La Resolución de 1979

El planteamiento asumido por los países de la OEA, con la única excepción de Chile, el 31 de octubre de 1979, no es una utopía, defiende la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado para obtener un acceso soberano al mar.

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por Cambio 

Fuente: Salazar Paredes, Fernando (2015) El mar dentro de nosotros. Pág. 396 

El 31 de octubre de 1979, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), congregados en el viejo hotel Sheraton de La Paz, aprobaron la Resolución AG/RES.426 (IX-0/79) mediante la cual la Asamblea General de ese organismo declaró que el problema marítimo boliviano es un asunto “de interés hemisférico permanente” y resolvió: “Recomendar a los Estados a los que este problema concierne, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Ese mismo día, a tan solo unas cuadras de dicho hotel, en la entonces clínica Santa Isabel, nacía quien escribe estas líneas.

Ciertamente, esos dos hechos, aparentemente no relacionados, hoy se conjuncionan para introducir los comentarios del autor, que nació junto a la Resolución de 1979 y que, 37 años después, la defiende como la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado, que básicamente plantea resolver el asunto marítimo mediante una negociación que le devuelva a nuestro país una salida soberana al mar. Dicha doctrina, que se ha convertido en una verdadera política de Estado boliviana, fue inaugurada en 1910 por el insigne canciller Daniel Sánchez Bustamante Vásquez, complementada en 1950 por su más prolífico ejecutor, Alberto Ostria Gutiérrez, y recientemente capitalizada en una demanda jurídica victoriosa por el presidente Evo Morales Ayma.

La Resolución de 1979 resume en pocas palabras lo que plantea la doctrina boliviana del arreglo negociado: una negociación que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima, que tenga en cuenta “los derechos e intereses de las partes involucradas” y “el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. Esos lineamientos, que vendrían a ser los más importantes para iniciar conversaciones entre La Paz y Santiago sobre este tema, no eran nuevos en 1979, sino que ya habían formado parte de las negociaciones boliviano-chilenas en 1920, 1923, 1926, 1950 y 1975. Es decir que no se trataba de un planteamiento novedoso, todo lo contrario, ya se habían ensayado varias veces, y no sólo eso, Chile había aceptado formalmente esos términos en todas esas ocasiones, aunque solo fue momentáneamente.

El planteamiento de la Resolución de 1979 no es una utopía, como después dijo el Canciller chileno de la época, sino una solución inteligente que pudo haber resuelto este problema definitivamente. No por nada, de los 22 países que estuvieron presentes en la duodécima plenaria (Paraguay no asistió), 21 votaron a favor y solo Chile votó en contra.

Esa apabullante y contundente victoria para Bolivia no habría sido posible sin un contexto internacional favorable y una actuación sobresaliente y eficaz de quienes estuvieron a cargo de la diplomacia boliviana en ese momento: el presidente Wálter Guevara, el canciller Gustavo Fernández y los embajadores Wálter Montenegro, Alberto Crespo y Gonzalo Romero, este último como representante permanente de Bolivia ante la OEA.

Efectivamente, el contexto se mostraba favorable porque la OEA, un organismo fundado en preceptos democráticos, no podía encontrar mejor manera de dar una señal de respaldo a la flamante democracia boliviana, que había sido restituida pocos meses antes, después de un largo gobierno de facto; y otra señal de repudio a la dictadura militar chilena, que ya llevaba seis años en el poder y era seriamente cuestionada por sus violaciones a los derechos humanos.

En esas circunstancias, fue muy acertado organizar la Asamblea en La Paz el año del centenario de la Guerra del Guano y el Salitre que dejó a nuestro país sin acceso al mar, pues eso le dio una fuerza especial al reclamo marítimo boliviano, que no podía pasar desapercibido en tan importante fecha. Era fundamental dejar constancia de que el problema aún estaba pendiente y que los bolivianos no habíamos renunciado a lo que aún consideramos un derecho.

Asimismo, fue clave introducir al final de la resolución, la siguiente disposición: “Continuar la consideración del tema ‘Informe sobre el problema marítimo de Bolivia’ en el próximo período de sesiones de la Asamblea General”, ya que eso nos permitió tener una herramienta punzante para llamar la atención de Chile sobre la importancia que tiene resolver este problema mediante negociaciones. Ciertamente, ante la presión que ejerció la OEA a favor de la causa marítima boliviana, Chile se vio prácticamente obligado a expresar su apoyo a tres importantes resoluciones de la OEA favorables al tema marítimo (1980, 1981 y 1983), que hoy están siendo utilizadas por nuestro equipo jurídico ante la Corte Internacional de Justicia como elementos probatorios de las veces que el Gobierno chileno se manifestó favorablemente sobre este tema.

De igual forma, el organismo regional propició el inició de conversaciones entre La Paz y Santiago en 1983 y 1987, conocidas como la aproximación progresiva y las negociaciones del enfoque fresco, que si bien no condujeron a nada concreto, hoy se suman a las muchas veces que Chile se avino a negociar el asunto marítimo.

El Presidente Guevara en la Asamblea General de 1979

Pero si bien la Resolución de 1979 abrió un periodo de importantes apoyos para la demanda marítima boliviana, no sólo en la OEA, sino también en el Movimiento de Países No Alineados, en esos momentos todo pareció perdido cuando a las pocas horas de la clausura, un golpe de Estado liderado por Alberto Natusch Bush puso fin al gobierno de Guevara, dejando una gran interrogante sobre la aplicación de la referida Resolución.  

Chile aprovechó ese acto para hacer caso omiso de la importante Resolución de 1979 y su Embajador ante la OEA, Pedro Daza Valenzuela, dijo “eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido”, sin considerar que él estaba representado a un gobierno militar, el de Augusto Pinochet, que también había llegado al poder mediante un golpe de Estado. 

Aunque no podemos negar que la Resolución de 1979 cayó en saco roto en ese momento, con el paso del tiempo y debido a que aún sigue vigente, sus recomendaciones adquirieron un valor muy significativo para la política de reintegración marítima en general y para la codificación de la doctrina boliviana del arreglo negociado en particular, que es, sin duda, el mejor camino que tiene Bolivia para llegar al mar.