Las crisis políticas en el Hemisferio Occidental

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Guayoyo en Letras

José Miguel Insulza

Durante los cinco años que José Miguel Insulza ejerció como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, se presentaron serios desafíos al mantenimiento de la democracia en el hemisferio occidental. Las crisis políticas e institucionales registradas fueron variadas en cuanto a sus motivos e implicancias, pero todas ellas se produjeron en países con instituciones tradicionalmente débiles y democracias aun no consolidadas, y asimismo, en todas ellas, se requirió del esfuerzo conjunto de dichas instituciones y de organismos internacionales, como la OEA, para superarlas.    

Las crisis que se vivieron en el último lustro son una clara muestra de que la democracia representativa, basada en el sufragio universal y secreto, no garantiza por sí sola la estabilidad política y la gobernabilidad de los líderes elegidos por el soberano. Siguiendo el espíritu de la Carta Democrática Interamericana, se entiende que el mantenimiento de la institucionalidad democrática, sólo es posible en un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, en el que se respete continuamente los derechos humanos y, sobre todo, que se garantice la separación e independencia de los poderes públicos.   

No obstante, para comprender mejor lo señalado, es preciso recordar cómo se desataron las crisis ocurridas durante la gestión de Insulza como Secretario General de la OEA y cómo se llegó a darles fin o, al menos, a apaciguarlas.

En Nicaragua, las desavenencias entre los poderes Legislativo y Ejecutivo llegaron a amenazar la continuidad del gobierno de Enrique Bolaños, ya que éste había perdido a varios de sus parlamentarios por las dudas que generaron las acusaciones en su contra sobre malversación de fondos del Estado (febrero de 2005). El Congreso, controlado a esas alturas por la oposición, aprobó varias reformas constitucionales que limitaban el poder del Ejecutivo, las cuales, no fueron acatadas por éste. Después de varios meses de negociación, opositores y oficialistas, acordaron postergar dichas reformas (octubre de 2005), lo que permitió a Bolaños terminar su mandato en los tiempos establecidos por la Constitución (noviembre de 2006). 

En Ecuador, la gobernabilidad del Presidente Lucio Gutiérrez estuvo seriamente amenazada por su escaso apoyo en el Congreso, lo que le llevó a buscar la alianza de los partidos políticos que tenían interés en intervenir la Corte Suprema de Justicia para evitar juicios en contra de sus máximos líderes (diciembre de 2004). La nueva coalición permitió al poder Ejecutivo, a través del Legislativo, controlar a los poderes Judicial y Electoral. Ante esa ilegalidad, la sociedad civil quiteña salió a las calles a exigir la renuncia del Mandatario y de sus partidarios, lo que finalmente trascendió en una sucesión constitucional que le dio la presidencia al vicepresidente, Alfredo Palacio (abril de 2005).  

En Bolivia, la redacción de una nueva Carga Magna, promovida por el gobierno de Evo Morales, se complicó seriamente porque el oficialismo no alcanzó los dos tercios de los votos en la elección de representantes para la Asamblea Constituyente (julio de 2006), necesarios para aprobar la Constitución en detalle. Amparados en diversos cuestionamientos al proceso constituyente, los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos opositores intentaron dar un golpe de Estado al gobierno, pero su fracaso (septiembre de 2008) terminó por abrir el camino para la aprobación de la nueva Constitución (enero de 2009) y la reelección de Morales (diciembre de 2009), con un amplio apoyo popular.

Evo Morales con la Nueva CPE

En Guatemala, la crisis política se desató tras conocerse el video que grabó el abogado Rodrigo Rosenberg antes de ser asesinado, en el que culpa al Presidente Álvaro Colom de ordenar su ejecución (mayo de 2009). El hecho dividió a los guatemaltecos entre los que apoyaban al Presidente y los que pedían su renuncia, mientras éstos se enfrentaban en la calles, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de la ONU, realizó una investigación que finalmente exoneró al gobierno de las acusaciones (enero de 2010).     

Todas las crisis mencionadas fueron exitosamente superadas con la ayuda oportuna de la OEA. Sin embargo, según el mismo Insulza, en Honduras no se pudo evitar la interrupción del régimen democrático constitucionalmente establecido debido a que, a diferencia de lo ocurrido en los otros casos, el gobierno hondureño no invocó a tiempo las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana.  

El problema en Honduras comenzó cuando el Congreso rechazó la propuesta del Presidente Manuel Zelaya de celebrar un referéndum para modificar la Constitución con el fin último de permitir la reelección presidencial (23 de junio de 2009). Aun así, el Mandatario prosiguió con su plan de consultar a sus conciudadanos si estaban de acuerdo con la celebración del referéndum. Las Fuerzas Armadas se rehusaron a colaborar con tal propósito, y en consecuencia, Zelaya destituyó a su Jefe (24 de junio). Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución del Jefe militar y el Parlamento aprobó una moción para investigar la actuación del Jefe de Estado en la generación de la crisis (25 de junio). Al no contar con el respaldo de los poderes Legislativo y Judicial, Zelaya intentó recuperar el apoyo de las Fuerzas Armadas pero no tuvo éxito, más al contrario, comandos de esa institución irrumpieron en su casa para obligarle a tomar un avión que lo llevaría a Costa Rica. Horas más tarde, en acto inconstitucional, el Congreso otorgó la primera magistratura a su presidente, Roberto Michelleti (28 de junio).

La ruptura de la institucionalidad democrática en Honduras y su preservación en los meses que siguieron, activaron los mecanismos de presión que posee la OEA para estos casos. A los pocos días se aprobó una Resolución exigiendo la restitución de Zelaya, y luego, la Asamblea General, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana (Art. 19), decidió suspender a Honduras como miembro del organismo reafirmando además que el nuevo régimen debía seguir cumpliendo las obligaciones de los integrantes de la OEA, especialmente en materia de derechos humanos.

La crisis de Honduras tuvo un alto costo político para el Secretario General de la OEA, que fue blanco de muchas críticas por su accionar antes y después del golpe de Estado perpetrado por Michelleti y las Fuerzas Armadas hondureñas. Los cuestionamientos vinieron de diversas instituciones y variados personajes, como el ex presidente salvadoreño, Armando Calderón; el ex canciller mexicano, Luís Ernesto Derbez; el Senador estadounidense del partido republicano, Richard G. Lugar; el Washington Post; y la Human Rights Fundation; entre otros. Todas esas críticas referidas al papel de Insulza como Secretario General de la OEA, se pueden resumir, en cuanto a lo que la crisis de Honduras se refiere, en la incapacidad demostrada por éste para prevenirla y en su fallido intento por promover el diálogo entre el Presidente destituido y el de facto, una vez consumado el golpe de Estado.

Pero la disconformidad anotada, sumada a otras críticas relacionadas con una supuesta permisividad a los gobiernos que no estarían respetando los derechos humanos y a los cuestionamientos surgidos por el hecho de haber dejado sin efecto la suspensión de Cuba como miembro del organismo, pese a que su gobierno aun no cumple las condiciones establecidas en la Carta de la OEA;  harían pensar que Insulza no será reelegido el próximo 24 de marzo, cuando se decida quién será el siguiente Secretario General de la OEA. Sin embargo, debido a que no se presentó ningún otro candidato a optar por ese cargo, la reelección de Insulza es un hecho.

Ex Presidente de Honduras, Manuel Zelaya

Por otra parte, la nueva iniciativa de crear un organismo paralelo a la OEA, aprobada por 32 países en la Reunión del Grupo de Río en Cancún – México, celebrada el 22 de febrero pasado, que llevará el nombre de Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños,  y que excluye a Estados Unidos y Canadá; pone en duda la verdadera relevancia de la OEA como organismo encargado de velar por la paz y promover la democracia en el hemisferio. Sin embargo, a pesar de ello, Insulza destacó como uno de los puntos más importantes de su gestión el haber logrado el aumento de la relevancia de la OEA. Al respecto, en su discurso ante el Consejo Permanente del organismo para pedir apoyo a su reelección dijo: “Hemos visto cómo el involucramiento de la OEA, que hace un par de décadas muchos condenaban aún y rechazaban a priori, puede jugar un papel constructivo en la solución de disputas y llevar adelante programas útiles para la gente de nuestros países. Con un número relativamente pequeño de profesionales y un presupuesto modesto hemos asumido algunos de los desafíos multilaterales más difíciles de nuestro Hemisferio en transición”.

Por todo lo dicho, y más allá de lo bien o mal que Insulza dirigió a la OEA en estos últimos cinco años, los riesgos que enfrentarán las democracias del hemisferio en los años venideros, sólo desaparecerán cuando exista un sistema de múltiples partidos y asociaciones políticas, se respete los derechos fundamentales de cada ser humano y, sobre todo, se observe un efectivo acatamiento a la separación e independencia de los poderes del Estado. En consecuencia, para lograr que la OEA tenga éxito en su propósito de promover y consolidar la democracia (Art. 2/b de la Carta de la OEA de 1948), el próximo Secretario General, sea quien sea, deberá trabajar mucho más en la preservación y mejoramiento de regímenes que permitan la libre participación política de los ciudadanos, en el aumento de la transparencia de los gobiernos en cuanto al resguardo de los derechos humanos y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas para que sean administradas de manera autónoma, en otras palabras, deberá enfocar sus esfuerzos en la aplicación de los principios de la Carta Democrática Interamericana. 

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.