Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono.
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| La Amazonía |
Por: Andrés Guzmán Escobari
El primer gran desafío internacional que deberá enfrentar el próximo gobierno de Bolivia será su participación en la Conferencia de las Partes (COP30), que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, a partir del 10 de noviembre de 2025. Este evento marcará un momento clave en las negociaciones globales sobre cambio climático, al desarrollarse en la Amazonía y tener como eje central la protección de los bosques tropicales, la transición energética justa y el financiamiento climático. Entre los temas más relevantes figura la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, mecanismo de creciente interés para Bolivia, no sólo como herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático, sino como potencial fuente de ingresos en divisas en un contexto económico marcado por la escasez de dólares.
De hecho, varios programas de
gobierno de los candidatos presidenciales bolivianos han incorporado la venta
de bonos de carbono como una alternativa viable para enfrentar la crisis de
reservas internacionales. En ese marco, la participación boliviana en la COP30
reviste una relevancia estratégica, tanto en lo climático como en lo económico.
Aunque Bolivia cuenta con un limitado
poder de influencia en las negociaciones multilaterales, esta vez llega con
condiciones más favorables que en anteriores cumbres:
- Es un país amazónico, con una importante porción
del bioma compartido con Brasil y otros países de la cuenca. Este hecho
cobra especial importancia en una conferencia que tiene como sede y
símbolo a la Amazonía, y puede otorgarle mayor visibilidad si articula una
posición coordinada con los demás países amazónicos.
- Ha cambiado su enfoque sobre los mercados de
carbono. Tras años de oponerse a su implementación por considerarlos una
"mercantilización" de la naturaleza, Bolivia modificó su postura
en junio de 2024 al eliminar las restricciones legales que impedían su
participación en estos mercados (Sentencia Constitucional Plurinacional N°
040/2024) y establecer un marco normativo general (Decreto Supremo N°
5264). Este giro responde tanto a la urgencia económica como a una
renovada voluntad de diálogo con los mecanismos internacionales, aunque
aún mantiene un discurso ambiguo entre lo económico y lo ideológico.
- La COP30 coincidirá con la asunción de un nuevo
gobierno en Bolivia, si se cumple el cronograma electoral. Esto abre la
posibilidad de que el país se presente con una voz renovada, que combine
continuidad institucional con una estrategia más pragmática, centrada en
resultados.
En este contexto, Bolivia tiene
la oportunidad de adoptar una posición más constructiva y propositiva,
alejándose de la intransigencia que en otras conferencias la llevó a quedar
aislada, como cuando fue el único país que se opuso a consensos ampliamente
aceptados (COP15, COP16 y COP26). El objetivo no debe ser sólo atraer
financiamiento por la vía de los bonos de carbono, sino también garantizar la
conservación efectiva de sus reservas naturales —hoy amenazadas por la minería
ilegal, los incendios forestales y los asentamientos no regulados—, así como
respetar y empoderar a las poblaciones indígenas y comunidades locales.
Para lograrlo, Bolivia deberá
revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en
Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura
escéptica frente a los mercados de carbono. Aunque este grupo ha jugado un rol
importante en la defensa de los intereses del Sur global, en este punto
específico Bolivia podría adoptar una posición intermedia, que le permita
aprovechar los mecanismos de mercado sin renunciar a la demanda de mayor
equidad climática.
Ahora bien, en otras áreas clave
Bolivia sí debería reforzar su cooperación con los LMDC, en particular en la
exigencia de un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento climático (New
Collective Quantified Goal – NCQG), que sustituya e incremente el fondo de
100.000 millones de dólares anuales comprometido en conferencia anteriores,
pero que no se ha cumplido plenamente por los países desarrollados. En la COP29
(Bakú, 2024) se acordó elevar esa meta a 300.000 millones de dólares anuales
hacia 2035, como parte de una hoja de ruta que busca alcanzar 1,3 billones
anuales. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por no diferenciar entre
donaciones y préstamos, lo que podría aumentar el endeudamiento de países con
menor capacidad fiscal. Este punto es fundamental para Bolivia y otros países
en desarrollo, porque sin un financiamiento climático adecuado y predecible, la
participación efectiva en los mercados de carbono será inviable.
Un tema adicional de gran
relevancia es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), promovido
por la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Este mecanismo impone un
gravamen a las importaciones de productos cuya producción implique elevadas emisiones
de carbono, con el objetivo de evitar la "fuga de carbono" y fomentar
la descarbonización global. Aunque el CBAM ha sido presentado por sus
promotores como una medida efectiva para reducir los efectos del cambio
climático, también ha sido duramente criticado por países, como Bolivia o China,
por considerarlo una medida proteccionista y unilateral, que encarece las
exportaciones y dificulta la competitividad de industrias con menor capacidad
tecnológica para reducir emisiones. En este sentido, Bolivia, en nombre de los
LMDC, ha solicitado oficialmente que la COP30 incluya en su agenda un punto
sobre las “medidas unilaterales restrictivas al comercio relacionadas con el
cambio climático”, denunciando que el CBAM obstaculiza los compromisos asumidos
en el Acuerdo de París.
