Acceso soberano al mar

Es preciso encontrar una definición de "acceso soberano al mar" que nos ayude a ganar el juicio y que luego nos permita negociar sin limitaciones. 

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete 

Al finalizar la fase preliminar del juicio sobre la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico entre Bolivia y Chile, el juez Hisashi Owada preguntó a las partes qué entienden por "acceso soberano al mar”, ya que ambos contendientes habían utilizado esa expresión durante el proceso y no es un término reconocido por el derecho internacional consuetudinario. 

No obstante, el término no llegó a ser precisado en aquella ocasión porque Bolivia respondió que no correspondía definirlo en la fase preliminar, referida exclusivamente a la competencia de la Corte Internacional de Justicia en este caso; y porque Chile respondió que el significado de dicho término, tal como había sido utilizado en su objeción preliminar de competencia, "es el mismo que Bolivia usó en su Aplicación y Memoria”. 

Ante lo cual, la Corte, después de evaluar éstos y otros argumentos, decidió rechazar la objeción preliminar chilena y se declaró competente por 14 votos a favor de 16 posibles, dándole la razón a Bolivia y dejando pendiente  la definición de "acceso soberano al mar”. 

Por tanto, lo que vaya a decir Bolivia al respecto en la fase de fondo será crucial para el desenlace de este juicio, no sólo porque la representación nacional no definió el término hasta ahora, sino sobre todo porque Chile ya adelantó que tiene la misma postura que nuestro país en este punto.

Aun así, para Bolivia, más importante que precisar el término de referencia, es desbaratar el malicioso argumento chileno de que no es posible recuperar un acceso soberano al mar sin modificar el Tratado de 1904, porque sí es posible. Mientras no se altere la línea fronteriza que define ese instrumento en su artículo 2, ni se altere tampoco ninguna de sus otras cláusulas, no hay necesidad de modificarlo. 

En otras palabras, la cesión de soberanía territorial en un enclave, puerto, isla o cualquier otro espacio costero que no afecte al límite fronterizo actual, podría servir para resolver este asunto en los términos que plantea la demanda boliviana.

En este punto, es muy importante aclarar que si bien nuestra demanda no busca revisar el Tratado de 1904, si Chile llegara a consentir que se modifique para darle a nuestro país un acceso soberano  al mar con continuidad territorial, como tantas veces lo ha ofrecido en el pasado, naturalmente que Bolivia no opondría ninguna objeción.

Pero volviendo a lo que entendemos por "acceso soberano al mar”, es preciso considerar que la mayor parte de las veces que las autoridades bolivianas usaron esa expresión, lo hicieron demandando que ese acceso no sólo sea "soberano”, sino también "libre y útil”, tal como se puede evidenciar en los discursos y declaraciones de los representantes del Gobierno de Bolivia que de alguna forma quedaron registrados.

En efecto, después de repetir muchísimas veces ante Chile y ante el mundo que el objetivo de la política de reintegración marítima boliviana es recuperar un acceso libre, útil y soberano al Océano Pacífico; queda absolutamente claro que Bolivia no busca una soberanía pura y simple, sino que ésta debe estar acompañada de los atributos de libertad y sobre todo de utilidad, en el sentido de que debe servir verdaderamente a los intereses presentes y futuros del país. 

Con esto, sin embargo, volvemos al tema de la continuidad territorial, pues no sería del todo útil ni mucho menos libre, un acceso soberano al mar que igualmente requiera transitar por el territorio de otro país.

 No obstante, todos esos detalles deberán ser considerados y consensuados, si es que el fallo de la Corte resulta favorable a Bolivia, en una negociación de buena fe, incluso con  Perú, si es que su participación se hiciera necesaria en conformidad al Protocolo chileno-peruano de 1929.

Por otra parte, en cuanto a los actos unilaterales y compromisos bilaterales mediante los cuales Chile se obligó a negociar un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso plenamente soberano al mar, tenemos, por ejemplo, que en las negociaciones de 1950, ambos países emplearon el término "salida propia y soberana al Océano Pacífico”, el cual fue reiterado unilateralmente por el gobierno de La Moneda en 1961.

Asimismo, en 1975, las dos partes se refirieron a "la cesión de una costa marítima soberana”, en el caso boliviano que "deberá prolongarse con una faja territorial soberana desde dicha costa hasta la frontera boliviano-chilena, incluyendo al ferrocarril Arica-La Paz” y, en el caso chileno, "unida al territorio boliviano por una faja territorial, igualmente soberana”. 

En esa misma ocasión Chile aclaró: "Producido el acuerdo final se dejará testimonio solemne de que la cesión territorial que permite la salida soberana al mar, representa la solución plena y definitiva a la situación de mediterraneidad de Bolivia”. Lo que en los hechos representa un reconocimiento formal de parte del Estado chileno de que la cesión de soberanía territorial a Bolivia es la forma de resolver este entuerto definitivamente. 

Por último, también cabe recordar las resoluciones de la OEA aprobadas con el voto favorable de Chile en 1980, 1981 y 1983, en las cuales se declaró "de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico”. 

Considerando todo esto, y considerando también que el concepto de soberanía ha evolucionado mucho desde que perdimos ese atributo sobre las costas del Pacífico hace ya 138 años, es preciso encontrar una definición que nos ayude a ganar el juicio y que luego nos permita negociar sin limitaciones, de manera que podamos plantear soluciones creativas y realistas, que consideren los intereses de todas las partes involucradas, y que sobre todo trascienda en una solución verdaderamente definitiva.

Nuestra representación tiene por tanto la enorme responsabilidad de definir qué entendemos todos, incluso los chilenos, por "acceso soberano al mar” y, en ese sentido, cabe señalar que de acuerdo a nuestros intereses nacionales, es preciso flexibilizar viejas posturas respecto a la soberanía plena y absoluta. 

Como bien dice el Dr. Fernando Salazar Paredes en su libro Desatando Nudos (2006), "Si Bolivia pudiera poner a un lado, aunque sea momentáneamente, el tradicional concepto de soberanía, la solución podría estar más cerca de lo imaginable”.

Antes de la invasión chilena

Todo comenzó en 1842 cuando Chile aprobó una ley mediante la cual declaraba de su propiedad las guaneras existentes al sur del paralelo 23,6º de latitud sur, que Bolivia consideraba suyas.

Puerto boliviano de Antofagasta, antes de la invasión chilena. Fuente: Gumucio (2013) 

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Cambio 

Hace exactamente 138 años, un contingente militar de Chile invadió el puerto boliviano de Antofagasta sin previa declaratoria de guerra porque, según explicaron las autoridades chilenas de entonces, Bolivia había “roto” el Tratado de límites de 1874 al imponer un cobro de 10 centavos por quintal de salitre exportado a una empresa anglo-chilena que operaba en el litoral boliviano.

Desafortunadamente nunca se esclareció si verdaderamente hubo un incumplimiento de Bolivia, porque jamás se realizó el arbitraje que, según lo convenido bilateralmente en el Protocolo de 1875 (artículo 2), se tenía que aplicar en este caso en el que existía una discrepancia respecto a la inteligencia y ejecución del Tratado.

Pero por más de que nuestro país hubiese “roto” el tratado de 1874, eso no le daba derechos a Chile para agredir militarmente a Bolivia, ni mucho menos para privarla de su litoral. La reacción chilena fue inobjetablemente desproporcionada y no incluyó siquiera una declaratoria de guerra, que era lo que se estilaba en aquella época, cuando todavía no se había prohibido el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Pero para entender las circunstancias e intereses que provocaron todo esto, es necesario recordar qué pasó antes de la invasión chilena, cuando se iniciaron los problemas entre ambos países.   

Todo comenzó en 1842 cuando Chile aprobó una ley mediante la cual declaraba de su propiedad las guaneras existentes al sur del paralelo 23,6º de latitud sur, que Bolivia consideraba suyas, porque según el uti possidetis juris de 1810, que es una convención aprobada por todas las naciones sudamericanas y que dispone establecer los límites fronterizos entre nuestros países en base a la delimitación de la Corona española, el territorio boliviano llegaba hasta por lo menos el paralelo 25º de latitud sur, tal como lo establecen las cedulas reales y las leyes de indias, y lo reconocen también prestigiosos tratadistas chilenos como José Miguel Barros (2009) y Fabián Berrios (2016).

Bolivia protestó y se inició una fuerte disputa por el territorio de Mejillones y sus alrededores, que incluyó tres incursiones de la marina chilena en territorio boliviano. En efecto, según los historiadores Miguel Mercado (1930) y Gonzalo Bulnes (1976), en 1846 la goleta chilena Janequeo atracó en punta de Angamos (23°3´), donde sus ocupantes enarbolaron la bandera de Chile; en 1847, los pasajeros del bergantín Martina instalaron un fortín en Mejillones y fueron expulsados luego por el bergantín Sucre; y en 1857, la corbeta chilena Esmerlada desembarcó nuevamente al norte Mejillones, con el propósito de anexar ese territorio a Chile, llegando incluso a rebautizar el lugar con el nombre de “Santa María” y a capturar un barco guanero estadounidense, llamado Sportsman, que provocó un impase diplomático con Washington.

Ley chilena de 1842, promulgada por el Presidente Manuel Bulnes

Además de esas incursiones, las infructuosas negociaciones que se desarrollaban en esos momentos en Santiago y sobre todo la explotación clandestina del guano de Mejillones por parte de miles de chilenos que se habían establecido en el litoral boliviano, fueron los determinantes de la autorización que en 1863 recibió el gobierno de Bolivia de su Congreso para declarar la guerra a Chile “siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere la reivindicación del territorio usurpado ó una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional”.

En razón de esa determinación, según cuenta Roberto Querejazu (1979), Bolivia mandó a Don Tomas Frías a Santiago para negociar la devolución del territorio que había sido ocupado por capitales y obreros chilenos. Pero a poco de fracasar esa gestión, ocurrió un hecho que cambió el curso de los acontecimientos, una división naval española invadió las islas Chinchas del Perú a título de “reivindicación” y se encendió la alarma en todo el continente. Efectivamente, el temor a la “reconquista de América” propició el acercamiento entre La Paz y Santiago, que se tradujo en una alianza defensiva en la que también participaban Lima y Quito.

En esas circunstancias, que sólo fueron posibles con el cambio de gobierno en Bolivia, de Achá a Melgarejo, se creó un ambiente propicio para resolver la cuestión de Mejillones. Ciertamente, el 10 de agosto de 1866 los representantes de ambos países suscribieron un Tratado de límites que estableció la frontera en el grado 24º de latitud meridional, dejando las riquezas en territorio boliviano, pero instaurando un sistema de medianería precisamente entre los grados 23º y 25º, para que ambos países puedan explotar sus riquezas de manera compartida.

En 1871, en razón de los conflictos que Santiago mantenía con Buenos Aires, el Congreso chileno autorizó la compra de dos buques blindados que se construyeron en Inglaterra. Lo cual naturalmente generó recelo no sólo en Argentina sino también en Bolivia y Perú, que veían con desazón el acercamiento anglo-chileno, que se manifestaba en la explotación de sus riquezas en las costas del Pacífico de manera voraz y prácticamente incontenible. Fue así que antes de que Chile reciba sus buques de guerra, en 1873, los gobiernos de La Paz y Lima suscribieron un Tratado secreto de Alianza Defensiva, al que nunca se logró incorporar Argentina, a pesar de los denodados esfuerzos que hicieron los signatarios para incluir a ese país en la alianza.

A pesar de que se trataba de una alianza secreta, el gobierno chileno se enteró al poco tiempo de su existencia y de la posibilidad de que la Argentina fuera a incorporarse. Según Berrios (2016), la información llegó a Santiago a través de la diplomacia brasileña que tenía interés en impedir el potenciamiento argentino. Fue en ese contexto que Chile decidió atender los reclamos de Bolivia respecto a los problemas que había provocado la medianería y aceptó suscribir un nuevo Tratado de límites, el 6 de agosto 1874, que confirmó la frontera en el paralelo 24º de latitud sur, eliminó la medianería y restringió la imposición de nuevas contribuciones a personas, capitales e industrias de Chile por el término de 25 años.

Entre 1873 y 1875, el Perú nacionalizó la industria del salitre, en lo que se conoció como “la ley del estanco” que perjudicó seriamente a muchas empresas anglo-chilenas que se habían establecido en Tarapacá. La medida fue uno de los detonantes más importantes de la Guerra del Pacífico, pues mientras Bolivia la tomó como un ejemplo a seguir – el Presidente Hilarión Daza llegó a manifestar su intención por “fregar a los gringos” –, Chile la vio como un peligroso antecedente que podría replicarse en el litoral boliviano.

Fue así que Daza, valiéndose de su alianza con el Perú, decidió aplicar el cobro de los 10 centavos ya mencionado, en una actitud que claramente no supo medir las consecuencias de sus actos, pues no sólo no logró más ingresos para el Estado como tenía previsto, ni tampoco logró “fregar a los gringos”; lo único que consiguió fue provocar a Chile, que como ya se dijo reaccionó desproporcionadamente y con los resultados para Bolivia que todos conocemos.