Este intento se constituye en la prueba más clara y cercana de que en realidad sí es posible negociar este tema y que incluso las administraciones actuales pueden hacerlo cuando existe la voluntad política.
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Oxigeno
A poco tiempo de conocer el fallo de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) sobre el caso registrado como “Obligación de negociar un
acceso al Océano Pacífico, Bolivia v. Chile”, no parece que las condiciones
estuviesen dadas como para retomar las negociaciones que se han iniciado e
interrumpido muchísimas veces a lo largo de la historia.
El gobierno de La Moneda, después de anunciar que no negociará
lo que Bolivia solicita, ha decidido cancelar unilateralmente las reuniones del
Comité de Fronteras que era el único canal de diálogo oficial entre ambos
gobiernos; y por si fuera poco, su Canciller, Roberto Ampuero, lejos de
comprometerse a cumplir lo que dictamine la Corte cuando los periodistas se lo
preguntaron, respondió con evasivas y nerviosismo.
Por su parte, el gobierno de La Casa Grande del Pueblo, tampoco
ha hecho las gestiones necesarias como para generar un ambiente de negociación,
conseguir el apoyo de la comunidad internacional y preparar al pueblo boliviano
para un posible restablecimiento de las negociaciones con Chile. Muy por el
contrario, nuestras autoridades han sido exagerada e innecesariamente agresivas
con sus pares de Santiago, reduciendo así la predisposición del pueblo chileno hacia
cualquier entendimiento; han defendido abiertamente a regímenes autoritarios en
la ONU y la OEA, lo que nos ha valido el repudio de algunos países clave para
las tratativas con el país del Mapocho; y han omitido por completo la evidente
necesidad de definir entre los bolivianos qué queremos – qué entendemos por
“acceso soberano” – y más importante aún, qué estaríamos dispuestos a dar en
esa posible negociación.
No obstante, a pesar de este sombrío panorama, que nos lleva
a pensar que no serán estos gobiernos los que negocien y resuelvan el asunto marítimo,
la reciente revelación que hizo el periódico chileno La Tercera, respecto a que
los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera habrían negociado este tema secretamente
entre agosto y diciembre de 2011, nos devuelve de cierta manera las esperanzas.
En efecto, esa versión, que no ha sido desmentida hasta la
fecha por ninguno de los dos gobiernos, se constituye en la prueba más clara y
cercana de que en realidad sí es posible negociar este tema y que incluso las
administraciones actuales pueden hacerlo cuando existe la voluntad política. De
hecho, llama la atención que esas tratativas se hayan podido desarrollar precisamente
cuando las relaciones político-consulares boliviano-chilenas se hallaban en muy
mal momento.
Al respecto, cabe recordar que: en febrero de ese año, el
General René Sanabria de la Policía Boliviana fue detenido por tráfico de
drogas en un operativo realizado conjuntamente por la DEA de Estados Unidos y
Carabineros de Chile, cosa que molestó mucho a Evo Morales porque no se le
informó a pesar de los acuerdos que se habían firmado entre La Paz y Santiago
para compartir información sobre narcotráfico; en marzo, el presidente Morales
anunció por primera vez su intención de demandar a Chile, lo que fue
considerado por Piñera como “un serio obstáculo para las relaciones de ambos
países” y el Ministro de Defensa, Andrés Allamad, aseguró que las Fuerzas
Armadas de Chile se encuentran en condiciones de hacer respetar los tratados y de
cautelar la soberanía chilena; y en junio, 14 soldados bolivianos fueron
detenidos cerca de la frontera por Carabineros chilenos que bajo acusaciones de
robo y porte ilegal de armas, los enmanillaron, engrillaron y encapucharon como
si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad, y si bien fueron liberados
sin culpa al poco tiempo, el trato que recibieron agravó aún más las tensiones.
Con esos antecedentes se iniciaron las negociaciones entre
Walker San Miguel de Bolivia y Jorge Bunster de Chile, que fueron designados
por sus respectivos gobiernos para llevar a cabo estos entendimientos de manera
reservada. A pesar de que el chileno aclaró, desde un principio, que la
soberanía no estaba sobre la mesa, ambos convinieron en que se trataba de una
solución “de medio camino”, “con horizonte de soberanía”, tal como informa La
Tercera (2/09/2018).
En las tratativas, que se desarrollaron en 5 reuniones
celebradas en Mendoza, Buenos Aires, Arica, Calama y Santa Cruz, se avanzó en
un arreglo que consistía en dos enclaves sin soberanía para Bolivia: uno de
tipo industrial en algún punto cerca de Iquique (Pisagua, Punta Patache o
Patillos) o en Mejillones, “en la línea de lo que fuera el entendimiento
Lagos-Banzer”, y el otro enclave para fines turísticos y eventualmente comerciales,
que sería entregado en comodato por 99 años en la playa Las Manchas, situada al
norte de Arica, fuera de la zona portuaria y aeroportuaria del lugar. Por esa
razón, también se habló de que Chile transfiera a Bolivia un muelle en el
puerto de Arica y una terminal o faja de aterrizaje en el aeropuerto de
Chacalluta.
Para que Bolivia pueda acceder a esos dos enclaves no
soberanos, el negociador boliviano propuso que la administración de los
ferrocarriles Arica - La Paz y Oruro - Antofagasta, así como de la carretera
Arica – Tambo Quemado, pasen a manos del Estado boliviano. Lo cual fue rechazado
por el chileno.
En cambio, Bolivia debía desistir de su demanda, levantar el
veto a la venta de gas a Chile y resolver el tema de la Constitución, es decir
cambiar o eliminar la disposición que obliga al Ejecutivo a renegociar los
tratados que sean contrarios a la Carta Magna, puesto que, según el gobierno
chileno de entonces, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sería uno de ellos.
Este interesante arreglo de medio camino, que además
comprendía una solución para el tema del Silala, similar a la que se había negociado
en 2009, no pudo concretarse, siempre según La Tercera, debido a que San Miguel
consideró que lo ofertado por Chile era “muy poco significativo como para
aspirar a ser ‘una solución de medio camino’”.
En su último informe, Bunster le decía a Piñera: “Parece
claro que los vientos internos en Bolivia van en la dirección de construir la
demanda marítima…”.
Por lo dicho, queda claro que la revelación de La Tercera,
que seguramente fue publicada con la intención de descomponer aún más las
relaciones entre ambos países y quizás eliminar las expectativas bolivianas por
hablar de soberanía; es en realidad un muy buen antecedente que sin duda podría
servir para retomar las tratativas boliviano-chilenas sobre el asunto marítimo,
más aún si la Corte nos da la razón y obliga a Chile a sentarse a negociar un
acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso plenamente soberano al Océano
Pacífico.
