Por: Andrés Guzmán Escobari
El tribunal más importante de las Naciones Unidas reconoció que existe una disputa pendiente entre Bolivia y Chile.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia que rechazó
la objeción preliminar de incompetencia presentada por Chile en el caso incoado
por Bolivia en abril de 2013 (por 14 votos a favor de 16 posibles), puso de
relieve el potencial de la demanda boliviana y sus principales virtudes. Por un
lado, la demanda continúa la política de reintegración marítima basada en la
doctrina del arreglo negociado que se ha convertido en una verdadera política
de Estado en Bolivia, y por otro, abre la posibilidad de promover y extender la
conciencia, sobre todo en Chile, de que existe un asunto pendiente entre ambos
países.
En efecto, al rechazar la objeción preliminar chilena, el
Tribunal más importante de las Naciones Unidas reconoció que existe una disputa
pendiente entre ambas naciones referido a la obligación de Chile de negociar un
acceso soberano al mar para Bolivia, cuyo objeto es dilucidar si dicha obligación
existe y de ser así, si Chile ha incumplido dicha obligación.
No es lo mismo que lo diga el Presidente de un país amigo
como Pepe Mujica o Rafael Correa, entre otros; ni que lo diga un organismo
internacional como la OEA, el Movimiento de Países No alineados o el ALBA; ni tampoco
que lo diga el mismísimo Papa Francisco. Que lo manifieste un Tribunal jurisdiccional
como la Corte Internacional de Justicia tiene un cariz especial porque se trata
de la más alta instancia judicial del planeta, y porque sus fallos son obligatorios
e inapelables.
“Si lo dice la Corte debe ser cierto” escribió un chileno en
Twitter [@pato_32] el día posterior al fallo en respuesta a uno de sus
compatriotas que esgrimió con alto fervor nacionalista, que no existen temas
pendientes entre los dos países y que el Tratado de 1904 es “intangible”. A
pesar de que falta mucho trabajo por hacer para convencer a la mayoría de los chilenos
de que negociar es lo mejor para resolver este asunto, la demanda tiene esa
virtud, genera un cuestionamiento en quienes mantienen una posición inamovible,
y que son generalmente los que fueron educados entre discursos nacionalistas y
una historia distorsionada. Ese cuestionamiento es muy valioso para nuestra
causa porque contribuye al esclarecimiento de la verdad, que es precisamente lo
que más conviene a Bolivia.
En cuanto a la historia, debemos valorar que la demanda
boliviana ayuda a desmitificar algunos hechos del pasado que se presentan en la
historiografía de ambos países de manera contradictoria, y que naturalmente no
han contribuido al buen entendimiento de nuestros gobiernos. Al respecto, en
los antecedentes de su fallo, la Corte señaló con claridad que Bolivia nació a
la vida independiente con una salida soberana al mar y que Chile reconoció
solemnemente esa situación mediante los Tratados firmados en 1866 y 1874. Por
otra parte, también confirmó que Chile declaró la guerra a Bolivia y no al
revés como aseguran muchos historiadores chilenos que interpretan al Decreto de
1ro de marzo de 1879 como una declaratoria de guerra, no siendo más que una
medida para expulsar a los chilenos del territorio nacional y llamar a las
reservas, pero no una declaratoria de guerra.
Al respecto, en la histórica entrevista que Televisión
Nacional de Chile le hizo al ex Presidente Carlos Mesa el pasado 29 de
septiembre, el periodista se permitió afirmar: “mayoritariamente los
historiadores latinoamericanos no hablan de una invasión de Chile, más bien de
una declaratoria de guerra de los países que se enfrentaron”. Lo cual hizo que
Mesa le preguntara extrañado: “No me estará Ud. hablando en serio” y el
periodista replicó entusiasmado: “por supuesto que le estoy hablando en serio”.
Y ahí fue donde recibió el embate de una respuesta magistral y demoledora basada
en hechos objetivos: “el 14 de febrero de 1879 la armada chilena invade
Antofagasta, ese es un hecho objetivo. [Otro] hecho objetivo, entre el 5 y 6 de
abril de 1879 Chile le declara formalmente la guerra a Bolivia y Perú, no
habiendo declaratoria de guerra ni de Bolivia ni de Perú previamente. Por lo
tanto hay dos hechos objetivos: la invasión física que comienza las acciones
bélicas y la declaratoria formal de guerra por parte de Chile”. Ante lo cual el
periodista tuvo cambiar el tema sin antes decir: “porque se nos va acabando el
tiempo, no vamos a aclarar esto ahora” y que después le preguntaría a un
representante de la vieja guardia chilena.
Pero volviendo a lo que dictaminó la Corte, es preciso considerar
que todas y cada una de las afirmaciones que contienen sus sentencias atraviesa
una exhaustiva revisión para corroborar la exactitud y la veracidad de todos sus
datos. Para ese trabajo, existe un equipo de especialistas en historia que
revisan los documentos que elaboran los jueces para que no exista error alguno.
Por tanto, los bolivianos debemos celebrar este fallo, no sólo porque nos
permite discutir el fondo de nuestra demanda, sino también porque significa un
importantísimo aporte para esclarecimiento de los hechos históricos.
En ese mismo sentido será sumamente valiosa e interesante la
discusión sobre la historia de los diversos compromisos y promesas formales
adquiridos por Chile de darle a nuestro país una salida soberana al mar, pues
también contribuirá a la comprensión de lo que verdaderamente ocurrió y no lo
que algunos quisieran que haya ocurrido.
Por todo lo dicho, la demanda boliviana que ya obtuvo una
victoria contundente pero inicial, como bien lo dijo el Agente boliviano,
Eduardo Rodríguez Veltzé; contribuye a descartar esa idea de que no tentemos
asuntos pendientes y también a mejorar el ambiente para el momento en que
bolivianos y chilenos se sienten a negociar una solución a este asunto, que
estamos seguros que llegará.