miércoles, 31 de marzo de 2010

El Problema Marítimo de Bolivia.

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Guayoyo en Letras (Venezuela)

La demanda marítima boliviana nace de un derecho legítimo por resolver un largo y difícil problema que ha costado muchísimo al desarrollo social y económico de Bolivia, y que se ha convertido en un tema de mucha sensibilidad para el pueblo boliviano. Su resolución ha sido motivo de varias negociaciones entre los gobiernos de Bolivia, Chile y en algunos casos Perú, pero en ninguna de ellas se llegó a resolver debido principalmente a la fata de voluntad política de sus gobernantes. Actualmente el tema es parte de la agenda que negocian las cancillerías de La Paz y Santiago, sin embargo, para llegar a una verdadera solución, que signifique el restablecimiento de la soberanía boliviana sobre las costas del Pacífico, no sólo se deberá contar con la voluntad política de los gobiernos a los que atañe este problema, sino también con el apoyo de sus pueblos.
Desde que Chile se apropió por las armas del único territorio boliviano en la costa (1879), el objetivo de recuperar el acceso al mar es la máxima prioridad de la política exterior boliviana. El derecho de Bolivia a recobrar su condición de país marítimo se basa en los siguientes hechos inobjetables: haber poseído un litoral en el Pacífico, legítimamente conferido a la república por el uti possidetis juris de 1810; haberlo perdido como el resultado de una guerra de expoliación injusta, promovida por intereses anglo-chilenos; y haberse reconocido el dominio de Chile sobre el litoral boliviano, mediante un tratado viciado de origen, por haber sido impuesto por la fuerza.
El enclaustramiento forzado de Bolivia es un problema que ha costado muchísimo a su desarrollo social y económico, porque ha causado daños sociológicos y psicológicos profundos, asociados a la identidad y a la propia autoestima de los bolivianos, y porque además, ha significado un gran obstáculo para su crecimiento económico debido al costo de los servicios portuarios que se debe pagar a las autoridades del territorio de tránsito, el cual encarece el precio tanto de los bienes que Bolivia consume como de los que ofrece al exterior.
A pesar de ello, la demanda marítima boliviana, fundada en lamentaciones y en la estridencia de los discursos políticos contra Chile, que fue una estrategia recurrentemente utilizada por los diplomáticos bolivianos del pasado, especialmente en foros internacionales como la OEA; no será el camino que permita a Bolivia recuperar una salida al mar, sino la negociación diplomática que haga posible desarrollar programas de integración regional, que consiga distender las relaciones entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, que permita restablecer las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile y la aceptación, y esto principalmente de parte de los negociadores bolivianos, de que el acuerdo de solución al que se llegue deberá contemplar beneficios para todos sus participantes (incluyendo al Perú de acuerdo al Protocolo Adicional al Tratado de 1929). Pero para alcanzar una verdadera solución, y esto es lo más importante, es preciso considerar que el arreglo debe lograr un equilibrio entre la generación de beneficios suficientes para los países involucrados y el respeto al sentimiento de un pueblo que no puede pagar de por vida los costos de una derrota.
A lo largo de la historia, la intención de levantar el encierro más que centenario de Bolivia, ha motivado varias aproximaciones diplomáticas entre los gobiernos de Bolivia, Chile y en ciertas ocasiones Perú, sin embargo, en ninguna de aquellas oportunidades se logró comprender y actuar en correspondencia a lo señalado anteriormente y, en consecuencia, no se pudo alcanzar una solución definitiva a este largo y difícil problema.


















Recientemente, la diplomacia de los pueblos, ideada y aplicada por el gobierno de Evo Morales, y recibida favorablemente por la administración de Michelle Bachelet, ha permitido incluir el tema marítimo en la agenda política que negocian ambas Cancillerías. La diplomacia de los pueblos, a través de la profundización de la confianza mutua, ha dado continuidad al proceso iniciado hace muchos años por los Aymaras Sin Fronteras, que es una organización que reúne a los indígenas que habitan en la zona fronteriza compartida entre Chile, Bolivia y Perú, y dio inicio a una aproximación sin precedentes de diplomáticos, parlamentarios y militares; bolivianos y chilenos.
Pero el mal trato entre los Presidentes de Bolivia y Perú, que recientemente han intercambiado serias acusaciones y hasta insultos, empaña la situación recién anotada y así también lo hace la Demanda interpuesta por el Perú en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justica de la Haya en enero de 2008, sobre la delimitación marítima y terrestre entre ambos países.
Aun así, las expectativas del pueblo boliviano son grandes, porque grande es la esperanza por reencontrarse con ese mar que le pertenece por derecho, y si bien el nuevo Presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha manifestado su renuencia a “hablar de soberanía” con Bolivia durante su campaña electoral, en referencia a una posible cesión de territorios; está en sus manos dar continuidad a esta etapa de cordialidad y entendimiento con Bolivia, que en un futuro cercano y con la indispensable voluntad política de los gobiernos involucrados que deberá ser respaldada por sus pueblos, podría propiciar el fin de las diferencias en el Pacífico sur.
NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

1 comentario:

  1. Este artículo contiene variados errores pero solo comentaré el principal respecto del derecho, esperando que no sea borrado, porque acá habían varios comentarios y todos fueron borrados por el amable bloguero:
    -Para declarar tan sueltamente que Bolivia tiene un supuesto "derecho al mar" habría que demostrarlo con las fuentes que el Derecho otorga y no solo enunciarlo con esa conocida retórica tan desapegada de la realidad histórica.
    Por tanto, el bloguero Sr.Guzmán debiera demostrar primero que efectivamente el Utis Possidetis Jure es real respecto de lo expresado, referido a la zona que Bolivia alega que le era propia desde antes de 1810, vale decir, que muestren documentos previos a 1810 de que aquél territorio la corona española lo había designado como perteneciente a la Audiencia de Charcas y no a al Capitanía del Reino de Chile.

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