Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Página Siete
Resulta contradictorio y hasta incomprensible que las autoridades chilenas afirmen que no existen asuntos pendientes de carácter territorial, cuando a todas luces sí los hay.
Desde el fin de la Guerra del Pacífico, en 1884, e incluso antes, Bolivia y Chile han mantenido una significativa cantidad de temas pendientes que muy rara vez han alcanzado un arreglo o una solución pacífica y negociada. El más conocido y complicado de todos esos temas es sin duda el enclaustramiento geográfico boliviano, al cual se suman otros asuntos, también álgidos y complejos, que agravan y menoscaban las maltrechas relaciones entre los dos países. Las cuales, en sus vínculos diplomáticos a nivel de embajadores, se mantienen rotas desde hace muchos años, precisamente por la imposibilidad de resolver esos temas pendientes.
Publicado por Página Siete
Resulta contradictorio y hasta incomprensible que las autoridades chilenas afirmen que no existen asuntos pendientes de carácter territorial, cuando a todas luces sí los hay.
Nos referimos a la utilización no autorizada que hace Chile de algunos recursos hídricos que atraviesan o definen la frontera (Lauca, Silala, Caquena, etc.); a la paralización del ferrocarril Arica – La Paz en el lado chileno por ya más de una década; a las constantes interrupciones al libre tránsito de Bolivia en territorio y puertos chilenos; al cobro por almacenaje en el puerto de Antofagasta que realiza la empresa privada ATI, a pesar del compromiso adquirido por el Estado chileno de ofrecer gratuidad por ese servicio; a la decisión unilateral de Chile de expulsar al agente aduanero boliviano (ASP-B) del puerto de Arica y reubicarlo en un recinto "extra-portuario”; a la usurpación de funciones que han cometido las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta en detrimento del agente aduanero boliviano, que ha trascendido en la pérdida de jurisdicción de este último sobre la carga en tránsito a Bolivia, y a otras contravenciones de menor importancia por parte de Chile a lo acordado bilateralmente.
Por otra parte, también existen temas importantes como el narcotráfico y el contrabando, que requieren de coordinación y colaboración entre las autoridades de ambos países para poder adoptar acciones más contundentes y eficaces en los esfuerzos por combatir y erradicar esos dos males; tal como lo reconoció el embajador de Chile en misión especial, Gabriel Gaspar, durante su reciente visita a nuestro país.
En efecto, la visita de Gaspar, que de alguna manera replica el viaje realizado a Santiago por el canciller David Choquehuanca hace algunos meses, viene a confirmar el cambio de la política exterior chilena en relación a la demanda marítima boliviana que antes, como bien sabemos los bolivianos, negaba la existencia de temas pendientes entre ambos países y aducía que el Tratado de 1904 había cerrado toda discusión respecto al acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico.
Sobre este último punto, Gaspar no emitió comentario alguno, ni tampoco dijo que dicho tratado es "intangible”, como lo habían dicho varios de sus colegas y antecesores; puesto que, en su fallo sobre la excepción preliminar chilena, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que el Tratado de 1904 no tiene nada que ver con la demanda boliviana, referida a la obligación de Chile de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia. En esa misma línea y aún más sorpresivamente, el embajador chileno reconoció enfáticamente la existencia de varios asuntos pendientes entre ambos países, los cuales, según aclaró después, desde Santiago, no tendrían carácter territorial.
Sin embargo, la desviación unilateral del río Caquena o Cosapilla, acometida por Chile en los años 60 del siglo XX, es indiscutiblemente un tema de límites pendiente entre ambos países porque el curso de esas aguas define el límite fronterizo según el Tratado de 1904 (artículo 2), es decir que se trata de una corriente internacional de curso contiguo (límite arcifinio) que ha sido modificada unilateralmente por una de las partes y, por tanto, representa un tema de carácter territorial. Además, en relación al tema marítimo, el órgano judicial más importante de las Naciones Unidas estableció que existe una controversia jurídica pendiente entre los dos países, referida al acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. Por lo cual, resulta contradictorio y hasta incomprensible que las autoridades chilenas insistan en afirmar que no existen asuntos pendientes de carácter territorial, cuando a todas luces sí los hay.
A pesar de esto, y a los ofrecimientos que una vez más se hicieron a través de la prensa, de reanudar relaciones diplomáticas "aquí y ahora” y "sin condiciones”, debemos valorar y no desmerecer los importantes avances que ya ha logrado la demanda interpuesta ante la CIJ por el gobierno de Evo Morales, que claramente ha provocado un cambio positivo en la política exterior chilena, que ya no aduce que el Tratado de 1904 cerró todas las puertas de Bolivia al mar y que al menos en el ámbito no territorial, ahora reconoce la existencia de temas pendientes entre ambos países.
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