domingo, 11 de febrero de 2024

Bukele, ¿Fascismo democratico?

Aunque no se puede cuestionar la efectividad ni el apoyo popular de las medidas de seguridad aplicadas por Bukele, que están a la vista de todos, sí existen dudas razonables acerca de su legalidad y congruencia con lo que él mismo llama “sistema plenamente democrático”. 

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Péndulo 

Tras su aplastante victoria en las elecciones presidenciales de El Salvador, Nayib Bukele dijo a sus simpatizantes: “Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático”.

Ante lo que nos preguntamos ¿es realmente posible un partido único en democracia? o, en otras palabras, ¿es posible el fascismo en democracia?

Bukele, muy a pesar de que la Constitución salvadoreña no permite la reelección, también ha dicho que su reelección es el reflejo de la verdadera democracia. Una manifestación del poder del pueblo, pues democracia - según Bukele - "significa el poder del pueblo. 'Demos' y 'Kratos'. De ahí viene la palabra democracia".

Si bien eso es cierto y no se puede negar su amplio apoyo popular, si refinamos un poco el análisis e incluimos algunos otros parámetros para determinar qué tan democrático es el sistema salvadoreño, encontramos algunas incongruencias insalvables. Ciertamente, de acuerdo a la ciencia política liberal y al derecho internacional interamericano, un régimen político sólo es democrático cuando existe una pluralidad de partidos políticos, separación de poderes, respeto a los derechos humanos y un estricto acatamiento al Estado de derecho, entre otras cosas. Parámetros que el actual sistema salvadoreño no reúne.

Y no los reúne porque la Asamblea Legislativa, donde Bukele ya tenía mayoría, hizo algunos cambios recientemente que favorecen al partido oficialista Nuevas Ideas. Entre dichos cambios destacan los nombramientos de las autoridades judiciales, afines al oficialismo, y el cambio de la fórmula de conteo de votos para elegir a los diputados, del método Hare al D’Hondt, lo que favorece a los partidos más votados en detrimento de los menos votados. Es decir que con el nuevo sistema se ha eliminado, o al menos reducido, la representación de algunos partidos políticos de oposición en el legislativo, siempre en favor de Nuevas Ideas.

Por tanto, el título de este artículo, más que una pregunta discutible, es un oxímoron, como también lo es un sistema democrático con un estado de excepción permanente. Esto último, debido a que en El Salvador reina un estado de excepción hace casi dos años, cuando el mismo Bukele decidió imponerlo para exterminar a las famosas maras salvadoreñas, que mantenían a El Salvador con los niveles de inseguridad más altos del mundo. Aunque cualquier estado de excepción es temporal por su naturaleza, Bukele ha dicho que aún no ha concluido su plan para acabar con la delincuencia, por lo que el estado de excepción aún se mantendrá.

Entonces, aunque no se puede cuestionar la efectividad ni el apoyo popular de las medidas de seguridad aplicadas por Bukele, que están a la vista de todos, sí existen dudas razonables acerca de su legalidad y congruencia con lo que él mismo llama “sistema plenamente democrático”. Porque no sólo se trata de las contravenciones aludidas a la Constitución y al orden democrático en general, sino también a las afectaciones a los derechos humanos de cientos de salvadoreños injustamente encarcelados, sin el debido proceso judicial y junto a miles de delincuentes miembros de las maras, a quienes tampoco se les respetan sus derechos. 

Ante los fuertes cuestionamientos que Bukele ha recibido de la prensa internacional y los organismos encargados de velar por los derechos humanos, que acusan detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura, violaciones al debido proceso e incluso desapariciones y muertes bajo custodia policial, el presidente reelecto de El Salvador ha dicho que quienes lo critican centran su preocupación en los derechos de los delincuentes y no en los derechos de la gente honrada, y quienes deciden quién gobierna en el Salvador, son los salvadoreños; calificando las propuestas y recetas de dichos organismos de “fracasadas”.  

Considerando estos argumentos, podríamos concluir que la democracia salvadoreña no es una democracia liberal en todo el sentido de la palabra, sino que se trata de una democracia con sus propias particularidades, donde efectivamente gobierna la mayoría pero a través de un solo partido político, y un solo líder, que controla todos los poderes del Estado. Es decir, una “democracia fascista”, que más allá del oxímoron puede llevar a El Salvador hacia el autoritarismo iliberal, como ya ocurrió con otros países donde los presidentes gobernaron o intentaron gobernar más allá de los límites constitucionales, amparados en su amplio apoyo popular.

El “fascismo democrático” que representa Bukele y que de hecho ya se encuentra instaurado en El Salvador desde hace algún tiempo, se proyecta hacia la sociedad internacional como el resultado lógico de un presidente que ha resuelto exitosamente el problema más apremiante de su pueblo, la inseguridad. Lo cual si bien resulta razonable y hasta atractivo en otros países con problemas de delincuencia, se ha llevado a cabo con una política exterior que no pretende ocultar su inclinación hacia el autoritarismo y que por tanto genera más dudas.

Ciertamente, en los foros internacionales, el gobierno de Bukele se ha distanciado claramente de las democracias liberales de occidente y se ha alineado con los regímenes autoritarios iliberales, liderados por China y Rusia. En las Naciones Unidas, El Salvador ha sido uno de los pocos países de la región - junto a Bolivia, Cuba y Nicaragua con los que no comparte posicionamiento ideológico - que no ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, dando muestras de rechazo al orden internacional liberal imperante, liderado por Estados Unidos. 

Por todos estos motivos, el fascismo democrático de Bukele plantea muchas más dudas que certezas, pero serán los hechos los que al final nos revelen si dicho sistema es una verdadera alternativa para garantizar la gobernabilidad, la paz y la prosperidad.

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