Posibles efectos del proyecto bioceánico

CHILE NO TIENE LIBRE TRÁNSITO EN BOLIVIA

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

 

Bolivia no debe permitir que Chile participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que  requiere ese país para circular por nuestro territorio. No hay ningún tratado que nos obligue a permitir el libre tránsito de mercadería de esa nación.

 

El acto de inauguración de la vía interoceánica que tenía que llevarse a cabo en San José de Chiquitos el próximo 5 de abril con la presencia de los Presidentes de Brasil, Bolivia, Chile y Perú; fue postergado a pedido de este último país debido a que, según dijeron sus representantes, el Presidente Ollanta Humala tiene otros compromisos que atender en esa fecha. No obstante, teniendo en cuenta que ese día se cumplen 134 años de la declaratoria de guerra que Chile presentó a Bolivia y Perú; más parece que la razón de la solicitud de postergación es evitar un encuentro entre Mandatario peruano y su homólogo chileno en un día que definitivamente no trae buenos recuerdos para los pueblos que sufrieron las consecuencias de la contienda iniciada en 1879.  

Este hecho, que devela el desinterés o el desconocimiento que tiene la Cancillería boliviana respecto a las implicancias históricas que conlleva realizar una reunión con los Presidentes de Chile y Perú en fecha 5 de abril; podría agravarse aún más si Bolivia permite que Chile participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que requiere ese país para circular por nuestro territorio.

En efecto, el Tratado de 1904 (art. 6) y sus acuerdos complementarios (1912, 1937 y 1953) conceden a Bolivia el más amplio y libre derecho de tránsito por territorio y puertos chilenos en todo tiempo sin excepción alguna, sin embargo, esos acuerdos no otorgan a Chile esa facilidad de paso por suelo boliviano porque no fueron suscritos en reciprocidad. De hecho, en 1955, los gobiernos de La Paz y Santiago comenzaron a conversar sobre la posibilidad de que Chile obtenga ese derecho en nuestro territorio y suscribieron un Tratado que, entre otras cosas, expresa el propósito de alcanzar un acuerdo que “amplié y facilite el actual régimen de libre tránsito de las mercaderías originarias de uno de los dos países por el territorio del otro, para su exportación a terceros países. Dicho sistema, comprenderá, asimismo, las facilidades necesarias para permitir la importación de uno de los dos países a través del territorio del otro, de mercancías originarias de terceras naciones” (Art. 2/f. Tratado de Complementación Económica Bolivia – Chile, 31/10/1955).

Por otra parte, los acuerdos multilaterales sobre la materia que suscribieron ambos gobiernos, tampoco contienen ninguna disposición que obligue a Bolivia a garantizar el libre tránsito de Chile por territorio boliviano. Los convenios firmados en el marco de la Iniciativa para Integración Regional Sudamericana (IIRSA) no mencionan nada al respecto y el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) de 1977, firmado en el marco de la ALADI por los dos países, establece claramente que el libre tránsito podrá ser reglamentado por acuerdos bilaterales (art. 14) y deja en claro que sus disposiciones no restringirán en ningún caso las facilidades sobre libre tránsito que “se hubiesen concedido los países signatarios” (Art. 15).

El caso de Perú y Brasil es totalmente diferente porque ambos países suscribieron acuerdos bilaterales con Bolivia con el fin de otorgarse facilidades de libre tránsito recíprocamente. Con los gobiernos peruanos se suscribió el Tratado de Comercio y Aduanas de 1905 (Art. 2), el Convenio sobre Tráfico Comercial por Mollendo de 1917 (art. 1), el Convenio de Tránsito de 1948 (art. 7) y el Convenio Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz de 1992; y con el Estado brasileño se firmó el Tratado de Amistad, Límites, Navegación, Comercio y Extradición de 1867 (Art. 6), el Tratado de Petrópolis de 1903 (Art. 5), el Convenio de Libre Tránsito Terrestre, Fluvial y Aéreo para Carga de 1958 y el Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°36, éste último suscrito entre Bolivia y los países del MERCOSUR en 1996 (Art. 6).

Por tanto, aunque en 1955 Chile manifestó formalmente su deseo de obtener el derecho de libre tránsito por territorio boliviano, éste nunca le fue reconocido y, por consiguiente, no sería acertado que nuestro gobierno le conceda ese derecho ahora para permitir su participación en la vía interoceánica, porque desecharía uno de los pocos elementos de negociación que tiene Bolivia para recuperar una salida soberana al mar y le facilitaría enormemente las cosas a un país que muy pocas veces en la historia demostró ser amigo de Bolivia.

Al respecto, es importante considerar que Chile mantiene un gran interés por obtener el derecho de libre tránsito en territorio boliviano porque, además de la manifestación de 1955, hace poco, cuando el Presidente Morales anunció que no invitaría a Piñera porque tres soldados bolivianos permanecían  detenidos en Chile, la Cancillería de Santiago protestó enérgicamente ante sus pares de La Paz y Brasilia para que también tomen en cuenta a su Presidente.

Si bien es cierto que las autoridades bolivianas mantuvieron su decisión de dejar fuera del proyecto bioceánico a Chile incluso después de invitar al Presidente Piñera al evento inaugural, el hecho de que el Mandatario chileno asista y que posiblemente Brasil intente presionar al Presidente Morales para que acepte incluir al país del Mapocho; son factores que podrían propiciar que Bolivia termine autorizando el libre tránsito de mercancías chilenas por territorio boliviano, sin que ello genere un beneficio mayor al estrictamente comercial para nuestro país. 

Es importante aclarar que la idea de aprovechar esta situación en nuestro beneficio, no es una posición inspirada en la mezquindad, sino en la convicción de que ya es hora de actuar en función a nuestros intereses nacionales y a la historia que nos muestra que los errores políticos del pasado permitieron que Chile se desarrolle a nuestra costa y, en muchos casos, incluso en detrimento de nuestros propios intereses.

Por tanto, lo más inteligente sería poner las cosas en claro para que Chile entienda, desde un principio, que si quiere ser parte de la carretera bioceánica y llegar a un buen entendimiento con Bolivia; tiene que necesariamente ofrecer algo de valor estratégico para nuestro país, como una zona portuaria con autonomía, un muelle como el que Perú tiene en el puerto de Arica o por último, por qué no, un acceso soberano al mar.  

La trampa que Evo Morales le tendió a Piñera

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Tercera

El pasado 23 de marzo, día en que se cumplieron 134 años de la batalla de Calama; el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que en los próximos días su gobierno presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para recuperar un acceso soberano al mar. Ante lo cual, el Presidente chileno, Sebastián Piñera, respondió "El supuesto derecho de Bolivia a acceder soberanamente al mar por territorio chileno, así como la pretendida obligación que tendría el Estado de Chile a negociar al respecto, carece de todo fundamento tanto histórico como jurídico” y antes de advertir que su país y su pueblo defenderán “con toda la fuerza de la unidad su territorio, su mar, su cielo y su soberanía”, remató: “Chile cumple y hará cumplir el Tratado de 1904” (La Tercera, 24/03/2013).

Las palabras de Piñera, no sólo denotan un menosprecio o incluso una subestimación a lo que Bolivia podría hacer en el ámbito jurisdiccional – actitud que ya le costó a Chile ser enjuiciado por Perú ante ese mismo Tribunal -; sino que además demuestran que Evo Morales logró hacerle creer que Bolivia cuestionará la validez y/o la vigencia del Tratado de 1904.

Primero, sería demasiado inocente creer que Bolivia puede de alguna manera solicitar a un tribunal internacional la revisión de un tratado que, a diferencia de su contraparte, ha cumplido y respetado durante más de 100 años; y segundo, a estas alturas, después de que Bolivia retiró su reserva al artículo 6 del Pacto de Bogotá, tampoco puede acudir a la Corte de La Haya para impugnar un tratado que entró en vigencia mucho antes que dicho Pacto, pues esa es precisamente una de las restricciones que contiene ese acuerdo firmado en la capital colombiana el 30 de abril de 1948 (Art. 6).

Suponiendo que Piñera conoce estos argumentos ¿Por qué insiste en que hará cumplir el Tratado de 1904? La respuesta sólo puede ser una, el Mandatario chileno no ha considerado cuáles podrían ser los verdaderos argumentos jurídicos de Bolivia y sigue pensando que el gobierno de Morales intentará impugnar el acuerdo que reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre el vasto, rico y único litoral boliviano. 

Nada más insólito y sorprendente, pero cierto. La estrategia de Evo Morales por distraer la atención de Chile hacia el Tratado de 1904 fue todo un éxito. Comenzó en febrero de 2009, cuando el propio Morales promulgó la nueva Constitución boliviana que, en su artículo 267, declara el derecho del Estado Plurinacional de Bolivia “sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” y en su disposición transitoria novena aclara: “En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.

Después de esta señal, no hubo más cuestionamientos al famoso tratado hasta el 23 de marzo de 2011, día en que el Presidente boliviano anunció por primera vez su intención de recurrir a los tribunales internacionales para demandar a Chile. Pero a partir de esa fecha, Morales aprovechó absolutamente todas las oportunidades que tuvo (la última suscitada con la detención de tres soldados bolivianos en Chile) para decirle al gobierno chileno y al mundo que el Tratado de 1904 es injusto, impuesto e incumplido.

De hecho, resulta comprensible que cualquier ciudadano – pero no un Presidente – de un Estado de Derecho con instituciones fuertes que verdaderamente respetan las normas constitucionales, dé por descontado que las disposiciones de la Carta Magna son algo casi o totalmente sagrado. Sin embargo, ese cálculo no se aplica a la lógica política del actual gobierno boliviano que sabe que puede modificar cualquier “contradicción constitucional” a través del Congreso que tiene bajo su control, y que muy hábilmente utiliza cualquier recurso para confundir a sus potenciales adversarios, incluyendo en este caso a la mismísima Constitución.

Todo ello, sumando a la conciencia de quien se sabe culpable de no cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, hicieron que Piñera caiga en la trampa de Evo Morales.

La mosca molestosa

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con dos expertos del tema marítimo boliviano, el excanciller de la República Javier Murillo de la Rocha y el reconocido historiador boliviano Ramiro Prudencio Lizón, con quienes compartí algunas impresiones sobre la detención y posterior liberación de los tres militares bolivianos en Chile; y aproveché para preguntarles su opinión acerca de la política defensiva que está aplicando el Gobierno de Santiago frente a los constantes ataques de Bolivia, que básicamente consiste en responder a todas las ofensivas, algunas veces con “cierta indignación”, y recientemente, brindándole al presidente Morales una inmejorable oportunidad para traer a colación el conflicto marítimo boliviano al encarcelar a nuestros soldados. Actitud que contrasta notoriamente con la política de absoluta indiferencia adoptada por el Gobierno de EEUU ante las insinuaciones, también recurrentes, que recibe de las autoridades bolivianas.

Prudencio respondió que la actitud del Gobierno chileno obedece a factores de política interna, pues la administración de Piñera necesita subir en las encuestas de popularidad de cara a las elecciones presidenciales; y es evidente que mostrarse firme ante los reclamos de Bolivia y decir que no existen temas pendientes tiene una alta rentabilidad política, en términos de apoyo popular.

Por su parte, Javier Murillo fue mucho más gráfico y dijo: “La respuesta es fácil, águila no mata mosca”, en referencia a que Estados Unidos sería el águila y Bolivia la mosca. “No importa cuánto intente la mosca incomodar al águila, este último nunca reaccionará”.

Después de reflexionar sobre estas dos respuestas, que en un principio parecían incompatibles, llegué a la conclusión de que se podría explicar esta situación imaginando que Chile es una vaca, la cual, en su intento por espantar a la mosca con su cola, la incentiva más a seguir incomodando. De hecho, la mosca intentó molestar al águila desde 2006 pero, ante su aburrida indiferencia, en 2011 decidió centrar sus ataques en la vaca, que sí le presta atención.

Por su parte, la vaca, con el propósito de subir en las encuestas de popularidad de su país, muge “con cierta indignación” que no hay temas pendientes y da fuertes coletazos para espantar a la mosca, la cual sólo atina a persistir con todas sus fuerzas en su intento por molestarla; y así, ambas logran despertar la atención de los demás animales de la selva latinoamericana y del mundo, quienes advierten que hay un serio problema entre la vaca chilena y la mosca boliviana que, por el bien de la integración regional y la convivencia pacífica, debe resolverse.

Régimen de libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos

Por: Daniel Agramont Lechin (1)

¿Es Verdaderamente Chile un país respetuoso de los tratados internacionales?



A pesar de que el tema de fondo del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile fue y seguirá siendo el enclaustramiento geográfico boliviano resultante de la Guerra del Pacífico, es también digno de atención el cumplimiento que Chile da a los compromisos que asumió mediante la firma del Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Este tema se justifica aún más bajo la coyuntura actual en que autoridades chilenas aseguran con gran soberbia que “Chile es un país serio que respeta los tratados internacionales” y también que “Chile no tiene temas pendientes con Bolivia”.

A partir de 1879, Bolivia es privada de su costa marítima y recién con la firma del Tratado de 1904 en compensación, recibe un tratamiento diferenciado en Chile, el cual le otorga ventajas en cuanto al tránsito de personas y mercancías. Para hacer una breve explicación de este régimen especial de tránsito, se puede mencionar que tiene como punto de partida el referido Tratado de 1904 en el cual Chile reconoce en favor de Bolivia - y a perpetuidad -“el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico” (artículo VI), además de que Bolivia tiene el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para su comercio (artículo VII). Posteriormente ese derecho fue reglamentado bilateralmente con la firma de varias convenciones de tránsito. Se puede citar que en 1912 Chile amplía lo acordado en el Tratado de 1904 y se establece que “garantiza el libre tránsito por su territorio de las mercaderías extranjeras que se desembarquen con destino a Bolivia, o que; procedentes de este país se embarquen para el extranjero por todos los puertos mayores de la República” (artículo I), además de otorgar un año de almacenamiento gratuito  a las importaciones y exportaciones bolivianas en tránsito (artículo XII). Además, en 1937 se firma otra convención en la cual el Estado chileno ratifica que “reconoce y garantiza el más amplio y libre tránsito a través de su territorio y puertos mayores para las personas y cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia, en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo I) y otorga a Bolivia la jurisdicción para el cuidado, fiscalización y responsabilidad de su carga que será ejercida a través de la Agencia Aduanera del Estado Boliviano (artículo IV-d).

Puerto de Arica

A pesar del marco general de aplicación establecido por estos tratados, el régimen especial de tránsito del cual gozaban las importaciones y exportaciones bolivianas comenzó a experimentar dificultades en su aplicación desde los años 70 resultando en serias denuncias de incumplimiento por parte de Bolivia en contra de Chile. La intermediación de la CEPAL y la elaboración conjunta del Manual Operativo del Sistema Integrado de Tránsito en 1976, - actualizado en 1993 - pareció haber dado una solución estructural al problema de arbitrariedades por parte de Chile en cuanto al manejo de la carga boliviana. No obstante, en 2004 Chile culmina una serie de acciones unilaterales que pueden ser consideradas como una falta gravísima no sólo al ordenamiento jurídico vigente entre ambos países sino también a la práctica consuetudinaria del manejo de la carga boliviana en tránsito. Específicamente nos referimos a la modernización del sector portuario en Chile que, sin contemplar diferencias entre Arica y Antofagasta con los demás puertos chilenos, fue llevado a cabo de  forma unilateral, modificando toda la operativa portuaria y comercial utilizada hasta ese momento. Tal como sucedió en el pasado y sucede actualmente, en ese entonces Bolivia vuelve a la denuncia de violación de los tratados por parte de Chile. 

Para poder entender cuál fue el cambio brusco realizado por el Estado chileno, es necesario hacer una breve descripción de su sector portuario. En síntesis podemos mencionar que el modelo portuario chileno experimentó en las últimas tres décadas varios cambios que giraban alrededor de una mayor o menor participación estatal. Antes de 1981 era el estado el que proveía los servicios portuarios a través de EMPORCHI que ejercía un monopolio no solo en cuanto a la administración y operación portuaria, sino también en cuanto a la provisión de infraestructura. Posteriormente, a través de la Ley 18.042 de 1981 se establece un sistema de múltiples operadores privados, lo que rompía el monopolio del Estado e introducía competencia en los puertos. Finalmente, en 1990 con la Ley 18.966 se estableció que el Estado chileno a través de EMPORCHI se encargaría únicamente de administrar la infraestructura portuaria y de almacenamiento, dejando a empresas privadas las operaciones portuarias. (2) Es importante resaltar que aunque estos tres cambios afectaban directamente al comercio boliviano -amparado en tratados internacionales-, el Estado chileno realizó estas reformas internas sin realizar consultas.

Sin embargo, en 1997 Chile decide avanzar aún más y aprueba la Ley 19.542 de Modernización del Sector Portuario Estatal que realiza un cambio drástico en el modelo aplicado hasta ese entonces y reduce el papel del Estado al mínimo posible, dejándolo solo como un fiscalizador de empresas privadas a las cuáles les entrega por un tiempo determinado la administración y operación de cada uno de los 14 puertos mayores del país. En otras palabras, una empresa privada sería la que provea no solamente la transferencia de carga sino también la infraestructura necesaria para el desarrollo normal de las operaciones portuarias, teniendo como requisito primordial el compromiso inversión. El motivo, a decir de los propios chilenos, era que sus puertos estaban quedando rezagados y obsoletos para los requerimientos del comercio internacional debido a la baja inversión por parte del Estado. Pese a que este modelo de liberalización de los servicios portuarios (comúnmente conocido como “Landlord”) fue aplicado en varios países del mundo, para Chile existía una gran restricción que debía ser tomada en cuenta y que era precisamente el famoso Tratado de 1904 y todos los convenios posteriores. Lo que ocurrió finalmente es que, haciendo caso omiso del régimen de libre tránsito del que gozaba Bolivia, Chile inicia el proceso de privatización de todos sus puertos mayores.

Desde el anuncio del Estado chileno sobre la aplicación de esta ley a los puertos de Arica y Antofagasta, el rechazo en Bolivia fue unánime. Tanto el gobierno como los empresarios privados se pronunciaron en contra de un atropello de esta naturaleza no sólo porque se constituía en una violación clara al régimen de libre tránsito que Bolivia tiene por territorio y puertos chilenos, sino porque en la práctica iba afectar de manera significativa al comercio boliviano en tránsito.

Cabe preguntarse qué podía haber hecho Bolivia ante este avance avasallador por parte de Chile, que en medio de conversaciones oficiales entre gobiernos había decidido unilateralmente avanzar en el proceso de privatización. Como siempre, hicimos lo único que podríamos hacer, llevar el caso a organismos internacionales pidiendo su mediación y amenazando con desviar nuestra carga por puertos del sur del Perú. El entonces Canciller Siles advirtió a modo terminante que “si en el encuentro de vicecancilleres de Chile y Bolivia, nuestro país no accede a detener el proceso de concesión del Puerto de Arica, nuestro Gobierno presentará quejas ante la ONU y la OEA.” Incluso manifestó que Bolivia podría recurrir a un arbitraje internacional, en caso de no conseguir su objetivo. (3)

A pesar de los constantes reclamos de Bolivia, ya son casi 8 años desde que el régimen de libre tránsito - cuyo marco legal está constituido no sólo por los varios tratados firmados entre ambos países sino también la costumbre internacional - fue perforado por el Estado chileno, debido a que traspasó a  empresas privadas el cumplimiento de sus obligaciones que emanan de tratados internacionales, específicamente su obligación de “garantizar el más amplio y libre derecho de tránsito en todo tiempo sin excepción alguna”. Si bien antes era el Estado el que se encargaba de las inversiones en los puertos, a partir de 2004 esto fue delegado a operadores portuarios privados, quienes a su vez incrementaron las tarifas del servicio para poder financiarlas. Lo anterior significa en la práctica que actualmente los comerciantes bolivianos que utilizan estos puertos son quienes n financian la provisión de infraestructura. Empeorando aún más las cosas para el puerto de Arica, el Estado chileno decide entregar las operaciones de forma exclusiva a una sola empresa por un plazo de treinta años, imponiendo así un monopolio a todas las importaciones y exportaciones bolivianas que pasan por este puerto.

Puerto de Antofagasta

Adicionalmente, la privatización de los puertos en Chile logró que el Estado boliviano pierda la jurisdicción y competencia que tenía sobre su carga. Si bien en el pasado, tanto la ex AADAA como la actual ASP-B, realizaban licitación pública internacional para el manejo de carga a nombre del Estado boliviano, a partir de 2004 el operador de cada puerto responde únicamente a la empresa estatal chilena que está encargada de fiscalizarla.

Ante los hechos anteriormente descritos, ¿cómo es que autoridades chilenas pueden seguir afirmando con orgullo y prepotencia que Chile es un país respetuoso de los tratados internacionales? Más aún, ¿cómo pueden las autoridades chilenas insistir en retomar el diálogo? ¿Por cuántas décadas más? Tomando un solo ejemplo -el caso de los puertos- encontramos que Chile sí tiene temas pendientes. Desde 2004 Bolivia solicita en cada reunión bilateral oficial la anulación de la privatización de estos puertos pero siempre encuentra una respuesta negativa y soberbia por parte de Chile. (4)

Si bien es algo inobjetable que un Estado tiene la soberanía para realizar los cambios en sus políticas dentro de su territorio, contemporáneamente es también inadmisible que emprenda acciones unilaterales en temas que están claramente incluidos en tratados internacionales y que afectan a los intereses de terceros países. Podemos evidenciar que la estrategia boliviana para afrontar el diferendo marítimo, tal como fue expresada por el Presidente Morales en la CELAC, tiene varios argumentos concisos de violación a los tratados vigentes por parte de Chile, que pueden ser bien utilizados en la futura demanda en una corte internacional.

---

(1) Economista, experto en temas portuarios
(2) CARRILLO, IRIS y SANTANDER, ASTRID. MODERNIZACIÓN PORTUARIA EN CHILE. Sínt. tecnol., nov. 2005, vol.2, no.2, p.63-68. ISSN 0718-025X.
(3) http://www.estrellaarica.cl/site/edic/20040211032857/pags/20040211033654.HTML
(4) Acta de la XII Reunión del Grupo de Libre Tránsito, 2011 

Detención de soldados, el error y la falta de profesionalismo chilenos

Por: Ricardo Aguilar Agramont

Publicado en La Razón.

 

Un incidente en las fronteras fue tratado por Chile fuera de toda norma internacional. El error diplomático dejó servida una situación para poner en evidencia su mala predisposición y resaltar la demanda marítima de Bolivia.

 

 

El 10 de febrero, en esta misma sección de Animal Político, se publicaron dos artículos en los que se ponía en evidencia un número de contradicciones que parecen dar forma a una conducta recurrente de la diplomacia chilena cuando trata el tema marítimo que tiene pendiente con Bolivia. Adicionalmente, en esos mismos artículos se mostraba cómo la administración de Sebastián Piñera era la síntesis de los contrasentidos respecto de su diplomacia sobre el mar y el país o cualquier asunto que pueda relacionársele. Así, la crisis de la detención y posterior liberación de los tres soldados bolivianos deja al desnudo otras antítesis del actual Gobierno transandino y la falta de profesionalidad de su Cancillería.

El expresidente Carlos Mesa opina que el modo en que Chile manejó el conflicto “es uno de los errores más significativos de la diplomacia chilena en su relación con Bolivia”. El 25 de enero fueron detenidos los soldados Álex Choque (20), Augusto Cárdenas (18) y José Luis Fernández (18), quienes permanecieron privados de libertad hasta el 1 de marzo, y parte del arresto estuvieron encerrados en una cárcel de alta seguridad, Alto Hospicio de Iquique. En dicho periodo, los dimes y diretes entre Evo Morales y Piñera no fueron escatimados.

Estos casos siempre se resuelven vía cancillerías, sin embargo, Chile quiso dar “una lección a Bolivia”, dice Andrés Guzmán Escobari, diplomático y economista. “Todo esto demuestra que la diplomacia chilena no es esa diplomacia profesional que pretenden, sino que comete errores y muy grandes, como en este caso”.

“Este mal cálculo político les salió mal, pues sirvió a Morales para hacer un escándalo mayor y sacar a flote, lo cual apoyo, que la nación chilena tiene una cuestión pendiente con el país, es decir, el tema marítimo”, juzga el analista. Según el excanciller Javier Murillo de la Rocha, se “magnificó un incidente menor” en lo que “ambas partes” tendrían responsabilidad.

“Lo que correspondía hacer es seguir el canal diplomático, es decir, que una de las partes, en este caso Bolivia, envíe una nota explicando la circunstancia en que se traspasó la frontera —durante un operativo de lucha contra el contrabando— y se pida una disculpa. (Bolivia lo hizo) Chile debió haber aceptado esas explicaciones, las cuales además fueron públicas”, dice.

No sucedió un arreglo —continúa— porque el “clima político estaba enrarecido desde la cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Santiago. Chile reaccionó mal” llevando el asunto a estrados judiciales y “Bolivia también ayudó” a que se haga un “conflicto mayor”.

En efecto, a finales de enero, Morales y Piñera entablaron una polémica sobre el tema marítimo en la cumbre de la Celac. Esto empeoró las maltrechas relaciones bilaterales. Los soldados detenidos en Chile sólo fueron la cereza de la crisis diplomática que venía incluso de antes de la cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 2012 en Cochabamba y tiene su origen cuando Chile se retiró de la comisión binacional que trabajaba la agenda de los 13 puntos.

Formas. Mesa afirma que en un caso como éste, en que soldados bolivianos pasan la frontera de un país cumpliendo una labor específica como la lucha contra el contrabando y habiendo documentos binacionales en los que se habla de cooperación mutua, la circunstancia indica que hay que resolver el asunto con una llamada entre las cancillerías y devolviendo a los soldados en 48 horas.

“Es un incidente que ha sucedido repetidas veces. El Gobierno chileno, sorprendentemente, decide mandar a la justicia ordinaria a los soldados con una figura jurídica absolutamente incorrecta: ‘ciudadanos armados que entran a territorio chileno’”.

En su criterio, la única posibilidad habría sido “vulneración de la soberanía de Chile”, lo cual lleva a un conflicto internacional.  En cuanto a cómo trató Bolivia el asunto, Mesa señala que discrepa en la forma (“las acusaciones tienen un tono que no es el adecuado”), aunque en el fondo está “totalmente” de acuerdo con lo que se hizo.

La internacionalista Karen Longaric asegura que el desarrollo de la crisis ha puesto “en evidencia ante la comunidad internacional a un gobierno chileno adverso a Bolivia”.  “La situación no merecía llegar a niveles tan desagradables. Bolivia, al contrario, no ha cometido ningún error más allá de algunas expresiones del reclamo, pero fue muy serena su reacción”.Longaric califica el proceder chileno de “agresivo y con una predisposición evidente”.

“Es absurdo que se trate con tanta severidad a tres soldados jóvenes con un arma, como si fuera un batallón. Chile no pudo manejar correctamente un tema que es cotidiano en las fronteras”, considera Longaric.

Afirma que los mecanismos diplomáticos usuales en este tipo de casos, “que son frecuentes”, son los siguientes: primero se debería haber demandado un peritaje binacional para determinar si el lugar en que fueron privados de libertad era Bolivia o Chile (“¿por que no dudar?”). Si era territorio chileno, entonces se pedía las disculpas respectivas y se solicitaba que los bolivianos retornen. “Jamás correspondía que se acepte la justicia chilena para dirimir el problema porque en primer lugar se trataba de militares al servicio del Estado”, asegura Longaric.

Además, dice que tampoco corresponde nunca un trato como el que recibieron los tres conscriptos (encerrados en una cárcel de máxima seguridad y llevados a declarar enmanillados). “A todas luces, ha sido un trato hostil, nada usual en el derecho internacional. Lo correcto es que estos conflictos se arreglen rápido y mediante cancillerías. La actitud chilena ha sido totalmente errónea con un proceso abusivo”. Acerca de la posterior liberación condicionada que falló la justicia de Chile, afirma que las normas “no se expresan con figuras de ese tipo nunca”.

Fue un “claro triunfo” para Bolivia, asevera Guzmán, porque —en su criterio— se captó la atención de la comunidad internacional sobre el enclaustramiento del país. El caso particular de los soldados “no será central”, pero hizo visible el tema de fondo. “Mientras más duraba la detención, Morales aprovechaba inteligentemente y Chile y su diplomacia quedaban peor. Ahora, bien, cuestionan que el Presidente haga un uso político del tema, pero si los chilenos le dan servido en bandeja, es lógico hacerlo”.

¿Ganador?

El excanciller boliviano Armando Loayza culpa a las dos partes de no haber resuelto la polémica por la vía diplomática. “Ha sido un incidente desafortunado en el que no han funcionado los mecanismos que Bolivia y Chile habían diseñado durante años y que se plasmaron en la Agenda de los 13 puntos”.

No corresponde decir quién tenía la razón —sostiene— porque Bolivia puede argumentar que se violaron tratados internacionales mientras que el Gobierno chileno, que, por encima de los tratados, está la soberanía del territorio de un Estado. “Bolivia es el que más pierde porque Chile está en la posición más dura de los últimos años”.

Guzmán y Longaric coinciden en que Chile vulneró el acuerdo de 1937 para luchar, junto a Bolivia, contra el contrabando. “En este caso, vemos que no se ha colaborado con la nación; al contrario, han facilitado las labores del contrabando. Ningún contrabandista fue detenido”, cuestiona el diplomático.

En efecto, Chile violó el tratado bilateral que dice que se debe brindar ayuda mutua en la lucha contra el contrabando, afirma la internacionalista.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, denunció el domingo que Chile violó la Convención de Viena sobre derechos internacionales al obligar a los tres soldados a renunciar a cualquier beneficio que pueda ser otorgado por el Consulado de Bolivia en su país. También mencionó que vulneró la Convención Interamericana sobre la asistencia mutua en materia penal; la Convención de Palermo suscrita en 2000, en la que se establece la cooperación entre Estados en la lucha contra los delitos transnacionales, y el Acuerdo de Asunción en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se refiere a la represión al contrabando.

Parece ser que el alejamiento entre ambas naciones no tiene reconciliación hasta un cambio de gestiones, el cual está cercano en ambos casos: Piñera termina su administración a fin de año, mientras que en Bolivia hay elecciones generales en diciembre del próximo año.

Morales ya manifestó que habrá un acercamiento con Chile cuando Piñera termine su gestión. De algún modo, este escenario desfavorable, puede ser tomado como una oportunidad para retomar el diálogo y la tranquilidad, así lo consideran Murillo de la Rocha, Loayza y Mesa.

De hecho, éste es el último año de la gestión de Piñera y las elecciones generales del país son en diciembre de 2014. El vaticinio que hace Hugo Gutiérrez, el diputado chileno del Partido Comunista que alojó por unos días a los tres soldados cuando fueron liberados con medidas cautelares, depara un buen futuro: “La oposición retomará el poder este noviembre y Chile volverá al camino del entendimiento con Latinoamérica”.

La oposición a la que se refiere el legislador está liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, con quien Morales diseñó la frustrada agenda de 13 puntos, que por primera vez en la historia de las discusiones bilaterales incluyó la demanda marítima boliviana en el debate.

‘Esta vez Chile cometió un error muy grave’: Carlos Mesa, expresidente de Bolivia

Éste (el manejo del conflicto   desatado por la detención de los tres soldados bolivianos) es uno de los errores más significativos de la diplomacia chilena en su relación con Bolivia, la cual siempre ha sido compleja. Este país siempre se había cuidado de no generar problemas en ocasiones con circunstancias similares: en este caso cometieron un error muy grave”.

‘No se probó si el lugar era Chile o Bolivia’: Karen Longaric, experta en derecho internacional

Bolivia puede pedir que se conforme una comisión binacional para verificar el lugar en que fueron detenidos los soldados y así comprobar si era territorio chileno o no, lo cual nunca se determinó. Tenemos que tener esa duda legítima, más aún cuando uno de los conscriptos declaró que nunca llegaron a cruzar la frontera. Jamás correspondía haber aceptado la justicia chilena.

‘Nuestro país es el que  sale perdiendo más’: Armando Loayza, excanciller de Bolivia

Creo que con el conflicto de los soldados es Bolivia el que sale perdiendo más, pues Chile ha retrocedido a sus posiciones más extremas. Hablan de “no ceder un centímetro de costa”, “nada de soberanía...”. No funcionaron los mecanismos diplomáticos, a pesar de que hubo contactos, lo cual es muy penoso. Se dañaron gravemente las relaciones. Ambos son perdedores.

‘Chile debió aceptar las explicaciones’: Javier Murillo de la Rocha, excanciller de Bolivia

Chile debió aceptar las explicaciones, que además fueron públicas, de que se traspasó la frontera sin que haya sido deliberadamente y que se estaba persiguiendo al contrabando. Después, el país vecino debió haber hecho una entrega de los soldados. Pero no fue así por la tensión previa que llevó a que se magnificara el incidente y que las partes no reaccionaran con tranquilidad.

‘El Gobierno chileno no respeta a su justicia’: Andrés Guzmán Escobari, diplomático y economista

La justicia chilena no ha demostrado ningún delito, sin embargo, las autoridades de su Ejecutivo, el canciller Moreno y Piñera siguen hablando de un crimen, por lo que se concluye que sus autoridades no respetan las decisiones de su propia justicia. Con eso no sólo faltan al respeto a nuestros soldados, sino también a su Poder Judicial porque deberían presumir la inocencia de los soldados.

Morales y Piñera, los dimes y diretes

Por: Ricardo Aguilar Agramont
Publicado en La Razón

Aquí hubo un tremendo doble estándar de parte de Bolivia: por una parte exigía soluciones y por otra frenaba todas las posibles soluciones”, decía el presidente chileno, Sebastián Piñera, en una entrevista radial dos días después de la liberación (1 de marzo) de los tres soldados bolivianos detenidos de manera ilegal en Chile el 25 de enero, cuando realizaban una misión de lucha contra el contrabando, en uno de los mayores errores cometidos por la diplomacia de ese país, como lo califica el expresidente Carlos Mesa.

Evo Morales señalaba, días antes, que el encarcelamiento era una venganza por su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), llevada a cabo nada menos que en Santiago de Chile, en la que pedía enérgicamente la restitución de mar con soberanía. Esa ocasión, el Presidente de Bolivia enumeró claramente las repetidas veces que Chile ha violado el Tratado de Paz y Amistad de 1904. “Lamentablemente, se ha perdido la salida al mar de una manera injusta, impuesta por un tratado incumplido e injusto”. Parece ser que Piñera no perdonaría esto, por lo que Morales lo acusó de desquitarse encarcelando a los soldados bolivianos.

Así terminaba una historia de invectivas que muy probablemente continuarán hasta el día en que Piñera deje la presidencia de su país; pero para relatar la historia de los dimes y diretes entre ambos mandatarios hay que remontarse a 2010, cuando todo parecía ir viento en popa y se preparaba la retoma de la agenda de los 13 puntos iniciada en 2006 con el gobierno de Michelle Bachelet. 

El 10 de marzo de 2010. Día soleado en el barrio santiaguino de Providencia. Morales y Piñera disputan un partido amistoso de fútbol, después del rescate de los 33 mineros atrapados en una mina de cobre al norte de Chile. El espectro de la historia entre ambos países, sin embargo, extiende su sombra y la tensión hace del juego una alegoría por demás obvia del conflicto marítimo.

El futuro mandatario chileno goza del momento más álgido de popularidad. Todos, incluyendo al mismo Piñera, pueden recordar frescas las palabras de su campaña electoral: “Vamos a facilitar el acceso de Bolivia a nuestros puertos para que los puedan usar para el comercio exterior, pero no vamos a ceder ni territorio ni mar” (cita extraída del texto académico Las relaciones Bolivia-Chile y el riesgo para la seguridad regional del diplomático Andrés Guzmán, documento del que se extraen las fechas de los encuentros diplomáticos para la totalidad de este artículo).

Si bien lo dicho en su campaña no era lo más prometedor para Bolivia, al menos anunciaba buena disposición. Al día siguiente, Piñera inicia su mandato.

14 de julio de 2010 es la fecha para un encuentro a nivel de vicecancillerías en que se retoma la agenda de los 13 puntos, entre los que está el debate sobre una salida soberana al Pacífico para Bolivia. El lugar de la reunión es La Paz. Su conclusión no produce ningún avance. No obstante, ambos países firman un acta en el que se comprometen a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones”.

La siguiente reunión está programada para noviembre de ese año, pero el compromiso parece quedarle grande a Chile si se considera que lo pospone hasta hoy. En la reunión del Mercosur, en diciembre de 2010, los presidentes se encuentran en Foz de Iguazú y elevan el tratamiento del tema a nivel de cancilleres. Hay dos reuniones, una en Santiago y otra en La Paz. Sus conclusiones no producen ningún avance.

Morales quiere creer que no hay ninguna estrategia premeditada de retardar el diálogo y así lo expresa repetidas veces. Conjetura razones por las que, tal vez, Chile pospone las reuniones y pide reanudar el diálogo.

El 22 de enero de 2011, día del Estado Plurinacional, Morales expresa en su informe anual: “Atacama antes era Bolivia, esperamos recuperarla pronto”. Al día siguiente, como en un contrapunteo, Piñera replica: “Atacama es y seguirá siendo chilena, con soberanía chilena, y eso nunca ha estado ni va a estar en las conversaciones con Bolivia”.

El 17 de febrero de 2011, Morales pide a Chile presentar una propuesta de solución antes de que se cumplan los 132 años de la batalla de Calama, el 23 de marzo de ese año. Chile toma la declaración como un ultimátum, escribe Guzmán.

Entre miles de colegiales uniformados, militares, autoridades y uno que otro heladero (también uniformado) o salteñero que logra colarse para vender su mercancía, la plaza Abaroa de La Paz es el escenario de un ritual muy conocido por los paceños: los actos conmemorativos del 23 de marzo. “La lucha que ha marcado nuestra historia por 132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales internacionales y organismos internacionales demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al océano Pacífico”, dice Morales rodeado de los escolares emperifollados.

Hasta aquí llegamos, parecía responder Chile que a través de su canciller Alfredo Moreno señala dos caminos: el país debía elegir entre diálogo o diferendo internacional. Bolivia opta por lo segundo.

El 2 de abril de 2011, Morales se queja de que el mandatario chileno ignora la historia, por lo que es “imposible debatir” con él. A eso Piñera contesta con que hay un tratado que hay que respetar, a pesar de que la impostura de la afirmación es evidente al ser públicas las numerosas violaciones al acuerdo que Chile continúa realizando.

Ahora hay intentos de acercamiento, éstos, si bien son infructíferos, apaciguan el intercambio verbal, aunque no lo detienen, hasta el 23 de marzo de 2012, cuando Evo ratifica el camino de acudir a un tribunal internacional. “Los tratados son para cumplirlos”, es la réplica del chileno.

Ya de locales, llega la cumbre de la Organización de los Estados Americanos. Bolivia espera lograr el apoyo de otros países en las reuniones realizadas en Tiquipaya, Cochabamba. “Si hay alguna posición radical de Chile es justamente (porque) hay temor a las acciones que estamos tomando, si no les causaría tal vez risa”, dice y Piñera contesta con lo que ya parecen las únicas palabras de su léxico para referirse al conflicto marítimo: “Quisiera decir al pueblo boliviano y al Presidente de Bolivia que los tratados se firman para cumplirlos”. La impostura es reiterada.

La historia es circular: empieza y termina en lo mismo, es decir, con Piñera hablando de dar fiel cumplimiento al Tratado de 1904. Paradójicamente, eso es algo que bien podría ser una exigencia boliviana ante Chile.

Chávez y el mar

Por: Carlos A. Carrasco
Publicado en La Razón

La XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santa Cruz de la Sierra, los días 15 y 16 de noviembre de 2003, se preparó meses antes con la cooperación entusiasta de las autoridades locales, bajo la orientación de la Cancillería. Los aspectos protocolares tan importantes para una reunión semejante estuvieron bajo mi responsabilidad, como Director del Ceremonial del Estado.

Organizar el arribo ordenado de los aviones de 23  jefes de Estado, más algunas personalidades equivalentes como el Secretario General de Naciones Unidas y otros, en pocas horas de la mañana de ese 15 de noviembre, fue tarea sumamente compleja. Cada uno de los visitantes debía ser recibido con honores militares y rito ceremonial parejo. Sendas banderas de idéntica dimensión fueron confeccionadas y desplegadas apropiadamente. Para contingencias inesperadas carros-ambulancia aguardaban pacientemente su rol.

 

Decenas de motocicletas policiales hacían guardia junto a conspicuos “hombres de negro” encargados de seguridad. Dos ensayos realizados el día anterior, con simulacros exactos en distancias y circunstancias, nos familiarizaron para enfrentar la realidad en perfecta armonía.

Por fin llegó la hora de la verdad y muy temprano me dirigí con mis ayudantes al aeropuerto de Viru Viru. Uno a uno los aviones presidenciales aterrizaban con intervalos de media hora. Mientras los reyes de España llegaban en dos enormes aeronaves, el presidente Nicanor Duarte, de Paraguay, lo hacía en una modesta avioneta y Kofi Annan, patrón de la ONU, en línea aérea comercial. Pronto se sucedieron en cascada, el brasileño Lula da Silva, el colombiano Álvaro Uribe, el argentino Néstor Kirchner, el ecuatoriano Lucio Gutiérrez, el salvadoreño Francisco Flores, el peruano Alejandro Toledo, el portugués Jorge Sampaio y los demás. A último momento, Fidel Castro se excusó de su asistencia y se hizo representar por su vicepresidente Carlos Lage. El protocolo era indefectiblemente el mismo, el avión carreteaba hasta un punto determinado y yo subía a la nave y en nombre del presidente Carlos Mesa, daba la bienvenida al ilustre huésped y le explicaba brevemente la ceremonia que tendría lugar. Juntos descendíamos de la nave y se pasaba revista a la unidad militar formada en columna de honor. Al término de la alfombra roja, la hilera de autoridades locales recibía el saludo del visitante y enseguida éste, desde la plataforma expresamente colocada para el efecto, pronunciaba su mensaje ante la prensa, que apiñada en una tribuna captaba fotografías y filmaba el acto. De inmediato, el Presidente y su comitiva montaban en sus automóviles y se alejaban velozmente hasta el hotel Los Tajibos, sede de la cumbre.

Ese ritual se repitió 23 veces sin mayor contratiempo, salvo cuando le tocó el turno a Hugo Chávez, quien dijo textualmente: “Bolivia tuvo mar y aunque se molesten algunos en este continente, lo lamento mucho, Venezuela seguirá reclamando solidaridad con Bolivia en su derecho a las costas sobre el mar. No es justo que se le haya arrebatado la salida al mar (...)”.

Luego, con marcada emoción y enfática retórica, manifestó que el día más feliz de su vida sería aquél cuando pudiese bañarse en playas bolivianas.

Como Chávez se extendió demasiado en su discurso, el avión chileno que se encontraba rondando el espacio aéreo decidió descender y permanecer a la espera de su turno. Ello posibilitó al presidente Ricardo Lagos escuchar el mensaje de su homólogo venezolano. Cuando lo encontré ya presto para salir de su avión, estaba tenso y parecía presuroso por reaccionar contra la inesperada declaración de su colega. Ante el micrófono, rememoró anteriores diálogos que sostuvo con mandatarios bolivianos y manifestó verbatim: “No es con la mirada puesta en el pasado en que podemos afrontar los desafíos de vivir en un mundo global, complejo, donde los países más pequeños tenemos que trabajar unidos y codo a codo (…)”.

Debido a esa significativa controversia, los corrillos de la Cumbre se nutrieron de comentarios entre los concurrentes. Alabarderos de la diplomacia chilena, alborotados corrían, armados de sus celulares, de uno a otro lado. Presidentes y ministros alimentaban murmullos en agitadas tonalidades. Antes de que la reunión se inaugurara solemnemente, Chávez había detonado una sonora bomba mediática cuyo estruendo ya se propagaba en radios, televisiones y prensa continental. Fue un golpe sensacional, ajeno a la tibia agenda cimera habituada a soslayar los puntos candentes que incomodan a la conciencia de las naciones participantes.

También, como sucede en ocasiones similares, la comunidad contestataria convocó a una cumbre paralela que se denominó “Encuentro Social Alternativo” con la participación de cientos de militantes ávidos de difundir sus aspiraciones y expresar sus frustraciones. Ante el estruendo de los aplausos, aparecieron como figuras estelares Hugo Chávez, Carlos Lage y Evo Morales, éste entonces portavoz de los movimientos sociales bolivianos. Estaba aún lejana la instauración de la Alianza Bolivariana  para los Pueblos de Nuestra América (Alba).

Aquella fulgurante invocación por la reivindicación marítima recitada por el líder venezolano en suelo cruceño nos muestra la entrañable amistad y solidaridad sin límite alguno que desde siempre sintió Hugo Chávez por la Hija Predilecta del Libertador.