Por: Andrés Guzmán Escobari
En Chile no saben que nuestra demanda es un asunto primordial, tienden a pensar que se trata de una simple herramienta electoral.
En el último tiempo, algunos analistas chilenos "descubrieron” que Bolivia podría persistir en su empeño por recuperar un acceso soberano al mar, aun cuando el resultado del proceso iniciado ante la Corte Internacional de Justicia le sea desfavorable. Esa conclusión, que se presenta como el resultado de un profundo análisis de la actual estrategia boliviana de reintegración marítima, es también una confirmación de que nuestros vecinos han empezado a comprender que dicha estrategia es en realidad una política de Estado que no se extinguirá hasta que Bolivia recobre su cualidad marítima.
Ciertamente, muchas veces los bolivianos cometemos el error de creer que nuestros vecinos, especialmente los chilenos, saben que nuestro objetivo de reintegración marítima es un fin permanente e irrenunciable, tal como lo establece nuestra Constitución (artículo 267); no obstante esa percepción no es tan conocida en el país del Mapocho, donde, muy por el contrario, tienden a pensar que se trata de una simple herramienta electoral utilizada por los gobernantes bolivianos cada que necesitan aumentar sus respectivos índices de popularidad.
Al respecto, si bien no se puede negar que el tema marítimo tiene una alta rentabilidad política en Bolivia, tampoco se debe desconocer que todos los gobiernos que intentaron o están intentando alcanzar una solución a este problema, actuaron y están actuando con la absoluta legitimidad que otorga un asunto de interés nacional que no se sustenta en intereses políticos personales o partidarios, sino que se basa en innegables razones de justicia, economía y geopolítica.
De hecho, la principal razón por la cual este tema sigue vigente hoy, a 136 años del inicio de la guerra que dejó a nuestro país sin mar, es que Chile reconoció muchas veces la necesidad de darle a Bolivia una puerta de calle que le permita reintegrarse a la vecindad del mundo y aceptó, también muchas veces, negociar una solución llegando a ofrecer en algunas ocasiones un territorio sobre la costa que pueda servir para conectar a Bolivia con el océano Pacífico, lo cual, como es evidente, nunca se cumplió.
Al respecto, si bien no se puede negar que el tema marítimo tiene una alta rentabilidad política en Bolivia, tampoco se debe desconocer que todos los gobiernos que intentaron o están intentando alcanzar una solución a este problema, actuaron y están actuando con la absoluta legitimidad que otorga un asunto de interés nacional que no se sustenta en intereses políticos personales o partidarios, sino que se basa en innegables razones de justicia, economía y geopolítica.
De hecho, la principal razón por la cual este tema sigue vigente hoy, a 136 años del inicio de la guerra que dejó a nuestro país sin mar, es que Chile reconoció muchas veces la necesidad de darle a Bolivia una puerta de calle que le permita reintegrarse a la vecindad del mundo y aceptó, también muchas veces, negociar una solución llegando a ofrecer en algunas ocasiones un territorio sobre la costa que pueda servir para conectar a Bolivia con el océano Pacífico, lo cual, como es evidente, nunca se cumplió.
Ya en 1910, a pocos años de haberse suscrito el Tratado por el cual Bolivia tuvo que reconocer el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral, y después de los problemas suscitados por los primeros incumplimientos del país del Mapocho a dicho Tratado (artículos 2 y 12); el canciller boliviano de la época Daniel Sánchez Bustamante dirigió un memorándum a sus pares de Lima y Santiago referido al asunto de Tacna y Arica que, entre otras cosas, decía:
"Bolivia no puede vivir aislada del mar: ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto de Tacna y Arica que compromete las bases mismas de su existencia”.
Desde entonces, la política de reintegración marítima ha sido un objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano, que se ha manifestado de diversas formas y mediante diferentes estrategias, pero siempre con el mismo objetivo: recuperar un acceso útil y soberano al océano Pacífico. La mayoría de las veces se intentó alcanzar una solución mediante el diálogo directo con Chile, en otras ocasiones se apeló a la comunidad internacional e incluso, en algunas épocas, se intentó priorizar la integración económica con el país del Mapocho para luego abordar el tema del mar (1952-1962 y 1987-1999); no obstante, hasta la fecha, lo único que se consiguió es que Chile reconozca formalmente la existencia del problema y prometa resolverlo a través de la cesión de un territorio sobre la costa. Lo cual, a pesar de que no parece un gran avance, podría servir ahora para allanar el camino hacia una solución definitiva si los jueces de la Corte Internacional de Justicia entienden que todas esas manifestaciones unilaterales del país del Mapocho, por su repetitividad y formalismo, se han hecho obligatorias a la luz del derecho internacional…
No obstante, si ello no ocurriese y la Corte decidiera darle la razón a Chile, la política de reintegración marítima boliviana no será descartada y archivada como algunos quisieran, sino que se retransformará y resurgirá en el futuro con nuevos ímpetus, pues tal como lo dijo el insigne diplomático boliviano Alberto Ostria Gutiérrez, "el ideal portuario de Bolivia vivirá lo que viva la nación misma”.
Además, es importante recordar que en 1920 y 1921, Bolivia presentó una demanda ante la Liga de las Naciones que fue rechazada por aquel organismo internacional, pero no por ello los bolivianos se resignaron a vivir enclaustrados...
Por tanto, los esfuerzos realizados por la diplomacia boliviana a lo largo de la historia, enmarcados en la política de Estado de reintegración marítima, ahora podrían dar sus frutos y encaminarnos a las generaciones actuales hacia una nueva etapa de negociación en la cual los bolivianos tendremos que actuar con astucia y tacto, tomando en cuenta las lecciones del pasado y entendiendo que nuestros interlocutores, tanto Chile como el Perú (en caso de que sea necesaria su participación conforme a lo establecido por el Protocolo Complementario al Tratado de 1929), tienen que obtener beneficios del arreglo final que se vaya a lograr. No obstante, y esto también es importante, los chilenos y eventualmente también los peruanos, deberán actuar de buena fe, sin exigencias desconmensuradas ni actitudes recalcitrantes que permitan avanzar hacia una verdadera etapa de integración y cooperación, en la cual, las costas del Pacífico sur puedan ser compartidas entre los tres Estados que concurren a ellas, tal como ocurrió antes de la guerra.
