El mundo en 2021

Los acontecimientos internacionales más importantes del 2021 son abordados en esta entrevista que fue dirigida por Mario Espinoza.   

En El Café de la Mañana de Radio Fides 30/12/2021 

Boric y la izquierda latinoamericana

El presidente electo de Chile y su posicionamiento político en relación a los países de la región latinoamericana fueron el objeto de análisis de la siguiente entrevista.

En RTP Mundo, de RTP, 26/12/2021

La victoria de Boric en las elecciones chilenas

El 19 de diciembre de 2021, Gabriel Boric de la alianza de izquierda Apruebo Dignidad, se alzó con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. Sobre ese asunto y sus efectos políticos para la región, tuve la oportunidad de emitir mi opinión en las siguientes entrevistas.

El Aphtapi de la mañana, Radio Comunidad, 20/12/2021

Entre Líneas de Radio Compañera, 20/12/2021

Efectos del regreso del pinochetismo

Un posible triunfo de Kast podría agravar los asuntos territoriales pendientes que Santiago mantiene con Lima, La Paz y Buenos Aires.

Fuente: La República

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

El regreso del pinochetismo a Chile, representado en la posible asunción de José Antonio Kast a la presidencia de ese país, plantea ciertos escenarios de conflicto que podrían modificar el equilibrio de poder en la región y marcarán, ya de hecho, el comienzo de una nueva etapa en la conflictiva historia de las relaciones de Chile y sus tres vecinos.

Los escenarios de conflicto que podrían surgir no derivan exclusivamente de lo que significaría la vuelta del pinochetismo a La Moneda, que analizaremos más adelante, sino de la combinación que dicha vuelta podría tener con el agravamiento de todos o algunos de los asuntos territoriales pendientes que Santiago mantiene con Lima, La Paz y Buenos Aires.

Nos referimos específicamente a la disputa sobre el triángulo terrestre entre Chile y Perú que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dejó pendiente, a las controversias por el uso de las aguas que cruzan, definen o se acumulan debajo de la frontera boliviano-chilena, y al siempre latente asunto marítimo boliviano, que fue incorporado indirectamente en el debate electoral chileno, cuando se discutió la posibilidad de firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información y Justicia Ambiental, más conocido como Acuerdo de Escazú.

Durante la primera parte de la campaña electoral, los candidatos asumieron posiciones en contra (Kast) y a favor (Boric) de firmar de firmar dicho acuerdo, sobre la  base de, entre otras cosas, el temor que genera en Chile una nueva demanda boliviana. Según el mismo presidente Piñera, su gobierno decidió marginarse del Acuerdo de Escazú, que presta especial atención a los países en desarrollo sin litoral (artículo 11) y abre la jurisdicción de la CIJ (artículo 19), “para no ser llevado ante tribunales internacionales de justicia en forma arbitraria y especialmente cuando el mismo tratado le da un trato preferencial que no explica en qué consiste a un país vecino como es Bolivia, con el cual tenemos muchos conflictos” (Emol, 30/07/19).

Al respecto, Kast se ha mostrado de acuerdo con la posición oficialista que margina y priva a Chile de los beneficios del Acuerdo de Escazú, con tal de no tocar ni mucho menos resolver el problema de fondo: el asunto marítimo boliviano. Pero no sólo eso, para evitar cualquier otra demanda, Kast ha prometido retirar a su país del Pacto de Bogotá, con lo que Chile acabaría marginándose no sólo de los avances regionales en materia ambiental, sino también del consenso interamericano sobre la solución pacífica de controversias. Lo que, sumado a la promesa de también retirarse de las Naciones Unidas, podría provocar un aislamiento de Chile aún más profundo que el vivido durante la dictadura pinochetista.

Pero volviendo a los asuntos territoriales pendientes, con Argentina los conflictos son, en primer lugar, la vieja disputa por los Campos de Hielo Sur, que permanece sin solución a pesar de que ambos gobiernos acordaron precisar el límite fronterizo en 1998; las reclamaciones que se superponen sobre la Antártica, que es un asunto temporalmente congelado por el Tratado Antártico de 1959 y al que también concurren los intereses del Reino Unido por su presencia en las islas Malvinas; y la controversia en el Pasaje de Drake, que ha surgido recientemente por la superposición de las pretensiones de los dos Estados sobre un territorio subacuático de 5.302 kilómetros cuadrados, que Chile reclama como su plataforma continental jurídica y Argentina como su plataforma continental extendida.

Esta última controversia comenzó el 27 de agosto pasado, cuando el presidente Piñera decretó la ampliación de la plataforma continental chilena al este del meridiano 67º 16’ 0, en más de 30.000 kilómetros cuadrados, de los cuales, 5.302 son los que se superponen a la plataforma continental extendida argentina y el resto se superponen al Patrimonio Universal de la Humanidad.

Esto genera un problema adicional a este complejo entramado de líneas, puntos y proyecciones sobre y debajo el mar, porque la nueva reclamación chilena no sólo afecta a los derechos rioplatenses y a los de toda la humanidad, sino que también podría afectar a la proyección de la soberanía de los tres países que, a partir del Pasaje de Drake, reclaman derechos sobre la Antártica.

Por lo pronto, los gobiernos de Santiago y Buenos Aires han anunciado que esta nueva controversia se resolverá mediante el diálogo y la negociación o, en última instancia, a través de un tribunal arbitral o jurisdiccional. No obstante, dados los agresivos comentarios que Kast ha realizado sobre este tema, no podemos descartar un escenario de conflicto, más aún si tampoco se resuelven las otras controversias que Chile mantiene en sus fronteras del norte.

En ese caso estaríamos ante un escenario de Hipótesis Vecinal Tres (HV-3) que es una eventualidad que pronosticaron los estrategas militares chilenos durante la dictadura militar pinochetista, en la que Chile tendría que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos en una guerra, lo cual estuvo a punto de ocurrir justamente durante el gobierno de Pinochet y después sirvió para justificar la dispendiosa política de disuasión chilena.

A mediados del 2020, cuando el congreso de la Argentina se prestaba a convertir en ley la Carta Náutica que los especialistas de ese país habían elaborado desde los años 90, y que había sido validada por la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas en 2016, sin recibir ningún reclamo de parte de Chile; Kast escribió: “Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el Gobierno se ponga firme frente a los delirios de la izquierda radical chilena #LaAntarticaEsChilena” (Twitter, 11/06/20).

Por ese comentario y otros similares, en los que el polémico candidato chileno critica duramente al gobierno de Alberto Fernández, el embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, acusó a Kast de “antiargentino”, “rupturista” y “xenófobo”, mediante unas declaraciones que merecieron un reclamo oficial de Chile, pero que no fueron rechazadas ni desmentidas por la Casa Rosada, sino justificadas como “comentarios a título personal” (TN, 22/11/21). 

Entonces, considerando que Kast también ha sindicado al gobierno boliviano de “cómplice del narcotráfico” y ha tildado al presidente peruano de ignorante, y teniendo en cuenta además su propuesta de cavar una zanja en la frontera con Bolivia y Perú para controlar la inmigración, que se ha convertido en una de las principales promesas de campaña; debemos estar muy atentos a lo que pueda pasar con el posible regreso del pinochetismo a Chile, que esta vez no contará con un presidente experto en geopolítica, como lo era Pinochet, pero sí con unas Fuerzas Armadas mucho mejor preparadas para una HV-3.

Elecciones legislativas en Argentina

El 14 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina para remplazar parcialmente a los congresistas de ese país. Al respecto, tuve la oportunidad de comentar el tema en el programa de Casimira Lema y Jhony Mendizabal.

En Entre Líneas de Radio Compañera, 15/11/2021

El tema marítimo en las elecciones chilenas

Mientras no se resuelva el problema principal, el tema marítimo boliviano, las desconfianzas y los temores seguirán privando a Chile de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

El debate sobre los asuntos internacionales en la campaña electoral chilena, se ha centrado principalmente en las políticas migratorias que se deben adoptar para enfrentar los éxodos que se están registrando en la región, la posibilidad de revisar los cerca de 30 tratados comerciales que Chile ha suscrito con diferentes actores del sistema internacional y la posibilidad de ratificar o firmar algunas convenciones multilaterales, como el TPP11 o el Acuerdo de Escazú, que podrían abrir ciertas jurisdicciones para que las empresas transnacionales con inversiones en Chile o los países en desarrollo sin litoral, como Bolivia, demanden al Estado chileno.

Sobre este último punto, es importante considerar primero cuál es la postura del gobierno saliente, particularmente respecto al Acuerdo de Escazú, que es un tratado sobre el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental; para luego relacionar esa postura con las propuestas de los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia de Chile.

El gobierno de Sebastián Piñera se ha rehusado terminantemente a firmar el Acuerdo de Escazú, por considerarlo ambiguo, supra legal y con algunas normas obligatorias y autoejecutables, que supuestamente podrían generar “incertidumbre jurídica”. Entre esas normas están las que exponen a Chile a nuevas demandas de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por su condición de país sin litoral y signatario del Pacto de Bogotá, o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por algún asunto relacionado al medioambiente y a los derechos humanos.   

Al respecto, Piñera dijo que el Acuerdo de Escazú "establece una cláusula que dice que hay que darle trato preferencial a los países mediterráneos, en nuestro caso pensamos de inmediato en Bolivia (…) no hay posibilidad de hacer reserva, pero sí hay posibilidad de hacer observaciones e interpretaciones. Lo que estamos viendo es cómo hacemos para que esas observaciones e interpretaciones protejan a Chile, para no ser llevado ante tribunales de justicia intencionales en forma arbitraria y especialmente cuando el mismo tratado le da un trato preferencial que no explica en qué consiste a un país vecino como es Bolivia con el cual tenemos muchos conflictos" (Emol, 30/07/2019).

Tras un exhaustivo análisis, el gobierno chileno presentó un informe jurídico al Congreso y anunció que no firmará el Acuerdo que había impulsado y negociado desde un comienzo, por “cómo había quedado redactado” (LaTercera, 22/09/2020) y más adelante porque “no es favorable a los intereses de Chile” (CnnChile, 4/10/2021).

Sin conocer cuáles son los verdaderos intereses detrás de esta decisión, es innegable que uno de los argumentos más importantes del gobierno de Chile, se ha construido en base al temor que genera una nueva demanda de Bolivia.

Ante esta situación, algunos de los candidatos como Gabriel Boric y Yasna Provoste, han prometido suscribir el Acuerdo de Escazú si llegan a la presidencia, y otros, como José Antonio Kast, ha planteado ir un paso más allá y no sólo no firmar Escazú sino también retirarse del Pacto de Bogotá que habilita la jurisdicción de la CIJ para más demandas bolivianas.

Al respecto, pareciera existir un consenso tácito en los debates electorales y en la prensa chilena acerca de las motivaciones que tendría Bolivia para una futura demanda contra Chile, las cuales estarían únicamente dirigidas a distraer la atención de los bolivianos de los problemas internos o a generar réditos electorales para los gobernantes de turno, pero muy poco o nada se dice sobre el problema principal y generador de todas estas desconfianzas y temores: el tema marítimo de Bolivia. 

En efecto, aunque inicialmente Boric fue el único candidato que se mostró favorable a resolver este problema, luego cambió de opinión en una entrevista con Tomás Mosciatti, en la que dijo que “la soberanía no se negocia” pero que le encantaría acabar con la “vergüenza” de no tener una embajada en Bolivia.

Todo esto nos lleva a concluir que mientras no se resuelva el problema principal, ya sea directamente como muchas veces propuso Chile o a través de algún mecanismo de solución de controversias como muchas veces planteó Bolivia, las desconfianzas y los temores seguirán privando y marginando a Chile de algunos de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.

Ausencia de una visión geopolítica en la Celac

Ante el alarmante incremento de las tensiones en el Indo Pacífico, resulta necesario y urgente retomar las discusiones sobre la seguridad colectiva y la defensa de nuestra región que antes se discutían el seno de la OEA.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

En las últimas semanas, las tensiones en el Indo Pacífico se han incrementado de manera alarmante, con un despliegue cada vez más impresionante de la Armada de Estados Unidos, que no ha dejado de navegar y realizar ejercicios militares junto a sus aliados en la zona, y con una presencia cada vez más consolidada de la República Popular China, que tampoco ha dejado de establecer bases militares en las islas artificiales que, según el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) de La Haya, están fuera de su jurisdicción.

Al mismo tiempo, la República Islámica de Irán ha formalizado su ingreso a la Organización de Cooperación de Shanghái, conformada por China, Rusia, India y otros países de Asia central con el fin de contrapesar a la OTAN; y los gobiernos de Australia, Reino Unido y Estados Unidos han suscrito un pacto militar (AUKUS) que deja moribundo al Tratado de No Proliferación Nuclear y que aspira a contener el avance chino.

Ante esta inquietante realidad, que ha sido vista con preocupación por los principales procesos de integración del mundo, como la Unión Europea (UE) y la misma Asociación del Naciones del Sudeste Asiático (Asean), entre otros; habríamos esperado un pronunciamiento o al menos una discusión en nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que hace poco celebró su sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de México. Sin embargo, nadie dijo nada al respecto, ninguno de los 31 países que estuvieron representados en la referida cumbre consideró necesario tocar este tema que, de terminar en una guerra, podría tomarnos desprevenidos y también desunidos a los latinoamericanos que, como nuestros pares en otros continentes, deberíamos tener un plan ante posibles ataques convencionales, nucleares, cibernéticos y hasta biológicos que podrían afectarnos ya sea directa o indirectamente.

Aunque los miembros de la Celac ya se han mostrado del lado del gigante asiático desde que se creó el Foro Celac-China, y ahora más con la salutación que el presidente Xi Jinping envió a los participantes de la cumbre, comprometiéndose a cooperar en la integración de la región; resulta evidente que por las diferencias ideológicas que vimos en la cumbre, no todos los países de la Celac quedarían del mismo lado en caso de estallar una guerra. De hecho, según las afinidades y posiciones de cada cual, unos se alinearían con quien representa la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos; y los otros se colocarían del lado de quien promueve la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la resolución pacífica de controversias y el establecimiento de un nuevo orden mundial.

Visto así, parecería que ya podemos predecir quiénes estarían de un lado y del otro, pero si profundizamos el análisis y consideramos lo que verdaderamente está en juego, es decir, la libre navegación de las aguas internacionales, las cosas tenderían a cambiar. En efecto, seguramente no muchos de los que habrían quedado del lado de China en una primera instancia permanecerían ahí si ese país decidiera continuar ejerciendo su soberanía mucho más allá del mar territorial y la zona económica exclusiva que le corresponden, más aún cuando el TPA ya estableció que eso no tiene base jurídica. Ahora bien, los impulsos antiestadounidenses de algunos países latinoamericanos son tales, que seguramente no apoyarían ni a uno ni a otro, con tal de no darle la razón a la Casa Blanca.

Un tercer filtro para una decisión de alineamiento o neutralidad es el que de hecho existe con relación al reconocimiento de Taiwán, pues hay varios países en la región que reconocen a Taipéi y no a Beijing como el verdadero gobierno chino, lo cual es un asunto directamente relacionado al escalamiento de la disputa en el Indo Pacífico, pero que por restricciones de espacio habría que analizar por separado.  

Respecto a la ausencia de una visión geopolítica regional en la Celac, ésta no se debe a la falta de un enfoque político regional, porque en otros temas sí hubo propuestas, discusión y consenso (principalmente gracias a la Cepal en el caso del tema sanitario), sino que es el resultado del poco interés que tienen nuestros gobiernos por lo que ocurre fuera de Latinoamérica. Ante esta situación, resulta necesario y urgente retomar las discusiones sobre la seguridad colectiva y la defensa de nuestra región que antes se discutían el seno de la OEA, que justamente ahora y desde hace algunos años se quiere reemplazar con la Celac.

Ciertamente, aunque no hay consenso respecto al pretendido reemplazo, y parece que nunca lo habrá, queda claro que hay algunos temas de importancia geopolítica que aún no se han podido posicionar en la agenda de la Celac. En el caso específico de Bolivia, “el problema marítimo boliviano”, que ha sido considerado por la OEA como “un asunto de interés hemisférico permanente”, es un claro ejemplo de un tema que fue apoyado de manera contundente por el organismo interamericano, con nada menos que 11 resoluciones que aún están vigentes, pero que no se ha podido o no se ha intentado siquiera incluir en las discusiones de la Celac.

A nivel regional, no se puede desconocer que por más que nuestros gobiernos decidieran discutir estos temas en un futuro cercano, ningún esfuerzo estaría completo sin la participación del Brasil, que es la primera potencia latinoamericana y que, lamentablemente, ha decidido excluirse de las discusiones de la Celac, que en todo caso debería estar liderando. Basta con mirar el mapa para entender la importancia que reviste ese país, sin considerar la relevancia económica, militar y poblacional que tiene en esta parte del mundo. Es como si la UE tomara decisiones sin Alemania o que el T-MEC lo hiciera sin Estados Unidos, no tiene mucho sentido porque tanto las decisiones como la proyección internacional de la región pierden fuerza.

Finalmente, aunque tampoco podemos desconocer que los principales interesados en un posible alineamiento o posicionamiento de la región respecto a lo que ocurre en el Indo Pacífico son los protagonistas de aquella posible contienda, y que por tanto, son ellos quienes deberían convencernos o seducirnos de las ventajas o desventajas de apoyar a uno u otro; es importante recordar que esa fue justamente la motivación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) que Estados Unidos promovió en la región hace algunos años y al cual ya se habían sumado México, Chile y Perú, pero que fue increíblemente desahuciado por el gobierno de Donald Trump, y que China, como el principal acreedor de varios de nuestros países, ya tiene instalado un poderoso mecanismo de presión.

Traspasos ilegales de la frontera Bolivia-Chile

Por más que la justicia chilena condene a nuestros militares a 10 años de cárcel, el problema no se habrá resuelto y muy por el contrario, generará mayores enconos entre los que están encargados de custodiar la frontera. 

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete 

Hace unos días, tres militares bolivianos fueron detenidos por Carabineros de Chile en la parte oeste del salar de Coipasa, en un incidente que ahora se encuentra bajo investigación de la justicia chilena y que tiene como antecedente a varios otros casos similares, en los que también hubo traspasos ilegales de la frontera.

A mediados de 2017, por ejemplo, dos carabineros de Chile fueron arrestados en Bolivia, luego de traspasar el límite fronterizo y adentrarse cerca de cuatro kilómetros en territorio boliviano. A diferencia de lo que acontece en el vecino país cada vez que suceden estos traspasos, el gobierno boliviano decidió devolver a los policías chilenos a las pocas horas de haber sido sorprendidos fuera de su jurisdicción y quizá por eso no muchos recuerdan aquel incidente, que obviamente no generó el escándalo que producen cada cierto tiempo los encarcelamientos y enjuiciamientos de funcionarios bolivianos en territorio chileno. 

Es importante recordar ese hecho porque ahora hay voces en Chile que exigen “sentarles la mano a los bolivianos” y aplicarles “el máximo rigor de la ley” como si se tratara de un delito que solo sucede a un lado la frontera. Pero la furia que se ha desatado en redes sociales contra los tres militares bolivianos, tanto en Chile como en Bolivia, se debió principalmente a las declaraciones del ministro chileno Rodrigo Delgado, quien aseguró que los militares bolivianos habrían avanzado 15 kilómetros en territorio chileno, lo cual es absolutamente falso. En efecto, según los peritajes realizados por la Fiscalía y los Carabineros de Chile, la detención se produjo a menos de un kilómetro y medio de la frontera y todo el incidente no pasó en ningún momento de los dos kilómetros contados desde Bolivia.

Por el otro lado, aunque es verdaderamente destacable que las autoridades bolivianas no hayan intentado politizar el caso en esta ocasión, habría sido bueno que aclaren el detalle de la distancia penetrada porque las animosidades crecen en base a la falsedad de los 15 kilómetros y al final de cuentas, no sólo los militares sino todo el país queda mal.

El problema del crimen organizado en la frontera, que además de contrabando comprende narcotráfico, trata de personas y otros,  no se combate encarcelando a quienes intentan erradicarlo en el país vecino, sino colaborando y coordinando acciones entre todos los involucrados para enfocar esfuerzos en prevenir y evitar los delitos transnacionales, que afectan no solo al país de uno mismo, sino también al del vecino.

Respecto al contrabando, la aduana chilena en el puerto de Iquique, a título de zona franca, deja pasar una gran cantidad de mercancías que terminan ingresando a Bolivia de manera ilegal, porque esas mercancías, registradas en el sistema de factura chileno para su utilización y comercialización en las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota, son casi en su totalidad desviadas a Bolivia por contrabandistas que, como en este caso, acaban siendo las “víctimas” de los militares bolivianos y los “defendidos” de las autoridades chilenas.

Pero por más que la justicia chilena condene a nuestros militares – como parece que lo hará – a la máxima sanción posible en este caso, que corresponde a 10 años de cárcel, el problema no se habrá resuelto y muy por el contrario, generará mayores enconos entre los que están encargados de custodiar la frontera en uno y otro país y también, entre las dos sociedades que ya guardan suficientes recelos.

Detención de tres militares bolivianos en Chile

El 8 de septiembre de 2021, tres militares bolivianos fueron detenidos en Chile por Carabineros de ese país y fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria, que ahora los tiene en retenidos preventivamente en la cárcel de Alto Hospicio, Iquique. Al respecto, se desarrollaron las siguientes entrevistas en las que tuve el honor de participar. 

En La Revista de UNITEL, 06/09/2021

En El Vocero, 06/09/2021

 

Repercusiones de la crisis de Afganistán en América Latina

Una primera repercusión es el mayor interés que la potencia norteamericana mostrará por el litio y las tierras raras del continente, que son esenciales para la fabricación de armas y dispositivos de alta tecnología.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Aunque pactada con antelación entre el gobierno de Donald Trump y el movimiento Talibán, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán sorprendió a todo el mundo por el caos con la que se llevó a cabo. No solo se dejó el gobierno afgano en manos de los terroristas del Talibán, con una importante y sofisticada dotación de material bélico, sino que además se perdieron casi un centenar de vidas –entre ellas 13 soldados estadounidenses–, debido a los atentados que se registraron durante la evacuación.

Si bien la retirada es innegablemente deshonrosa e injustificable desde el punto de vista logístico y contrainsurgente, resulta bastante razonable desde la perspectiva estratégica y geopolítica, porque ahora el objetivo principal de Estados Unidos ya no es contener el terrorismo, como lo había sido durante los últimos 20 años, sino contrarrestar el ascenso de China.

Efectivamente, tal como lo explica la recientemente aprobada Ley Águila (Eagle Act, HR.3524), la nueva estrategia estadounidense de liderazgo global está enfocada en impedir que el poderío e influencia de China sigan creciendo, y eso provocará importantes cambios en el tablero de la geopolítica mundial, como el de Afganistán, que tendrán fuertes repercusiones en América Latina.

Una primera repercusión que debemos tener muy presente los bolivianos, es el mayor interés que la potencia norteamericana mostrará por el litio y las tierras raras del continente, que son esenciales para la fabricación de armas y dispositivos de alta tecnología, ya que acaba de perder el acceso que tenía a esos mismos recursos en Afganistán.

De hecho, según el eximio profesor Alfredo Jalife, “el mayor temor de Estados Unidos se (con)centra en la santa alianza minera de los talibanes y China con el fin de explotar las pletóricas reservas de minerales en tierras raras de Afganistán”, lo que nos hace pensar que EEUU tendrá que buscar esas estratégicas reservas en el único otro lugar del mundo donde podría encontrarlas en abundancia: la zona fronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile. 

Una segunda repercusión se dará sobre las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Al respecto, si bien algunos expertos señalan que éstas decaerán en su intensidad y cercanía debido a que Washington centrará su atención en el Indo Pacífico; más parece que por razones electorales (las próximas elecciones legislativas se realizarán en noviembre de 2022), la administración de Biden intentará mostrarse fuerte y decidida en la región latinoamericana, especialmente en relación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, para tratar de asegurar el voto latino y disipar, aunque sea un poco, la impresión de debilidad que está dejando la retirada de Afganistán.

Una tercera repercusión muy relacionada a la aplicación de la Ley Águila y que podría acelerarse con la crisis de Afganistán, es el impulso que Estados Unidos quiere darle a la construcción y mejora de la infraestructura en los países subdesarrollados para consolidar su plan de “Reconstruir un Mundo Mejor” (Build Back Better World – B3W), lanzado en junio pasado, en la penúltima reunión del G7, con el propósito de contrarrestar la iniciativa china de “la Nueva Ruta de la Seda” (Belt and Road Initiative - BRI). Este plan, para el cual ya se aprobaron ingentes recursos económicos, podría incrementar sustancialmente la inversión estadounidense en la región, especialmente en los países que mantienen buenas relaciones con la Casa Blanca.

Una cuarta repercusión, que ha sido muy bien reseñada por el eminente Juan Gabriel Tokatlian, es el menor incentivo que ahora tienen las naciones latinoamericanas para asociarse a la OTAN, que junto a Estados Unidos es el otro gran responsable de lo sucedido en Afganistán. Efectivamente, considerando los malos resultados que la organización transatlántica ha obtenido en Irak, Libia, Siria y Afganistán, y el resentimiento que seguramente han incubado los grupos terroristas antioccidentales contra los miembros y socios de la OTAN en estos últimos 20 años; resulta poco recomendable asociarse a esa alianza militar, más aún teniendo en cuenta que América Latina es una zona de paz. 

Ante esa realidad, en la que uno podría esperar una política cautelosa por parte de Colombia, que es el único país latinoamericano socio de la OTAN; su presidente, Iván Duque, ha decidido refugiar temporalmente a cerca de 4.000 afganos que trabajaron para la misión transatlántica en Afganistán. Aunque no podemos criticar el sentido humanitario de esa medida, resulta difícil de creer que EEUU acoja a todos esos refugiados como espera Duque, considerando que cerca de 30.000 afganos están llegando directamente a suelo estadounidense y que hay una política migratoria muy rígida en ese país, más aún después de que el presidente Putin expresara sus sospechas respecto a la infiltración de agentes terroristas entre los refugiados.

Pero Colombia no fue el único país latinoamericano que quiso abrir sus puertas a los afganos, también lo hicieron Ecuador, Costa Rica, Chile y México. En el primer caso se habla de alrededor de 5.000 refugiados en la misma modalidad que Colombia, en el segundo de 48 mujeres afganas vinculadas a las Naciones Unidas, en el tercero de 10 familias afganas y en el cuarto de 148 personas, que corresponden a reporteros de diversos medios de comunicación y sus familias.

Finalmente, una quinta repercusión, igualmente mencionada por Tokatlian y que también toca muy de cerca a Bolivia, es la necesaria modificación de la política antidrogas que el gobierno de Estados Unidos ya venía ajustando en la región latinoamericana desde hace unos años, pero que se tendrá que cambiar completamente ante el resonante fracaso del prohibicionismo en Afganistán. En efecto, según datos de la UNDOC (2019), la cantidad de heroína producida en suelo afgano desde la implementación del prohibicionismo y los bombardeos a los sembradíos de amapola incrementó cuatro veces; lo que indica que la “guerra contra las drogas”, lejos de contribuir a la disminución del tráfico y producción de estupefacientes, los incrementa.

En conclusión, aunque nuestra región está a más de 15 mil kilómetros de Afganistán y no tenemos el peso ni el poder para rivalizar con quienes toman las decisiones clave en este planeta, existen al menos cinco repercusiones importantes de la crisis afgana en América Latina que debemos conocerlas y saber interpretarlas para contrarrestarlas y/o aprovecharlas en función de nuestros intereses regionales y nacionales.

La retirada estadounidense de Afganistán

El 31 de agosto de 2021, de acuerdo a lo anunciado por el presidente Joe Biden, Estados Unidos y las fuerzas aliadas de la OTAN debían retirarse de Afganistán. Sin embargo, dos semanas antes de que se cumpla ese plazo el movimiento Talibán logró hacerse del poder y empezó una caótica retirada de quienes aún estaban en suelo afgano. Al respecto tuve el honor de participar en las siguientes entrevistas: 

Que No Me Pierda de Red Uno, 16/08/2021

Jaque Mate de TVU, 17/08/2021

 

El desprecio al ferrocarril Arica-La Paz

El gobierno boliviano, en un acto sin precedentes en la historia del libre tránsito de Bolivia, propició la suspensión de su rehabilitación.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

La principal compensación que Bolivia recibió a cambio de su vasto, rico y único litoral, es el más amplio y perpetuo derecho de libre tránsito por territorio y puertos chilenos, que fue concebido y reglamentado por el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Ese derecho, según el espíritu y letra de esos mismos instrumentos, debía ser ejercido y garantizado principalmente a través del ferrocarril Arica-La Paz, que desde hace ya casi veinte años no funciona.

Ciertamente, tras cerca de nueve décadas de funcionamiento relativamente regular, el año 2001, una fuerte tormenta ocasionó serios destrozos en el tramo Arica-Visviri, que afectaron de tal manera a la empresa que administraba esa parte de la vía, que nunca más pudo reponerse. Se realizaron algunos viajes más en los años que siguieron hasta que, en noviembre de 2005, la empresa tuvo que declararse en quiebra y desde entonces, el ferrocarril Arica-La Paz permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera.

Según el documento “Libre Tránsito de Bolivia, la realidad” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2015), se hicieron al menos dos fases de reconstrucción del ferrocarril, una de ellas rimbombantemente inaugurada por el mismo presidente Sebastián Piñera, sin que eso trascienda en una verdadera reposición del servicio.

 Pero cuando finalmente se anunció la rehabilitación de la vía y las dos empresas concesionarias realizaron un exitoso viaje de prueba, que trasladó más de 400 toneladas de bobinas de acero de Arica hasta Oruro; el gobierno boliviano, en un acto sin precedentes en la historia del libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, propició la suspensión de dicha rehabilitación.

En efecto, a mediados de mayo de 2021, con la intención de evitar los bloqueos de los transportistas sindicalizados bolivianos que se habían movilizado en protesta por la rehabilitación del Ferrocarril Arica – La Paz, el Ministro de Obras Públicas sentó en una misma mesa a los representantes de la empresa encargada del tramo boliviano, Ferroviaria Andina S.A., y a los citados transportistas sindicalizados, para que firmen un acuerdo que estipula la suspensión de la rehabilitación y el levantamiento de los bloqueos.   

Ese acuerdo no sólo contraría la tradicional política boliviana de hacer valer el derecho de libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, sino que además representa una limitación para el comercio de nuestro país, que ha perdido una interesante alternativa logística para el transporte internacional de carga por vía terrestre. Efectivamente, el ferrocarril es una opción altamente competitiva para los cargamentos que superan las 25 toneladas, que es el máximo peso que los camiones pueden transportar según las normas de tránsito carretero en ambos países. 

Por ese motivo, la carga que supera ese peso debe ser dividida en dos o más camiones para ser transportada por carretera, con el consiguiente costo adicional que eso supone para los importadores y exportadores bolivianos. 

Por esas mismas razones, algunos países sin litoral de otras partes del mundo, como Nepal, Bután o Laos, han estado haciendo grandes esfuerzos para conectarse con el mar a través de ferrocarriles y sus autoridades, seguramente se sorprenderían mucho al saber que existe un país sin litoral que desprecia la posibilidad de usar un ferrocarril ya construido y en condiciones de operar. 

Pero una vez que el monopolio del transporte por carretera fue asegurado, las autoridades chilenas decidieron cambiar su política de control de la pandemia de Covid-19 y empezaron a realizar pruebas de hisopado (PCR) a todos los transportistas bolivianos que cruzan la frontera. Esto ralentizó considerablemente el flujo de camiones en los pasos fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga, y congestionó la carretera con largas filas de camiones bolivianos, que ahora deben esperar entre dos y tres días para completar un proceso que antes tomaba un par de horas. 

Esta situación genera altos costos para los transportistas y comerciantes bolivianos, por la demora en el despacho o recepción de carga y el retraso en la devolución de contenedores (demurrage); sin mencionar el intenso frío que deben soportar los transportistas, especialmente en esta época del año, en esa zona fronteriza, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

Aunque no queremos decir que el cambio de política de control sea una represalia de las autoridades chilenas por la suspensión del proceso de rehabilitación del ferrocarril, queda meridianamente claro, una vez más, que el derecho de libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos, depende directamente de los vaivenes políticos de nuestros vecinos, quienes muy rara vez – para no decir nunca–  consideran los efectos que sus decisiones tienen sobre el comercio boliviano y el cumplimiento de los tratados. 

Pero para evitar más disgustos, y mientras Bolivia siga siendo un país sin litoral, las autoridades chilenas y ahora también bolivianas, deberán encontrar la manera de dar fiel cumplimiento a lo establecido en los acuerdos bilaterales sobre libre tránsito, no sólo para honrar la fe y palabra de ambos Estados a la luz del derecho internacional, sino sobre todo, para contribuir a mejorar la competitividad del comercio internacional boliviano.

«Normalización» de relaciones con Chile

La negativa de Bolivia a restablecer relaciones diplomáticas con Chile no es el resultado de un capricho o de una falta de visión política, sino que es el resultado de la implementación de una doctrina, la doctrina ideada y desarrollada por José Fellmann Velarde y Jorge Escobari Cusicanqui. 

Publicado en Página Siete

Por: Andrés Guzmán Escobari

Hace unos días, los cancilleres de Bolivia y Chile anunciaron el inicio de un diálogo orientado a la “normalización” de las relaciones entre ambos países, y aunque también se aclaró que la reanudación de las relaciones diplomáticas “no está en el orden del día”, se sobrentiende que cualquier “normalización de relaciones” entre dos Estados, debería tender a desarrollarse a nivel de embajadores, es decir a través de relaciones diplomáticas.   

Al respecto, cabe recordar que la razón por la que no existen vínculos diplomáticos entre La Paz y Santiago es por la negativa de Bolivia a restablecer esos vínculos, sin antes levantar o comprometerse a levantar, el más que centenario enclaustramiento geográfico boliviano. 

Pero esa negativa no es el resultado de un capricho o de una falta de visión política, como algunos creen, sino que es el resultado de la implementación de una doctrina de política exterior, la doctrina esbozada originalmente por el excanciller José Fellmann Velarde, artífice de la primera ruptura en 1962, y más tarde por el también excanciller y senador Jorge Escobari Cusicanqui, que fue quien más la defendió tras la segunda ruptura de 1978.  

El primero dejó constancia de que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas estuvo vinculado a la solución del tema marítimo desde un principio. Ciertamente, a pesar de que la primera ruptura se había producido por el desvío unilateral del río Lauca acometido por Chile, según explicaba Fellmann en 1963: “la cuestión portuaria boliviana ha aparecido en las negociaciones para una eventual reanudación de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, porque el gobierno de Chile hizo que así sucediera con el desvío de aguas del río Lauca…”. 

“El gobierno de Chile no tenía por qué esperar que el pueblo de Bolivia, al ser herido por segunda vez, olvidara que ya había sido herido antes. No tenía por qué esperar que no aflorara a la superficie el problema del enclaustramiento de la Patria, que es su problema capital y que está siempre latente en el alma de todos y cada uno de los bolivianos. Es pues, el gobierno de Chile el que ha hecho que el problema de la salida al mar para Bolivia apareciera entre las cuestiones ahora existentes entre ambos países” (Fellmann, 1967: 160).  

Tiempo después, cuando sobrevino la segunda ruptura de relaciones diplomáticas por el rechazo de Chile a considerar la contrapropuesta que  Perú había presentado en las negociaciones de Charaña, el asunto marítimo quedó definitivamente soldado a la inexistencia de lazos diplomáticos, tal como el gobierno boliviano anotó al momento de comunicar oficialmente su decisión de romper nuevamente con Santiago: “el gobierno de Chile ha abandonado el compromiso esencial que justificó la reapertura del diálogo, que fundamentalmente buscaba nuestro retorno soberano al mar, lo cual desvirtúa totalmente su razón de ser”, (17/03/1978). 

Habiéndose consolidado de esa manera la relación directa que existe entre la ausencia de relaciones diplomáticas y el asunto marítimo, a partir de 1979, Escobari terminó de darle forma a la doctrina esbozada por Fellmann, agregándole elementos justificativos importantes, como que reanudar los tratos a nivel de embajadores con Chile sería como validar o justificar el desconocimiento de ese país a lo convenido en las notas de 1950, respecto a ingresar en una negociación directa, destinada a darle a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico; o que el acercamiento bilateral terminaría por anular los efectos del apoyo multilateral que tiene la causa marítima; o incluso, que estaríamos exponiéndonos a sufrir una nueva burla de Chile, que solo agregaría una frustración más a la cuestión.

Pero aún más importante es el justificativo referido a nuestra política exterior, pues según Escobari, para cualquier diálogo o negociación es necesario cumplir previamente tres requisitos fundamentales: 1) Oportunidad, en el sentido de solo aceptar la reanudación de relaciones diplomáticas en un contexto en que sea posible avanzar en la solución del tema marítimo; 2) Eficacia, respecto a contar con un plan actualizado de política internacional; y 3) Capacidad, en cuanto a tener un servicio exterior idóneo y profesional. Sin estos tres requisitos fundamentales –decía Escobari–, no es conveniente ni recomendable acreditar embajadores.   

Respecto a la presión que pueden ejercer los organismos internacionales, cabe destacar que Escobari consiguió delinear una arquitectura multilateral para la doctrina de no restablecer relaciones diplomáticas con Chile, puesto que, en 1990, como senador, logró que el Parlamento Latinoamericano apruebe por unanimidad una resolución que además de hacer suyo el contenido y los alcances de la resolución 426/1979 de la OEA, que consagró al problema marítimo boliviano como “un asunto de interés hemisférico permanente”, exhorta “al gobierno democrático de Chile, particularmente a su Congreso, manifiesten su disposición para resolver la demanda boliviana, a fin de facilitar la reanudación de sus relaciones diplomáticas con Bolivia”.

Entonces, si se restablecen relaciones diplomáticas con Chile no sólo se estaría perdiendo un valioso elemento de negociación, que la diplomacia chilena ambiciona desde hace varios años, sino que se estaría anulando o al menos debilitando el apoyo de diversos organismos internacionales como la OEA, la Comunidad Andina, el Movimiento de Países no Alineados, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Amazónico, entre otros; cuyas resoluciones en favor de la causa marítima boliviana siguen vigentes.  

En esa misma época, cuando Chile recuperó la democracia y se abrió nuevamente el debate sobre la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, el connotado abogado internacionalista boliviano, Felipe Tredinnick Abasto, escribió el artículo “La doctrina Escobari Cusicanqui”, que destacaba que dicha doctrina recoge “el sentir de todo un pueblo injustamente enclaustrado”, y en un segundo artículo complementaba: “La ruptura de relaciones diplomáticas es el derecho de un Estado débil que señala el deterioro de las relaciones entre dos Estados. Es la enemistad pacífica oficial entre dos Estados, lo que no les impide seguir comerciando y fomentando el turismo”.   

Por lo dicho y tal como aseveraba Escobari: “El dilema es claro: o conservamos el tema de la reanudación de relaciones diplomáticas como factor de presión moral, o nos deshacemos de él a cambio de nada…”. 

Bolivia y Chile: El juego inconcluso

El libro de Rodrigo Burgoa identifica elementos para negociar con Chile, aplicando la teoría de juegos y la tesis realista de las relaciones internacionales

Por Andrés Guzmán EscobariPublicado en Página Siete

La situación de enclaustramiento geográfico en la que quedó Bolivia después de la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904, ha motivado el desarrollo de sendas negociaciones entre los gobiernos de los países que se vieron involucrados en dicha contienda, sin haber llegado hasta ahora a buen puerto. En efecto, desde que se inició aquella guerra en 1879 hasta nuestros días, la tónica de las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú, ha estado marcada en gran medida por esas negociaciones, que se iniciaron con el fin de resolver o al menos atenuar el más que centenario problema marítimo boliviano.

En ese sentido y muy a pesar de que, en octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que los acuerdos y promesas que surgieron en esas negociaciones no generaron para Chile una obligación de negociar un acuerdo que le dé a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, los bolivianos debemos estar preparados para entablar nuevas negociaciones sobre este tema en cualquier momento.

De hecho, la decisión de la CIJ no es el primer traspié que sufre la causa marítima boliviana en sus más de 140 años de existencia, en 1921 la Liga de las Naciones desestimó la demanda que Bolivia había presentado ante ese organismo para obtener la revisión del Tratado de 1904 y en 1929, Chile y Perú se entendieron en un Protocolo Complementario, que complicó aún más la solución del entuerto, condicionando la cesión de Tacna y Arica al “previo acuerdo” de las partes. Pero esos hechos, que en su momento parecieron haber terminado con el asunto marítimo boliviano para siempre, fueron superados más tarde cuando se retomaron las negociaciones, pocos meses después en el primer caso y casi dos décadas más tarde en el segundo.

Considerando esos antecedentes y el hecho de que la postura oficial del gobierno de Bolivia y de la mayoría de los bolivianos es mantener el objetivo de recuperar un acceso soberano al mar, lo más probable es que el tema reflote en el futuro y se reabran las negociaciones.

Ante esa realidad, el libro “El juego inconcluso. El tema pendiente entre Bolivia y Chile” de Rodrigo Burgoa Terceros (2019), identifica elementos para entablar negociaciones con Chile, aplicando la teoría de juegos y la tesis realista de las relaciones internacionales, con el fin de elaborar una estrategia que nos lleve finalmente a resolver este largo y difícil problema.

Se trata de un ingenioso modelo de análisis, sacado de las ciencias económicas, que a partir de los pagos que reciben los jugadores (Bolivia y Chile) por las opciones que escogen, permite interpretar los resultados que han tenido las negociaciones desarrolladas a lo largo de la historia.

Con ese propósito, el libro analiza lo ocurrido durante la firma o desarrollo de: los Tratados de 1895, el Tratado de 1904, la cuestión de Tacna y Arica, la negociación de 1950, el desvío del río Lauca, la negociación de Charaña, las resoluciones de la OEA, el Enfoque Fresco, los nuevos pagos que se dieron en los años 90, la Agenda de 13 puntos y lo sucedido en La Haya entre 2013 y 2018.

Aunque la aplicación de la teoría de juegos en el análisis del asunto marítimo no es totalmente novedosa, debido a que el documento de trabajo: “Modelo de negociación bilateral – Análisis del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile desde la óptica de teoría de juegos” de Jonnathan Cáceres Santos (2018) marca un primer antecedente; la implementación del equilibrio bayesiano, como un ejercicio sucesivo a la implementación del equilibrio de Nash, es sin duda algo que nunca se había hecho.

Ciertamente, después de aplicar el equilibrio de Nash para interpretar las estrategias de juego que adoptaron Bolivia y Chile en las distintas aproximaciones mencionadas, Burgoa utiliza el equilibro bayesiano en una segunda instancia, cuando los jugadores no tienen información completa sobre el otro participante, para interpretar sus decisiones que se supone que son racionales pero también que están basadas en conjeturas y criterios de consistencia, debido precisamente a la falta de información. Todo ello explicado gráficamente, mediante esquemas de árbol que expresan las opciones o decisiones adoptadas.

Otra cosa que cabe destacar de este libro, es que incluye al Perú en sus proyecciones para una nueva negociación, cosa que muchos otros trabajos sobre estos temas no consideran, siguiendo la idea equivocada de que el tema es bilateral, como Chile tantas veces lo ha querido establecer. De hecho, si el asunto marítimo no es multilateral, como muchas veces lo ha reconocido la OEA y el Movimiento de Países No Alineados, entonces es un tema trilateral de acuerdo al Protocolo antes mencionado, que obliga a obtener el acuerdo previo del Perú en caso de que la solución pase por el norte de Arica, que es el espacio geográfico que Chile aceptó negociar varias veces y que es por donde más factiblemente se podría resolver el asunto.

El papel del gobierno peruano no sólo es preponderante ahora, sino que siempre lo fue. Aunque el análisis histórico del libro no considera al Perú entre los jugadores que definen el resultado de las negociaciones, siendo que su rol fue determinante al menos en 1926 y 1976; el acápite referido a los posibles “pagos” que el país del Rímac podría recibir, menciona, entre otros, la ampliación de las facilidades de acceso al mercado brasileño y al océano Atlántico, a través de Puerto Suarez.   

Lo único que tal vez se podría criticar del libro es la poca profundidad del análisis histórico, que si bien examina prácticamente todos los acercamientos importantes de la historia, no lo hace con el detalle suficiente como para sustentar las conclusiones a las que arriba.

No obstante y en definitiva, se trata de un gran aporte no sólo para comprender mejor la historia y las decisiones que desde una perspectiva estratégica podrían adoptar las partes en futuras negociaciones, sino también para que esta vez los bolivianos podamos estar preparados ante lo que podría ser una nueva negociación sobre el mar.

La nueva política de reintegración marítima

El 23 de marzo de 2021, en la conmemoración de la defensa de Calama, el presidente Luis Arce, al referirse por primera vez al tema marítimo boliviano durante lo que va de su gestión, planteó una hoja de ruta de 9 puntos para un acercamiento al gobierno de Chile. Para analizar esa intervención se desarrolló la siguiente entrevista, dirigida por Priscila Quiroga. 

En Contacto Bolivia, 24/03/2021 

Tertulia: ¿enclaustrados en el mar o más allá del mar?

Con motivo del día del mar, fui invitado a participar de un debate, junto a don Agustín Echalar, sobre la disyuntiva que existe entre "quedarnos enclaustrados en el mar", que básicamente significa mantener el objetico de recuperar un acceso soberano al mar y continuar las acciones encaminadas a lograr ese objetico, o "ir más allá" y olvidarnos definitivamente del mar para enfocarnos en otros objetivos. El debate se llevó a cabo en el programa de 9 a 12 de Radio Compañera y estuvo moderado por el conocido periodista Andrés Gómez Vela.     

En 9 a 12 de Radio Compañera, 23/03/2021