Por: Andrés Guzmán Escobari
Para muchos entendidos en el tema
marítimo boliviano, la negociación de Charaña de 1975, en la que Chile aceptó
ceder a Bolivia un territorio soberano sobre las costas del Pacífico a cambio
de un terreno equivalente (por tierra y mar), fue la ocasión que más cerca
estuvieron ambos gobiernos de alcanzar una solución al problema que genera el
enclaustramiento boliviano. Para algunos otros, el intercambio de notas de 1950,
en el que Chile accedió a ingresar en una negociación para darle a Bolivia una
salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales,
fue el intento más próximo y realista para terminar definitivamente con el
encierro geográfico boliviano. Por otra parte, también hay quienes sostienen
que los Tratados de 1895 definen el compromiso más serio que existe sobre esta
materia, pues en aquella oportunidad, Chile se obligó a ceder Tacna y Arica a
Bolivia si dichas provincias quedaban en su dominio después del plebiscito que debía
definir su nacionalidad. No obstante, en opinión de quien escribe, la vez que
más cerca estuvimos los bolivianos de recuperar un acceso soberano al mar fue en
1926, porque en ese año, no sólo Chile ofreció a Bolivia un territorio con
soberanía sobre las costas del Pacífico, sino también Perú.
Para comprender lo ocurrido en aquel
tiempo es bueno recordar que los gobiernos de Lima y Santiago se encontraban en
una dura disputa por las provincias de Tacna y Arica cuya pertenencia aún no
había sido definida a pesar de que en 1883, ambos países se habían comprometido
a realizar un plebiscito que, al cabo de diez años, debía definir su nacionalidad
definitiva. Pero como no se pudo acordar las condiciones para realizar dicha
consulta, Chile extendió su dominio sobre esos territorios mucho más allá del
plazo acordado originalmente, lo cual, sumado a su controvertido plan de
chilenización de la zona en disputa, que incluía prácticas de amedrentamiento e
intimidación contra los habitantes peruanos del lugar; provocó no sólo la
ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares entre Chile y Perú, sino que
también propició una inconducente etapa de acusaciones y recriminaciones del
uno contra el otro.
En ese tenso ambiente en que la
solución al problema de Tacna y Arica parecía inalcanzable, el gobierno de
Estados Unidos decidió ofrecer sus buenos oficios a Chile y Perú para evitar
que la controversia ponga en peligro la paz mundial que, en ese momento, era
sin duda uno de los máximos ideales de la política internacional de las grandes
potencias, junto con la libre determinación de los pueblos.
Fue así que el 4 de marzo de
1925, el Presidente de Estados Unidos, Calvín Cooldige, después de haber sido
designado por las partes como árbitro de la controversia; resolvió que el
plebiscito debía realizarse y dispuso la conformación de una Comisión
tripartita que estaría encargada de llevar a cabo la consulta. No obstante, al
poco tiempo, dicha Comisión evidenció que no existían las garantías necesarias
para realizar un proceso plebiscitario libre y correcto, por lo cual, el
Secretario de Estado, Frank Kellogg, intentó propiciar un acuerdo entre las
partes que sin realizar el plebiscito, resuelva todos los problemas derivados
de la guerra del Pacífico. Les propuso básicamente tres tipos de soluciones: 1)
la neutralización del territorio para que sea administrado por un ente
autónomo; 2) la división del territorio en disputa, con un corredor boliviano
que pase por el centro; o 3) la cesión de todo el territorio en disputa a
Bolivia. Ninguna de esas propuestas llegó a ser aceptada simultáneamente por
las partes, pero en el proceso de negociación, ambos países aceptaron darle a
Bolivia una salida soberana al mar.
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| El Presidente del Perú, Augusto Leguía en 1926 |
El Presidente del Perú, Augusto Leguía,
propuso entregar un territorio al sur de Arica a Bolivia; insistía en que la
ciudad ariqueña y su Morro debían quedar en el Perú, pero que los bolivianos podrían
acceder al mar por un terreno entre las lomadas de Azapa y la caleta Vitor. Ese
planteamiento fue ratificado por escrito en una nota enviada al gobierno
boliviano el 8 de septiembre de 1925 y en un memorándum dirigido a Kellogg en
mayo de 1926 (Gumucio, Jorge: Estados Unidos y el mar boliviano. 2005. Pág. 302
y Basadre, Jorge: La vida y la historia. 2007. Pág. 366).
Ante la imposibilidad de llevar a
cabo la consulta, el representante del árbitro ante la Comisión Plebiscitaria,
General William Lassiter, propuso a los delegados de Perú y Chile someter a
votación la posibilidad de cancelar el plebiscito debido a que no existía una
atmosfera apropiada para celebrarlo. Según explicó, la pasividad y permisividad
de las autoridades chilenas ante los atropellos que sufrían los ciudadanos
peruanos en la zona, habían hecho impracticable el plebiscito (Ulloa, Alberto:
Para la historia internacional y diplomática del Perú. 1987. Pág. 362).
Mientras tanto en Washington, Chile
ofreció una solución que incluía un corredor para Bolivia al norte de Arica
mediante dos telegramas que fueron entregados a Kellogg por el Embajador chileno,
Miguel Cruchaga, el 21 de mayo y el 9 de junio de 1926. En el primero, Chile proponía
conceder a Bolivia un corredor que tendría a la frontera norte de Arica como
eje y, en el segundo, aceptaba entregarle una faja de territorio desde la
frontera boliviana hasta el Villoro de Palos en el océano Pacífico (Alessandri,
Arturo: “Recuerdos de un Gobierno”. 1967. Pág. 182 y Gumucio: op. cit. Pág. 308).
A pesar de los esfuerzos de Chile
por evitar la cancelación del plebiscito, el 14 de junio, la Comisión Plebiscitaria
aprobó la moción de Lassiter con el voto favorable de los delegados de Perú y Estados
Unidos, y se publicó un documento titulado “Esquema de razones para requerir
una terminación definitiva de los procedimientos plebiscitarios contemplados
por el laudo” que señalaba a Chile como el principal culpable de la
impractibilidad del plebiscito (Ulloa: op. cit. Pág. 363).
Ante los duros cargos en su
contra, el gobierno de La Moneda, mediante una comunicación enviada el 23 de
junio de 1926 a todas sus representaciones en el extranjero y que se conoce
como la Circular Mathieu, en alusión al Canciller chileno que la firmó; explicó
su posición frente a lo ocurrido en Tacna y Arica y en las negociaciones realizadas
en Washington. En estas últimas – señala el documento –, Chile expresó su aceptación
a tres fórmulas transaccionales, todas ellas sujetas al plebiscito: 1) la
división de los territorios en disputa, 2) la creación de un estado
independiente en esa zona o 3) “el
traspaso del territorio a Bolivia”. Más adelante – añade la circular
chilena – “en el ánimo de evitar el
fracaso que parecía inminente de la gestión de Buenos Oficios, aceptamos sacrificar, en interés de
Bolivia, una parte del departamento de Arica. Ninguna de estas fórmulas
mereció ser acogida. Las exigencias del Perú crecían a medida que avanzaban
nuestras concesiones” (Revista chilena 1926. Pág. 87 y Carrasco, Sergio: “Historia
de las relaciones chileno-bolivianas. 1991. Pág. 229).
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| El Canciller de Chile, Beltrán Mathieu, y su Embajador en EEUU, Miguel Cruchaga, en 1926. |
Después de evaluar la posición de
las partes y hacer las consultas correspondientes, Kellogg presentó una
propuesta formal y definitiva a Chile y Perú el 30 de noviembre de 1926, en la
que básicamente proponía que ambos países cedan a Bolivia los territorios de
Tacna y Arica a cambio de compensaciones adecuadas que serían negociadas por
las partes.
Con esa propuesta, Kellogg
intentaba que peruanos y chilenos renuncien a sus derechos sobre Tacna y Arica
para alcanzar una solución definitiva que no dañaba su dignidad nacional pues
ninguno tenía que hacer una concesión al otro; tomaba en cuenta el interés
continental de asegurar la paz en la región; suprimía la frontera común que,
según se decía en aquella época, era la causa de permanentes fricciones e
incidentes peligrosos; permitía resolver el problema marítimo de Bolivia y; no
comprometía a los Estados Unidos en la definición de este asunto, pues se dejaba
en manos de Perú y Chile la decisión final. Detrás de esta propuesta, también hubo
quienes denunciaron un plan malévolo de Washington por querer ampliar su
dominio sobre Bolivia y sobre sus riquezas, pues a las enormes deudas que ya
tenía la hacienda boliviana con las entidades financieras de Nueva York
(empréstito Nicolaus y otros), se sumaría otra muy importante que sería adquirida
para pagar las compensaciones a Chile y Perú.
De acuerdo a las predicciones del
Departamento de Estado, el gobierno chileno respondió el 4 de diciembre
aceptando en principio la Propuesta Kellogg y aclarando que “Chile no ha rechazado la idea de conceder
una faja de territorio y un puerto a la Nación Boliviana”. No obstante, para
sorpresa de muchos, el 12 de enero de 1927, el Perú contestó rechazando la
sugestión estadounidense porque, entre otras cosas, no podía convertir sus
derechos sobre Tacna y Arica “en
mercancía sujeta a precio, por grande que ésta sea”. Aun así, aclaraba
también que su gobierno “ha estado
dispuesto a ceder parte del territorio, con el objeto ya de dar un puerto a
Bolivia, y a poner término a la controversia con Chile”.
Con el rechazo peruano se desechó
una de las oportunidades más claras de la historia para dar fin al problema marítimo
de Bolivia y se desperdició también el momento más propicio para resolver de
una vez y para siempre todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico.
¿Por qué Kellogg no insistió en un corredor para Bolivia cuando Chile y Perú habían
manifestado su disposición a un arreglo de ese tipo? Es la pregunta que queda sin
responder en este análisis…
Como es sabido, después del
fracaso de la Propuesta Kellogg, los gobiernos de Lima y Santiago, siempre bajo
el auspicio de Estados Unidos, firmaron un Tratado el 3 de junio de 1929 que no
sólo dejó de lado los intereses de Bolivia, sino que a través de un Protocolo
Complementario, que se mantuvo en secreto inicialmente; Chile cerró el candado del
encierro geográfico boliviano y le entregó las llaves al Perú.
