Por: Andrés Guzmán Escobari
La Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, dice el autor.
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| Fuente: Revista Qué Pasa. |
La diplomacia es un método estratégico de las relaciones internacionales que utilizan los Estados para hacer valer sus intereses nacionales respecto a otros actores del sistema internacional. Se trata de una forma de conducir la política exterior de un país, ampliamente reconocida por la comunidad de naciones, que privilegia la negociación y el lobby diplomático por sobre el uso de la fuerza y los mecanismos jurídicos de solución de controversias.
Aunque Chile también ha utilizado la fuerza en ciertos momentos de la historia, como bien lo sabemos bolivianos y peruanos, y ahora ha decidido acudir a la justicia internacional para resolver el tema del Silala, su política exterior se ha basado tradicionalmente en el buen uso de los mecanismos diplomáticos. De hecho, desde el nacimiento de la República, esa vocación negociadora le ha permitido al país del Mapocho insertarse y luego de la dictadura, reinsertarse al comercio mundial a través de los diversos tratados de libre comercio que Santiago suscribió con varios países de todo el mundo.
Asimismo, la diplomacia le ha servido al gobierno de La Moneda para resolver serios problemas de larga data con sus otros dos vecinos. Efectivamente, con Perú alcanzó un acuerdo sobre la aplicación del Tratado de Lima de 1929 (Artículo 5) que había provocado agudas fricciones entre ambos países durante 70 años (1929 – 1999), y con Argentina logró una solución, también gracias a la mediación del papa Juan Pablo II, sobre la soberanía en el canal de Beagle, que había ocasionado peligrosas tensiones durante casi 100 años (1888- 1984).
Con Bolivia, a pesar de que evidentemente la diplomacia no ha servido para resolver los asuntos pendientes, sí ha propiciado importantes acercamientos en los que Chile se avino a negociar u ofreció negociaciones a Bolivia para resolver el problema que genera el enclaustramiento geográfico.
No obstante, a pesar de esa larga tradición negociadora que tan buenos resultados les ha traído a los chilenos, en los últimos años -desde que Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)- la Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, pero también desplazando a su diplomacia, que consecuentemente ha quedado exánime, al menos en sus relaciones con Bolivia.
En efecto, a finales de 2010, después de haberse comprometido a "conocer, analizar y responder” todas las preguntas referidas a la solicitud boliviana de incluir la "deuda histórica” en el preacuerdo alcanzado en 2009 sobre el Silala y a realizar un informe al respecto para ponerlo en consideración de los vicecancilleres (Punto VII, Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas: 14/07/2010), Chile decidió cancelar la reunión de la Agenda de 13 puntos en la que se tenía que dar cumplimiento a dichos compromisos, y nunca más se tocó el tema de manera oficial, hasta que el 6 de junio de 2016, cuando Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la CIJ para que ésta reconozca que "el sistema del río Silala y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional”.
Esta judicialización de la política exterior chilena no fue súbita ni repentina. Un primer antecedente se produjo en los años 70 del siglo pasado, cuando Chile se enfrentó a la Argentina por el control del canal del Beagle en un arbitraje encargado al Reino Unido, el cual le dio su primera y hasta ahora única victoria judicial al país del Mapocho. Pero como en esa ocasión el laudo arbitral le otorgó la mayor parte del territorio en disputa a Chile, Buenos Aires lo declaró "insanablemente nulo” y las tensiones subieron hasta casi provocar una guerra, que felizmente se evitó, como ya se dijo, gracias a la diplomacia y a la mediación papal.
Desde entonces, Chile ha experimentado el sabor de la derrota jurídica -siempre matizada por sus autoridades- en dos ocasiones: 1) en el mismo juicio contra el Perú, cuando la CIJ determinó que el límite marítimo entre ambos países no sigue el paralelo geográfico a lo largo de 200 millas marinas como sostuvo la defensa chilena durante el proceso, sino sólo a lo largo de 80 millas marinas y de ahí a través de una línea equidistante, esto último como lo había solicitado la demanda peruana (lo cual supuso en los hechos la devolución de parte de Chile al Perú de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, que corresponden a casi 28.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 22.000 kilómetros cuadrados de "mar presencial”); y 2) en el juicio con Bolivia, cuando la misma Corte rechazó la objeción preliminar de incompetencia chilena por un holgado margen de 14 votos a dos (los dos votos que no respaldaron la decisión de rechazar la objeción chilena, no fueron favorables a Chile, sino que proponían establecer que la objeción de competencia no era estrictamente preliminar y que debía ser considerada en el proceso de fondo).
No obstante, a pesar de las derrotas y de las amenazas que hicieron varios políticos chilenos de retirarse del Pacto de Bogotá, porque supuestamente la CIJ es un tribunal político que falla salomónicamente sin tener en cuenta al derecho internacional, Santiago decidió acudir a esa misma Corte, validando explícitamente su jurisdicción en el caso del Silala y reconociendo, también explícitamente, su facultad para resolver controversias jurídicas entre Bolivia y Chile en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI).
Esto último, como era de esperar, fue celebrado por el presidente Evo Morales que no desaprovechó la oportunidad para hacerles saber a los gobernantes chilenos que su demanda, en lugar de acallar las justas y legítimas reclamaciones de Bolivia por éste y otros atropellos, tal como lo estaban pretendiendo las autoridades chilenas según sus propias declaraciones, les dieron más razón y fuerza. De hecho, en su primera reacción el mandatario boliviano resumió y estableció su posición con la siguiente frase que si bien ofende profundamente a nuestros vecinos, expresa una gran verdad: "nos roban y nos demandan”.
Con todo, una vez que la CIJ determine si Chile tiene algún derecho sobre las aguas del Silala y establezca asimismo, cuánto debe pagar ese país al nuestro por el uso que ha venido haciendo de la parte que innegablemente le corresponde a Bolivia, aún si fuera un río (que es lo que debe solicitar nuestro Gobierno en su contrademanda), esperemos que la mesura y la razón prevalezcan en el país del Mapocho, y consecuentemente, la diplomacia chilena vuelva a la vida.
