La carrera diplomática boliviana y su perspectiva de recuperación

En Bolivia,  cerca al 5% de las designaciones actuales provienen del escalafón diplomático, en contraste con países vecinos como Perú (más del 90%), Chile y Brasil (más del 80%).

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Brújula Digital

El Servicio de Relaciones Exteriores de un país es la entidad encargada de ejecutar la política exterior, representar oficialmente al Estado ante la sociedad internacional y defender sus intereses tanto en el plano bilateral como en el multilateral. Está compuesto por un equipo técnico especializado en diplomacia, relaciones internacionales y otros campos relacionados, comparable, en términos funcionales, a las Fuerzas Armadas en el campo de la defensa. Actúa como un cuerpo profesional que asesora al Poder Ejecutivo y se encarga de implementar decisiones estratégicas, aunque la dirección de la política exterior sea una atribución del Presidente del Estado (artículo 172 de la Constitución Política del Estado).

La profesionalización del cuerpo diplomático permite resguardar los intereses permanentes del Estado frente a los vaivenes ideológicos o partidarios de los gobiernos de turno. Un servicio exterior institucionalizado garantiza continuidad, coherencia, capacidad técnica y proyección internacional de largo plazo, independientemente de los ciclos políticos internos. Esto lo demuestran países con tradición institucional diplomática como Brasil, Chile o Perú, donde más del 80% de los embajadores provienen de la carrera diplomática profesional.

En Bolivia, los esfuerzos por institucionalizar la carrera diplomática se remontan a 1954, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro creó el Instituto de Estudios Internacionales “Antonio Quijarro” mediante el Decreto Supremo N°3710. Este instituto, dirigido inicialmente por el ilustre diplomático Jorge Escobari Cusicanqui, formó a los primeros diplomáticos de Bolivia mediante programas de tres años de estudio riguroso.

Durante la década de 1960, su funcionamiento fue interrumpido por decisiones de los gobiernos de turno. Sin embargo, en 1974, se reactivó con un curso para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al año siguiente, en 1975, el instituto fue renombrado como Academia Diplomática “Antonio Quijarro”, bajo la dirección de Óscar Cerruto, otro referente de la diplomacia boliviana. Esta etapa se mantuvo hasta 1993, cuando se aprobó la Ley Nº1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.

Con esta ley, la Academia pasó a denominarse “Rafael Bustillo”, en homenaje al diplomático boliviano que defendió los derechos del país sobre las costas del Pacífico en el siglo XIX. Bajo ese nombre se graduaron varias promociones más, hasta que, en 2013, durante el gobierno de Evo Morales, se promulgó la Ley Nº465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional.

Esta nueva ley consolidó formalmente la carrera diplomática en Bolivia, ratificó la existencia del escalafón diplomático y estableció que el ingreso al Servicio de Relaciones Exteriores debía realizarse a través de la Academia Diplomática Plurinacional (ADP), mediante convocatoria pública y formación especializada. No obstante, la misma ley incorporó un mecanismo alternativo de acceso: el ingreso por invitación directa del Ministro de Relaciones Exteriores y convocatoria pública, lo cual abrió la puerta a la incorporación de funcionarios sin los conocimientos técnicos ni la experiencia necesaria para ejercer funciones diplomáticas.

A pesar de esta apertura discrecional, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 465 establecía que todos los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores debían adecuarse a las disposiciones de la nueva ley, previa evaluación individual, en un plazo máximo de dos años. Esto ofrecía una oportunidad para introducir criterios meritocráticos y evaluar la permanencia de funcionarios que habían ingresado por designación política.

Sin embargo, en julio de 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional 0016/2021, declaró la inconstitucionalidad tanto de esa Disposición Transitoria como del Decreto Supremo 4240 —norma aprobada durante el gobierno de Jeanine Áñez que reglamentaba el escalafón diplomático—. Esta decisión tuvo un efecto regresivo: en lugar de fortalecer el principio de mérito y profesionalización en el acceso al servicio exterior, dejó vigente una normativa ambigua que favorece la discrecionalidad política por sobre la institucionalidad y la carrera diplomática.

Por tales motivos, cuatro años después, la mayoría de los cargos diplomáticos siguen ocupados por funcionarios designados políticamente, sin carrera ni formación diplomática. Según la nómina oficial de embajadores y cónsules publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en junio de 2025, cerca al 5% de las designaciones actuales provienen del escalafón diplomático, en contraste con países vecinos como Perú (más del 90%), Chile y Brasil (más del 80%).

Esta situación conlleva las siguientes consecuencias:

• Se desaprovecha décadas de inversión estatal en formación diplomática.
• Se reduce la calidad y continuidad de la política exterior.
• Se debilita la representación internacional de Bolivia, al ser asumida por funcionarios sin preparación técnica.
• Se viola el principio constitucional de mérito e igualdad en el acceso a la función pública.

Incluso la actual canciller, Celinda Sosa, reconoció ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que el Ministerio de Relaciones Exteriores carece actualmente de servidores públicos de carrera, lo que confirma el estado crítico de la institucionalidad diplomática.

Frente a este sombrío panorama, surge una luz de esperanza: la Asociación de Egresados de la Academia Diplomática ha sido recientemente reorganizada y ha elegido una nueva directiva, encabezada por el diplomático de carrera Javier Viscarra. Esta reorganización tiene como objetivo contribuir a la recuperación de la institucionalidad del Servicio de Relaciones Exteriores, fortalecer la carrera diplomática y promover una política exterior coherente, estratégica y profesional.

Esta tarea exigirá coordinación con el poder político, respeto estricto a la normativa vigente y la incorporación de los egresados de la ADP, incluidas las promociones más recientes, así como otros profesionales en relaciones internacionales que cumplan los requisitos legales para contribuir al servicio exterior del país.

La carrera diplomática boliviana existe en lo normativo, pero ha sido desarticulada en la práctica. Restaurarla no es sólo una reivindicación profesional, sino un imperativo estratégico para Bolivia. Un servicio exterior profesional, institucionalizado y tecnificado es condición necesaria para defender los intereses del país en un mundo cada vez más complejo, competitivo y en constante cambio.

Reinstitucionalizar la carrera diplomática no es una opción, es una necesidad urgente.

Bolivia frente a la COP30: redefinición de su política climática

Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono.

La Amazonía

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Brújula Digital 

El primer gran desafío internacional que deberá enfrentar el próximo gobierno de Bolivia será su participación en la Conferencia de las Partes (COP30), que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, a partir del 10 de noviembre de 2025. Este evento marcará un momento clave en las negociaciones globales sobre cambio climático, al desarrollarse en la Amazonía y tener como eje central la protección de los bosques tropicales, la transición energética justa y el financiamiento climático. Entre los temas más relevantes figura la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, mecanismo de creciente interés para Bolivia, no sólo como herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático, sino como potencial fuente de ingresos en divisas en un contexto económico marcado por la escasez de dólares.

De hecho, varios programas de gobierno de los candidatos presidenciales bolivianos han incorporado la venta de bonos de carbono como una alternativa viable para enfrentar la crisis de reservas internacionales. En ese marco, la participación boliviana en la COP30 reviste una relevancia estratégica, tanto en lo climático como en lo económico.

Aunque Bolivia cuenta con un limitado poder de influencia en las negociaciones multilaterales, esta vez llega con condiciones más favorables que en anteriores cumbres:

1. Es un país amazónico, con una importante porción del bioma compartido con Brasil y otros países de la cuenca. Este hecho cobra especial importancia en una conferencia que tiene como sede y símbolo a la Amazonía, y puede otorgarle mayor visibilidad si articula una posición coordinada con los demás países amazónicos.
2. Ha cambiado su enfoque sobre los mercados de carbono. Tras años de oponerse a su implementación por considerarlos una "mercantilización" de la naturaleza, Bolivia modificó su postura en junio de 2024 al eliminar las restricciones legales que impedían su participación en estos mercados (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 040/2024) y establecer un marco normativo general (Decreto Supremo N° 5264). Este giro responde tanto a la urgencia económica como a una renovada voluntad de diálogo con los mecanismos internacionales, aunque aún mantiene un discurso ambiguo entre lo económico y lo ideológico.
3. La COP30 coincidirá con la asunción de un nuevo gobierno en Bolivia, si se cumple el cronograma electoral. Esto abre la posibilidad de que el país se presente con una voz renovada, que combine continuidad institucional con una estrategia más pragmática, centrada en resultados.

En este contexto, Bolivia tiene la oportunidad de adoptar una posición más constructiva y propositiva, alejándose de la intransigencia que en otras conferencias la llevó a quedar aislada, como cuando fue el único país que se opuso a consensos ampliamente aceptados (COP15, COP16 y COP26). El objetivo no debe ser sólo atraer financiamiento por la vía de los bonos de carbono, sino también garantizar la conservación efectiva de sus reservas naturales —hoy amenazadas por la minería ilegal, los incendios forestales y los asentamientos no regulados—, así como respetar y empoderar a las poblaciones indígenas y comunidades locales.

Para lograrlo, Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono. Aunque este grupo ha jugado un rol importante en la defensa de los intereses del Sur global, en este punto específico Bolivia podría adoptar una posición intermedia, que le permita aprovechar los mecanismos de mercado sin renunciar a la demanda de mayor equidad climática.

Ahora bien, en otras áreas clave Bolivia sí debería reforzar su cooperación con los LMDC, en particular en la exigencia de un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento climático (New Collective Quantified Goal – NCQG), que sustituya e incremente el fondo de 100.000 millones de dólares anuales comprometido en conferencia anteriores, pero que no se ha cumplido plenamente por los países desarrollados. En la COP29 (Bakú, 2024) se acordó elevar esa meta a 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035, como parte de una hoja de ruta que busca alcanzar 1,3 billones anuales. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por no diferenciar entre donaciones y préstamos, lo que podría aumentar el endeudamiento de países con menor capacidad fiscal. Este punto es fundamental para Bolivia y otros países en desarrollo, porque sin un financiamiento climático adecuado y predecible, la participación efectiva en los mercados de carbono será inviable.

Un tema adicional de gran relevancia es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), promovido por la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Este mecanismo impone un gravamen a las importaciones de productos cuya producción implique elevadas emisiones de carbono, con el objetivo de evitar la "fuga de carbono" y fomentar la descarbonización global. Aunque el CBAM ha sido presentado por sus promotores como una medida efectiva para reducir los efectos del cambio climático, también ha sido duramente criticado por países, como Bolivia o China, por considerarlo una medida proteccionista y unilateral, que encarece las exportaciones y dificulta la competitividad de industrias con menor capacidad tecnológica para reducir emisiones. En este sentido, Bolivia, en nombre de los LMDC, ha solicitado oficialmente que la COP30 incluya en su agenda un punto sobre las “medidas unilaterales restrictivas al comercio relacionadas con el cambio climático”, denunciando que el CBAM obstaculiza los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

En definitiva, la COP30 representa para Bolivia una oportunidad estratégica para redefinir su política climática internacional, posicionarse como un país amazónico dispuesto a contribuir a los objetivos globales, y al mismo tiempo acceder a mecanismos que puedan aliviar su crisis económica. Pero para ello será necesario combinar diplomacia eficaz, liderazgo renovado y coherencia interna, superando contradicciones entre un discurso pachamamista y un modelo económico extractivista. Solo así Bolivia podrá pasar de ser un país paria (en los términos del realismo periférico) a uno capaz de influir en las decisiones que marcarán el rumbo de la acción climática en las próximas décadas.