Riesgos para la biodiversidad de la Amazonía boliviana

La permisividad estatal se expresa en la autorización legal de chaqueos y la ausencia de incentivos para la producción sostenible, lo que agudiza la deforestación y debilita las capacidades de gobernanza ambiental.

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

La Amazonía boliviana enfrenta actualmente una encrucijada crítica entre la expansión del agronegocio y la conservación de uno de los ecosistemas más biodiversos y valiosos del planeta. Bolivia, reconocida como uno de los países megadiversos del mundo, alberga en su Amazonía cerca del 30% de las especies terrestres conocidas. Sin embargo, este patrimonio natural se encuentra bajo una amenaza creciente debido a la expansión acelerada de la frontera agrícola, el crecimiento de la ganadería extensiva, el uso de transgénicos, políticas estatales permisivas, los incendios forestales y los efectos acumulativos del cambio climático. Aunque en escenarios internacionales Bolivia suele suscribir acuerdos y respaldar discursos en defensa de la Madre Tierra (Pachamama) y la justicia climática, en el ámbito nacional prevalece un modelo productivo y normativo orientado a la explotación intensiva de los recursos naturales, profundizando contradicciones entre la retórica internacional y las prácticas domésticas. Bolivia-no-firma-la-declaracion-de-Glasgow.docx

El peso del agronegocio y el avance de la deforestación

Desde la década de 1980, el agronegocio ha consolidado su hegemonía económica y política, en especial en el departamento de Santa Cruz. El cultivo de soya transgénica, la ganadería extensiva y el auge de los biocombustibles han impulsado una rápida deforestación, convirtiéndose en los principales motores de la pérdida de cobertura forestal en las tierras bajas y amazónicas del país. Según el Global Forest Watch (2022), en Bolivia se talan más de 30 hectáreas de bosque por hora, mayormente debido al avance de la frontera agrícola y ganadera. Este modelo de desforestación acelerada ha fragmentado hábitats y puesto en riesgo a especies endémicas, al tiempo que reduce la capacidad de los ecosistemas para mitigar el impacto del cambio climático y mantener funciones como la regulación hídrica y el ciclo de nutrientes.

Políticas gubernamentales permisivas y decisiones recientes

Durante las últimas décadas, diversos decretos y leyes han flexibilizado los controles ambientales y han favorecido la expansión agrícola sobre áreas protegidas y territorios indígenas. Desde 2015, se han adoptado medidas estatales permisivas como la autorización para la introducción de nuevos cultivos transgénicos, el impulso de políticas para los biocombustibles y la ampliación de plazos para el cumplimiento de la Función Económica Social de la tierra. Estos marcos normativos han generado un contexto de impunidad para los desmontes y las quemas, afectando gravemente ecosistemas amazónicos vitales. La permisividad estatal se expresa además en la autorización legal de chaqueos y la ausencia de incentivos para la producción sostenible, lo que agudiza la deforestación y debilita las capacidades de gobernanza ambiental.

Impactos sobre la biodiversidad amazónica

La Amazonía boliviana concentra uno de los mayores patrimonios de biodiversidad de Sudamérica. La deforestación, los incendios forestales provocados por prácticas agropecuarias y políticas estatales permisivas, la conversión de bosques en monocultivos y la ganadería extensiva, han puesto en riesgo la supervivencia de especies únicas y fragmentando ecosistemas críticos. La continua pérdida de cobertura vegetal disminuye la capacidad de los bosques amazónicos para captar carbono, contribuyendo al calentamiento global. Además, la alteración del ciclo hidrológico y la destrucción de hábitats impactan de forma directa a pueblos indígenas y comunidades locales que dependen de la selva para su supervivencia, afectando la calidad del agua, alterando la productividad agrícola y comprometiendo la seguridad alimentaria.Bolivia-no-firma-la-declaracion-de-Glasgow.docx

Contradicciones entre compromisos internacionales y política nacional

En el escenario internacional, Bolivia ha participado activamente en el Acuerdo de París y otros pactos de defensa del clima y la biodiversidad, promoviendo el paradigma de los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, estas posiciones contrastan con la falta de adhesión a iniciativas multilaterales como la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, adoptada en la COP26 por más de 140 países. Esta negativa a sumarse a esfuerzos globales revela la existencia de una brecha cada vez más marcada entre el discurso en el ámbito internacional y la política nacional, la cual prioriza la soberanía estatal sobre los recursos naturales y la afinidad política con gobiernos afines, aun a costa de debilitar la cooperación internacional y el acceso a financiamiento climático esencial para frenar tendencias deforestadoras.

Avances del multilateralismo climático y oportunidades para Bolivia

En los años recientes, el multilateralismo climático ha logrado fijar metas globales cada vez más ambiciosas en materia de reducción de emisiones y protección de los bosques. Mecanismos como el Acuerdo de París y REDD+ ofrecen oportunidades para que países como Bolivia accedan a financiamiento internacional y cooperación técnica, siempre que logren alinear sus políticas internas con los compromisos y tendencias globales. El reto principal radica en superar la influencia de los lobbies agroindustriales y reforzar la institucionalidad pública ambiental. Bolivia debe aprovechar estos mecanismos para fortalecer su gobernanza climática y ambiental, asumiendo una transición hacia un desarrollo sustentable y resiliente.

Propuestas hacia una gobernanza ambiental coherente

Para enfrentar los graves riesgos actuales, Bolivia debe fortalecer su institucionalidad ambiental, garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones, y priorizar un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable. Es fundamental la aplicación estricta de la Ley de la Madre Tierra y de la Ley N.º 300, la promoción de la agroecología y la facilitación de acceso a mecanismos internacionales de financiamiento climático. Adicionalmente, resulta imprescindible el desarrollo de cadenas de valor sostenibles y el uso estratégico de instrumentos como los bonos de carbono y los pagos por servicios ambientales. Solo así se podrá avanzar hacia una gobernanza coherente que equilibre la producción agrícola con la conservación de la biodiversidad.

Conclusión

La Amazonía boliviana se encuentra en un punto de inflexión trascendental. La expansión del agronegocio, la permisividad estatal y las contradicciones entre el discurso internacional y las políticas nacionales han profundizado su vulnerabilidad. A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia, la brecha entre retórica y práctica se vuelve cada vez más evidente. Revertir esta tendencia exige voluntad política, coherencia normativa y una gobernanza ambiental capaz de equilibrar la producción y la conservación, en línea con los avances impulsados por el multilateralismo climático. El futuro de la Amazonía boliviana y su biodiversidad dependerá de la capacidad del Estado y la sociedad de adoptar un camino orientado verdaderamente al desarrollo sostenible y a la justicia ecológica.

Más guerra y menos democracia en 2023

 Publicado en Péndulo Político

Durante el 2023 la democracia retrocederá y la autocracia avanzará en todo el mundo, tal como ha venido sucediendo en los últimos años como consecuencia del populismo, los extremismos ideológicos, la desinformación y la polarización. Elementos que son utilizados por los regímenes híbridos o abiertamente autoritarios para aumentar su poderío en detrimento de los derechos humanos y las libertades individuales.  

Así lo develan los estudios sobre la calidad de la democracia, que se realizan anualmente en base a indicadores como los procesos electorales, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura democrática y las libertades civiles. De hecho, según The Economist, más de la mitad de la población mundial vive actualmente bajo algún tipo de régimen autoritario y sólo el 6,4% disfruta de una democracia plena (21 países). En esa misma línea, el instituto V-Dem señala que en 2022, el mundo experimentó los niveles más bajos de democracia en treinta años, con solo 15 países que mejoraron sus indicadores democráticos, 33 que los empeoraron y cerca de 100 que se mantuvieron igual. 

Sobre esta tendencia, el instituto Idea Internacional afirma que el deterioro de la democracia se ha profundizado aún más en los últimos años, debido a la pandemia del covid-19 y a la guerra de Rusia en Ucrania. En efecto, el malestar que han generado los confinamientos forzosos y otras medidas para contrarrestar los efectos del covid-19, así como la incertidumbre que provoca la guerra ruso-ucraniana, por la inflación y la disrupción de las cadenas de suministro; han contribuido a profundizar el deterioro del orden democrático en varios países, incluyendo las democracias más avanzadas.

Las democracias occidentales más emblemáticas, como la de Estados Unidos, han sufrido un anquilosamiento de su sistema de gobernanza, que no ha podido evolucionar hacia un punto que genere mayor confianza; situación que sumada a la recesión económica y a la polarización ideológica, generaron un peligroso descontento social que tiende a estrellarse contra las instituciones democráticas. Mientras que, por el otro lado, las autocracias orientales, como la de China, aunque siguen siendo mal calificadas por los rankings de gobernabilidad, han mostrado una gran capacidad para mantener la estabilidad política y el crecimiento económico dentro de sus fronteras (aunque menos que antes de la pandemia). Lo que, en términos propagandísticos permite posicionar al modelo autocrático como un referente para los países del Sur Global, que no han encontrado en la democracia una solución a sus problemas económicos y de gobernabilidad, pero también para aquellos países cuyos gobernantes pretenden perpetuarse en el poder. 

Pese a esta realidad, la guerra de Rusia en Ucrania no parece estar cerca de su fin y muy por el contrario parece que se agravará aún más con los cientos de miles de reservistas rusos que pronto ingresarán al campo de batalla y con la impresionante dotación de armamento pesado que Ucrania está recibiendo de Occidente. Con esas condiciones no queda mucho margen para el optimismo, solo podemos augurar un 2023 con más guerra y menos democracia.

¿Acercamiento a Rusia?

Rusia está tratando de recabar el reconocimiento y aceptación de los gobiernos que aún podrían apoyarla, entre los que está Bolivia, que es uno de los países que no han condenado su invasión. 

Los Cancilleres de Rusia y Bolivia se reunieron en Caracas el 19/04/2023.
Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia

Publicado en Página Siete

Con su agresión militar, anexión territorial y crímenes de guerra, impuestos y acometidos en contra de Ucrania y su población civil; Vladimir Putin ha provocado la mayor indignación y preocupación mundial en lo que va del siglo XXI, tanto por los perniciosos efectos económicos de su “operación militar especial”, como por el riesgo de que ésta detone una conflagración nuclear y/o la Tercera Guerra Mundial.    

Por tanto, no sólo las potencias occidentales han expresado su más enfático repudio, imponiéndole duras sanciones a Rusia; sino también China e India, que a través de sus respectivos jefes de Estado, le han transmitido directamente a Putin su preocupación en la última Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. A esos países se suman varios organismos internacionales; personajes destacados, como el Premio Nobel de la Paz ruso, Yan Rachinsk; y líderes religiosos, como Desmond Tutu (+), el Dalai Lama y el Papa Francisco; entre muchos otros que también han manifestado preocupación.    

Preocupación mundial que en lugar de aplacarse, ha crecido por la indefinición del conflicto, que se ha mantenido sin visos de solución por más de 300 días y no sólo ha ocasionado los efectos mencionados y la destrucción de una parte de Ucrania, sino también la constatación de que el ejército ruso no había sido tan eficaz y poderoso como muchos creíamos.

Ante esta situación de ostracismo, desamparo y descrédito, Rusia está tratando de recabar el reconocimiento y aceptación de los gobiernos que aún podrían apoyarla, entre los que está Bolivia, que es uno de los países que no han condenado su invasión. En efecto, como parte de la política rusa de búsqueda de respaldos, Putin ha invitado al presidente Luis Arce a visitar Moscú mediante su canciller, quien notificó a Rogelio Mayta con dicha invitación el 22 de octubre de 2022 y luego también el 19 de abril de 2024. Más recientemente, durante el cambio de mando del Brasil, el 1ro de enero, Arce se reunió con la presidente del Consejo de Rusia (senado), Valentina Matvienko, con la que, sin abordar el tema de la guerra, acordó fortalecer la cooperación en tecnología, energía, comercio y educación.

Ahora bien, para tomar una decisión tan delicada como la de seguir acercándose al agresor de la guerra que más preocupación está provocando en el mundo, habría que realizar un análisis costo-beneficio; una evaluación de lo que están haciendo otros gobiernos, que también están dentro de la órbita rusa; y una prospección de las implicancias geopolíticas de dicho acercamiento. 

Aunque para cumplir con ese objetivo se requiere mucho más espacio y análisis, en este artículo podemos indicar que entre Bolivia y Rusia no existen los vínculos comerciales, financieros, ni de ningún otro tipo – más que algunos proyectos financiados totalmente por Bolivia, como los centros de medicina nuclear –, que justifiquen una mayor aproximación. Además, el acercamiento podría entorpecer las relaciones con otros países y organismos internacionales, con los que sí tenemos fuertes vínculos, no sólo por el hecho de que estaríamos respaldando al agresor de esta terrible guerra, contrariando la doctrina internacional boliviana de rechazar todas las invasiones y anexiones territoriales; sino porque además estaríamos apoyando las ambiciones imperialistas y colonialistas de un autócrata, también a contrapelo del discurso del actual gobierno.

Sobre lo que están haciendo otros gobiernos, cabe considerar que hasta la fecha ninguna de las autoridades invitadas por Putin ha confirmado su viaje a Moscú, y que desde que comenzó la guerra, solo los autócratas de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Bielorrusia han estado en el Kremlin, aunque todos ellos con mucha más vinculación a Rusia que Bolivia.

Por otra parte, a tiempo de definir a sus potenciales aliados, la cancillería rusa olvidó mencionar a Bolivia, demostrando que aunque hay un interés de aproximación, éste no es tan marcado como con otros países. Efectivamente, el pasado 2 de enero, la cancillería rusa tuiteó: “China, India, Turquía, Argelia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Argentina y Brasil quieren priorizar sus intereses nacionales ignorando cualquier llamado a actuar en defensa de los intereses geopolíticos de EEUU. Un nuevo orden mundial es inevitable”.

Por lo que, además de preguntarnos si realmente conviene posicionarse del lado del agresor y principal perdedor de esta guerra, también deberíamos cuestionarnos si vale la pena hacerlo cuando al parecer, nuestro apoyo ni siquiera será valorado.