El 14 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina para remplazar parcialmente a los congresistas de ese país. Al respecto, tuve la oportunidad de comentar el tema en el programa de Casimira Lema y Jhony Mendizabal.
En Entre Líneas de Radio Compañera, 15/11/2021
Mientras no se resuelva el problema principal, el tema marítimo boliviano, las desconfianzas y los temores seguirán privando a Chile de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.
El debate sobre los asuntos
internacionales en la campaña electoral chilena, se ha centrado principalmente
en las políticas migratorias que se deben adoptar para enfrentar los éxodos que
se están registrando en la región, la posibilidad de revisar los cerca de 30 tratados
comerciales que Chile ha suscrito con diferentes actores del sistema
internacional y la posibilidad de ratificar o firmar algunas convenciones multilaterales,
como el TPP11 o el Acuerdo de Escazú, que podrían abrir ciertas jurisdicciones
para que las empresas transnacionales con inversiones en Chile o los países en
desarrollo sin litoral, como Bolivia, demanden al Estado chileno.
Sobre este último punto, es importante considerar primero cuál es
la postura del gobierno saliente, particularmente respecto al Acuerdo de Escazú,
que es un tratado sobre el acceso a la información y a la justicia en materia
ambiental; para luego relacionar esa postura con las propuestas de los candidatos con mayores
posibilidades de llegar a la presidencia de Chile.
El gobierno de Sebastián Piñera se ha rehusado terminantemente a
firmar el Acuerdo de Escazú, por considerarlo ambiguo, supra legal y con
algunas normas obligatorias y autoejecutables, que supuestamente podrían
generar “incertidumbre jurídica”. Entre esas normas están las que exponen a
Chile a nuevas demandas de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ), por su condición de país sin litoral y signatario del Pacto de Bogotá, o
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por algún asunto relacionado
al medioambiente y a los derechos humanos.
Al respecto, Piñera dijo que el Acuerdo de Escazú "establece
una cláusula que dice que hay que darle trato preferencial a los países
mediterráneos, en nuestro caso pensamos de inmediato en Bolivia (…) no hay
posibilidad de hacer reserva, pero sí hay posibilidad de hacer observaciones e
interpretaciones. Lo que estamos viendo es cómo hacemos para que esas
observaciones e interpretaciones protejan a Chile, para no ser llevado ante
tribunales de justicia intencionales en forma arbitraria y especialmente cuando
el mismo tratado le da un trato preferencial que no explica en qué consiste a
un país vecino como es Bolivia con el cual tenemos muchos conflictos"
(Emol, 30/07/2019).
Tras un exhaustivo análisis, el gobierno chileno presentó un
informe jurídico al Congreso y anunció que no firmará el Acuerdo que había
impulsado y negociado desde un comienzo, por “cómo había quedado redactado” (LaTercera,
22/09/2020) y más adelante porque “no es favorable a los intereses de Chile”
(CnnChile, 4/10/2021).
Sin conocer cuáles son los verdaderos intereses detrás de esta decisión, es innegable que uno de los argumentos más importantes del
gobierno de Chile, se ha construido en base al temor que
genera una nueva demanda de Bolivia.
Ante esta situación, algunos de los candidatos como Gabriel
Boric y Yasna Provoste, han prometido suscribir el Acuerdo de Escazú si llegan
a la presidencia, y otros, como José Antonio Kast, ha planteado ir un paso más allá y no sólo no firmar Escazú sino también
retirarse del Pacto de Bogotá que habilita la jurisdicción de la CIJ para más
demandas bolivianas.
Al respecto, pareciera existir un consenso tácito en los debates
electorales y en la prensa chilena acerca de las motivaciones que tendría
Bolivia para una futura demanda contra Chile, las cuales estarían únicamente dirigidas
a distraer la atención de los bolivianos de los problemas internos o a generar
réditos electorales para los gobernantes de turno, pero muy poco o nada se dice
sobre el problema principal y generador de todas estas desconfianzas y temores:
el tema marítimo de Bolivia.
En efecto, aunque inicialmente Boric fue el único candidato que
se mostró favorable a resolver este problema, luego cambió de opinión en una
entrevista con Tomás Mosciatti, en la que dijo que “la soberanía no se negocia”
pero que le encantaría acabar con la “vergüenza” de no tener una embajada en
Bolivia.
Todo esto nos lleva a concluir que mientras no se resuelva el
problema principal, ya sea directamente como muchas veces propuso Chile o a
través de algún mecanismo de solución de controversias como muchas veces planteó
Bolivia, las desconfianzas y los temores seguirán privando y marginando a Chile
de algunos de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.
Publicado en Página Siete
La Amazonía boliviana
constituye uno de los patrimonios naturales más valiosos del planeta: concentra
una de las mayores biodiversidades del mundo, regula el clima global y sustenta
la vida de cientos de comunidades indígenas y locales. Sin embargo, enfrenta
presiones crecientes por la expansión agrícola, la ganadería extensiva, los
incendios forestales y los efectos del cambio climático. A esto se suman
políticas estatales que han incentivado el uso de fuego como herramienta de
habilitación de tierras, aumentando el riesgo y la frecuencia de grandes
incendios. En este contexto, la decisión de Bolivia de no adherirse a la
Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, adoptada
durante la COP26, resulta especialmente preocupante, pues se ha pasado de tener
un discurso y una política medioambiental activa y coherente, a una política que
sólo muestra contradicciones y un retorica ambigua.
Mientras el Estado
Plurinacional se presenta en foros internacionales como defensor de la Madre
Tierra, su negativa a sumarse a un acuerdo global para frenar y revertir la
deforestación lo ubica junto a un reducido bloque de gobiernos (Argentina,
Nicaragua, Cuba y Venezuela, sólo por citar a los latinoamericanos) que
priorizaron razones políticas e ideológicas por encima de la urgencia
ambiental. Este contraste es una evidencia de la incoherencia y el prevalecimiento
de intereses sectarios sobre los intereses nacionales.
Esto se hace aún más
preocupantes si tenemos en cuenta que la Amazonía boliviana abarca más de 30
millones de hectáreas y es hogar de una de las mayores concentraciones de
biodiversidad del mundo. Sus bosques son fundamentales para la regulación del
clima, la provisión de agua y la conservación de suelos. Además, constituyen el
sustento cultural, económico y espiritual de pueblos indígenas y comunidades
locales que han desarrollado un conocimiento profundo sobre la gestión de los
ecosistemas.
En el plano normativo,
Bolivia ha sido pionera en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos a
través de la Ley N.º 71 (Derechos de la Madre Tierra) y la Ley N.º 300 (Ley de
la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien). Asimismo, la Constitución
de 2009 consagra la protección ambiental como principio rector. Sin embargo, la
implementación de estas normas enfrenta limitaciones debido a la débil
institucionalidad, la falta de coordinación intersectorial y las presiones del
modelo económico extractivista.
La Declaración de
Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, firmada en la COP26 por más de
140 países, plantea detener y revertir la deforestación para 2030, movilizando
financiamiento internacional y mecanismos de cooperación. La negativa de Bolivia
a sumarse, revela una preferencia por mantener una postura crítica frente a
compromisos globales, priorizando la soberanía nacional sobre recursos
naturales y la afinidad política con gobiernos afines, incluso a costa de empañar
todo lo avanzado en esta materia.
La incoherencia entre
el discurso ambientalista y las decisiones políticas refleja problemas
estructurales en la gobernanza. A pesar de contar con un marco normativo
progresista, Bolivia enfrenta dificultades en la aplicación efectiva de
políticas de conservación. La expansión agropecuaria, la falta de incentivos
para la producción sostenible y las políticas estatales que autorizan el uso de
quemas controladas, Esto último ha derivado en incendios de gran escala y
pérdida de biodiversidad.
La no adhesión a
Glasgow limita además el acceso a recursos financieros internacionales clave
para frenar estas tendencias y le restan recursos al estado que podría
destinarse a programas de desarrollo.
La decisión boliviana
no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de un bloque político ideológico
que cuestiona los marcos ambientales multilaterales y que prioriza la soberanía
estatal frente a los compromisos internacionales. Esto afecta la cooperación
amazónica regional, dificultando iniciativas conjuntas para la conservación y
debilitando la capacidad de la región de responder de manera articulada a la
crisis climática.
El futuro de la
Amazonía boliviana dependerá de la capacidad del Estado para implementar
medidas coherentes que integren conservación y desarrollo sostenible. Esto
implica fortalecer la gobernanza institucional, apoyar las iniciativas de los
pueblos indígenas y comunidades locales, promover cadenas de valor sostenibles,
y acceder a mecanismos financieros innovadores como los bonos de carbono y los
pagos por servicios ambientales. Asimismo, Bolivia debe recuperar un papel
activo en la diplomacia ambiental, articulando su liderazgo internacional con
compromisos concretos.
En definitiva, la
Amazonía boliviana enfrenta un punto de inflexión. La retórica de defensa de la
Madre Tierra contrasta con la ausencia de acciones firmes frente a la
deforestación. No adherirse a la Declaración de Glasgow fue una oportunidad
perdida que debilita la imagen internacional del país. Sin embargo, aún es
posible reorientar la política hacia un modelo más coherente, capaz de integrar
conservación, desarrollo y justicia climática. El desafío es pasar del discurso
a la implementación real, reconociendo que el futuro de la Amazonía es también
el futuro de Bolivia.
