6 de agosto: Día de los Países en Desarrollo Sin Litoral

La Resolución, aprobada por la Asamblea General de la ONU, es una victoria simbólica y estratégica para Bolivia, que debe ser la base para un nuevo enfoque en la política boliviana de reintegración marítima.

Franz Zubieta Mariscal, presentando la propuesta boliviana ante la Asamblea General de la ONU

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Brújula Digital

Hace unos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 6 de agosto como el Día de los Países en Desarrollo sin Litoral (LLDCs, por sus siglas en inglés), o más específicamente, el Día Internacional de la concienciación sobre las necesidades y los problemas especiales de desarrollo de los LLDCs (Resolución A/79/L.108). Esta fecha, que coincide con el Día de la Independencia de Bolivia, no fue elegida al azar: es el resultado de un esfuerzo más que centenario de la diplomacia boliviana por visibilizar, en el escenario internacional, las profundas desventajas que enfrentan los países sin acceso soberano al mar.

La iniciativa, liderada, redactada y negociada por Franz Zubieta Mariscal –uno de los pocos diplomáticos de carrera en el servicio exterior boliviano– destaca dos datos reveladores:

1. Que la participación de los LLDCs en las exportaciones mundiales de mercancías sigue siendo marginal, alcanzando apenas el 1,1% del total mundial en 2022.
2. Que los costos comerciales para estos países son, en promedio, un 30% más altos que los que enfrentan los países en desarrollo con litoral, debido principalmente a las múltiples fronteras, trámites y cargas logísticas que deben superar para acceder a los mercados globales.

Este segundo dato introduce un enfoque tan necesario como innovador: en lugar de comparar a los LLDCs con países costeros en general, se contrasta su situación con la de países en desarrollo con litoral, dejando de lado el sesgo que implica incluir en el análisis a Estados altamente desarrollados sin litoral –como Suiza, Austria o Luxemburgo– que son casos excepcionales.

Así, se revela una verdad esencial: la falta de litoral no es, por sí sola, una condena al subdesarrollo. Lo que verdaderamente obstaculiza el progreso de estos países –más allá de factores internos– es la ausencia de un acceso efectivo, eficiente y garantizado al mar, junto con la carencia de condiciones logísticas, normativas e institucionales adecuadas en los países de tránsito.

En este sentido, uno de los principales desafíos estructurales que enfrentan los LLDCs es su dependencia crítica de los países de tránsito. Esta vulnerabilidad puede verse agravada por factores tan diversos como la inestabilidad sociopolítica, los conflictos armados o las decisiones políticas unilaterales.

Bolivia ha vivido esta realidad en varias ocasiones. Durante la Guerra del Chaco, por ejemplo, enfrentó bloqueos al libre tránsito que le impidieron acceder oportunamente a suministros bélicos cruciales para la defensa de su soberanía. Más recientemente, a mediados de 2024, el presidente Luis Arce tuvo que comunicarse directamente con su homólogo chileno, Gabriel Boric, para solicitar su intervención ante un bloqueo en Arica que impedía el paso de varias cisternas de combustible en tránsito hacia Bolivia.

El bloqueo –ocurrido en un contexto de escasez de diésel y gasolina– fue una medida de presión ejercida por trabajadores de la empresa minera Quiborax, y reconfirmó, una vez más, que el derecho de libre tránsito –que debiera estar garantizado “a perpetuidad”, según los acuerdos bilaterales– sigue dependiendo, en la práctica, de la voluntad política de las autoridades del país de tránsito.

Afiche de uno de los eventos de la Conferencia de Awaza

Cabe subrayar que la Resolución de la ONU también reafirma, aunque de manera implícita, el histórico y casi natural liderazgo de Bolivia dentro del grupo de países sin litoral. Desde la década de 1950, Bolivia ha desempeñado un rol activo y destacado en los foros internacionales dedicados a estos temas, ya sea en la codificación del derecho del mar o en las reuniones multilaterales de los LLDCs.

Figuras como Jorge Escobari Cusicanqui, Walter Guevara Arze, Felipe Tredinnick Abasto, Jorge Gumucio Granier, Armando Loaiza Mariaca y, más recientemente, Franz Zubieta Mariscal, han sido parte de esta tradición diplomática que persiste hasta hoy.

Por todo esto, la proclamación del 6 de agosto como el Día de los países en desarrollo sin litoral representa una victoria simbólica y estratégica para Bolivia, lo que debe ser la base para un nuevo enfoque en la política boliviana de reintegración marítima. Un nuevo enfoque que no se ancla en el pasado, con una retórica victimista que presenta el caso boliviano como único o excepcional, sino que se proyecta con propuestas de beneficio mutuo para todos los involucrados en la resolución de este problema y plantea las desventajas estructurales que enfrenta Bolivia como un caso más de muchos otros a nivel mundial.

En este contexto, la Tercera conferencia de los países en desarrollo sin litoral, que se celebrará en Awaza, Turkmenistán, entre el 5 y el 8 de agosto de 2025 –cuando se conmemorará, por primera vez, este día y el Bicentenario de Bolivia– representa una oportunidad histórica. En ella se adoptará el Plan de Acción de Awaza 2024-2034 (resolución A/RES/79/233), que marca un verdadero punto de inflexión.

El plan no sólo reafirma el derecho al libre tránsito y la necesidad de cooperación con los países de tránsito, sino que plantea una ambiciosa agenda de transformación estructural, integración regional, digitalización, industrialización y resiliencia climática para los LLDCs.

Finalmente, conviene destacar un componente silencioso pero fundamental en este proceso: la diplomacia de carrera. Aun en contextos de desinstitucionalización, inestabilidad o precariedad burocrática, son los diplomáticos formados bajo principios meritocráticos quienes sostienen, con profesionalismo y compromiso, la defensa de los intereses nacionales en los espacios multilaterales.

Este logro en Naciones Unidas –producto de la perseverancia técnica, el conocimiento acumulado y el trabajo silencioso– no sólo posiciona a Bolivia como referente global entre los países sin litoral, sino que también reivindica el papel de una diplomacia profesional que sigue haciendo historia sin necesidad aplausos.

La carrera diplomática boliviana y su perspectiva de recuperación

En Bolivia,  cerca al 5% de las designaciones actuales provienen del escalafón diplomático, en contraste con países vecinos como Perú (más del 90%), Chile y Brasil (más del 80%).

Por: Andrés Guzmán Escobari

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El Servicio de Relaciones Exteriores de un país es la entidad encargada de ejecutar la política exterior, representar oficialmente al Estado ante la sociedad internacional y defender sus intereses tanto en el plano bilateral como en el multilateral. Está compuesto por un equipo técnico especializado en diplomacia, relaciones internacionales y otros campos relacionados, comparable, en términos funcionales, a las Fuerzas Armadas en el campo de la defensa. Actúa como un cuerpo profesional que asesora al Poder Ejecutivo y se encarga de implementar decisiones estratégicas, aunque la dirección de la política exterior sea una atribución del Presidente del Estado (artículo 172 de la Constitución Política del Estado).

La profesionalización del cuerpo diplomático permite resguardar los intereses permanentes del Estado frente a los vaivenes ideológicos o partidarios de los gobiernos de turno. Un servicio exterior institucionalizado garantiza continuidad, coherencia, capacidad técnica y proyección internacional de largo plazo, independientemente de los ciclos políticos internos. Esto lo demuestran países con tradición institucional diplomática como Brasil, Chile o Perú, donde más del 80% de los embajadores provienen de la carrera diplomática profesional.

En Bolivia, los esfuerzos por institucionalizar la carrera diplomática se remontan a 1954, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro creó el Instituto de Estudios Internacionales “Antonio Quijarro” mediante el Decreto Supremo N°3710. Este instituto, dirigido inicialmente por el ilustre diplomático Jorge Escobari Cusicanqui, formó a los primeros diplomáticos de Bolivia mediante programas de tres años de estudio riguroso.

Durante la década de 1960, su funcionamiento fue interrumpido por decisiones de los gobiernos de turno. Sin embargo, en 1974, se reactivó con un curso para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al año siguiente, en 1975, el instituto fue renombrado como Academia Diplomática “Antonio Quijarro”, bajo la dirección de Óscar Cerruto, otro referente de la diplomacia boliviana. Esta etapa se mantuvo hasta 1993, cuando se aprobó la Ley Nº1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.

Con esta ley, la Academia pasó a denominarse “Rafael Bustillo”, en homenaje al diplomático boliviano que defendió los derechos del país sobre las costas del Pacífico en el siglo XIX. Bajo ese nombre se graduaron varias promociones más, hasta que, en 2013, durante el gobierno de Evo Morales, se promulgó la Ley Nº465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional.

Esta nueva ley consolidó formalmente la carrera diplomática en Bolivia, ratificó la existencia del escalafón diplomático y estableció que el ingreso al Servicio de Relaciones Exteriores debía realizarse a través de la Academia Diplomática Plurinacional (ADP), mediante convocatoria pública y formación especializada. No obstante, la misma ley incorporó un mecanismo alternativo de acceso: el ingreso por invitación directa del Ministro de Relaciones Exteriores y convocatoria pública, lo cual abrió la puerta a la incorporación de funcionarios sin los conocimientos técnicos ni la experiencia necesaria para ejercer funciones diplomáticas.

A pesar de esta apertura discrecional, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 465 establecía que todos los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores debían adecuarse a las disposiciones de la nueva ley, previa evaluación individual, en un plazo máximo de dos años. Esto ofrecía una oportunidad para introducir criterios meritocráticos y evaluar la permanencia de funcionarios que habían ingresado por designación política.

Sin embargo, en julio de 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional 0016/2021, declaró la inconstitucionalidad tanto de esa Disposición Transitoria como del Decreto Supremo 4240 —norma aprobada durante el gobierno de Jeanine Áñez que reglamentaba el escalafón diplomático—. Esta decisión tuvo un efecto regresivo: en lugar de fortalecer el principio de mérito y profesionalización en el acceso al servicio exterior, dejó vigente una normativa ambigua que favorece la discrecionalidad política por sobre la institucionalidad y la carrera diplomática.

Por tales motivos, cuatro años después, la mayoría de los cargos diplomáticos siguen ocupados por funcionarios designados políticamente, sin carrera ni formación diplomática. Según la nómina oficial de embajadores y cónsules publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en junio de 2025, cerca al 5% de las designaciones actuales provienen del escalafón diplomático, en contraste con países vecinos como Perú (más del 90%), Chile y Brasil (más del 80%).

Esta situación conlleva las siguientes consecuencias:

• Se desaprovecha décadas de inversión estatal en formación diplomática.
• Se reduce la calidad y continuidad de la política exterior.
• Se debilita la representación internacional de Bolivia, al ser asumida por funcionarios sin preparación técnica.
• Se viola el principio constitucional de mérito e igualdad en el acceso a la función pública.

Incluso la actual canciller, Celinda Sosa, reconoció ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que el Ministerio de Relaciones Exteriores carece actualmente de servidores públicos de carrera, lo que confirma el estado crítico de la institucionalidad diplomática.

Frente a este sombrío panorama, surge una luz de esperanza: la Asociación de Egresados de la Academia Diplomática ha sido recientemente reorganizada y ha elegido una nueva directiva, encabezada por el diplomático de carrera Javier Viscarra. Esta reorganización tiene como objetivo contribuir a la recuperación de la institucionalidad del Servicio de Relaciones Exteriores, fortalecer la carrera diplomática y promover una política exterior coherente, estratégica y profesional.

Esta tarea exigirá coordinación con el poder político, respeto estricto a la normativa vigente y la incorporación de los egresados de la ADP, incluidas las promociones más recientes, así como otros profesionales en relaciones internacionales que cumplan los requisitos legales para contribuir al servicio exterior del país.

La carrera diplomática boliviana existe en lo normativo, pero ha sido desarticulada en la práctica. Restaurarla no es sólo una reivindicación profesional, sino un imperativo estratégico para Bolivia. Un servicio exterior profesional, institucionalizado y tecnificado es condición necesaria para defender los intereses del país en un mundo cada vez más complejo, competitivo y en constante cambio.

Reinstitucionalizar la carrera diplomática no es una opción, es una necesidad urgente.

Bolivia frente a la COP30: redefinición de su política climática

Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono.

La Amazonía

Por: Andrés Guzmán Escobari

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El primer gran desafío internacional que deberá enfrentar el próximo gobierno de Bolivia será su participación en la Conferencia de las Partes (COP30), que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, a partir del 10 de noviembre de 2025. Este evento marcará un momento clave en las negociaciones globales sobre cambio climático, al desarrollarse en la Amazonía y tener como eje central la protección de los bosques tropicales, la transición energética justa y el financiamiento climático. Entre los temas más relevantes figura la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, mecanismo de creciente interés para Bolivia, no sólo como herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático, sino como potencial fuente de ingresos en divisas en un contexto económico marcado por la escasez de dólares.

De hecho, varios programas de gobierno de los candidatos presidenciales bolivianos han incorporado la venta de bonos de carbono como una alternativa viable para enfrentar la crisis de reservas internacionales. En ese marco, la participación boliviana en la COP30 reviste una relevancia estratégica, tanto en lo climático como en lo económico.

Aunque Bolivia cuenta con un limitado poder de influencia en las negociaciones multilaterales, esta vez llega con condiciones más favorables que en anteriores cumbres:

1. Es un país amazónico, con una importante porción del bioma compartido con Brasil y otros países de la cuenca. Este hecho cobra especial importancia en una conferencia que tiene como sede y símbolo a la Amazonía, y puede otorgarle mayor visibilidad si articula una posición coordinada con los demás países amazónicos.
2. Ha cambiado su enfoque sobre los mercados de carbono. Tras años de oponerse a su implementación por considerarlos una "mercantilización" de la naturaleza, Bolivia modificó su postura en junio de 2024 al eliminar las restricciones legales que impedían su participación en estos mercados (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 040/2024) y establecer un marco normativo general (Decreto Supremo N° 5264). Este giro responde tanto a la urgencia económica como a una renovada voluntad de diálogo con los mecanismos internacionales, aunque aún mantiene un discurso ambiguo entre lo económico y lo ideológico.
3. La COP30 coincidirá con la asunción de un nuevo gobierno en Bolivia, si se cumple el cronograma electoral. Esto abre la posibilidad de que el país se presente con una voz renovada, que combine continuidad institucional con una estrategia más pragmática, centrada en resultados.

En este contexto, Bolivia tiene la oportunidad de adoptar una posición más constructiva y propositiva, alejándose de la intransigencia que en otras conferencias la llevó a quedar aislada, como cuando fue el único país que se opuso a consensos ampliamente aceptados (COP15, COP16 y COP26). El objetivo no debe ser sólo atraer financiamiento por la vía de los bonos de carbono, sino también garantizar la conservación efectiva de sus reservas naturales —hoy amenazadas por la minería ilegal, los incendios forestales y los asentamientos no regulados—, así como respetar y empoderar a las poblaciones indígenas y comunidades locales.

Para lograrlo, Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono. Aunque este grupo ha jugado un rol importante en la defensa de los intereses del Sur global, en este punto específico Bolivia podría adoptar una posición intermedia, que le permita aprovechar los mecanismos de mercado sin renunciar a la demanda de mayor equidad climática.

Ahora bien, en otras áreas clave Bolivia sí debería reforzar su cooperación con los LMDC, en particular en la exigencia de un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento climático (New Collective Quantified Goal – NCQG), que sustituya e incremente el fondo de 100.000 millones de dólares anuales comprometido en conferencia anteriores, pero que no se ha cumplido plenamente por los países desarrollados. En la COP29 (Bakú, 2024) se acordó elevar esa meta a 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035, como parte de una hoja de ruta que busca alcanzar 1,3 billones anuales. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por no diferenciar entre donaciones y préstamos, lo que podría aumentar el endeudamiento de países con menor capacidad fiscal. Este punto es fundamental para Bolivia y otros países en desarrollo, porque sin un financiamiento climático adecuado y predecible, la participación efectiva en los mercados de carbono será inviable.

Un tema adicional de gran relevancia es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), promovido por la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Este mecanismo impone un gravamen a las importaciones de productos cuya producción implique elevadas emisiones de carbono, con el objetivo de evitar la "fuga de carbono" y fomentar la descarbonización global. Aunque el CBAM ha sido presentado por sus promotores como una medida efectiva para reducir los efectos del cambio climático, también ha sido duramente criticado por países, como Bolivia o China, por considerarlo una medida proteccionista y unilateral, que encarece las exportaciones y dificulta la competitividad de industrias con menor capacidad tecnológica para reducir emisiones. En este sentido, Bolivia, en nombre de los LMDC, ha solicitado oficialmente que la COP30 incluya en su agenda un punto sobre las “medidas unilaterales restrictivas al comercio relacionadas con el cambio climático”, denunciando que el CBAM obstaculiza los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

En definitiva, la COP30 representa para Bolivia una oportunidad estratégica para redefinir su política climática internacional, posicionarse como un país amazónico dispuesto a contribuir a los objetivos globales, y al mismo tiempo acceder a mecanismos que puedan aliviar su crisis económica. Pero para ello será necesario combinar diplomacia eficaz, liderazgo renovado y coherencia interna, superando contradicciones entre un discurso pachamamista y un modelo económico extractivista. Solo así Bolivia podrá pasar de ser un país paria (en los términos del realismo periférico) a uno capaz de influir en las decisiones que marcarán el rumbo de la acción climática en las próximas décadas.

La miopía internacional de la agenda electoral boliviana

Bolivia debe abandonar la ideologización de su política exterior y asumir con realismo periférico los desafíos y oportunidades que plantea nuevo orden internacional.

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Brújula Digital

Las propuestas de los candidatos a la presidencia de Bolivia tienden a concentrarse casi exclusivamente en cuestiones de política interna, con escasas referencias a la política exterior. La mayoría de los programas presentados ante el Órgano Electoral Plurinacional parecen asumir que el orden internacional permanece estático, sin mayores variaciones respecto al esquema que predominó tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Esta presunción errónea, reflejo del tradicional aislamiento boliviano y del desconocimiento generalizado de las teorías de las relaciones internacionales, no solo puede hacer que el país pierda oportunidades de negocio e inversión, sino también comprometer la viabilidad de los propios planes de gobierno, muchos de los cuales se sustentan en la expansión de exportaciones, la captación de créditos internacionales y la atracción de inversiones y turismo.

Si bien el mundo actual está más interconectado que a fines del siglo XX, el impulso globalizador se ha ralentizado considerablemente en los últimos años y, en algunos casos, incluso tiende a revertirse. Fenómenos como el desacoplamiento estratégico, la fragmentación de las cadenas globales de valor y las guerras comerciales ilustran una nueva realidad internacional, que plantea serios desafíos —pero también ciertas oportunidades— para la inserción externa que promueven algunos programas electorales bolivianos. La guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, que ninguno de los programas menciona, abre oportunidades significativas para sectores manufactureros en países en desarrollo a través de estrategias como el nearshoring o friendshoring, siempre que vayan acompañadas de una política pragmática y eficaz hacia Washington.

En este contexto, los planes que proponen "restablecer" relaciones diplomáticas con Estados Unidos incurren en una importante imprecisión. Las relaciones diplomáticas nunca se rompieron, sino que fueron degradadas al nivel de encargados de negocios tras la expulsión de los respectivos embajadores en 2008. Lo que corresponde, por tanto, es trabajar en la recomposición de las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, lo cual no ocurrirá automáticamente con un cambio de gobierno. Esta recomposición requerirá un proceso diplomático gradual que podría tomar años, como fue indicado por la propia Embajada de Estados Unidos en La Paz en 2020, durante las administraciones de Jeanine Áñez y Donald Trump.

Una de las preguntas que los candidatos deberían responder es: ¿cómo planean reencauzar las relaciones con Estados Unidos, considerando el transcurso de casi dos décadas de distanciamiento y el hecho de que la actual administración estadounidense ha planteado imponer aranceles del 10% a los productos bolivianos? No se trata de un proceso sencillo, como algunos programas insinúan, sino de una tarea compleja que, en opinión del autor, debe encararse desde las herramientas conceptuales del realismo periférico de Carlos Escudé (2012), como la inmoralidad de adoptar políticas que generan costos de confrontación con grandes potencias.

Todas estas recomendaciones también valen para la recomposición de las relaciones con la Unión Europea, que se encuentra en franco desacoplamiento económico y comercial respecto a Rusia, lo cual también plantea oportunidades comerciales, principalmente para el sector agrícola. 

Por otro lado, los programas que promueven posturas abiertamente antiimperialistas y anticapitalistas no solo resultan contraproducentes para superar la crisis económica que atraviesa Bolivia, sino que también van a contramano de la tendencia global claramente orientada hacia el capitalismo. Actualmente, todas las grandes potencias son capitalistas, y muy pocos países —como Bolivia— mantienen modelos económicos de corte socialista. Esta situación obedece no solo a la ideologización de la política exterior, sino también a una falta de comprensión de las dinámicas internacionales y del lugar que Bolivia ocupa en el mundo. Es fundamental entender que el posicionamiento boliviano no cambiará en absoluto las grandes tendencias de la economía global ni las ideologías dominantes. Por lo tanto, el desafío consiste en adaptarse inteligentemente y encontrar un posicionamiento que sea funcional a los intereses nacionales. Es decir, pasar de ser un país paria a un país acatador de reglas, tal como lo propone el realismo periférico.

En cuanto a la integración regional, ninguna de las propuestas se atreve a cuestionar los supuestos beneficios del ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno, pese a que hay más incertidumbres que certezas en dicho ingreso (Agramont, Flores y Fernández, 2024). Varias de las propuestas sugieren avanzar en este proceso sin considerar que eso significa un mayor proteccionismo y precios más elevados en el mercado interno, porque el Arancel Externo Común del Mercosur es más elevado que el vigente en Bolivia. Esta es otra pregunta que deben responder los candidatos a la presidencia, especialmente aquellos que proponen disminuir aranceles.  

En conclusión, la desconexión entre las propuestas de política exterior de los candidatos presidenciales bolivianos y los profundos cambios del escenario internacional revela una preocupante miopía internacional. En un mundo marcado por el proteccionismo, la fragmentación geoeconómica, el resurgimiento del nacionalismo y la redefinición de alianzas globales, Bolivia no puede permitirse seguir alineándose con un solo bloque de poder, es necesario aplicar la doctrina del no alineamiento activo (Fortin, Heine y Ominami, 2021) y la diplomacia de la equidistancia (Tokatlian, 2021) . Superar la crisis económica, atraer inversiones y garantizar una inserción inteligente y pragmática en el sistema internacional exige abandonar posturas ideologizadas y asumir con realismo periférico los desafíos y oportunidades del nuevo orden global.

El nuevo orden internacional trumpista

El trumpismo no solo redefine el papel de Estados Unidos en el mundo, sino que también pone a prueba los límites de un sistema internacional en crisis, donde las reglas tradicionales de la diplomacia parecen ceder ante la política de la transacción y la fuerza.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Péndulo de Correo del Sur

Desde el estallido de la crisis financiera global en 2008, la globalización y la interdependencia económico-comercial, que habían avanzado significativamente desde el fin de la Guerra Fría, entre 1991 y 2008, comenzaron a debilitarse de manera evidente. Después de la segunda peor crisis económica y financiera de la historia, solo superada por la Gran Depresión (1929-1939), sucedieron una serie de acontecimientos que marcaron aún más la tendencia hacia la desglobalización y el desacople: la creación de los BRICS en 2010, la expulsión de Rusia del G8 en 2014, el Brexit en 2016, la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos a partir de 2017, la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la guerra entre Israel y el llamado "Eje de la Resistencia" liderado por Irán desde 2023.

Paralelamente, las cadenas globales de valor y el comercio internacional también se vieron afectados por otros factores de alcance mundial, como la pandemia de COVID-19 y los desastres naturales asociados al cambio climático (inundaciones, incendios y sequías, entre otros), que han sido, junto a los otros acontecimientos, los principales causantes del estancamiento de la economía global, que entre 2022 y 2024 sólo creció a un promedio anual de 2,4% (UNCTAD, 2025).

A todos estos hechos, que también son el reflejo del agotamiento del orden internacional liberal, ahora se suma un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos que podría acelerar y profundizar dicho agotamiento hacia el colapso total del ordenamiento internacional vigente. En efecto, el gobierno de Donald Trump, a diferencia de sus predecesores, ha dejado de defender la democracia, el libre comercio y el multilateralismo, generando una incertidumbre que no sólo acentúa el proceso de desglobalización y desacople, sino que podría poner punto final al ordenamiento basado en el sistema de Naciones Unidas y Bretton Woods. De hecho, desde su primera administración, y también ahora, Trump ha elogiado a líderes autoritarios, impuesto aranceles a varios países y retirado a Estados Unidos de acuerdos y organismos internacionales fundamentales para la gobernanza global, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el acuerdo de la OCDE sobre impuestos globales y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Tomando todo esto en consideración, en este artículo se analizan dos elementos clave del nuevo orden internacional trumpista: 1) el acercamiento a Rusia y el alejamiento de Europa, y 2) el pragmatismo transaccional.

Acercamiento a Rusia y alejamiento de Europa

El acercamiento del gobierno de Trump al régimen autoritario de Vladimir Putin marca un giro de 180 grados en la postura estadounidense frente a la guerra en Ucrania. Este “golpe de timón” plantea a su vez una reconfiguración geopolítica en la que Estados Unidos no sólo estrecha lazos con su principal adversario militar, sino que también se aleja de sus aliados tradicionales, agrupados en el G7 y la OTAN. Si bien esta estrategia parece estar orientada a evitar el afianzamiento del eje Moscú-Pekín, que se fortaleció significativamente durante el gobierno de Joseph Biden, también genera incertidumbre sobre la credibilidad de Estados Unidos como socio confiable y pone en riesgo las alianzas forjadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pilares de la pax americana.

Algo similar ocurrió durante la Guerra Fría, cuando el gobierno de Richard Nixon, asesorado por Henry Kissinger, se acercó a la China de Deng Xiaoping para impedir una alianza comunista y antioccidental entre la URSS y China. Sin embargo, en aquella ocasión, Nixon no desafió los principios tradicionales de la política exterior estadounidense ni se alejó de sus aliados europeos; al contrario, los mantuvo intactos y reforzó la seguridad del bloque occidental.

Aunque la estrategia de Trump podría parecer contraproducente desde el prisma político de la Guerra Fría, existen elementos realistas del contexto actual que podrían justificarla. En primer lugar, dado que la configuración geopolítica del mundo ha vuelto a ser esencialmente tripolar – con Pekín, Moscú y Washington como los principales actores - y dado que China se ha convertido en el principal adversario económico, tecnológico y financiero de Estados Unidos, resulta lógico intentar debilitar la alianza entre China y Rusia, su principal adversario militar.

Esta estrategia cobra aún más sentido si se considera el potencial de los BRICS+, entre los que también se incluye a Bolivia y que algunos autores han denominado “sinosfera” (Cutler, 2022) o “Este Global” (Ikenberry, 2024). Este bloque de países emergentes y ricos en recursos naturales, que se distingue del Sur Global (donde verdaderamente pertenece Bolivia) y se opone a la “anglosfera” u “Oeste Global”, liderado por Estados Unidos, es el que promueve un mundo multipolar o multiplex y el único que había intentado socavar el orden internacional liberal, hasta la llegada de Trump a la escena política mundial.

Con esta lógica disruptiva, Trump ha estado tratando de acabar con la guerra en Ucrania, sin importar que Putin obtenga un significativo triunfo militar sobre Europa y el propio Estados Unidos. Con dicho triunfo, Rusia no sólo podría anexar una parte importante de Ucrania, sino que también podría tener vía libre para expandirse sobre otros países europeos. Esto es así porque el gobierno de Trump ha anunciado que no seguirá financiando la defensa europea ni tampoco cumplirá el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, en caso de una agresión externa a un miembro de la OTAN.

Mediante estas maniobras y anuncios, Trump pretende ganar por doble partida, porque no sólo está reduciendo el enorme gasto que supone el sostenimiento de la Alianza Atlántica en la que solo Estados Unidos cubre aproximadamente el 60% del presupuesto; sino que además, al dejar a los países europeos a su suerte frente a la amenaza rusa, los obliga a adquirir armamento y equipamiento militar de fabricación estadounidense, ya que ni Europa ni Canadá cuentan actualmente con la capacidad industrial suficiente como para armar un ejército de la OTAN sin la participación de Estados Unidos. 

Pragmatismo transaccional

Quienes intentan relacionar al trumpismo con una ideología claramente definida, como el conservadurismo liberal de extrema derecha por ejemplo, u otras tendencias similares que han llegado al poder en algunos países europeos y Argentina, no han terminado de comprender que lo que guía este movimiento, al menos en el escenario internacional, son los intereses nacionales y el pragmatismo transaccional a ultranza. La lógica es muy clara y simple, anteponer los intereses de Estados Unidos primero (America First) para hacer grande al país nuevamente (Make America Great Again).

Bajo estas consignas, el gobierno de Trump está intentando terminar con la guerra en Ucrania. Pues antes que detener la matanza o evitar la destrucción de Ucrania, lo que busca la administración trumpista son beneficios económicos y estratégicos que puedan permitir a Estados Unidos mantener su hegemonía global. Por estos motivos, Trump ha señalado en varias oportunidades que quiere lograr una compensación por los varios billones de dólares que el gobierno de Biden entregó a Ucrania en forma de donación. Para lo cual, ha estado negociando con Ucrania un acuerdo para explotar sus tierras raras y otros recursos naturales, que le podrían servir para enfrentar a China en el ámbito tecnológico. 

La idea es constituir un fondo de reconstrucción administrado por Ucrania y Estados Unidos, para explotar ciertas riquezas de Ucrania en favor de la reconstrucción del país y de los intereses geoeconómicos de Estados Unidos. El acuerdo, que tenía que ser firmado durante la visita del presidente Volodimir Zelensky a Washington, fue postergado indefinidamente tras el maltrato que recibió este último de parte de sus anfitriones estadounidenses, Trump, Vance y Rubio, en la oficina oval de la Casa Blanca.  

Este incidente, que muestra cómo las más altas autoridades de Estados Unidos quieren imponer sus condiciones, también deja dudas sobre la verdadera efectividad de la estrategia trumpista, debido a que el intento de doblegar y amedrentar públicamente al presidente ucraniano provocó reacciones que alejan la posibilidad de concretar el acuerdo antes mencionado. En efecto, tras su tensa reunión en la Casa Blanca, Zelensky no sólo recibió el decidido apoyo de los países europeos que se comprometieron a incrementar su ayuda económica y militar a Ucrania, sino también el apoyo de su propio pueblo. Esto último desmiente el argumento trumpista de que Zelensky sería un “dictador sin elecciones” por haberse prorrogado en sus funciones debido a la guerra sin contar con apoyo popular. Lo ocurrido en la Casa Blanca ha dejado en evidencia que Zelensky no sólo tiene apoyo de su pueblo, sino que éste incrementa con los ataques y maltratos de Trump.

Conclusión

El nuevo orden internacional que impulsa Donald Trump se basa en una combinación de pragmatismo extremo, nacionalismo económico y una reconfiguración de alianzas que rompe con los principios tradicionales de la política exterior estadounidense. Su acercamiento a Rusia y su distanciamiento de Europa no solo desafían la estructura de seguridad global construida desde la Segunda Guerra Mundial, sino que también aceleran el proceso de desglobalización y erosionan la credibilidad de Estados Unidos como garante del orden liberal. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia sigue siendo incierta, ya que su lógica disruptiva, aunque pueda generar beneficios económicos a corto plazo, también aumenta las tensiones internacionales y deja a Washington en una posición de mayor aislamiento. En este escenario, el trumpismo no solo redefine el papel de Estados Unidos en el mundo, sino que también pone a prueba los límites de un sistema internacional en crisis, donde las reglas tradicionales de la diplomacia parecen ceder ante la política de la transacción y la fuerza.