Por: Andrés Guzmán Escobari
Es acertado y era sumamente
necesario que el gobierno boliviano siente soberanía sobre las aguas del
Silala, porque si bien le pertenecen a Bolivia, Chile las utiliza sin autorización
desde 1997 y sin pagar ni un centavo desde 1908. Pero aun así, no debemos olvidar
otros temas pendientes con el país del Mapocho como los daños y perjuicios que causó
la desviación unilateral de los ríos Lauca y Caquena acometida por el gobierno de
La Moneda y privados chilenos en los años 60, el último con el agravante de que
el curso de sus aguas define el límite fronterizo entre ambos países según el
Tratado de 1904 (artículo 2); y ahora también por el daño económico que genera la
paralización del Ferrocarril Arica – La Paz (FCALP) por ya más de una década.
Trazado del FCALP |
Esa vía férrea es precisamente la
compensación más importante que recibió Bolivia por su vasto, rico y único
Litoral. Fue construida a costa de Chile con el propósito de unir al puerto de
Arica con El Alto de La Paz en cumplimiento al Tratado de 1904 (artículo 3) y
desde 1913, año de su inauguración, ha mantenido un servicio de trasporte de
cargas y de personas (este último suspendido desde que la administración del
tren en el lado chileno pasó a manos privadas en 1997) bastante regular hasta que,
en 2001, una tormenta ocasionó serios destrozos en la vía y el servicio tuvo
que ser interrumpido por varios meses. A partir entonces el ferrocarril realizó
muy pocos viajes y finalmente, en 2005, la empresa privada que lo administraba
en territorio chileno se declaró en quiebra y las operaciones fueron
paralizadas por completo hasta el día de hoy.
Este hecho que a todas luces se
constituye en una inobservancia al propósito con el que se concibió el Tratado
de 1904 en su parte referida al ferrocarril que inobjetablemente fue dotar a
Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar, y que además
representa una flagrante violación de parte de Chile a la Convención para la Construcción
y Explotación del FCALP de 1905, porque a través de la misma ambos países se
comprometieron a “asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad”
(artículo 12); debe ser incluido entre los asuntos que con mayor prioridad se
deben resolver entre ambas naciones, entre los cuales destacan el tema del mar
y la utilización no autorizada de recursos hídricos bolivianos por parte de
Chile.
El gobierno chileno y los
encargados de su rehabilitación han prometido en varias oportunidades el pronto
reinicio de sus operaciones. Hace un año, el Cónsul General de Chile en La Paz,
Jorge Canelas, aseguró que el tren volvería a funcionar a mediados del 2012,
sin embargo, eso no ha ocurrido. No dudamos de que llegará el día en que la vía
férrea vuelva a operar, pero no se trata solamente de eso, hay daños y
perjuicios ocasionados a la economía boliviana que deben resarcirse.