Los bolivianos discuten y Chile se sigue armando

ANTE UNA NUEVA AGRESIÓN CHILENA
Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Hace tres semanas, el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, publicó en Animal Político de La Razón un artículo referido a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de La Moneda con relación a su política de defensa. Específicamente se refirió a la nueva ley para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que aumenta la disponibilidad de recursos que tiene ese país para enfrentar una guerra; y a la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD, 2012-2024), que devela los planes de Santiago para “anticiparse a una agresión armada”. Medidas que, en estos momentos, están siendo evaluadas por el Senado chileno para su aprobación y dictamen.
Lo que más me llamó la atención no fueron las alarmantes afirmaciones contenidas en esa publicación, ni mucho menos la vinculación que hicieron algunos analistas con un artículo mío publicado unos días antes, sino la mezquina y hasta irracional reacción de algunos sectores de nuestro país, principalmente de oposición, que, en su afán por criticar cualquier iniciativa del Gobierno, concentran sus diatribas en la forma cómo se hizo la denuncia y no en el fondo de la misma. Eso, sumado al enmudecimiento absoluto de “las autoridades competentes”, ocasionó que este gravísimo tema sea relegado a un segundo plano.

Es evidente que el mundo ha cambiado muchísimo desde aquellos tiempos en los que Chile acostumbraba enviar sus tropas a invadir Perú y Bolivia (1837, 1839, 1846, 1847, 1857 y 1879) y que en estos momentos sería mucho más difícil que el país del Mapocho inicie una guerra por el repudio internacional del cual sería objeto. No obstante, teniendo en cuenta el clima agresivo, belicoso y contrario al derecho internacional que se vive en ese país —ante la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia dictamine que Chile debe devolver territorios al Perú, lo cual ha sido ampliamente comentado por analistas de ambos países y corroborado por una encuesta de la Universidad Católica y Adimark, que señala que el 73% de los chilenos opina que no debe entregarse ningún territorio al Perú, aun cuando así lo disponga la Corte— debemos olvidarnos de las mezquindades políticas para rechazar unánimemente las medidas que actualmente evalúa el Senado de Chile.

Para nadie es desconocido que el Estado chileno destina desde hace varios años grandes sumas de dinero al potenciamiento de su fuerza militar. Tampoco es secreto que, en aplicación de la Hipótesis Vecinal Tres (HV3), que prevé un escenario de guerra en el cual Chile tendría que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos, el expresidente Augusto Pinochet modificó la Ley Reservada del Cobre 13.196, de 1958, para que el 10% de las exportaciones del cobre y sus derivados sea destinado directamente a la compra de armas. Norma que, por el incremento del precio del metal rojo en los últimos años, se ha traducido en un gasto promedio en armamento de 2.450 millones de dólares anuales entre 2001 y 2011, según datos publicados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco, 2012).

La cifra proporcionada por Lanchipa, de cerca de 3.000 millones de dólares anuales en la última década, fue extraída de la página web del Ministerio de Defensa de Chile y corresponde al gasto total en defensa; es decir, además de la compra de armas, incluye también salarios, gastos operacionales, infraestructura y misiones militares en el exterior. No obstante, según el Instituto Internacional de Estudios de Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), que es una de las instituciones más serias y reconocidas sobre esta materia en el mundo, esa misma cifra habría alcanzado los 6.198 millones de dólares en 2011, que representa el 3,5% del PIB (Producto Interno Bruto) chileno, es decir, más de lo que Argentina, Bolivia y Perú gastaron en conjunto en ese mismo año, que habría sumado 5.485 millones de dólares, equivalentes a un promedio del 1,4% de su PIB.

Estas exorbitantes diferencias, que se han mantenido en los mismos rangos durante ya varios años, han permitido a Chile establecer una clara superioridad militar sobre sus vecinos y desarrollar una capacidad suficiente como para poder enfrentar exitosamente un escenario HV3. Esta situación, que coincide en el tiempo histórico con el posible rechazo de Santiago a un fallo desfavorable a sus intereses de parte de la Corte Internacional de Justicia y con la manifiesta ambición de La Moneda por incrementar el usufructo gratuito que hace de las aguas bolivianas (por ahora el Lauca, el Silala y el Caquena), plantea, sin lugar a dudas, enormes riesgos para Bolivia.

Respecto al usufructo de las aguas bolivianas, la ENSYD chilena contiene claras referencias a la posibilidad de iniciar un conflicto para asegurar el abastecimiento de “algunas regiones (de Chile que) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”. En efecto, en su página diez, ese documento señala: “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”.

Por tanto, si tenemos un vecino militarmente más poderoso, con antecedentes de violencia en contra nuestra, que deja ver su disconformidad con cualquier resultado desfavorable a sus intereses en el ámbito de la Justicia internacional y que dice estar dispuesto a “concebir un escenario de controversia” para asegurar su acceso al agua que se encuentra precisamente en nuestro territorio, no es momento para iniciar una discusión sobre cuál es el procedimiento que se debe cumplir para anunciar un peligro inminente y quiénes serán los encargados de hacerlo; debemos unirnos y hacer cuanto sea posible para defender a nuestra patria, que, al parecer, podría ser víctima de una nueva agresión chilena.