazo”, es decir un acuerdo entre Bolivia y Chile sobre la posible cesión de una salida soberana al mar para Bolivia en territorio otrora peruano, donde se requiere el “previo acuerdo” del Perú, según el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929.
Fue así como, por iniciativa peruana, Morales terminó recomponiendo sus relaciones con el presidente del Perú, Alán García, con el que poco antes había discutido muy acaloradamente, llegando incluso a los insultos. De esa manera, en octubre de 2010, Morales y García suscribieron los Acuerdos de Ilo que ampliaban las facilidades establecidas en los convenios de 1992, suscritos entre Paz Zamora y Fujimori; e incluían una declaración del presidente García, en la que aclaraba que el Perú “no será un obstáculo, en el caso que, en el marco de las negociaciones bilaterales boliviano-chilenas, se llegue a un acuerdo sobre el acceso al mar de Bolivia”.
Hasta ahí, Morales había conseguido lo que muchos otros estadistas bolivianos habrían querido lograr, esto es: un acuerdo con Chile para presentar y alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles sobre el tema marítimo boliviano y una promesa del Perú, de no ser un obstáculo para llegar a la solución sobre el mismo asunto. Ante semejantes avances, de los que Morales ni su equipo parecían estar conscientes y al parecer nunca lo estuvieron, lo aconsejable era a todas luces continuar con la misma política de aproximación en ambos frentes. Empero, al poco tiempo y debido a razones que explicaré más adelante, el mandatario boliviano cambió de estrategia, desaprovechando la oportunidad histórica, que quizás era pequeña y remota pero también interesante y dadas las circunstancias, nada despreciable.
Casi al mismo tiempo y tal vez por esa misma razón, Piñera decidió cancelar la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, en la que se tenían que presentar las soluciones concretas, factibles y útiles, sin ofrecer explicaciones. La sorpresiva y disruptiva decisión del presidente chileno parecía estar dirigida a evitar el avance del punto sexto de la Agenda de 13 puntos que habría sido evaluado inevitablemente en comparación con lo que Perú estaba ofreciendo en Ilo.
Ante el estancamiento, Morales se aproximó a Piñera en la Cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, donde acordaron elevar el tratamiento de la Agenda al nivel de Cancilleres, quienes se reunieron en Santiago y La Paz, pero sin ningún avance. En eso, ocurrió un hecho que daría una estocada final a la Agenda de los 13 puntos y a la extraordinaria aproximación boliviano-chilena (2006-2010), la detención del general René Sanabria, director de inteligencia de la Policía Boliviana.
La decisión de demandar a Chile
El general Sanabria, también conocido como el Zar antidrogas de Bolivia, fue arrestado en el aeropuerto de Panamá bajo acusaciones de narcotráfico en un operativo de la DEA de Estados Unidos y el OS7 de Chile. Los agentes chilenos y estadounidenses habían tendido una trampa a Sanabria, logrando develar su implicación en el tráfico ilícito de drogas, lo que obviamente molestó mucho a Morales que calificó el arresto como “una deslealtad” de Piñera, a quien a partir de entonces, dirigió buena parte de sus ataques.
En efecto, pese a los acuerdos bilaterales que se habían firmado entre ambos gobiernos para optimizar el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico, Piñera no había informado nada a Morales a sabiendas de que éste quedaría muy mal parado ante la opinión pública nacional e internacional, que rápidamente empezó a especular sobre su vinculación con el narcotráfico.
Este hecho, que ocurrió a finales de febrero de 2011, terminó por convencer a Morales de cambiar de estrategia en su política de reintegración marítima y el 23 de marzo de ese año, en la celebración del día del mar boliviano, anunció por primera vez su intención de demandar a Chile ante tribunales internacionales –según dijo– para obtener “en derecho y en justicia una salida libre y soberana al Océano Pacífico”.
El anuncio, que fue calificado por Piñera de “inaceptable” y de representar “un serio obstáculo para las relaciones entre ambos países”, era un tanto apresurado y bastante temerario si consideramos que no se habían hecho los estudios necesarios para determinar la factibilidad de demandar a Chile y las probabilidades de obtener éxito. De hecho, por más increíble que parezca, la decisión se tomó en base a la suposición de que había un territorio y unas islas que supuestamente Bolivia nunca le había cedido a Chile porque no están mencionados en el Tratado de 1904, lo que luego se conoció como “la demanda de los hermanos Chávez” (Wilfredo y Víctor Hugo). Dicha “demanda” era solo el resultado del desconocimiento del Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, mediante la cual Bolivia había cedido esos territorios, y del hecho incontrovertible de que ya no era posible reclamar esos territorios después de más de un siglo de no haberlos reclamado, ni de haber objetado el dominio de Chile sobre los mismos.
Por esos motivos, el discurso de Piñera se basó en la legalidad y vigencia del Tratado de 1904, sobre lo que se escribió mucho en Chile. No obstante, después de que se realizaron los estudios pertinentes y se descartara la “demanda de los Chávez”, el Gobierno de Morales adoptó una estrategia diferente que, sin impugnar dicho tratado, asignaba validez jurídica a todas esas promesas y práctica diplomática, mediante las cuales Chile había ofrecido darle a Bolivia una salida soberana al mar. Estrategia que se plasmó en la demanda presentada ante la CIJ en abril de 2013, para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.
El proceso judicial ante La Haya
El juicio iniciado por Morales fue largo y engorroso, no sólo porque Piñera y sus sucesores continuaron con la misma perorata del Tratado de 1904 que no estaba en cuestión, sino principalmente porque Morales, en lugar de demostrar interés por negociar con Chile, se dedicó a denostar y criticar al Gobierno de Piñera y luego también a la segunda administración de Bachelet (2014-2018), lo que seguramente llamó la atención de los jueces respecto a los verdaderos intereses detrás de la demanda, porque se hizo muy evidente que Morales no buscaba resolver el problema mediante una negociación sino sólo explotar el hecho de haber sentado a Chile en el banquillo del acusado para lograr beneficios políticos y así conseguir un cuarto mandato presidencial consecutivo.
En varias ocasiones, Morales demostró que nunca entendió cuál debió haber sido su papel en el proceso y al parecer tampoco tenía asesores que le pudiesen ayudar a entender. Por ejemplo, en la cumbre de la CELAC celebrada en Santiago en enero de 2013, Morales increpó al anfitrión Piñera con duros reclamos sobre el incumplimiento del Tratado de 1904, entre los que destacaba la paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno de la frontera. Si bien todos esos reclamos eran ciertos y tenían fundamento, definitivamente no era el lugar ni mucho menos el momento de plantearlos.
Tanto así que Morales no logró nada, ni rehabilitar el ferrocarril, que sigue paralizado, ni contribuir al proceso en La Haya ni tampoco subsanar los otros incumplimientos de Chile al Tratado de 1904 a los que hizo referencia. De hecho, lo único que consiguió fue que Piñera hiciera un llamativo espectáculo en Arica para celebrar la supuesta rehabilitación del ferrocarril, en el que se lo vio transportándose en un vagón turístico color rojo que recorrió lentamente los primeros 43 kilómetros de la vía, hasta Poconchile, desde donde retornó en helicóptero.
En resumen, Morales atacó a los gobernantes chilenos durante el proceso judicial por varios motivos, como haber conservado la Constitución de Pinochet, por su supuesta obsecuencia al Gobierno de Estados Unidos, por mantener una política innecesariamente armamentista y la frontera minada, por incumplir los acuerdos bilaterales, especialmente los de libre tránsito, y también por fomentar el contrabando hacia Bolivia, entre otros. Por todos estos motivos, Morales dijo varias veces que Chile es “un mal vecino”. Pero todos esos ataques que obviamente no contribuían a generar un ambiente de negociación, no quedaron sin respuesta. Primero Piñera y después Muñoz, el Canciller de Bachelet, fueron los encargados de contraatacar, acusando a las autoridades bolivianas y en especial a Morales, de faltar a la verdad, cambiar de discurso constantemente, entorpecer cualquier posibilidad de diálogo, hacerles perder el tiempo, crear falsas expectativas al pueblo boliviano y no respetar el Tratado de 1904, que Morales había dicho que estaba muerto.
Después de cinco largos años de juicio y un ambiente cada vez más enrarecido, la Corte emitió su fallo en octubre de 2018, desestimando totalmente la demanda boliviana y terminando con los planes del entonces presidente boliviano de usar el caso con fines electoralistas.
Todo terminó un año después, en octubre de 2019, cuando Morales tuvo que renunciar a la presidencia, dando fin a la larga rivalidad aquí resumida. Pero antes, durante la última etapa ocurrieron dos hechos relevantes referidos el juicio por el Silala, que Chile también terminaría ganando, aunque con menos contundencia y claridad: la cancelación del comité de fronteras dispuesto por Piñera en represalia a la contrademanda boliviana y a la forma cómo fue presentada, a última hora de un viernes para que Chile solo pueda conocerla a primera hora del siguiente lunes, y la propuesta que hizo la vicecanciller chilena a la boliviana para alcanzar un arreglo extrajudicial en el caso Silala, la cual nunca fue respondida.
Tiempo después, cuando ya todo había terminado, Morales y Piñera se volvieron a encontrar en la asunción del presidente peruano Pedro Castillo, en la que Morales, sin tener ningún cargo en el Gobierno de Bolivia, fue tratado como Jefe de Estado y fue filmando junto a su viejo rival chileno de demandas y polémicas, con quien compartió una conversación de varios minutos, en la que sin aparentar ningún tipo de tibieza o arrogancia, se los vio como dos viejos amigos contentos de reencontrarse.
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