domingo, 22 de mayo de 2016

El futuro político - diplomático del Pacífico sur

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

La estrategia adoptada por Chile para enfrentar las demandas de Perú y Bolivia presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, es y ha sido totalmente distinta.

Foto satélital del Pacífico sur, Fuente: Google earth.
Al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, las relaciones político-diplomáticas de los países que por su ubicación geográfica concurren a las costas del Pacífico sur, se mantienen como de costumbre, frías y destempladas. Por un lado está Chile que con un discurso legalista y un armamentismo sostenido, intenta prolongar el statu quo territorial impuesto por sus gobernantes a partir del siglo XIX, mediante los tratados que dieron fin a la guerra del Pacífico. Por el otro lado tenemos a Perú y Bolivia, que sin plantear la modificación de dichos tratados, han demandado al país del Mapocho ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin de obtener una delimitación marítima equitativa y un acceso soberano al mar respectivamente.

Pero si bien las dos demandas surgen de problemas derivados de la guerra del Pacífico y ambas fueron interpuestas ante la CIJ en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI), la estrategia adoptada por Chile para enfrentarlas es y ha sido totalmente distinta.

En efecto, para enfrentar al Perú, el gobierno de Chile aceptó aplicar la política de “cuerdas separadas”, que había sido propuesta por el entonces presidente peruano Alan García, con el fin de “resguardar” las inversiones que existen entre ambos países y los intereses económicos de los respectivos inversionistas. Mientras que para enfrentar a Bolivia, La Moneda decidió adoptar una política de “cuerdas entrelazadas”, en la que además de rechazar el juicio como mecanismo pacífico de solución de controversias en este caso, no puede separar lo que se discute en la CIJ de lo que son las relaciones político-consulares, incluyendo la aplicación del libre tránsito para el comercio boliviano en puertos chilenos y las políticas de migración, tal como lo revela un video publicado a mediados de marzo por Santiago.

Por otra parte, a pesar de que en ambos casos las autoridades chilenas rechazaron la existencia de una controversia jurídica y la subsistencia de asuntos de límites pendientes, por haber sido supuestamente resueltos mediante los acuerdos suscritos en 1952 y 1954 con Perú, y en 1904 con Bolivia; la estrategia chilena para enfrentar los dos casos tampoco fue la misma. Frente a la demanda peruana, Chile aceptó ingresar al proceso de fondo sin presentar excepciones de ningún tipo; pero ante la demanda boliviana, decidió objetar la competencia de la Corte de manera preliminar, sin haber logrado lo que buscaba.

Los resultados de dichos procesos hasta el momento, han hecho que la diplomacia chilena también adopte una postura radicalmente diferente frente a Bolivia y Perú, pues mientras que frente al primero mantiene el discurso de que los tratados de límites son “intangibles”, en referencia a la supuesta imposibilidad de revisar el Tratado de 1904; frente al segundo, el gobierno chileno no se ha mostrado dispuesto a respetar lo convenido en el Tratado de 1929, en cuanto a que la frontera terrestre parte “de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta” (Artículo 2º).

Este último punto, además de haber generado una controversia limítrofe por un territorio triangular de 3,6 kilómetros cuadrados, aún pendiente, ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones del discurso legalista de Chile, que se jacta de respetar los tratados internacionales pero que en la práctica no los respeta cuando no le conviene (Perú) o cuando sencillamente no le interesa (Bolivia).

Sumado a ello, el proyecto del corredor bioceánico que debe unir al Pacífico con el Atlántico, también ha tensado el relacionamiento en el Pacífico sur, porque a pesar de que en 2007 los presidentes de Bolivia, Brasil y Chile acordaron construir el corredor entre el puerto brasileño de Santos y el puerto chileno de Iquique; en el último tiempo, el gobierno del Perú ha logrado desviar ese proyecto hacia sus costas en desmedro de los intereses de Santiago y con el beneplácito de La Paz. Lo cual está aún más avanzado en el caso del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá a las terminales portuarias de Santos e Ilo, pasando por territorio boliviano. 

Toda esta sucesión de hechos, agravada por los nuevos casos de espionaje chileno, descubiertos por las Fuerzas Armadas del Perú, y el uso no autorizado de las aguas bolivianas del Silala por parte de Chile, que ya mereció el anuncio de una nueva demanda por parte de Bolivia ante la CIJ; marcan el complejo escenario en el que se desarrollarán las relaciones político-diplomáticas del Pacífico sur en los próximos años.

En ese sentido, el nuevo gobierno del Perú, que estará presidido por Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, y que tendrá que gobernar con un congreso mayoritariamente fujimorista, que podría darle viabilidad política a las concesiones ofrecidas a Bolivia en Ilo el año 2010; deberá lidiar y entenderse con las administraciones de Evo Morales y Michel Bachelet, al menos en sus primeros años, para intentar resolver los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.

El desafío es grande no sólo por la complejidad de los problemas mencionados sino también por las diferencias ideológicas de las autoridades a cargo, pues el nuevo gobierno del Perú, sea de la derecha populista que representa Fujimori o de la derecha neoliberal que encarna a Kuczynski, deberá entenderse con la administración boliviana de izquierda socialista de Morales y con el gobierno chileno de izquierda neoliberal de Bachelet, que tampoco mantienen buenos tratos entre ellos desde hace unos años.

En conclusión, aunque el futuro no parece muy promisorio, como ciudadanos del Pacífico sur no nos queda más que confiar en la habilidad de nuestros gobernantes para entenderse y resolver los problemas que arrastramos desde la guerra del Pacífico. Todo ello para que las futuras generaciones puedan dedicarse a elaborar proyectos de cooperación y desarrollo conjunto, en lugar de trabajar en la solución de los problemas que nos dejaron nuestros antepasados. 

7 comentarios:

  1. Señor Andrés Guzmán.

    1.- Sobre la política de las “cuerdas separadas” y su no aplicación a la relación con Bolivia, José Rodríguez Elizondo explicó que ello se debía en primer lugar a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, sin perjuicio de la inexistencia de intereses y vínculos como los presentes en el caso chileno peruano. Por lo demás, tanto la Presidente, su Canciller, como el agente ante La Haya, han manifestado reiteradamente que Chile está dispuesto para conversar con Bolivia de los temas de interés mutuo, con la obvia exclusión de la aspiración marítima, pues ella está radicada en sede judicial.

    2.- Sobre la decisión de Chile en orden a objetar la competencia del Tribunal:

    a) Se encuentra prevista y amparada por el propio texto del artículo 79, nº1 del Reglamento de la Corte.

    b) La propia ministra de Comunicaciones de Bolivia había señalado textualmente “La posición del Gobierno es que se tiene que modificar el Tratado de 1904, es la posición para cualquier diálogo con Chile”. Que por lo demás reitera lo dicho por el embajador boliviano James Freyre el 12 de noviembre de 1923 al responder al Ministro Aldunate (que manifestaba que el Tratado de 1904 no era revisable) lo siguiente “ … Otro camino que no sea el previo reconocimiento de que ese pacto no corresponde a las conveniencias y crecientes relaciones de los dos pueblos vecinos y amigos, carecería de lógica y de firmeza, una vez que no puede situarse fuera de los antecedentes jurídicos del tratado de 1904 la reivindicación marítima de mi país …”.

    c) Su ejercicio por Chile trajo como resultado el que la Corte, no obstante rechazar la excepción, dejara establecido cual es la naturaleza jurídica de la obligación de negociar (en caso de que ella exista y se encuentre pendiente) cual es la de una obligación de medios y no de resultado, por lo que las partes pueden legítimamente rechazar la o las propuestas que se le formulen si las estiman inconvenientes a sus intereses, y sin que por ello se viole la buena fe.


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  2. sigo:

    3.- Sobre el corredor entre Santos e Iquique, acordado entre Chile, Brasil y Bolivia, hace meses que la prensa, con ocasión de una reunión entre autoridades chilenas, argentinas, brasileras y paraguayas, para acordar un nuevo corredor carretero, entre puertos brasileros y chilenos, informó que el pactado con Bolivia había fracasado por la exigencia del señor Morales en orden a que la carga brasilera solo circulara en camiones de empresas bolivianas; exigencia que el señor Morales habría planteado con bastante posterioridad a la suscripción del acuerdo, y tengo la impresión, una vez ya avanzadas las obras.


    4.- En cuanto al episodio de espionaje, que de ser cierto habría acontecido durante el curso del juicio por la delimitación marítima, se omite señalar que el mismo estuvo precedido de episodios de espionaje peruano, como lo fueron el arresto de ciudadanos de ese país sacando fotos de instalaciones militares tanto en Valparaíso como en el Norte de Chile, para no hablar del episodio de los micrófonos descubiertos en la embajada de Chile en Lima, frente al cual Perú solo se limitó a señalar que la embajada chilena debía mejorar su seguridad.


    sigue...

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  3. 5.- Finalmente, acerca de la disputa entre Chile y Perú por el punto de inicio de la frontera terrestre:

    a) La superficie del área no asciende a los 3,6 kilómetros cuadrados que Usted menciona, sino que es bastante inferior, pues bordea los 30.000 metros cuadrados aproximadamente, según palabras del propio canciller peruano García Belaunde.

    b) El punto Concordia a que se refiere el Tratado de Lima de 1929 se encuentra implementado en el hito nº9 de la frontera chileno peruana, como consta del texto del Acta de 5 de agosto de 1930.

    c) De acuerdo al texto del Acta de 5 de agosto de 1930, suscrita en Lima, y coincidente con el de su predecesora de julio del mismo año, es el hito nº1 ubicado en la latitud 18º21’03’’ el punto de inicio de la frontera terrestre chileno peruana.

    d) Existe legislación peruana que indica al hito nº1 y sus coordenadas 18º21’03’’ como el punto de inicio de la frontera. También existen libros elaborados por diplomáticos peruanos en los que se señala que el punto más al sur de Perú se ubica precisamente en las coordenadas de latitud del hito nº1 18º21’03’’.

    e) Las coordenadas que Perú atribuye al nuevo “punto concordia” no figuran ni en el Acta de 5 de agosto de 1930, ni en el texto de su predecesora de julio del mismo año, siendo ambas los últimos documentos suscritos por los dos Estados con ocasión de la demarcación de la frontera; motivo por el cual dicho punto y sus coordenadas son inoponibles a Chile.


    Atentamente.


    PD: Sabe Usted si el señor Víctor Hugo Chávez, co-autor de la demanda que da lugar a los artículos de su blog, es el mismo señor Víctor Hugo Chávez Serrano que figura como miembro del grupo boliviano que concurrió al encuentro tripartito en Bélgica, y que dio lugar a lo que se denomina “Acta de Lovaina”; o es solo un alcance de nombre?

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  7. Andres, bloquea a Bustos de tu blog, de otra manera seguira insultando, lo que le quita seriedad a este debate, y encima, Bustos ya prometio dejar de participar pero como buen chileno no cumple.

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