martes, 20 de marzo de 2012

¿Se repetirá la historia?

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

En 1919 el gobierno boliviano anunció su intención de demandar a Chile para recuperar una salida soberana al mar.
El fin de la Primera Guerra Mundial había propiciado el surgimiento de un nuevo orden mundial basado en los 14 puntos propuestos por el Presidente estadounidense Wilson; quien, entre otras cosas, reconocía la necesidad de que todos los países tengan acceso al mar. Así, los vencedores de la guerra decidieron crear la Liga de las Naciones como órgano jurisdiccional encargado de resolver los problemas que pudieran amenazar la paz mundial. Todo esto dio una señal de esperanza a Bolivia y Perú que mantenían asuntos pendientes con Chile desde 1879.


Estos hechos y la irrupción de un gobierno anti-chileno en Bolivia, al igual que hoy, tensionaron seriamente las relaciones en la región. Pero los intentos de Chile por disuadir a sus vecinos de no recurrir a la Liga de las Naciones fueron más allá de las amenazas discursivas que también se escuchan en nuestros días en la voz del Ministro de Defensa chileno. Pues, en esa ocasión, Chile llegó a movilizar un gran contingente militar hacia sus fronteras del norte.
Surgieron entonces dos corrientes de pensamiento político en Bolivia. Por un lado, los practisitas del partido liberal que en función de gobierno iniciaron gestiones ante la Liga de las Naciones para conseguir el puerto de Arica y, por otro lado, los reivindicacionistas del partido republicano quienes, una vez en el poder, y con el objetivo de recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1879, presentaron una demanda contra Chile en 1920 exigiendo la revisión del Tratado de 1904.
Dicha demanda que después de algunos retrasos fue incluida en los temas a tratar por la Asamblea de la Liga en 1921, invocó el artículo 19 del Tratado de Versalles que otorgaba al nuevo órgano jurisdiccional la facultad de invitar a los Estados a un nuevo examen de los tratados que hubiesen llegado a ser inaplicables o que pusieran en riesgo la paz mundial. Sobre esa base, Bolivia alegó que el Tratado de 1904 fue impuesto por la fuerza; que Chile no había ejecutado puntos fundamentales del mismo; que esa situación constituía una permanente amenaza de guerra, citando como prueba la movilización militar chilena; y que, como consecuencia de ese tratado, Bolivia había quedado absolutamente enclaustrada. Todo ello se hizo inicialmente en coordinación con Perú que al poco tiempo retiró su demanda previendo quizás el inminente fracaso.  
Por su parte la delegación chilena arguyó, entre otras cosas, que la demanda boliviana debía ser rechazada por contrariar el propósito constitucional de la Liga de “asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales”. 

Después de la revisión de los argumentos, la comisión de juristas designada para pronunciarse al respecto emitió un informe que decía: “tal como ha sido presentada la demanda de Bolivia, es inadmisible debido a que la Liga de las Naciones no puede por sí misma modificar ningún Tratado y porque la revisión de los tratados es competencia exclusiva de las partes contratantes”.
Como esa norma acerca de que la revisión de los tratados sólo es posible con el acuerdo de las partes continúa en plena vigencia, es muy probable que se repita la historia si Bolivia inisiste en demandar la revisión del Tratado de 1904.   

domingo, 18 de marzo de 2012

Presidente, invitación a Arica sigue en pie

RESPUESTA A ANDRÉS GUZMÁN 
Por: José Manuel Edwards

Chile cree firmemente demostrar día a día, con obras y hechos, su voluntad de integración con Bolivia. Espero que este debate público con el señor Andrés Guzmán ayude al presidente Evo Morales a aceptar la invitación que le hace el Congreso chileno de visitar Arica. Es necesario que vea con sus propios ojos y juzgue en terreno si Chile cumple o no el Tratado de 1904 y sus convenios complementarios. El 23 de marzo es una excelente fecha para el anuncio de su visita a Chile.
En respuesta a la carta del señor Guzmán publicada por La Razón, me referiré a la situación del Ferrocarril Arica-La Paz, a las condiciones de las que goza la carga boliviana en el puerto de Arica junto a lo que considero un desproporcionado cobro de la Aduana boliviana y, finalmente, a las garantías de libre tráfico que entrega Chile y sus puertos.
Como es de público conocimiento, hace unos seis años un desastre natural destruyó parte importante del tren de Arica a La Paz. La empresa, de capitales mayoritariamente bolivianos, pidió la quiebra. Tanto el Tratado de 1904 como la Convención de 1905 son claros y precisos en que Chile debe asegurar su habilitación y el libre tráfico, mas no su funcionamiento. Constituye un error jurídico confundir estos conceptos. A pesar de lo anterior, Chile está invirtiendo 58 millones de dólares en su rehabilitación que estará lista a mediados de este año. Por tanto, Chile cumple “con creces” el tratado en ese aspecto.
Para inspeccionar las garantías de libre tráfico que otorga Chile a Bolivia, se debe aclarar que no debemos confundirlas con gratuidad. Lo anterior sin perjuicio de las concesiones específicas que Chile debe entregar dadas sus obligaciones. Chile otorga en los puertos de Arica y Antofagasta almacenamiento gratuito a Bolivia por hasta un año en cargas de importación y de 60 días a las de exportación, además de otras franquicias, tales como exenciones tributarias, beneficios y garantías a Bolivia. Éstas, implementadas con posterioridad al Tratado de 1904, superan “con creces” las obligaciones legales que comprometen a Chile en su virtud.  En Arica, dichas concesiones son cuantificadas en 57 millones de dólares anuales. Esto es un beneficio económico exclusivo para la carga boliviana.
Llama la atención, por tanto, el reclamo por los precios que se cobran en el puerto de Arica. Es de público conocimiento que el puerto de Arica, incluido el aumento de tarifas que empieza a operar, es por lejos el más barato para el comercio exterior de Bolivia. Es el principal puerto usado por bolivianos y anota un crecimiento constante (800.000 toneladas en 2005, 1.800.000 en 2010).  Los 80 millones de dólares invertidos por el concesionario del puerto en estos ocho últimos años y los 200 millones de dólares que el Gobierno de Chile está invirtiendo en este período para mejorar las carreteras explican en gran medida este liderazgo. Recordemos que dichas carreteras son usadas prácticamente en su totalidad por bolivianos sin ningún cobro de peaje como ocurre en el resto de estas rutas en Chile.
No puedo dejar de comentarle al lector que, como chileno, me llama profundamente la atención que las utilidades reportadas por el puerto de Arica el año 2010 (4,7 millones de dólares) fueran inferiores a las que razonablemente podemos asumir obtuvo la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) en ese puerto en igual período (5,2 millones de dólares). Lo anterior, con una dotación de 20 personas (el puerto tiene 700) y una inversión prácticamente nula por parte de ASP-B. Esto es sólo posible si las tarifas que le cobran a sus clientes, importadores bolivianos, equivalen a dos y hasta cuatro veces a las que el puerto le factura a ASP-B. De otra manera no se explican dichas utilidades.
El control jurisdiccional que menciona el señor Guzmán sigue vigente y prueba de ello es la presencia de ASP-B en el mismo recinto portuario de Arica. Sobre lo mismo, Chile sí espera de las autoridades bolivianas más control jurisdiccional para evitar la droga en sus contenedores que exporta por Arica, más control jurisdiccional sobre sus camiones sin estándares mínimos de seguridad y más eficiencia en la burocracia aduanera.
Por último, se cuestiona que Chile no estaría cumpliendo el Tratado porque el libre tránsito se habría visto interrumpido por huelgas de los operarios del puerto de Arica. Más allá de que como diputado garantizaré que los trabajadores puedan luchar por sus condiciones laborales, y que el libre tránsito no se habría cortado por seguir operando los puertos de Iquique y Antofagasta, me parece honestamente halagador que ése sea el único ejemplo proporcionado.
Probablemente será difícil encontrar otro, ya que incluso un terremoto de altísimo grado no interrumpiría el trabajo dada la construcción de un muelle antisísmico en el puerto de Arica. En materia de puertos y libre tráfico, Chile cumple “con creces” los tratados. El Tratado de 1904 concedió a Bolivia un libre tránsito que con los años le entrega beneficios sin comparación en el mundo.
Condicione o no el señor Guzmán, la hermandad de los pueblos a la solución de esta diferencia, por nuestro lado no hay, ni habrá duda de que bolivianos y chilenos son hermanos. El camino de la amenaza del presidente Morales y la judicialización que está implementando, simplemente actuará en contra del desarrollo de la región y no le permitirá a ningún gobierno democrático avanzar en las concesiones que busca. Europa sufrió dos guerras mundiales en el siglo pasado y hoy día está unida. Chile y Bolivia han tenido 120 años de paz. Es tiempo entonces de avanzar como pueblos hermanos, con una agenda común de mutua conveniencia.