El 14 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina para remplazar parcialmente a los congresistas de ese país. Al respecto, tuve la oportunidad de comentar el tema en el programa de Casimira Lema y Jhony Mendizabal.
En Entre Líneas de Radio Compañera, 15/11/2021
Mientras no se resuelva el problema principal, el tema marítimo boliviano, las desconfianzas y los temores seguirán privando a Chile de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.
El debate sobre los asuntos
internacionales en la campaña electoral chilena, se ha centrado principalmente
en las políticas migratorias que se deben adoptar para enfrentar los éxodos que
se están registrando en la región, la posibilidad de revisar los cerca de 30 tratados
comerciales que Chile ha suscrito con diferentes actores del sistema
internacional y la posibilidad de ratificar o firmar algunas convenciones multilaterales,
como el TPP11 o el Acuerdo de Escazú, que podrían abrir ciertas jurisdicciones
para que las empresas transnacionales con inversiones en Chile o los países en
desarrollo sin litoral, como Bolivia, demanden al Estado chileno.
Sobre este último punto, es importante considerar primero cuál es
la postura del gobierno saliente, particularmente respecto al Acuerdo de Escazú,
que es un tratado sobre el acceso a la información y a la justicia en materia
ambiental; para luego relacionar esa postura con las propuestas de los candidatos con mayores
posibilidades de llegar a la presidencia de Chile.
El gobierno de Sebastián Piñera se ha rehusado terminantemente a
firmar el Acuerdo de Escazú, por considerarlo ambiguo, supra legal y con
algunas normas obligatorias y autoejecutables, que supuestamente podrían
generar “incertidumbre jurídica”. Entre esas normas están las que exponen a
Chile a nuevas demandas de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ), por su condición de país sin litoral y signatario del Pacto de Bogotá, o
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por algún asunto relacionado
al medioambiente y a los derechos humanos.
Al respecto, Piñera dijo que el Acuerdo de Escazú "establece
una cláusula que dice que hay que darle trato preferencial a los países
mediterráneos, en nuestro caso pensamos de inmediato en Bolivia (…) no hay
posibilidad de hacer reserva, pero sí hay posibilidad de hacer observaciones e
interpretaciones. Lo que estamos viendo es cómo hacemos para que esas
observaciones e interpretaciones protejan a Chile, para no ser llevado ante
tribunales de justicia intencionales en forma arbitraria y especialmente cuando
el mismo tratado le da un trato preferencial que no explica en qué consiste a
un país vecino como es Bolivia con el cual tenemos muchos conflictos"
(Emol, 30/07/2019).
Tras un exhaustivo análisis, el gobierno chileno presentó un
informe jurídico al Congreso y anunció que no firmará el Acuerdo que había
impulsado y negociado desde un comienzo, por “cómo había quedado redactado” (LaTercera,
22/09/2020) y más adelante porque “no es favorable a los intereses de Chile”
(CnnChile, 4/10/2021).
Sin conocer cuáles son los verdaderos intereses detrás de esta decisión, es innegable que uno de los argumentos más importantes del
gobierno de Chile, se ha construido en base al temor que
genera una nueva demanda de Bolivia.
Ante esta situación, algunos de los candidatos como Gabriel
Boric y Yasna Provoste, han prometido suscribir el Acuerdo de Escazú si llegan
a la presidencia, y otros, como José Antonio Kast, ha planteado ir un paso más allá y no sólo no firmar Escazú sino también
retirarse del Pacto de Bogotá que habilita la jurisdicción de la CIJ para más
demandas bolivianas.
Al respecto, pareciera existir un consenso tácito en los debates
electorales y en la prensa chilena acerca de las motivaciones que tendría
Bolivia para una futura demanda contra Chile, las cuales estarían únicamente dirigidas
a distraer la atención de los bolivianos de los problemas internos o a generar
réditos electorales para los gobernantes de turno, pero muy poco o nada se dice
sobre el problema principal y generador de todas estas desconfianzas y temores:
el tema marítimo de Bolivia.
En efecto, aunque inicialmente Boric fue el único candidato que
se mostró favorable a resolver este problema, luego cambió de opinión en una
entrevista con Tomás Mosciatti, en la que dijo que “la soberanía no se negocia”
pero que le encantaría acabar con la “vergüenza” de no tener una embajada en
Bolivia.
Todo esto nos lleva a concluir que mientras no se resuelva el
problema principal, ya sea directamente como muchas veces propuso Chile o a
través de algún mecanismo de solución de controversias como muchas veces planteó
Bolivia, las desconfianzas y los temores seguirán privando y marginando a Chile
de algunos de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.
