Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Página Siete
Un comentario sobre el tren que permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera desde hace más de diez años.
Publicado por Página Siete
Un comentario sobre el tren que permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera desde hace más de diez años.
En noviembre de 2015, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (ANEPE) publicó el libro Gobernabilidad, desarrollo y seguridad en las zonas extremas de Chile, que, en su parte referida al libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos, y sobre todo en lo relativo al Ferrocarril Arica – La Paz, contiene afirmaciones imprecisas e incorrectas que en las próximas líneas intentaré precisar y refutar.
Pero antes de eso, cabe recordar que el ferrocarril Arica – La Paz es una de las principales compensaciones que recibió Bolivia a cambio de su vasto, rico y único litoral. De hecho, en cumplimiento al Tratado de 1904, que selló el enclaustramiento boliviano, Chile construyó la vía férrea entre 1905 y 1913 (ocho años) y en 1928, después de que recuperó toda su inversión y obtuvo algunas ganancias más, transfirió el tramo que queda en Bolivia (Charaña – Viacha) al gobierno de La Paz.
Desde entonces el ferrocarril funcionó con bastante normalidad bajo administración estatal en ambos lados de la frontera hasta que, a mediados de los años noventa, los dos gobiernos decidieron entregar en concesión la administración de la vía a empresas privadas.
Asimismo, según lo acordado bilateralmente, el ferrocarril debería unir al puerto de Arica con la ciudad de La Paz (Tratado de 1904) y debería funcionar "a perpetuidad” (Convención de 1905). No obstante, como es de público conocimiento, el tren permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera desde hace más de diez años, debido a que, en 2005, la empresa a la que Chile adjudicó la administración de su tramo del ferrocarril (Arica – Visviri) se declaró en quiebra.
Si bien las autoras del libro no desconocen esta situación, como tampoco lo hace el Gobierno chileno que en enero de 2015 reconoció que el ferrocarril había entrado en una segunda fase de reconstrucción (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2015. Libre Tránsito de Bolivia, la realidad, p. 23); sí aseguran que no se puede imputar a Chile por "falta de atención” porque, según ellas, la empresa a la que el Gobierno de Santiago adjudicó la administración del tramo chileno del ferrocarril "era boliviana”. Aseveración que contiene una imprecisión y una falsedad: la imprecisión porque la empresa adjudicataria, denominada Sociedad Administradora del Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. (AFCALP), no era enteramente boliviana, sino que era una sociedad anónima constituida en Chile con capitales bolivianos y chilenos; y la falsedad porque la nacionalidad de dicha empresa, cualquiera que esta sea, no puede eximir al Estado chileno de cumplir con sus obligaciones internacionales, en este caso con la obligación de "asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (Convención para la Construcción y Explotación de Ferrocarril Arica - La Paz, 27/05/1905. Artículo 12).
Dicho de otra forma, no importa si la empresa a la que Chile escogió para administrar su tramo del ferrocarril es boliviana o chilena, lo que importa en este caso es si el tren está funcionando o no, porque se trata precisamente de uno de los medios que debería atenuar el enclaustramiento de Bolivia y porque Chile tiene la obligación de asegurar su libre tráfico "a perpetuidad”.
Pero lo más sorprendente de todo es que entre esas falsas e imprecisas aseveraciones, en las que también se aclara que Chile invirtió "no cinco millones de dólares en la recuperación del tren, o 26 como apuntaba el proyecto, sino 32 millones de dólares”; también se lanza la siguiente pregunta: "¿Habrá que recordarle a Bolivia en qué andaba entre 2004 y el 2006 en materia de política interna y lo que cuesta reponer una línea férrea juntamente con el rodado a la no poca cantidad de 4.000 metros de altura en algunos tramos?”.
Para responder a esta curiosa interrogante habría que recordarle a las autoras del libro que lo que haya sucedido en materia de política interna en Bolivia no tiene absolutamente nada que ver con la paralización del ferrocarril en el lado chileno, que la intromisión en los asuntos internos de un Estado está prohibida en las relaciones internacionales según varias convenciones multilaterales de las que Chile es parte, y que resulta paradójico que el Estado que construyó una vía férrea a principios del siglo XX en ocho años, se tome más de diez años para rehabilitarlo en pleno siglo XXI.
Para rematarla, las autoras aseguran que "Bolivia no ha recompuesto la vía que une a La Paz con Arica”. Lo cual tampoco es efectivo, puesto que la encargada de administrar el tramo boliviano, Empresa Ferroviaria Andina S.A., ha mantenido la operatividad de la vía mediante trabajos de mantenimiento y reparación a pesar de que no ha llegado ningún tren desde Arica en muchos años, y ha habilitado un ferrobús o buscarril para el transporte de pasajeros entre Charaña y Viacha (La Razón, 3/06/2013).
Por tanto, la paralización del ferrocarril Arica – La Paz en el lado chileno por más de diez años no sólo es una muestra más del poco interés que tiene Chile por mantener buenas relaciones con nuestro país, sino que es una evidencia inobjetable de que el país del Mapocho no cumple el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, y que, a diferencia de lo que afirman sus autoridades, Bolivia no tiene acceso al mar.
