Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Pagina Siete
La Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado.
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La Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado.
En una de sus más recientes apariciones, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró: "La Agenda de los 13 puntos sigue vigente, pero está paralizada. Y la razón no es otra que la demanda boliviana contra Chile ante La Haya: si usted está conversando con el propósito de construir acuerdos de largo plazo, y en medio de estas conversaciones su contraparte le interpone una demanda en los tribunales por materias que están en esas conversaciones, entonces no hay otro camino que detener las conversaciones y esperar que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia” (El Deber, 05/04/2015).
La Agenda de 13 puntos, cabe recordar, es un mecanismo de diálogo sobre 13 temas específicos de la relación boliviano-chilena, adoptado en julio de 2006 durante las primeras gestiones de Michelle Bachelet y Evo Morales, y que incluye, en su punto sexto, al tema marítimo.
Según las palabras del canciller Muñoz, que, valga tener en cuenta, comprometen la fe del Estado chileno, una vez que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia, la Agenda de 13 puntos debería ser retomada para construir acuerdos de largo plazo. Lo cual, si realmente Chile piensa cumplir, nos hace ver que en realidad todos los caminos que tenemos por delante nos llevan al mismo destino, la negociación. Independientemente del resultado que se obtenga en el proceso judicial, que fue iniciado por Bolivia precisamente para negociar con Chile una salida soberana al mar bajo la égida de un fallo del más alto Tribunal de las Naciones Unidas, la Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado o iniciado.
En otras palabras, estamos en medio de un juicio desgastante y costoso para ambos países, que claramente podría ser evitado, ya que al final de cuentas, cualquiera sea su resultado, bolivianos y chilenos deberán sentarse en la mesa de las negociaciones para encontrar una solución al problema que genera el enclaustramiento de Bolivia.
Y si bien las declaraciones de la autoridad chilena son muy alentadoras para quienes creemos que la negociación es la única forma de resolver este largo y difícil problema, existe una imprecisión en esas expresiones que creemos importante aclarar: la Agenda de 13 puntos no se detuvo cuando Bolivia presentó su demanda el 24 de abril de 2013, como afirma Muñoz, sino que ya se encontraba paralizada hacia más de dos años.
En efecto, la última reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia - Chile, encargado de negociar la Agenda de 13 puntos, se realizó en julio de 2010 en La Paz, durante el gobierno de Piñera. En esa ocasión ambos países se comprometieron formalmente a "presentar, así como alcanzar, soluciones concretas, factibles y útiles (para el tema marítimo) en la siguiente y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas Chile - Bolivia…”, y acordaron proseguir las conversaciones en Arica en noviembre de ese año. No obstante, antes de que llegue el momento de cumplir lo acordado, Chile decidió cancelar el encuentro previsto para noviembre, sin dar ninguna explicación y sin nunca convocar a una nueva reunión.
Después hubo dos encuentros de cancilleres en Santiago y La Paz, pero tampoco se lograron avances, porque el ministro chileno Alfredo Moreno se rehusó a firmar lo que Bolivia propuso, y tampoco presentó soluciones concretas, factibles y útiles, tal como se había convenido.
En esas circunstancias, y tras el último intento por restablecer las conversaciones que hizo el presidente Morales en febrero de 2011 cuando le pidió a Chile que presente una propuesta formal y escrita antes del día del mar 132, el mismo Evo Morales anunció por primera vez su intención de demandar a Chile aquel 23 de marzo de 2011, lo cual, como hemos dicho, se hizo realidad recién el 24 de abril de 2013.
Por otra parte, y esto debería saberlo bien el canciller Muñoz: no es posible presentar una demanda sobre un asunto que se está negociando entre dos Estados, porque uno de los requisitos para iniciar un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia es agotar previamente todos los mecanismos diplomáticos de negociación. Sólo cuando el Estado demandante demuestra fehacientemente que el asunto llevado a la Corte no se ha podido resolver mediante el diálogo, tal como Bolivia lo hizo, el caso es admitido por ese prestigioso Tribunal, pues lo contrario significaría desvirtuar el principio de la buena fe, que debería ser un elemento infaltable de toda negociación.
Pero en lugar de continuar la política dura del gobierno de Piñera que, sin explicaciones, interrumpió la Agenda de 13 puntos en noviembre de 2010, el gobierno de Bachelet podría retomar el diálogo iniciado durante su primer mandato. Porque si la Agenda de 13 puntos está vigente, tal como lo reconoció Muñoz, lo más inteligente y racional sería que Chile acepte reactivar las conversaciones, cumpla lo ofrecido en cuanto a presentar y alcanzar soluciones concretas factibles y útiles, y obligue así al gobierno de Morales a retirar su demanda. De esa manera se evitaría el largo y oneroso camino que plantea el juicio ante la CIJ.
No obstante, si de todas maneras los ocupantes de La Moneda deciden seguir el camino largo y oneroso, entonces no quedará más que esperar a que la Corte primero se declare competente para conocer este caso, porque todas las promesas chilenas fueron hechas independientemente del Tratado de 1904, tal como se puede evidenciar en los documentos respectivos; y después, habrá que aguardar unos buenos años más para que ese mismo Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, de buena fe, un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar, porque los compromisos, ofertas y reconocimientos chilenos de 1950, 1961, 1974, 1975, 1980, 1981, 1983 y 2010 (que fueron antecedidos por los de 1895, 1920, 1921, 1923 y 1926) fueron adoptados formalmente por las más altas autoridades del país del Mapocho y creemos que, también, de buena fe.