Por: Andrés Guzmán Escobari
Muñoz hace referencia a la extrema "generosidad” de su país para con Bolivia y menciona los acuerdos alcanzados sobre libre tránsito, pero no dice nada sobre su aplicación.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, publicó un artículo en El País de España que pretende desmerecer los argumentos de la demanda que nuestro Gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia, aduciendo como principal y único contraargumento jurídico, que Bolivia intenta modificar el Tratado de 1904.
Al respecto, es importante precisar que Bolivia no busca, en ningún caso, modificar el instrumento bilateral que, a diferencia de Chile, ha cumplido y respetado durante más de 100 años. Lo que busca Bolivia con su demanda es nada menos que recuperar un acceso soberano al mar a través de una negociación de buena fe con Chile. La modificación del Tratado no es un fin en sí mismo para Bolivia, sino un medio que eventualmente podría contribuir a lograr el objetivo principal que, valga repetir, es recuperar un acceso soberano al océano Pacífico.
La modificación de los tratados, a la que Muñoz se refiere como un procedimiento destinado a desestabilizar las fronteras y afectar la integridad territorial de Chile, es en realidad una práctica ampliamente reconocida por la comunidad internacional para mejorar y actualizar las reglas que rigen entre dos o más países, y no está prohibida por el derecho internacional, todo lo contrario, la revisión de los acuerdos internacionales es perfectamente posible con el acuerdo de las partes. Además, teniendo en cuenta que varios presidentes y cancilleres chilenos ofrecieron ceder a Bolivia un territorio junto al mar, no estamos hablando de nada nuevo, peligroso o ilegal, sino más bien de un procedimiento que podría servir para resolver definitivamente el largo y difícil problema que genera el enclaustramiento boliviano.
Cuando el canciller chileno se refiere al petitorio de la demanda, es decir a que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, señala que su país estaría obligado a otorgarle acceso soberano al mar a Bolivia "producto de diálogos sobre el tema que ambos países han sostenido a lo largo de la historia”. Sin embargo, la obligación de negociar no emana de los "diálogos” del pasado como señala el ministro chileno, sino de los compromisos formales que diversos presidentes y cancilleres de Chile asumieron por escrito. Por tanto, no se trata de diálogos vacíos y superficiales, que se iniciaron sin un objetivo específico, sino de manifestaciones oficiales del Estado chileno, en las que se reconoció la existencia del problema y se expresó una disposición para negociar su solución.
Muñoz evita referirse por ejemplo a la nota de 1950 suscrita por su antecesor en el cargo, Horacio Walker Larraín; al Memorándum Truco de 1961; al Acta de Charaña de 1975, firmada por el presidente Pinochet; a la nota de ese mismo año suscrita por el canciller Carvajal, y a muchas otras manifestaciones unilaterales de Chile, en las que sus autoridades confirmaron esa "voluntad” de negociar con Bolivia, como la Declaración de Ayacucho de 1974; las resoluciones de la OEA de 1980, 1981 y 1983; el acuerdo de Algarbe del año 2000; y el Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de julio de 2010; para no mencionar lo ocurrido antes de la entrada en vigencia del Pacto de Bogotá de 1948.
Adicionalmente, según Muñoz: "Cada vez que Chile, en el marco de negociaciones políticas, formuló propuestas para satisfacer la aspiración marítima boliviana, las conversaciones fracasaron por causas ajenas a la voluntad de Chile, la mayoría imputables a la política interna boliviana”. Esta cuestionable afirmación, que se basa en la opinión del diplomático boliviano Walter Montenegro y en lo que alguna vez dijo el excanciller Loaiza podría ser absolutamente refutada con lo que sostienen reconocidos cronistas chilenos como Cástulo Martínez, Óscar Pinochet de la Barra o Sergio Bitar, quienes admiten que la falta de voluntad política chilena determinó el fracaso de las negociaciones más importantes y no así "la política interna boliviana”. No obstante, dado que estamos hablando de una demanda judicial, resulta inútil referirse a las opiniones de particulares, por más bolivianos o chilenos que sean, lo único que interesa aquí son las manifestaciones oficiales de los Estados parte.
Luego, al igual que hizo en su video de YouTube, Muñoz hace referencia a la extrema "generosidad” de su país para con Bolivia y menciona los acuerdos alcanzados sobre libre tránsito, pero no dice nada sobre su aplicación. En efecto, una cosa es lo pactado y otra muy diferente es lo que sucede en la práctica: el ferrocarril Arica - La Paz no funciona en el lado chileno hace varios años, los paros y las tarifas en los puertos han aumentado desde que éstos fueron privatizados, no se respeta la jurisdicción del Agente Aduanero boliviano en los recintos portuarios, el almacenaje gratuito en el puerto de Antofagasta se aplica parcialmente y nuestras fronteras permanecen minadas con explosivos antipersona y antitanque, que imponen serias dudas sobre la "generosidad” chilena y el "libre tránsito” de Bolivia.
Seguidamente y sin ningún desparpajo, Muñoz falta a la verdad cuando afirma: "Nuestro país también exime del Impuesto al Valor Agregado a los servicios a las cargas bolivianas en tránsito, con lo cual se otorga a Bolivia una ventaja superior a las concedidas por la comunidad internacional a los países sin litoral”. Cuando en realidad, la comunidad internacional, mediante la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral de 1965 (Principio IV) y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Artículo 127) ha prohibido cualquier cobro de aranceles por parte de los países de tránsito a los Estados sin costa marítima.
Por todo lo dicho creemos que el gobierno de Chile en general y su canciller en particular deberían ver a este proceso como una buena oportunidad para resolver de una vez y para siempre los problemas derivados de la Guerra del Pacífico y no como una opción para radicalizar las posturas históricamente más conservadoras de su país, que definitivamente no nos llevarán a nada mejor. La Corte Internacional de Justicia nos brinda a bolivianos y chilenos la posibilidad de resolver nuestros problemas más difíciles de manera pacífica, seria y civilizada; no es hora de apelar a los nacionalismos recalcitrantes para desconocer con arrogancia al máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, debemos actuar conforme al tiempo que nos toca vivir para "despejar los fantasmas del pasado” como dice Muñoz y "construir relaciones de futuro”.
